La Comunidad Autónoma de Murcia rechaza la modificación del Reglamento de Costas por "generar inseguridad jurídica e ignorar alegaciones"

 MURCIA.- El Gobierno regional ha rechazado la modificación del proyecto de Real Decreto que modifica el Reglamento General de Costas al considerar que, con su propuesta, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) "incrementa la inseguridad jurídica, condiciona las competencias autonómicas y desoye las alegaciones formuladas por la Región de Murcia y otras comunidades autónomas".

Así lo ha trasladado el consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, durante la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada por vía telemática, en la que ha criticado que el Gobierno central "utiliza el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea contra España como justificación para modificar, a través del reglamento, materias cuya regulación está reservada a la Ley de Costas".

"El Ministerio no permite la votación del texto en la conferencia y no atiende las alegaciones presentadas por la Región de Murcia", ha insistido el consejero, a la vez que ha defendido que "una reforma de este alcance necesita diálogo y consenso, y esas condiciones no se dan en la actualidad", según ha informado la Comunidad.

Durante la reunión, el Gobierno regional ha respaldado la solicitud conjunta de varias comunidades autónomas para suspender la tramitación del reglamento y convocar una conferencia sectorial monográfica que permita analizar "en profundidad" su contenido y sus efectos sobre las competencias autonómicas.

Asimismo, el consejero ha advertido de que el proyecto presenta "contradicciones" con diversos preceptos de la propia Ley de Costas, por lo que ha considerado necesario replantear la reforma y abordar previamente una modificación de la norma legal.

El Ejecutivo autonómico ha presentado alegaciones al texto al considerar que "condiciona de forma muy importante" la tramitación de expedientes autonómicos y no clarifica el régimen jurídico aplicable. 

 Entre ellas, muestra su negativa a la nueva regulación sobre la compatibilidad con las estrategias marinas, al entender que incorpora criterios que "generan incertidumbre y dificultan la tramitación administrativa".

García Montoro ha censurado que el proyecto otorgue carácter vinculante a informes estatales que no son preceptivos, imponga la revocación de concesiones cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas y "mezcle" el régimen jurídico de las concesiones compensatorias, lo que, según ha explicado, "incrementa la inseguridad jurídica y altera el marco competencial previsto en la legislación vigente".

El consejero ha advertido, además, de que el reglamento "favorecerá nuevos procesos de deslinde que pueden afectar a viviendas, actividades económicas e infraestructuras situadas en el litoral, además de dificultar la gestión administrativa y la tramitación de expedientes relacionados con la costa".

Por todo ello, el Gobierno regional ha reiterado su oposición a la tramitación del proyecto en los términos actuales y reclamó al Gobierno central que retire el texto, abra un proceso de diálogo con las comunidades autónomas y promueva, en su caso, una modificación de la Ley de Costas que "elimine las contradicciones detectadas antes de aprobar un nuevo desarrollo reglamentario".