MADRID.- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado que hay que acabar con los pisos turísticos ilegales, como los 15.000 que existen en Madrid y que "están colisionando con 15.000 familias que precisan una vivienda y que no pueden tenerla en sus barrios".
Rodríguez, en declaraciones a RNE, ha subrayado que esos 15.000 pisos turísticos ilegales que hay en Madrid es más de lo que ella va a ser capaz de construir en el nuevo barrio de Campamento.
"Estamos esperando como agua de mayo esas nuevas viviendas, ese nuevo barrio", ha dicho la ministra, que ha añadido que los pisos turísticos legales "sin duda requieren de regulación".
"Esto no es una cosa colaborativa, como surgió al comienzo estas fórmulas, no, no. Esto son negocios, y por eso hemos registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para que puedan también tributar como actividades económicas que son y, por tanto, también esto requiere regulación, como la requieren los hoteles", ha indicado.
Sobre la propuesta del Gobierno de triplicar la inversión pública en vivienda en los próximos años, Rodríguez ha lamentado que sólo cinco comunidades autónomas (País Vasco, Navarra, Cataluña, Canarias y Asturias) la hayan aceptado.
En concreto, la propuesta del Gobierno pasa por un nuevo acuerdo estatal de vivienda que triplique la inversión pública en este ámbito con el objetivo de pasar de los 2.300 millones invertidos en el periodo 2022-2025 a unos 7.000 millones de euros para los próximos cinco años. El Gobierno asumiría el 60% de este dinero, alrededor de 4.000 millones, y las comunidades tendrán que aportar el resto.
"¿Cómo el Partido Popular, que gobierna la mayor parte de las comunidades autónomas y ayuntamientos, ante una oferta de triplicar la inversión en vivienda, dice que no sabe, no contesta? Este es el problema real del Partido Popular", ha cuestionado la ministra.
Rodríguez ha defendido que lo que ha puesto sobre la mesa como ministra de Vivienda es la posibilidad de alcanzar unos acuerdos "que tienen poca posibilidad de ser rechazados, porque son buenos para esas comunidades autónomas".
La ministra ha señalado que la mayor parte de los españoles dirían "a todas luces que sí" en caso de que se les preguntara por si apoyan un aumento del presupuesto para vivienda, pues se trata del principal problema de los españoles.
"Si les preguntamos, además, que ese esfuerzo milmillonario que estamos haciendo con los impuestos de todos al final no termine en manos de unos pocos, sino que forme parte de un patrimonio, de una infraestructura pública que perdure a la siguiente generación, pues intuyo que también nos dirán que sí", ha añadido la ministra.
"Y si, además, lo que estamos trasladando es que tenemos que hacerlo con datos públicos que nos permitan saber cuántas personas hay demandantes de vivienda, que ahora los tenemos territorializados en el ámbito de las comunidades autónomas, o cuántas están siendo las fianzas que se están registrando o cómo se están cerrando los contratos del alquiler, pues creo que la mayoría de los españoles nos dirían también que sí", ha continuado la ministra.
Por ello, la titular de Vivienda espera que las comunidades del PP recapaciten y se sumen al acuerdo que les propone el Gobierno para blindar el parque de vivienda pública.
"Yo, en el día de hoy, voy a empezar ya a trabajar con los que, indubitablemente, dijeron que sí, que adelante. Incluso algunos que no van a recibir ese triple presupuesto, como es el caso de Euskadi.
Mañana me reúno con el consejero de Euskadi, donde Euskadi, como consecuencia de su régimen foral, no participa de esos recursos del Estado, pero sí quieren participar en compartir datos", ha explicado.
"Y a los demás les digo, o recapacitan o tendrán que dar muchas explicaciones a los ciudadanos, porque esto no hay quien lo entienda. Que tú no quieras más dinero para vivienda, que no quieras proteger esa vivienda para siempre y que no quieras que la ciudadanía cuente con el poder de los datos, hay que explicarlo porque no se entiende", ha concluido.
