CARTAGENA.- La Asamblea Regional ha aprobado este martes por unanimidad una moción
de Vox para la puesta en marcha de nuevos instrumentos financieros que
permitan que los proveedores del Servicio Murciano de Salud (SMS) puedan
cobrar sus facturas pendientes "con carácter inmediato".
La
defensora de la iniciativa, María Eugenia Sánchez, ha afirmado que la
Consejería de Salud acumula una deuda de 210 millones de euros con los
proveedores del SMS y ha señalado que "el periodo medio de pago de este
organismo ha pasado de unos 80 días en 2019 a 247 en 2024, cuando la
normativa vigente establece un máximo de 60 días".
"Seguimos
siendo la comunidad que paga con mayor retraso a las empresas
sanitarias", ha dicho Sánchez, que ha insistido en que "mientras que en
el resto de España la media para el pago de facturas es 76 días, en el
SMS los proveedores tienen una espera media de 8 meses para cobrar, casi
6 meses más".
Además, la parlamentaria de Vox ha aseverado
que la deuda de la Administración regional "representa el 9,9% de toda
la deuda del Sistema Nacional de Salud con este sector", y ha criticado
que los retrasos afectan especialmente a pequeñas y medianas empresas,
que "ven en riesgo su continuidad".
Desde el PSOE, la diputada
María Soledad Sánchez ha calificado de "falsos" los presupuestos en
materia de sanidad de la Comunidad por prever "un gasto muy inferior al
ejecutado sistemáticamente en años anteriores", y se ha dirigido a los
diputados del PP al indicar que no vale el "comodín de la
infrafinanciación" porque los retrasos forman parte del "modus operandi"
del Gobierno de la Región.
Por su parte, la diputada de
Podemos, María Marín, ha manifestado que "el 24 de julio el Tribunal de
Cuentas detectó derivaciones millonarias irregulares a la sanidad
privada, pruebas y operaciones que se derivan desde La Arrixaca a
clínicas privadas sin justificar que la sanidad pública no tenga los
medios para hacerlas, totalmente al margen de la Ley de Contratos".
Marín ha respaldado la iniciativa con su voto favorable, aunque antes
ha acusado a los diputados de Vox de ser "colaboradores necesarios del
Gobierno regional".
El diputado del Grupo Parlamentario
Popular Miguel Ángel Miralles ha trasladado que el periodo medio de pago
en el SMS "nunca ha superado este año los 108 días", y ha avanzado que
en ese organismo "ya se está trabajando para poner en marcha un
mecanismo para pagar con preferencia a pymes con una elevada dependencia
comercial".
Asimismo, ha subrayado que "para cobrar rápido lo
primero es tener una mejor financiación para tener liquidez y pagar con
inmediatez". "Somos la comunidad autónoma peor financiada y que esto es
lo que más daño hace a las pymes", ha recalcado Miralles, que ha
señalado que su grupo apoya la moción porque lo que solicita "ya lo
estamos haciendo".
"No sé con ustedes trampas al solitario. No
son los datos que ustedes dan", ha aseverado el diputado 'popular', que
ha insistido en que para el Gobierno autonómico "las pymes son el pilar
de la Región, las que le dan oportunidades a las personas que se
encuentran en paro, las que crean riqueza y las que afianzan la
economía".
Además, el Pleno de la Asamblea Regional ha
aprobado, con los votos a favor de PP y Vox, una moción de estos últimos
que solicita implementar ayudas a los autónomos y pedir al Gobierno de
la Nación la exoneración de la cuota de autónomos a los que tengan
ingresos netos menores al salario mínimo interprofesional (SMI).
El diputado de Vox defensor de la moción, Rubén Martínez Alpañez, ha
afirmado que "es de justicia" que los autónomos que no llegan al SMI no
paguen cuotas. Así, ha defendido la creación de líneas de financiación
por importe de 50.000 euros y, para los que los proyectos que los
superen, líneas de garantía.
Además, Alpañez ha señalado que,
durante la presencia de su partido en el Gobierno regional "se dejó
lista para su publicación la Ley de Simplificación Administrativa que
aún no se ha publicado".
Desde el PP se han sumado a esta
moción haciendo referencia al "compromiso del presidente Fernando López
Miras con las empresas y autónomos de la Región".
Por parte
del PSOE, la diputada regional Virginia Lopo ha calificado la moción de
Vox de "oda al filibusterismo político y a la demagogia". Lopo ha
recriminado a los diputados de Vox que "bajaron un 15% el Programa de
Defensa del Autónomo, un 41,57% el Programa de Fomento y Desarrollo del
Trabajo y un 18,72% los fondos que van destinados a la Dirección General
de Autónomos".
Lopo ha criticado que el modelo presentado se
basa en préstamos y avales y se ha preguntado "qué prestamos puede pagar
un autónomo que tenga unos ingresos inferiores a 1.134 euros".
Asimismo, ha señalado que el hecho de los autónomos que no lleguen al
SMI no paguen las cuotas supondría una reducción de más del 50% de los
ingresos de la Seguridad Social.
Las medidas propuestas por
Vox han sido calificadas por la diputada del Grupo Mixto María Marín de
"poco ambiciosas y absolutamente inútiles". Para Marín, lo que esta
moción ofrece es "endeudarse con los banqueros, y el sueño de los
autónomos no es endeudarse".
Así, desde su formación ha propuesto
"eliminar las cuotas a los autónomos que ganan menos, pero subírselas a
aquellos que tienen ingresos netos o rendimientos superiores a los 3.190
euros o 38.000 euros al año".
La Asamblea también solicitará
al Gobierno de la Nación que se impulse en todo el país la enseñanza de
la asignatura sobre la Constitución Española de 1978 a propuesta del
Partido Popular, que ha contado con el apoyo de Podemos mientras que
PSOE ha votado en contra y Vox se ha abstenido.
El diputado
del PP, Víctor Martínez Carrasco, ha explicado que su partido pretende
que "en todos los lugares de España conozcan el valor de lo que es la
igualdad de todos los españoles" lo que es a su parecer, "una cuestión
fundamental" dado "la normalización de actitudes antidemocráticas que
van desvirtuando poco a poco el espíritu de respeto y convivencia que
emana de nuestra Carta Magna", ha apuntado.
Su propuesta ha
contado con una enmienda a la totalidad del PSOE y otra parcial de Vox
que han sido rechazadas. Los socialistas se han mostrado en contra de
esta moción al apuntar su diputado Juan Andrés Torres "que las
competencias en educación residen en el Gobierno regional y no en el
Gobierno nacional" a quien va dirigida la moción.
Por otra
parte, Torres ha criticado que el PP "eliminó la presencia obligatoria
de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en toda la etapa
obligatoria, que estaba basada en los valores constitucionales".
Además,
ha señalado que Gobierno de Pedro Sánchez "ha recuperado estos
conocimientos que ustedes piden y lo ha hecho incorporando la
competencia ciudadana entre las otras competencias clave que forman la
arquitectura curricular de toda la fase educativa".
Desde Vox,
la diputada Virginia Martínez ha apuntado que "todavía no tenemos datos
que nos informen sobre el impacto que esta asignatura está teniendo" en
la Región por lo que consideran que ampliar su alcance a todo el país
es "un poco atrevido".
Aunque se han mostrado a favor de "enseñar a la juventud a valorar nuestro sistema democrático y los valores que inspiraron la Constitución y la Unión Europea" se han abstenido a la hora de votar después de que su enmienda parcial fuera rechazada.
En
ella se solicitaba que se incluyera a los centros concertados, a lo que
Martínez Carrasco ha afirmado que no están excluidos, y que la
asignatura se impartiera en primaria lo que desde el PP no consideran
adecuado ya que en 3º de la ESO los estudiantes son más maduros.
La moción ha contado con el voto a favor de Podemos, con el deseo de
su diputada, María Marín, de que "el día que nuestros alumnos y alumnas
aprendan se tomen en serio la Constitución Española se acaban los 30
años de gobierno del Partido Popular en la Región".
