Vox denuncia la falta de vigilancia en la costa lorquina tras la llegada de una nueva patera

 LORCA.- Vox Lorca alerta sobre la creciente vulnerabilidad de la costa lorquina ante el tráfico de inmigrantes ilegales y de drogas, tras la llegada esta pasada noche de una nueva patera a las inmediaciones de la Cala de Calnegre. Este incidente se suma al hallazgo el pasado miércoles de una embarcación en la zona de Calablanca, presuntamente destinada al tráfico de sustancias estupefacientes.

Un montón de ropa encontrado hoy en el camino de acceso a la Cala de Calnegre confirma que varias personas desembarcaron anoche en la playa cercana, sin conocimiento de las autoridades locales. 

"La costa de Lorca, con amplias zonas deshabitadas y en estado prácticamente salvaje, se está convirtiendo en un punto de llegada cada vez más frecuente para estas mafias", explicó el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Lorca, José Martínez, quien ha denunciado que la falta de vigilancia en la costa lorquina está facilitando la entrada de embarcaciones ilegales, tanto las denominadas pateras taxi—que dejan su cargamento de inmigrantes irregulares y se retiran rápidamente—como lanchas cargadas de droga.

Desde Vox Lorca recuerdan que en el pasado Pleno municipal ya se solicitó la convocatoria urgente de una Junta Local de Seguridad, con el fin de analizar la posible implantación de una estructura organizada dedicada a la introducción de droga en la Península a través de la costa lorquina. Asimismo, pidieron la instalación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en la zona, con el objetivo de frenar el incremento de estos delitos.

"El hallazgo de una lancha varada y la llegada anoche de una patera refuerza nuestras sospechas de que la costa de Lorca se está utilizando como puerta de entrada para el tráfico de drogas y de personas", insistió Martínez. 

"Es urgente que las administraciones dejen de mirar hacia otro lado y tomen medidas inmediatas para reforzar la seguridad en nuestra franja costera. Seguiremos exigiendo que este asunto sea tratado con la máxima prioridad en la Junta Local de Seguridad", añadió.

Desde Vox Lorca reiteran su compromiso en la lucha contra la inmigración ilegal y el narcotráfico, y advierten que no cesarán en su labor de denuncia hasta que el Gobierno de la Nación actúe con determinación para proteger la seguridad de los lorquinos.

Vox-CT denuncia la ampliación del CETI a 1.500 inmigrantes ilegales y la ocupación del propio edificio del Hospital Naval

CARTAGENA.- El portavoz del Grupo Municipal de Vox, Gonzalo López Pretel, ha afirmado que "hace un año y medio nos instalaron, con nocturnidad y alevosía, un CETI en los jardines del antiguo Hospital Naval, diciéndonos que sería temporal. Ahora, el Ministerio ha elaborado un proyecto para ocupar el propio edificio, dado que propone la creación de 53 módulos residenciales en la primera planta para meter allí a 1.500 inmigrantes ilegales".

Vox ha sido el único partido que, desde el primer momento, denunció la apertura del CETI y no se creyó las sucesivas promesas de su cierre que siempre ha incumplido el gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, ha sido la única formación política que ha presentado mociones en el pleno municipal solicitando su cierre inmediato; en concreto, en los meses de marzo y mayo del año pasado.

Según afirma el portavoz de la formación verde "el tiempo nos ha dado la razón, pues el CETI no se va a cerrar sino que lo van a ampliar incluso ocupando el propio edificio del antiguo Hospital Naval. Cuando lo abrieron en noviembre de 2023 había 600 inmigrantes ilegales, actualmente son 1.072 y, ahora, su pretensión es meter a 1.500. Es evidente que el CETI lo vamos a tener 'para la eternidad'."

Para más inri, el propio Gobierno de España ya no se oculta en sus pretensiones pues, en la comunicación que ha redactado el Ministerio, afirma textualmente que "es muy posible que tengamos que mantener este centro durante un tiempo más respecto al previsto inicialmente".

En resumen, el CETI va a continuar aumentando pues van a seguir viniendo inmigrantes ilegales a España porque no hay voluntad política de poner fin a la crisis migratoria, si no que se la fomenta mediante el 'efecto llamada'.

"No podemos tolerar más las mentiras del gobierno de Pedro Sánchez, del Ministerio ni de su nefasta política de inmigración. Estamos hartos de que abusen de los cartageneros y de que conviertan a nuestra ciudad en un centro de almacenamiento de personas que se encuentran en situación ilegal. No es difícil vaticinar que la ciudadanía se va a manifestar para decirle claramente al gobierno socialista que su política de fronteras abiertas se está ensañando con nuestra ciudad y, eso, los cartageneros no lo van a consentir", ha afirmado Pretel.

El Gobierno impondrá los criterios de reparto de menores migrantes si CC.AA no llegan a un acuerdo antes del 20 de junio

 MADRID.- Los criterios para declarar la situación de contingencia migratoria extraordinaria deberán aprobarse en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en un plazo máximo de tres meses, antes del 20 de junio. No obstante, si no se consigue la unanimidad de las comunidades en la Sectorial, estos criterio se regularán conforme establece el Real-Decreto Ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros, que reforma el artículo 35 de la Ley de Extranjería y que entra en vigor este jueves tras publicarse hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La norma que, en todo caso deberá ser convalidada por el Parlamento, establece un reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla al resto de España.

En un documento de 15 páginas, el denominado "Real Decreto-ley de medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia", se recoge un nuevo artículo 35 que establece criterios para la distribución de menores, como la población, la renta per cápita, la tasa de paro, el esfuerzo realizado anteriormente, el número de plazas para la acogida o la condición de ciudad fronteriza o de insularidad.

Si bien, según explicó este martes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, estos criterios pueden ser modificados por la Conferencia Sectorial de Infancia y de Adolescencia.

En este sentido, el real decreto-ley refleja en la disposición adicional primera que "los criterios de aplicación del Plan de respuesta solidaria ante la situación de contingencia migratoria extraordinaria para la infancia y adolescencia migrante no acompañada deberán aprobarse en el plazo máximo de tres meses a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley".

Por otro lado, la disposición adicional segunda revela que las reubicaciones de personas menores de edad extranjeras no acompañadas que en la actualidad se encuentran en territorios con sobreocupación, como Canarias y Ceuta, deberán llevarse a cabo dentro del plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la norma, es decir, el 20 de marzo de 2026.

Para futura reubicaciones por sobreocupación, el decreto fija un plazo de 15 días naturales a contar desde la inscripción del menor en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados para el traslado a la comunidad o ciudad autónoma de destino.

Igualmente, el Gobierno explica en el real decreto-ley que, en principio, en situaciones que no sean de contingencia migratoria extraordinaria, "resulta necesario que las comunidades y ciudades autónomas, en tanto que competentes para las actuaciones de atención e integración social de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas, den la conformidad al reparto, como ha ocurrido ya en los acuerdos de 30 de septiembre de 2022, antes referidos".

"La explicación explícita y razonada de este real decreto-ley se encuentra en la propia situación de contingencia migratoria extraordinaria de la protección del interés superior de la infancia y adolescencia migrante no acompañada, que se caracteriza por la situación de entrada en gran número de personas menores de edad extranjeras no acompañadas en España evitando el control de entrada fronterizo", argumenta.

Además, el Ejecutivo indica que esta contingencia extraordinaria genera una "necesidad urgente" de protección de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas por todas las Administraciones competentes, "que no puede ser atendida únicamente por los servicios ordinarios reforzados de la comunidad o ciudad autónoma de entrada".

En cuanto a cuando se declarará la situación de contingencia migratoria extraordinaria, esta se dará en aquellas comunidades o ciudades autónomas cuyo sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas exceda en ocupación tres veces su capacidad ordinaria.

Asimismo, según avanzó este martes el ministro Torres, la capacidad de acogida de cada comunidad autónoma se obtendrá de dividir la población total de cada una a 31 de diciembre del año anterior, por el cociente resultante de dividir la población total de España entre el número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por el conjunto del sistema de protección español, según los datos que envíen las comunidades hasta el 31 de marzo de 2025, y previa inscripción en el registro de menores y certificación del Ministerio de Juventud e Infancia.

Para años sucesivos, esta capacidad máxima se aprobará anualmente y las Ciudades y comunidades autónomas deberán remitir a la persona titular de la Presidencia de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia antes del 15 de enero la certificación del titular de la Consejería competente del número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por su sistema de protección.

El Gobierno también ha garantizado en las disposiciones adicionales del decreto la suficiencia financiera con un fondo adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia, para el que se contará en 2025 con un crédito extraordinario de 100 millones de euros.

La aprobación de este Real Decreto llega tras haber alcanzado el Gobierno un acuerdo con Junts para que la iniciativa pueda salir adelante en la Cámara Baja. De hecho, los de Carles Puigdemont han cambiado su postura en esta cuestión después de pactar con el PSOE el traspaso de la delegación de competencias de inmigración a Cataluña.

Antelo (Vox): "Lo que hay que hacer con los menas es devolverlos con sus padres"

 MURCIA.- Vox en la Región de Murcia considera que la posición del Partido Popular en la comunidad autónoma con respecto al reparto de inmigrantes ilegales "tiene que ser de rechazo absoluto".

"Lo que hay que hacer con los menas, aprobado en la Asamblea Regional a petición de Vox, es devolverlos con sus padres, en su ambiente cultural y con sus familias", ha insistido el presidente regional del partido, José Ángel Antelo, con motivo de la XIII Conferencia Sectorial de Inmigración, según han informado fuentes del partido en una nota de prensa.

Antelo ha afirmado que "no se puede tener en la Región de Murcia a todo inmigrante que entre de manera ilegal en nuestros país" y ha pedido "controlar las fronteras".

Además, considera necesario mandar un mensaje a las mafias, "que todo aquel que entra en España tiene que hacerlo cumpliendo la norma y adaptándose a nuestras costumbres" y "exportar" a sus países de origen a quienes "no se adapten a nuestras costumbres y quieran imponer las suyas, piensen que una mujer tiene que ir cuatro pasos por detrás de un hombre, o que se le puede agredir a un homosexual por el mero hecho de serlo".

Por último, ha apuntado que si los inmigrantes ilegales tiene que cumplir una condena que lo hagan en sus países de origen y ha deseado que se "exploren los convenios de repatriación de los menas, como recoge el artículo 35 de la Ley de extranjería, que le da competencias a la comunidad autónoma para hacer convenios con esos países de origen y devolverlos con sus padres".

"PP y MC dan la razón a Vox: el CETI de Cartagena será permanente", dicen los ultras de la Región

 CARTAGENA.- La alcaldesa Noelia Arroyo (PP) ha afirmado que el Ministerio de Migraciones ya no es de fiar con respecto al cierre del CETI para el próximo mes de junio, y Jesús Giménez Gallo, portavoz de Movimiento Ciudadano, se muestra escéptico sobre el mismo asunto.

El portavoz del Grupo Municipal de Vox, Gonzalo López Pretel, ha afirmado que “hace un año y medio nos instalaron, con nocturnidad y alevosía, un CETI en el antiguo Hospital Naval. Desde el primer momento, nuestro partido denunció la situación y fuimos los únicos que exigimos su cierre inmediato”.

El Ministerio de Migraciones ha incumplido hasta en cinco ocasiones las fechas en las que se comprometió a cerrar el CETI. Además, el pasado mes de noviembre lo declaró ‘proyecto de urgencia y excepcional interés público’ para poder ampliarlo libremente sin necesidad de licencias del Ayuntamiento.

Según afirma el portavoz de la formación verde, “desde el primer momento, nosotros fuimos los únicos que desconfiamos de esas falsas promesas, y el tiempo nos ha dado la razón. El CETI no solo seguirá abierto, sino que además se ampliará”.

Tanto el Partido Popular como MC creyeron las sucesivas mentiras del Ministerio de Migraciones, algo que nosotros nunca hicimos”.

Vox recuerda que el programa electoral de MC prometía fomentar todas las actividades que faciliten la integración de inmigrantes, y no votó a favor de la moción de Vox que pedía cerrar el CETI, hace ahora un año.

El Grupo Municipal de Vox Cartagena ha sido el único que ha presentado mociones en el pleno municipal solicitando su cierre. En concreto, en los meses de marzo y mayo del año pasado.

“Cartagena es la capital de la inmigración ilegal de la Península Ibérica, algo que los cartageneros no podemos consentir. Vox fue el único partido que denunció esta situación y luchó por revertirla desde el primer momento.

Ahora, tanto el Partido Popular como MC nos dan la razón: el CETI no se va a cerrar en junio y comienzan a pedir lo que exigimos hace un año y medio: su cierre inmediato”, ha afirmado Pretel.

Bruselas presentará el próximo martes su propuesta para agilizar las expulsiones de migrantes sin derecho a asilo

 BRUSELAS.- Bruselas presentará el próximo martes su propuesta legislativa para acelerar las expulsiones de migrantes sin derecho a asilo en la Unión Europea; una revisión de la directiva de retorno de la que apenas se conocen detalles pero en la que la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, se comprometió en diciembre a encajar los centros de deportación en países terceros para transferir a los migrantes que esperan su expulsión definitiva.

El calendario lo ha anunciado el comisario de Interior y Migración europeo, Magnus Brunner, en una rueda de prensa al término de una reunión de ministros de Interior en Bruselas, tras la cual ha defendido que es "simplemente inaceptable" que "sólo uno de cada cinco" personas a las que se ordena abandonar territorio comunitario "finalmente lo haga".

"Es algo incomprensible para la gente en la Unión Europea, para mí y para cualquiera", ha continuado Brunner, quien ha defendido que si se permite permanecer en la Unión a personas para las que se ha decretado la expulsión también se "mina" el sistema creado con el Pacto de Migración y Asilo.

El político austriaco ha avanzado que la propuesta legislativa que pondrá sobre la mesa incluirá la "obligación de los retornados a cooperar" o enfrentar "consecuencias", así como medidas severas para acelerar la deportación de migrantes que supongan una "amenaza" para la seguridad de los Estados miembro y también acciones para potenciar la cooperación entre Estados miembros y avanzar en el reconocimiento mutuo.

De este modo, Brunner ha evitado referencias a una de las medidas más controvertidas que Von der Leyen se ha comprometido a incluir en la reforma tras la presión de más de una decena de países para contar con centros en terceros países a donde trasladar a los migrantes a los que se deniega el asilo, mientras se resuelve su deportación definitiva.

Ya en diciembre, Von der Leyen confirmó en una carta a los jefes de Estado y de Gobierno europeos que sus servicios exploraban la "mejor manera de introducir en el marco jurídico" el establecimiento de los 'hubs' en países terceros, teniendo en cuenta tanto su dimensión legal como la operativa y financiera, "respetando al mismo tiempo los Derechos fundamentales".

La propuesta que Brunner prevé presentar en Estrasburgo (Francia), en donde se celebrará el Colegio de Comisarios por coincidir con el pleno del Parlamento Europeo, no incluirá, sin embargo, otra de las claves necesarias para superar las dificultades que encuentran los gobiernos europeos a la hora de expulsar a los migrantes irregulares y que requiere contar con una lista de países "seguros" a los que poder transferir a los deportados.

Sobre este punto, el comisario ha dicho que el martes "no habrá una lista de países" pero sí ha apuntado que "antes de junio" presentará sendas propuestas sobre la definición de países de origen seguros y países terceros seguros porque "van de la mano" de la legislación necesaria para agilizar las expulsiones.

La Guardia Civil intercepta una patera con 17 inmigrantes a bordo en el litoral de Águilas

 ÁGUILAS.- La Guardia Civil interceptó la pasada madrugada una patera con 17 inmigrantes a bordo en el litoral de Águilas, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en la Región.

En concreto, los 17 inmigrantes fueron interceptados por la Benemérita en la zona de la playa Rambla Elena, de Águilas.

Los 17 inmigrantes fueron atendidos por Cruz Roja, están en buen estado, y han sido entregados a la Policía Nacional en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Cartagena.

JUPOL Murcia critica la "mala gestión" en el CATE de Cartagena, con "falta de personal" y "ausencia de coordinadores"

 MURCIA.- El sindicato Justicia Policial (JUPOL) Murcia ha expresado su "preocupación" por la "situación crítica" que persiste en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Cartagena tras la llegada de nuevas pateras este fin de semana.

En concreto, el sindicato ha denunciado públicamente que la gestión "sigue siendo igual de deficiente, con problemas estructurales que no han sido resueltos a pesar del paso de los meses", según informaron fuentes de JUPOL en un comunicado.

Así, JUPOL ha destacado la "falta de personal y la ausencia de algunos coordinadores en el CATE", lo que "dificulta la atención adecuada a los migrantes que llegan a nuestras costas". 

Además, ha señalado que los agentes de la Policía Nacional encargados de cubrir tanto la recepción en puerto como las funciones en el CATE "se ven obligados a dividir sus esfuerzos, dejando la ciudad sin la presencia policial necesaria para garantizar la seguridad ciudadana".

El sindicato también ha señalado que "ya no hay voluntarios dispuestos a cubrir los turnos extraordinarios, lo que agrava aún más la situación".

"Pasan los meses y la situación no cambia", según JUPOL, que ha precisado que la administración "no está tomando medidas efectivas para resolver estos problemas, lo que genera un desgaste insostenible para los profesionales y un servicio deficiente para la población".

JUPOL Murcia ha exigido a las autoridades competentes "que tomen medidas urgentes para mejorar la gestión del CATE, dotar de más recursos humanos y materiales, y garantizar que los agentes puedan desempeñar sus funciones sin tener que asumir responsabilidades adicionales que comprometen su labor principal".

El sindicato ha advertido que, de no tomarse acciones concretas, la situación "seguirá deteriorándose, con consecuencias negativas tanto para los migrantes como para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de Cartagena".

"Todavía no es la 'temporada de pateras' y ya se están teniendo graves problemas de organización y falta efectivos policiales por lo que este sindicato entiende que cuando empiecen a llegar pateras de manera descontrolada va a ser muy difícil gestionar dicha problemática, si no se empiezan a dar soluciones efectivas", ha concluido JUPOL.

ONGs alertan de que las medidas de Trump contra migrantes irregulares pueden incrementar xenofobia y racismo en España

MADRID.- La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Accem han alertado de que las medidas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra las personas migrantes en situación irregular pueden incrementar la xenofobia y el racismo en España.

"La xenofobia va a aumentar porque al final son medidas que lo que introducen es una sospecha permanente que una persona, por el hecho de no tener papeles, es un delincuente, es una persona que está cometiendo un delito", ha asegurado el director general de CEAR, Mauricio Valiente.

Precisamente, Trump ha autorizado este martes a las fuerzas del orden federales arrestar a inmigrantes ilegales y llevar a cabo operaciones policiales en lugares como iglesias, hospitales o colegios.

En este sentido, Valiente ha advertido de que los discursos "populistas de derecha y xenófobos" lo que hacen es "generar una expectativa que desvía la atención sobre los auténticos problemas de la ciudadanía". 

Además, sobre la nueva medida de Trump, ha dicho va a "degenerar y debilitar" al conjunto de la sociedad norteamericana "porque va a crear un clima de sospecha y un deterioro de la convivencia".

También ha señalado que gobernantes como Trump "se alzan con el poder, con un discurso muy demagógico, y al final son esclavos de ese discurso y tienen que adoptar medidas muy sensacionalistas".

 Si bien, ha añadido que estas es "muy difícil" que puedan llevar a la práctica "a sus últimos extremos".

"Desde luego van a provocar mucho sufrimiento en mucha parte de la población, pero sobre todo van a generar frustración. Y yo espero que con el paso de los años la mayoría de la sociedad norteamericana, como de las sociedades europeas, se den cuenta que no es más que una estrategia de un grupo de privilegiados que lo que quiere es aprovechar esa pensión para beneficiarse en sus proyectos políticos, económicos o particulares", ha subrayado.

Desde la ONG Accem también han rechazado la retórica utilizada por la nueva Administración estadounidense, que "vincula y relaciona de forma generalizada a las personas migrantes con la delincuencia".

 "Nos preocupa que se incremente la xenofobia y el racismo en base a este vínculo estigmatizante y no real, generando una imagen de las personas migrantes que identifica comportamientos minoritarios con la mayoría del colectivo", han recalcado.

Por su parte, Accem ha avisado de que "fomentar el sentimiento xenófobo que puede acabar generando violencia y discursos de odio es muy peligroso para toda la sociedad".

Igualmente, ha indicado que la detención de personas en lugares para el acceso a derechos fundamentales "repercutirá en la población migrante de forma indiscriminada", así como "un mayor aislamiento y menor integración social ante el temor a que una estancia irregular sea tratada como un delito".

Finalmente, la ONG ha trasladado su "preocupación" ante que a la "falta de vías legales y seguras" para los migrantes, se sumen medidas "que compliquen aún más el acceso a protección de las personas que tiene derecho a ella, repercutiendo en un mayor sufrimiento de las mismas, a la vez que alimenta a las mafias que se lucran de estas situaciones".

Por otro lado, Amnistía Internacional, sobre la posibilidad de que existan deportaciones tras la vuelta de Trump a la Casa Blanca, ha explicado que este método solo "aviva" el "sufrimiento humano" y aumenta la "inestabilidad" regional.

"La amenaza de que se desprecien los derechos humanos de las personas que buscan seguridad en Estados Unidos --o en cualquier parte del continente-- y el derecho al asilo nos exige alertar a la comunidad internacional del peligro que estos discursos constituyen si se adoptan como políticas", ha manifestado el director de la Sección de Venezuela de Amnistía Internacional, Marcos Gómez, para añadir que "los países no pueden hacer caso omiso de su obligación internacional de dar garantías y proteger a las personas que buscan seguridad y mejores condiciones de vida."

También la Red Eclesial Latinoamericana de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas (Red CLAMOR), de la que Cáritas América Latina y el Caribe es miembro activo, ha manifestado su "profunda preocupación" por las recientes medidas migratorias anunciadas en Estados Unidos.

Así, ha instado a que autoridades adopten políticas migratorias "que respeten los derechos fundamentales, promuevan la inclusión y fomenten la solidaridad". 

Además, ha reclamado a la comunidad internacional, organizaciones basadas en la fe y la sociedad civil "a trabajar en conjunto para brindar apoyo emocional, legal y humanitario a las personas afectadas" y ha abogado por la construcción de sociedades "más justas e inclusivas".

"Como Iglesia alzamos la voz y nos unimos al mensaje del Papa Francisco, en el que enfatiza la importancia de acoger, proteger, promover e integrar a las personas migrantes y refugiadas. Recordando con ello que las personas en contexto de movilidad, solicitantes de asilo, refugiadas y apátridas son sujetos de derechos, los cuales, no deben ser sometidos a ideas de nacionalismos que laceran el sentido social y la unidad de un pueblo", ha subrayado CLAMOR.

La Guardia Civil intercepta 42 inmigrantes llegados en patera a aguas de la Región de Murcia por Águilas

 MURCIA.- La Guardia Civil ha interceptado a 42 inmigrantes irregulares llegados en patera a aguas de la Región de Murcia, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en un comunicado.

En concreto, los inmigrantes fueron interceptados por la Guardia Civil la pasada madrugada en Calabardina, perteneciente al término municipal de Águilas.

Los inmigrantes han sido entregados este viernes por la mañana a la Policía Nacional en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Cartagena.

Se trata de 42 personas de supuesta nacionalidad argelina y se encuentran en buen estado tras ser atendidos por Cruz Roja, según las mismas fuentes.

Los 27 acuerdan posición para endurecer leyes contra las mafias que trafican con migrantes

 BRUSELAS.- Los ministros de Justicia de la Unión Europea han acordado este viernes la que será su posición negociadora de la reforma que establece penas mínimas comunes contra las mafias que trafican con personas, un endurecimiento de la normativa comunitaria que España comparte en el fondo pero contra la que se ha posicionado por considerar que diluye la cláusula que permite a los países no castigar penalmente a quienes socorren a migrantes por razones humanitarias.

La posición consensuada a 27 ha salido adelante con la única oposición expresa de España, si bien Alemania y Portugal también han señalado en el debate de ministros su desacuerdo con que la llamada "cláusula humanitaria" no se incluya en el articulado de la nueva norma sino que quede relegado en el preámbulo, sin el mismo valor legal.

El ministro español de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha avisado en el debate público que han mantenido los ministros en Bruselas de que si la referencia a la cláusula humanitaria se queda en los 'considerando', como propuso la Comisión Europea en su propuesta inicial y respaldan ahora los 27, la UE enviará un "mensaje político que creemos puede ser preocupante".

La cláusula en cuestión ya existe en la legislación comunitaria existente desde 2002 para aclarar que determinada asistencia a los migrantes irregulares, en concreto cuando se trata del apoyo a familiares o para cubrir necesidades básicas, puede no ser considerado constitutivo de delito penal de tráfico de migrantes.

Si la norma definitiva, que aún tienen que negociar los 27 con la Eurocámara, mantiene la referencia a esta cláusula en los considerando y no en el articulado, quedará en manos de los Estados miembro decidir cómo tratar esta cuestión en su legislación nacional.

En cuanto a las sanciones contra los traficantes, la posición del Consejo establece una pena máxima de prisión de al menos tres años, aunque deberán ampliarse a al menos ocho años cuando los traficantes actúen en el marco de una organización delictiva o cuando recurran a la violencia grave contra los migrantes.

A diferencia de Bruselas, que propuso penas de al menos 15 años de prisión para los casos más graves, por ejemplo, cuando el tráfico ilegal lleva a la muerte de quienes tratan de llegar a la Unión Europea, los gobiernos establecen ese umbral en al menos 10 años, dado que es el tope máximo previsto en otras legislaciones comunitarias.

"Es importante que este delito se tipifique de manera homogénea en toda la UE. Al adoptar una postura firme contra los traficantes, podemos proteger a las personas de la explotación por parte de delincuentes", ha dicho, por su parte, el ministro de Justicia húngaro y presidencia de turno de la UE, Bence Tuzson.

España rechaza criminalizar la asistencia humanitaria a personas migrantes

BRUSELAS.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asistido al segundo Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) de la presidencia húngara y el primero tras el nombramiento de la nueva Comisión Europea.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, asiste al segundo Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) de la presidencia húngara y el primero tras el nombramiento de la nueva Comisión Europea.

En la sesión de Justicia, han abordado diferentes iniciativas legislativas entre las que destacan dos propuestas de directivas: una sobre el tráfico ilícito de migrantes y otra contra abuso sexual de menores.

Rechazo a la criminalización de la asistencia humanitaria

Los ministros y ministras de Justicia de la Unión Europea han debatido una propuesta de directiva por la que se establecen normas mínimas para prevenir el tráfico ilícito de migrantes.

España ha liderado en los últimos meses el rechazo a la criminalización de la ayuda humanitaria y, por tanto, la necesidad de incluir en el articulado de esta directiva una cláusula para excluir de cualquier sanción la asistencia humanitaria a personas migrantes. 

En consecuencia, durante el debate que ha tenido lugar esta mañana, el ministro ha defendido la demanda de esta garantía que afecta, sobre todo, a familiares directos y a organizaciones humanitarias que se dedican al rescate y asistencia de personas migrantes.

En todo caso, la Administración española mantendrá su pleno apoyo a estas organizaciones a la vez que intensificará la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas, defendiendo así un enfoque migratorio basado en los derechos humanos y en la seguridad de las fronteras.

Otro de los elementos centrales de la reunión ha girado en torno a una propuesta de directiva relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y el material de abuso sexual de menores.

España ha rechazado la orientación general de la directiva debido a que la definición del consentimiento que se realiza en ella debería ser más amplia y ambiciosa, en línea con las legislaciones más avanzadas, entre las que se encuentra la española.

El ministro ha reconocido los cambios realizados en los últimos meses a petición de España, entre otros países. Estos incluyen, por ejemplo, que el consentimiento se defina en positivo y no en negativo o que se contemplen delitos en el ámbito digital en los que nuestro país también ha sido pionero.

 Sin embargo, estos avances no han sido suficientes para que España pueda apoyar el texto en su estado actual.

Lucha contra tráfico de drogas y el crimen organizado

Por último, y en cuanto a las iniciativas no legislativas, el JAI ha tratado la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado, y contra la impunidad en el marco de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, entre otros asuntos.

El PP avisa al Gobierno que votará "no" si solo lleva al Congreso el cambio en Ley de Extranjería para repartir menores

 MADRID.- El PP ha avisado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez que votará "no" si solo lleva al Congreso el cambio en el artículo 35 de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes. Los 'populares' quieren un plan integral que permita frenar la inmigración ilegal y que implique a la Unión Europea, y se remiten al documento que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, firmaron el pasado 10 de septiembre.

Así lo han asegurado en sendas charlas informales con los periodistas el presidente del PP y el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, con motivo del acto de conmemoración del 46 aniversario de la Constitución que se ha celebrado en el Congreso.

Tanto Feijóo como Tellado han criticado que el Gobierno no llevase ningún documento ni ninguna propuesta a la reunión que celebraron este jueves en la Delegación del Gobierno de Canarias en Madrid y que terminó sin ningún acuerdo.

A ese encuentro --que se prolongó durante dos horas-- asistieron el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, el presidente canario, Fernando Clavijo, y el de Ceuta, Juan Vivas.

Feijóo ha asegurado que "el que tiene que moverse es el Gobierno" y se ha remitido al acuerdo que firmó con Clavijo en Canarias el pasado mes de septiembre, un documento que, según los 'populares', representa a 12 comunidades autónomas.

Tras acusar al Gobierno de pretender "diluir su responsabilidad" en la crisis migratoria en los presidentes autonómicos, ha criticado que Torres y Rego solo hablaran en la reunión de modificar el artículo 35 de la Constitución relativo al reparto de menores y nada más, una posición que, a su entender, hace "muy difícil el acuerdo".

Según el presidente del PP, el Gobierno de Sánchez está "utilizando Canarias como rehén para tratar de generar un problema al PP". Los 'populares' gobiernan en coalición con Fernando Clavijo en las islas.

Por su parte, Tellado también ha criticado en conversación informal con los periodistas que el ministro Torres no acudiese con "ningún papel" y ha criticado que el Gobierno busque "trasladar la papeleta a las comunidades".

Dicho esto, ha invitado al Gobierno reunir a la Conferencia Sectorial y a plantear allí sus propuestas. Además, ha criticado que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, no esté liderando este asunto y el Ejecutivo haya delegado en el ministro Torres.

El Gobierno ya dijo este jueves que su intención es convocar a las autonomías en la Conferencia Sectorial de Infancia tras fracasar la reunión con el PP. Este jueves, tras ese encuentro con el PP, Torres dijo que el Gobierno no renuncia a que la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes "pueda salir".

Ante la posibilidad de que el Gobierno vuelva a traer al Congreso esa reforma del artículo 35 para repartir menores migrantes, bien en forma de decreto ley o de proposición de ley, el PP de Feijóo ya anticipa que el Grupo Popular votará "no" si el texto solo incluye esa modificación.

El Congreso de los Diputados ya tumbó en julio la proposición de ley para reformar la Ley de Extranjería que registraron PSOE, Sumar y Coalición Canaria y que buscaba repartir de forma obligatoria menores migrantes no acompañados de territorios con una sobreocupación del 150%. La iniciativa contó entonces con el rechazo de PP, Vox y Junts.

Después de que Vox haya suspendido la negociación de Presupuestos con el PP en varias comunidades autónomas por su "acercamiento" al PSOE en migración, Feijóo ha dicho estar "tranquilo" y ha añadido que no le preocupa el órdago de Vox, dado que, según ha dicho, su formación está haciendo lo que tiene que hacer.

En parecidos términos se ha expresado Miguel Tellado. "No nos tensiona ni lo que diga el Gobierno ni lo que diga Vox. No nos está condicionando nadie", ha dicho a los medios en conversación informal.

Además, los 'populares' se quejado de que, a una semana de la Conferencia de Presidentes, no tengan "ningún papel" sobre los asuntos que irán a esa reunión, que versará sobre inmigración, financiación autonómica, vivienda y la falta de recursos humanos en el sistema sanitario.

El presidente del Gobierno y el jefe de la oposición han coincidido en este acto de 46º aniversario de la Carta Magna en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso, pero no se han saludado en ningún momento.

Sánchez anuncia una estrategia legal para traer trabajadores de África

 MADRID.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que en el próximo trimestre lanzará una estrategia de movilidad laboral con el objetivo de establecer un sistema migratorio beneficioso para los países de origen y de destino y para los propios migrantes.

Así lo ha indicado en la presentación de la Estrategia España África 2025-2028 en La Moncloa junto a varios dirigentes de este continente, donde ha señalado que pretenden crear "vías legales y seguras", así como reforzar los sistemas de formación en los países de origen.

De este modo pretenden evitar que los migrantes acaben en manos de las mafias que trafican con seres humanos y se jueguen la vida en el mar en el intento de llegar a Europa y al tiempo mismo buscan favorecer "la circulación de talento" entre ambos pueblos, según ha indicado Sánchez.

Para este fin, ha remarcado que pondrán especial énfasis en el fomento de la formación profesional e impulsarán redes de colaboración con universidades y centros de investigación de España.

Esta estrategia va en la línea marcada en el viaje realizado este verano por Sánchez a varios países de África occidental, Mauritania, Gambia y Senegal, en los que apostó por establecer nuevos acuerdos de migración circular con estos países. 

De este modo se favorecerán que personas de estos países acudan a España con un contrato temporal de trabajo y regresen de nuevo a sus países.

Sánchez realizó esa gira en un contexto de aumento significativo de llegadas de migrantes de forma irregular a las costas españolas, principalmente a Canarias, donde los centros de acogida a menores migrantes no acompañados llegaron a saturarse, ante la falta de un acuerdo con las comunidades autónomas para distribuir a estos menores. Un pacto entre PSOE y PP que todavía está pendiente.

En este sentido, fuentes gubernamentales indican que este anuncio va en línea con esta estrategia de abordar la migración "en positivo", impulsando las vías legales de entrada en nuestro país y tratando de crear riqueza tanto en origen como en destino y no solo traer mano de obra.

Señalan además que se trata de una estrategia y por tanto todavía es necesario aterrizar medidas concretas, pero sigue la misma línea de los acuerdos de migración circular, el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con los países africanos y también con el nuevo reglamento con el que el Gobierno pretende regularizar a cientos de miles de trabajadores en los próximos años y que entra en vigor en el mes de mayo.

La Guardia Civil intercepta 4 embarcaciones con 56 inmigrantes irregulares frente a Monte Cenizas y Calblanque

 CARTAGENA.- La Guardia Civil ha interceptado este lunes por la mañana a cuatro embarcaciones en las que viajaban un total de 56 inmigrantes irregulares en la costa de Cartagena, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno.

La Benemérita les ha detenido frente a Monte Cenizas y en las inmediaciones de Calblanque. Todos los ocupantes han sido atendidos por Cruz Roja y se encuentran en buen estado de salud.

Han sido trasladados al CATE de Cartagena y entregados a Policía Nacional, han explicado.

La llegada de inmigrantes a la Región de Murcia se reduce un 20% durante este año con respecto al anterior

 MURCIA.- La Delegada del Gobierno, Mariola Guevara, ha informado de la reducción que ha experimentado la Región de Murcia en cuanto a la llegada de inmigrantes, una reducción del 20 por ciento respecto a 2023 y del 55 por ciento respecto a 2020.

"Frente a la alarma interesada que algunos generan, hay que resaltar que tan solo dos embarcaciones con inmigrantes irregulares han llegado a cabo de palos este mes de noviembre y en ambos casos, como siempre, todos los integrantes fueron interceptados por la Guardia Civil", ha indicado Guevara.

La delegada ha explicado que, lejos de existir un mayor problema, las llegadas de inmigrantes por mar se han reducido un 20 por ciento respecto a 2023 y un 55 por ciento respecto a 2020. 

"Por eso resulta muy difícil escuchar a determinados políticos acordarse de Cabos de Palos exclusivamente para azuzar un mensaje distorsionado, cargado de rechazo hacia los inmigrantes y con el único propósito de generar alarma social para beneficiarse políticamente", ha apostillado.

En este sentido, Guevara ha lanzado un mensaje de tranquilidad a todos los vecinos para que confíen "en la Guardia Civil, Salvamiento Marítimo, Policía Nacional y Club Roja, cuyo excepcional trabajo, una vez más, se ve menoscabado por las declaraciones de los políticos de siempre que solo buscan el enfrentamiento".

Interceptadas dos embarcaciones con 28 inmigrantes a bordo en aguas de Cartagena

 CARTAGENA.- Salvamento Marítimo (Sasemar) y la Guardia Civil interceptaron este jueves dos embarcaciones con 28 inmigrantes a bordo en aguas de Cartagena, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno.

La primera embarcación, con 17 inmigrantes a bordo, fue interceptada por Salvamento Marítimo a 18 millas de Monte Cenizas en Cartagena. La segunda patera, con 11 inmigrantes, fue interceptada por Guardia Civil en Cala Reona, en aguas de Cartagena.

Los 28 inmigrantes son varones adultos y fueron reconocidos por Cruz Roja y entregados a Policía Nacional en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Cartagena.

Con estos inmigrantes se elevan a 38 los llegados a la costa de la Región desde el pasado miércoles, día en el que la Guardia Civil interceptó una embarcación con diez personas a bordo en aguas de Cabo de Palos, en el término municipal de Cartagena.

Meloni atribuye a los inmigrantes una "mayor incidencia" de casos de violencia sexual contra mujeres

 ROMA.- La primera ministra de Italia, la ultraderechista Giorgia Meloni, ha afirmado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se registra "una mayor incidencia" de casos de violencia sexual contra las mujeres en inmigrantes.

"Me llamarán racista, pero lamentablemente hay una mayor incidencia de casos de violencia sexual por parte de personas inmigrantes, especialmente de aquellos que entran de forma ilegal", ha dicho en una entrevista con la revista 'Donna Moderna'.

En este sentido, ha explicado que "cuando no se tiene nada" en la vida "se genera una degeneración que puede llevar a cualquier parte". 

Meloni ha resaltado que Italia tiene una legislación "muy importante" sobre este tema. "Creo que en este momento el desafío es sobre todo de carácter cultural", ha agregado.

Sus palabras se producen después de que el ministro de Educación, Giuseppe Valditara, afirmara durante un acto para honrar la memoria de Giulia Cecchettin --una joven universitaria de 22 años que fue asesinada por su exnovio en la región de Venecia-- que "el aumento de los fenónemos de violencia sexual" está vinculado a "formas de marginalidad y pobreza" derivadas de la "inmigración ilegal".

Valditara también aseguró que el patriarcado ya no existe. "Los caminos ideológicos nunca apuntan a resolver problemas sino a afirmar una visión personal del Mundo", agregó, según informó el canal de televisión italiano Rai News.

Según datos recogidos por el Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 3 de noviembre de este año se registraron en Italia 263 asesinatos, 96 de ellos de mujeres. De este total, 82 fueron asesinadas en contextos familiares o afectivos, mientras que 51 murieron a manos de su expareja.

Migraciones decreta 'de emergencia' la ampliación del campamento del Naval para evitar la licencia municipal

 CARTAGENA.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha firmado una orden ministerial que declara "la urgencia y excepcional interés público de las obras en el recinto del antiguo Hospital Naval de Tentegorra, permitiendo al ministerio realizar cualquier actuación sin licencia municipal".

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha expuesto esta situación en una junta de portavoces extraordinaria en la que el concejal de Infraestructuras y Urbanismo, Diego Ortega, ha detallado los "graves incumplimientos detectados", entre ellos "la falta de seguridad contra incendios en las carpas instaladas y la ubicación del recinto en una zona inundable". 

Arroyo también ha informado de que el informe no vinculante solicitado por el ministerio ya ha sido elaborado por los técnicos municipales, quienes concluyen que estos proyectos son "incompatibles" con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El Ayuntamiento ha abierto dos expedientes sancionadores en los últimos meses tras comprobar que las reformas en el edificio, destinadas a habilitar 300 camas, y la instalación de carpas se realizaban sin autorización. 

Las obras "no solo carecían de licencia, sino que además el uso residencial asignado es incompatible con el PGOU, que clasifica la parcela como 'sistema general de equipamiento comunitario', reservado para funciones de defensa y protección", han asegurado. 

Esta situación se agrava, han explicado, al encontrarse el recinto dentro de la zona de policía de la Rambla de Canteras y en una zona inundable con un período de retorno de 500 años, lo que exige autorizaciones adicionales que no han sido presentadas. 

 Además, las carpas instaladas "no cumplen con los requisitos de resistencia al fuego establecidos en el Código Técnico de la Edificación, un incumplimiento especialmente grave dado el uso residencial público al que están destinadas", han apuntado.

Noelia Arroyo ha señalado que esta decisión del ministerio, que limita al Ayuntamiento a emitir un informe no vinculante sobre las actuaciones, "demuestra la falta de sensibilidad hacia Cartagena, la única ciudad en España que recibe migrantes tanto en patera por sus costas como en aviones procedentes de Canarias". 

La alcaldesa ha afirmado que "esto no es lógico ni justo", denunciando también el "incumplimiento sistemático de los compromisos por parte del ministerio. Lo que comenzó como un campamento temporal para 600 personas ha superado ya el año de funcionamiento, con más de 1.000 residentes, generando una concentración excesiva que supone un riesgo para la convivencia y sobrecarga los servicios sociales municipales".

El Ayuntamiento ha insistido en que "la gestión de los flujos migratorios debe ser equilibrada y respetar la capacidad de cada territorio".

 Por ello, Cartagena exige al ministerio "que cumpla sus compromisos, reconsidere su decisión y garantice una distribución más equitativa de responsabilidades entre las distintas regiones".

 Mientras tanto, el consistorio "continuará vigilando y actuando dentro de sus competencias para asegurar el cumplimiento de la legalidad en el recinto del antiguo Hospital Naval y proteger los intereses de la ciudad".

El Gobierno aprueba el nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería, que prevé regularizar 300.000 personas al año

MADRID.- El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería, con el que "se simplifican procedimientos, se eliminan duplicidades y se dan mayores garantías y rigor jurídico", y que prevé regularizar a 300.000 personas al año durante los próximos tres años.

Así lo ha anunciado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Asimismo, ha expuesto que se introducen las mejoras de la normativa europea, impulsadas bajo la presidencia española del semestre. 

"El reglamento va a servir para combatir mafias, para combatir fraudes y para combatir la vulneración de derechos", ha recalcado.

En cuanto a las necesidades del mercado laboral, Saiz ha indicado que se crea un apartado específico dentro de la norma que incluye tanto los visados de corta duración como los de larga duración, "para hacerlo más fácilmente comprensible".

 En este sentido, también ha añadido que se "simplifican" los procedimientos y se "delimitan" las competencias entre consulados y oficinas de extranjería.

Por otro lado, ha celebrado que el nuevo reglamento reduce la burocracia. "A partir de ahora todas las autorizaciones iniciales serán de un año y las renovaciones serán de cuatro años", ha subrayado.

Otra de las novedades es la regulación del visado de búsqueda de empleo, para el que ha dicho que se amplia su vigencia de tres a doce meses, con el objetivo de que "las empresas extranjeras consigan un trabajo adecuado a su perfil profesional y, al mismo tiempo, que las empresas encuentren a los profesionales que necesita".

Respecto a los arraigos, Saiz ha señalado que el nuevo reglamento cuenta con cinco modalidades de arraigo: social, socio-formativo, socio-laboral, familiar y el arraigo de segunda oportunidad. 

"La novedad es que se homogeneizan y se reduce el tiempo de permanencia en España de tres a dos años. Se flexibilizan los requisitos a cumplir y se habilita a trabajar no sólo por cuenta ajena, sino también por cuenta propia desde el primer momento", ha afirmado.

En esta misma línea, la ministra ha explicado que a finales de año 2023 había 210.334 personas con autorización por arraigo, 84.983 más que en el año 2022. 

"Hemos estimado que con esta reforma puedan regularizarse de media 300.000 personas al año durante los próximos tres años", ha asegurado para añadir que del año 2022 al año 2023, las personas regularizadas por arraigo afiliadas a la seguridad social han aumentado un 30,4%.

Asimismo, Saiz ha destacado "que una sociedad próspera debe saber formar y captar el talento". Por ello, ha dicho que en materia de formación las personas sujetas a este reglamento podrán disfrutar de una autorización de estancia por estudios que dure todo el tiempo que dure su formación.

Además, ha expuesto que el nuevo reglamento "facilita" una vía rápida para poder enlazar con una autorización de trabajo una vez que se terminen los estudios. Durante los estudios, además, estarán autorizados a trabajar un máximo de 30 horas semanales e independientemente de la formación que estén cursando.

También ha señalado que refuerza los requisitos y las obligaciones de los centros de estudios. "Nos aseguramos de que obtengan (los estudiantes) una formación digna y suficiente y evitamos que sean víctimas de fraudes".

"En definitiva, el reglamento abre puertas que antes estaban cerradas mediante tres llaves, formación, empleo y familia", ha recalcado.