MURCIA.- El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en la
Asamblea Regional de Murcia, el ultra Rubén Martínez Alpañez, ha advertido hoy
de que “la Región de Murcia está al borde del colapso”, y ha señalado
como principales responsables al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
y al Partido Popular, “que lleva 30 años gobernando esta Región sin
ideas, sin proyectos y sin saber gestionar”.
Martínez
Alpañez ha denunciado que el Gobierno de Sánchez “solo está centrado en
mantenerse en La Moncloa y tapar sus múltiples casos de corrupción”,
mientras abandona a la Región de Murcia, sin avances en
infraestructuras, inversiones ni compromisos cumplidos.
Pero también ha
apuntado directamente al Partido Popular regional, al que ha acusado de
llevar a la Región a una situación crítica “en la que en apenas dos
meses los sanitarios, los bomberos y los trabajadores sociales podrían
quedarse sin cobrar si no se aprueban los presupuestos”.
Ante
este escenario, Vox ha dado un paso adelante “para evitar el colapso de
la Región” y ha alcanzado un acuerdo de presupuestos para 2025 que
incluye medidas clave “para garantizar la viabilidad de los servicios
públicos, la seguridad, la protección de las familias y la defensa del
campo de la Región”.
Entre los compromisos
firmados por el Partido Popular, destaca la modificación definitiva de
la Ley del Mar Menor en octubre de 2025, una exigencia histórica de Vox.
“Esa ley está hundiendo económicamente a todos los municipios
ribereños. Ya no valen más rodeos: hay que cumplir la palabra dada”, ha
afirmado Martínez Alpañez, quien ha recordado que “el compromiso del
presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, fue claro durante la
campaña: esa ley se va a modificar”.
Asimismo, el
acuerdo incluye la reactivación de los proyectos impulsados por Vox antes de su salida del Gobierno, como el convenio con los bomberos por
5,5 millones de euros, la construcción de un nuevo centro de FP en
Yecla, una partida de 5,5 millones para un centro de formación ligado a
la FREMM en Cartagena, y el desarrollo del tranvía hacia el área
metropolitana, incluyendo Molina de Segura.
Vox también ha logrado incorporar 10 millones de euros en inversiones para
mejorar el saneamiento en el entorno del Mar Menor, así como la creación
de un fondo de contingencia agrícola para hacer frente a fenómenos
climáticos adversos.
En materia de inmigración
ilegal, el acuerdo recoge “el cierre del centro de menas de Santa Cruz,
la creación de partidas para la repatriación de ilegales y la retirada
de subvenciones a cualquier ONG que colabore con las mafias de tráfico
de personas”.
Además, se incluye una sustancial
rebaja fiscal, el impulso de una nueva Ley de Familias, la rebaja del
25% adicional en las subvenciones a patronal y sindicatos, y la
eliminación del precepto legal que obliga a la Comunidad Autónoma a
otorgarles ayudas simplemente por su condición.
También
se han pactado medidas para mejorar la seguridad, permitiendo a la
Policía Local el uso de armas largas, pistolas Táser y de gas pimienta,
así como una profunda revisión de la política de vivienda mediante la
modificación de la Ley del Suelo.
Por último,
Martínez Alpañez ha subrayado que el Partido Popular se ha comprometido a
eliminar cualquier contenido ideológico en las aulas, respondiendo a
otra de las exigencias prioritarias de Vox.
“Vox ha actuado con responsabilidad. Pusimos un borrador en enero y hoy, seis
meses después, el acuerdo es prácticamente el mismo. Lo importante
ahora es que se cumpla. Nosotros siempre diremos la verdad, siempre
cumpliremos nuestra palabra, y siempre defenderemos el bienestar de las
familias murcianas”, ha concluido.
El acuerdo para los Presupuestos
El acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox para desbloquear la
aprobación de los Presupuestos de la Comunidad para 2025 incluye un
total de 20 puntos que contemplan, entre otras cosas, introducir cambios
legislativos en la Ley del Mar Menor, el cierre del Centro de Menores
de la pedanía murciana de Santa Cruz, no desarrollar "ningún programa en
los centros educativos de fomento de la lengua árabe y cultura
marroquí" y no aceptar el "reparto arbitrario de inmigrantes ilegales
llegados a otras regiones de España".
Así aparece recogido en
el acuerdo suscrito este viernes por ambas formaciones políticas y dado a
conocer por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea,
Joaquín Segado, y el portavoz adjunto de Grupo Parlamentario Vox, Rubén
Martínez Alpañez.
En concreto, en materia de inmigración, el
PP manifiesta en el acuerdo su "contundente rechazo" a las "políticas de
asentamiento y reparto de inmigrantes ilegales impuestas por el
Gobierno de España a las comunidades autónomas" y a las medidas puestas
en marcha que suponen un "efecto llamada" para la "inmigración ilegal".
Asimismo, en base a este pacto, el Gobierno regional "no aceptará el
reparto arbitrario de inmigrantes ilegales llegados a otras regiones de
España". Aunque se compromete a cumplir las "obligaciones legales
vigentes en cada momento", el pacto establece que la Comunidad "ejercerá
las acciones judiciales oportunas ante los pactos suscritos entre el
Partido Socialista y los partidos independentistas para el reparto de
inmigrantes".
De la misma forma, el PP se compromete a poner
en marcha con carácter "inmediato" un protocolo para la "determinación
de la edad de los inmigrantes ilegales que se autoperciben como menores,
que incluirá, entre otras, la realización de pruebas médicas".
Por otro lado, el Partido Popular se compromete a cerrar y dar un
nuevo uso sociosanitario al Centro de Menores de Santa Cruz antes del
inicio del curso escolar 2025/2026; al tiempo que se compromete a la
"eliminación y tramitación de devolución por incumplimiento de todas las
subvenciones que reciban ONG que colaboren o se lucren con la
inmigración ilegal, el tráfico ilegal de personas, la trata de blancas o
explotación infantil".
Igualmente, el Gobierno de la Región
de Murcia se compromete a que, en el ámbito de sus competencias, no
desarrollará "ningún programa en los centros educativos de fomento de la
lengua árabe y cultura marroquí tal y como sucede en otras comunidades
autónomas".
"Para el PP y Vox la recuperación del Mar Menor
es una prioridad" y, por esta razón, ambas partes se comprometen a
"desarrollar las modificaciones legislativas necesarias para su
protección, con la construcción de nuevas infraestructuras que
contribuyan a su conservación e iniciando el procedimiento de revisión y
reforma de la Ley de recuperación y protección del Mar Menor antes de
octubre de 2025".
En este acuerdo, el PP se
compromete a "continuar con las acciones impulsadas por el anterior
Gobierno de coalición con Vox" y que se materializa a través de la
incorporación a los Presupuestos de 2025 de una serie de partidas
presupuestarias.
En primer lugar, el acuerdo exige la
inclusión de una partida destinada a la contratación del proyecto de
construcción del nuevo Centro Integral de Respuesta a Emergencias y
Seguridad dotado con 1,5 millones de euros y cuyo proceso de licitación
deberá realizarse dentro del 2025.
En segundo lugar, el
Presupuesto debe incluir una partida de 5,5 millones de euros para la
firma de un nuevo acuerdo marco en el Consorcio de Extinción de
Incendios y Salvamento, que deberá formalizarse en 2025.
Asimismo, el acuerdo incluye la presentación de una propuesta de
protocolo para la ampliación del tranvía a toda el área metropolitana de
Murcia, que ofrezca a los municipios implicados y al Gobierno de la
nación la posibilidad de cofinanciar dicho proyecto, incluyendo la
posible financiación con fondos europeos.
"Para ello, se
establecerá una partida en los Presupuestos 2025 para la redacción de
los estudios informativos necesarios para la puesta en marcha del
proyecto de ampliación del tranvía desde el municipio de Murcia hasta el
de Molina de Segura y hasta Alcantarilla de, al menos, 1 millón de
euros", según el acuerdo, que establece que dicho proyecto deberá ser
impulsado antes de la finalización del 2025.
En cuarto lugar,
el pacto recoge incorporar 5,5 millones de euros para la puesta en
marcha del Centro de Formación Industrial de Cartagena (FREMM); así como
la puesta en marcha de un nuevo modelo de gestión para el Parque
Público Regional de Viviendas Sociales que "permita primar el uso de
estas viviendas entre los ciudadanos que más las necesitan, así como la
lucha contra las mafias de la ocupación que será dotado con, al menos,
1,5 millones de euros".
Igualmente, el acuerdo pide incluir
10 millones de euros para la regeneración de aguas residuales; y
partidas para la implantación de un Centro de Formación para la
Industria del Mueble en Yecla.
Por otro
lado, el PP se compromete a que "se incorporen partidas presupuestarias
específicas, con fondos propios, para nuestra agricultura y ganadería,
tanto de secano como de regadío, por valor de al menos 8 millones de
euros, ampliables en al caso de que fuera necesario".
Igualmente, los 'populares' adquieren el compromiso de "no incrementar
ni autorizar incrementos de ningún impuesto, tasa o precio público en el
2025"; al tiempo que incluirá en los Presupuestos la reducción
progresiva del tipo impositivo del Impuesto de Trasmisiones
Patrimoniales del 8% actual al 7% en 3 ejercicios presupuestarios
consecutivos.
De igual modo, el tipo impositivo para la
adquisición de vivienda habitual para jóvenes menores de 40 años
(inclusive) se mantendrá en el 3%, tal y como recoge el convenio.
Asimismo, el acuerdo recoge la reducción del tipo agravado del
Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados para transmisiones sujetas a
IVA del 2% actual al 1,5% a partir de la entrada en vigor de la Ley de
Presupuestos.
En materia de vivienda, "se perseguirá la
ocupación ilegal" y se colaborará con los Ayuntamientos para la
detección de los "empadronamientos ilegales".
Igualmente, los Presupuestos contemplarán una "reducción" de las
aportaciones dirigidas a las organizaciones sindicales y empresariales;
al tiempo que PP y Vox se comprometen a la modificación de la Ley de
Participación Institucional de la Región "eliminando la obligatoriedad
de consignación de partidas presupuestarias nominativas".
En
el acuerdo, el PP también se compromete a la "reducción de las partidas
presupuestarias destinadas a publicidad institucional, no pudiendo dotar
durante el ejercicio a dichas partidas mediante transferencias de
crédito".
Ambas formaciones se comprometen también a impulsar
durante 2025 el Proyecto de Ley de Universidades de la Región de Murcia
y de una nueva Ley de Familias.
Igualmente, se comprometen a
que las policías locales "puedan acceder a armas largas policiales,
pistolas táser y de gas pimienta así como otros dispositivos que mejoren
sus condiciones de seguridad y la de los ciudadanos".
El PP
también se compromete a que todas las partidas de gasto respeten el
principio de igualdad "garantizando especialmente, que en la educación
se consagren los principios de neutralidad ideológica, libertad de
elección de los padres y ausencia de adoctrinamiento".
Toda
norma que emane del Consejo de Gobierno o de la Asamblea deberá
incorporar, con carácter preceptivo, "un informe de impacto familiar"; y
el PP "se compromete a seguir incrementando las partidas
presupuestarias correspondientes a los programas de apoyo a las familias
numerosas y las mujeres que tengan partos múltiples hasta alcanzar la
cifra de, al menos, dos millones de euros en el presupuesto 2025".
