MURCIA.- La Jefatura Provincial de Tráfico inicia a las 13.00 horas de este
viernes la Operación Especial Constitución e Inmaculada 2025, en la que
se esperan 272.000 desplazamientos por las carreteras de la Región de
Murcia y que se prolongará hasta las 24.00 horas del próximo lunes, 8 de
diciembre.
Durante estos días, 216 agentes de la Guardia
Civil intensificarán las labores de control, regulación y vigilancia
para dar cobertura al gran número de desplazamientos previstos y
contarán con el apoyo del Centro de Gestión del Tráfico del Levante
(CGTL) y los Paneles de Mensaje Variable disponibles en nuestras
principales carreteras.
Además, dispondrán con los puntos de
control de velocidad fijos y de tramo, con ocho unidades móviles de
radar, así como con el apoyo aéreo (helicópteros y drones) que se
pudieran programar, según informaron fuentes de la Delegación del
Gobierno en un comunicado.
"Para que los desplazamientos
previstos se desarrollen con la mayor seguridad, es precio la
corresponsabilidad activa de los usuarios de la vía. Es imprescindible
que adopten la necesaria prevención y prudencia. También es importante
realizar una revisión y puesta a punto del vehículo antes de realizar
los desplazamientos", ha dicho la jefa Provincial de Tráfico, Virginia
Jerez.
Las zonas de mayor conflicto de fluidez previstas son,
en itinerarios de salida, el punto kilométrico 567 de la A-7, sentido
Algeciras, en el enlace con la A-30; en itinerarios de retorno, los
kilómetros 568 de la A-7 en sentido Albacete y 0 de la RM-12 enlace con
AP-7 y CT-32; y en ambos itinerarios el kilómetro 570 de la A-7 enlace
con MU-33.
Desde el 1 de enero al 30 de
noviembre de 2025 han fallecido 32 personas en vías interurbanas de la
Región de Murcia, diez menos que el año pasado.
En relación al
año pasado ha aumentado un 9% los siniestros con víctimas, ha
descendido un 24% las personas fallecidas y ha aumentado un 6% el número
de personas hospitalizadas.
De los 32 fallecidos, el 81% eran
hombres y el 75% conductores. El 66% de los siniestros ocurrieron de
lunes a viernes en carretera convencional. El 48% de los siniestros
fueron por colisión y el 42% por salida de vía, y en el 45% de los
accidentes mortales está presente la conducción distraída.
La
edad media de las personas fallecidas es de 54 años. El 24% de los
obligados a utilizar cinturón de seguridad no hacía uso y el 32% de los
conductores fallecidos analizados dieron positivo en alcohol y/o drogas,
cifra que asciende al 57% en el caso de los conductores de motocicleta
que perdieron la vida.
La
baliza V16 conectada será el único medio legal para la señalización de
vehículos inmovilizados en la calzada a partir del 1 de enero de 2026.
Desde ese momento, todos los conductores estarán obligados a llevar uno
de estos dispositivos cuando circulen para poder usarlo en caso de
emergencia.
En la Proposición no de Ley, los 'populares' dicen que el objetivo es de reducir la siniestralidad vial producida por atropellos a peatones -especialmente en las vías de alta capacidad-, así como a incentivar su uso en todos los vehículos", ya que será obligatorio su uso a partir de enero del año 2026. El modelo actual de señalización de emergencias cuenta con triángulos reflectantes.
Presentada para su debate en la Comisión de Seguridad Vial, la iniciativa recuerda en su exposición de motivos que "garantizar la seguridad vial es uno de los objetivos principales en la ordenación del tráfico y la movilidad en las carreteras españolas".
En este contexto, el PP destaca que, en 2023, se registraron 109 fallecidos en accidentes de tráfico en autopistas y autovías, de los cuales 56 fueron peatones atropellados.
"Además, cada año, 150 personas son atropelladas en estas vías y dos de cada tres sufren heridas graves o fallecen", subraya.
Los 'populares' agregan que "el 62% de los atropellos con víctimas en autopistas o autovías ocurren en condiciones de baja visibilidad, donde el 81% de los casos son mortales".
"Parar un vehículo en vías de alta velocidad supone un gran riesgo tanto para los ocupantes del automóvil como para el resto de los conductores", apuntan.
A su juicio, el Gobierno debe dar difusión a esta norma, "lanzando campañas de comunicación efectivas a través de redes sociales y medios de comunicación ordinarios, o incluso a través de comunicaciones con los propietarios de los vehículos del parque móvil en España".
"Aquí, la colaboración entre la DGT y las autoescuelas y el conjunto del sector de los transportes y el automóvil, puede ser clave para alcanzar el objetivo de que el uso obligatorio de la señal V-16 llegue a un público más amplio", afirma.
