Crece un 7,8% el número de documentos de residencia concedidos en 2025 por el aumento de peticionarios de Venezuela, Ucrania y Reino Unido

 MADRID.- El Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) ha publicado la estadística "Flujo de documentos de residencia concedidos a personas extranjeras durante 2025". El número de autorizaciones concedidas asciende a 1.577.842, lo que supone un incremento del 7,8% (114.238 documentos) respecto al año anterior.

Esta estadística, incluida en el Plan Estadístico Nacional, contabiliza la totalidad del número de documentos de residencia concedidos durante el año, esto incluye concesiones iniciales, renovaciones, modificaciones, prórrogas y recuperaciones. 

Es importante destacar que el número total de documentos no es equiparable al número total de personas a las que se les ha concedido un documento de residencia, puesto que una misma persona ha podido obtener, por ejemplo, un permiso inicial y posteriormente una renovación, lo que equivale a una misma persona con dos documentos concedidos al lo largo del mismo año.

El OPI señala que, en el año 2025, los permisos de residencia aumentaron un 7,8%, respecto a 2024, esto es, 114.238 documentos concedidos más. El Observatorio recoge como datos relevantes el crecimiento de los concedidos a nacionales de Reino Unido.

 Este colectivo pasaría de 26.325 a 57.396 debido a las modificaciones de la documentación temporal a permanente de las Tarjetas de Identidad de Extranjero (TIE) de nacionales del Reino Unido, al haber transcurrido ya más de 5 años desde la implantación de este tipo de documentación.

Destacan también, con un 19,5% de variación positiva, los documentos de residencia concedidos a personas nacionales de Venezuela, y los documentos de residencia a nacionales de Ucrania a través de la protección temporal en 2025.

Las personas de tres nacionalidades, Ucrania (244.579 documentos), Venezuela (224.341) y Marruecos (187.790), recibieron el 42% de los documentos de residencia expedidos en 2025.

Respecto a las autonomías en las que han sido solicitados los documentos de residencia expedidos durante 2025, destacan Cataluña y la Comunitat Valenciana, con 311.038 y 282.897 concesiones respectivamente. 

Les siguen en número la Comunidad de Madrid con 275.607 y Andalucía con 232.201. Estas cuatro comunidades autónomas han concentrado el 70% de los documentos de residencia expedidos durante 2025.

De los 1.577.842 documentos de residencia concedidos a personas extranjeras durante 2025, el mayor volumen fue el de autorizaciones de residencia en régimen de extranjería (1.292.400), representando el 82% de todos los documentos concedidos, con una variación anual del 10,3%.

A este grupo habría que sumar los 244.186 certificados de registro o tarjetas de familiar de nacional UE/AELC en régimen de libre circulación, que representan el 15% del total, y las 41.256 Tarjetas de Identificación de Extranjero (TIE) en régimen del Acuerdo de Retirada (3% del total).

Si nos centramos en el grupo más numeroso, el de las autorizaciones de residencia en régimen de extranjería, el Observatorio Permanente de la Inmigración recoge que el 92% de estos documentos (1.192.088) corresponden a una residencia temporal, un 6% (78.922) a residencia de larga duración y un 2% (21.390) a residencia por protección internacional o apatridia.

Entre las autorizaciones de residencia temporal, el motivo más relevante sería el de concesiones de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales, excepto arraigo, que alcanza un total de 479.527 casos, lo que representa un 40% del total.

El segundo motivo más frecuente de entre las temporales, es el de las autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales por arraigo, alcanzando un total de 221.802 casos, lo que representa un 19% del total de autorizaciones de residencia temporal.

Por último, si observamos la distribución territorial de las autorizaciones en régimen de extranjería, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana y Andalucía concentraron el 69% del total de las autorizaciones concedidas en 2025.

El Observatorio Permanente de la Inmigración actualiza también este mes la estadística que contabiliza el total de autorizaciones de estancia por estudios concedidas a personas extranjeras.

A lo largo de 2025, 108.253 autorizaciones por estancia para estudios fueron concedidas a estudiantes y sus familiares.

La edad media de las personas que han obtenido una autorización de estancia por estudios en 2025 es de 27 años, y el 54% (57.977) de las autorizaciones corresponde a mujeres.

Por otro lado, las nacionalidades más frecuentes de las personas a las que se les concedió este tipo de autorización en 2025 son la colombiana (14.784, 14% del total), la peruana (10.270, 9%), la marroquí (8.885, 8%), la estadounidense (7.986, 7%) y la china (7.771, 7%).

Marlaska destaca el Contingente 5 de Frontex como "un paso más" en la respuesta europea para el refuerzo de fronteras

 LISBOA.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado este miércoles que la creación del Contingente 5 de Frontex es un "paso más" en la construcción de "una respuesta europea común" que fortalece el control de las fronteras.

Marlaska, que ha participado este miércoles en Lisboa en la inauguración de la nueva oficina de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, ha expresado que este modelo operativo se fundamenta en la "cooperación, en la prevención, en la puesta en común de recursos y capacidades, en el apoyo mutuo y la responsabilidad compartida", según ha informado Interior en un comunicado.

Según el titular de Interior, la nueva oficina permitirá una respuesta más "rápida y eficaz" a los retos migratorios, los cuales, según ha defendido, "se afrontan mejor trabajando juntos".

En el marco de esta estrategia, el ministro ha instado a Frontex a "profundizar y ampliar sus funciones" en materia de cooperación con los países de origen y tránsito para actuar antes de que se produzca el flujo migratorio. El objetivo de esta estrategia no es evitar las llegadas, sino las salidas", ha manifestado Marlaska, precisando que este enfoque preventivo es la única vía para evitar que "miles de personas no arriesguen su vida en el mar".

La oficina de Lisboa, encabezada por el comandante Marco Fantinato, se integra en la estructura de la Agencia que gestiona actualmente 38 operaciones conjuntas a través de siete contingentes en toda la UE. Al acto también han asistido el ministro de Administración Interna de Portugal, Luís Neves, y el director ejecutivo de Frontex, Hans Leijtens.

El Ministerio del Interior ha recordado que la agencia europea ya cuenta con personal desplegado en España, destacando la misión anual en Canarias liderada por la Policía Nacional para gestionar llegadas irregulares en puertos y centros de atención de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote.

Asimismo, se mantienen activas la operación Minerva en Algeciras, Tarifa y Ceuta para la inspección documental y prevención de actividades ilícitas, y la operación Indalo, liderada por la Guardia Civil, que refuerza la vigilancia en el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. El apoyo de Frontex se extiende también a las Islas Baleares mediante servicios de vigilancia aérea prefronteriza para analizar movimientos migratorios.

Este encuentro en la capital portuguesa representa la cuarta reunión bilateral entre Grande-Marlaska y Hans Leijtens desde que este último asumiera la dirección de Frontex en diciembre de 2022, reforzando la colaboración directa en la gestión de las fronteras del sur de Europa.

Oposición de España a los centros de retorno por las "serias dudas" sobre su "legalidad y proporcionalidad"

 LUXEMBURGO.- El ministro del Interior ha participado en el Consejo de Ministros de Interior, celebrado en Luxemburgo, que ha abordado, entre otros temas, la prórroga de la protección temporal de los ciudadanos desplazados de Ucrania y la estrategia de la UE sobre drogas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su participación en el Consejo de Ministros de Interior, celebrado en Luxemburgo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mostrado la "firme" oposición de España al nuevo reglamento de retorno y ha trasladado a los socios comunitarios las "serias dudas" del Gobierno español sobre la "legalidad y proporcionalidad" de la creación de centros de retorno en terceros países.

Durante la celebración del Consejo de Ministros de Interior, en Luxemburgo, el ministro ha criticado que el internamiento deje de ser una opción de último recurso, al ampliarse el periodo de privación de libertad hasta 24 meses, con prórrogas "potencialmente indefinidas".

"¿Vamos a permitir que personas en una situación administrativa irregular estén privadas de libertad más tiempo que criminales condenados por delitos graves?", se ha preguntado Grande-Marlaska. "Para España es inaceptable y para la UE de los derechos y las libertades también debería serlo", ha añadido.

El titular de Interior ha expresado su preocupación por la creación de centros de retorno en terceros países, con convenios no vinculantes y "sin garantías" para los derechos de las personas, "hasta el punto de que una familia con niños podrá ser retornada a países con los que no guarda ningún vínculo", ha precisado.

Estos acuerdos tampoco han tenido en cuenta, en opinión del ministro, su impacto en la "credibilidad y eficacia" de las relaciones bilaterales de los Estados miembros, "clave" en la política migratoria de países que, como España, apuestan por la cooperación. 

"Y es una política migratoria que funciona y que está frenando las llegadas irregulares en más de un 60 por ciento en Canarias", ha recordado.

El Consejo de Ministros de Interior ha abordado una nueva prórroga de la protección temporal de los desplazados de Ucrania, que España ha respaldado en los mismos términos aplicados en la actualidad. 

"Ninguna persona con protección temporal quedará sin una solución adecuada a su situación", ha manifestado durante la celebración del Consejo de Ministros del Interior, en Luxemburgo.

"España ha recibido a más de 266.000 beneficiarios de protección temporal y somos el cuarto país europeo que más ciudadanos ucranianos acoge, pese a nuestra lejanía geográfica", ha recordado el ministro, que se reunió en Kiev con su homólogo ucraniano, a quien le trasladó el compromiso de España con la reconstrucción del país.

España ha apoyado también las conclusiones propuestas por la presidencia del Consejo sobre la Estrategia de la UE sobre drogas y su repercusión operativa, que persiguen armonizar el Plan de Acción de la UE contra el tráfico de drogas 2026-2030, las prioridades EMPACT, las capacidades de las agencias JAI y los instrumentos de cooperación ya existentes.

Grande-Marlaska ha mencionado la "positiva experiencia" española en la prohibición de las lanchas rápidas, al mismo tiempo que ha reiterado la importancia de impulsar un enfoque europeo común para intervenir sobre las embarcaciones y motores de alta potencia, en cooperación con el sector privado, además de promover una respuesta penal disuasoria.

 "Las iniciativas nacionales son necesarias, pero insuficientes", ha subrayado.

En su opinión, la reciente operación de la Guardia Civil sobre el buque Arconian, con más de 30 toneladas de cocaína intervenidas, el alijo más importante de la historia en una sola embarcación, constata "la magnitud de la amenaza del narcotráfico" y la importancia de actuar en las rutas marítimas que conectan América Latina, África y Europa.

Por último, en el marco del Consejo, el ministro ha mantenido sendos encuentros bilaterales con sus homólogos de Luxemburgo, Léon Gloden; Estonia, Igor Taro; e Irlanda, Jim O'Callaghan, país que asumirá la próxima presidencia del Consejo.

Un informe de Sanidad señala que los migrantes están más sanos y consumen menos recursos sanitarios que los españoles

 MADRID.- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha presentado el informe " Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España", un estudio que analiza la realidad sanitaria de las personas residentes nacidas fuera del país, según informa el Gobierno.

El documento confirma el fenómeno internacional conocido como "efecto del inmigrante sano" (healthy immigrant effect), una premisa ampliamente documentada que describe la ventaja epidemiológica inicial de las poblaciones migrantes al llegar al país de destino, con indicadores de salud superiores a los de la población nativa.

El estudio compara el estado de salud de los nacidos en España con el de personas procedentes de cinco grandes áreas geográficas del mundo (Europa UE, África, Latinoamérica, Mediterráneo Oriental y Otras regiones), siguiendo la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

 Para ello, se han seleccionado los 21 problemas de salud que concentran más gasto y presión asistencial, al requerir más consultas, tratamientos y seguimiento médico.

Los resultados son concluyentes: la población autóctona presenta una prevalencia superior en 16 de las 21 patologías estudiadas en comparación con todas las regiones analizadas

. En cuatro de ellas -trastornos de ansiedad, trastornos del metabolismo lipídico, infecciones respiratorias agudas del tracto superior y asma- las tasas de prevalencia superan en más de 20 puntos las registradas en el resto de las regiones.

El informe también identifica ámbitos en los que la situación de salud es muy similar entre los distintos grupos analizados. Es el caso del infarto agudo de miocardio, con una tasa de 8,7 por mil en personas nacidas en España frente a 8,8 en las procedentes de la Unión Europea, así como de la hipertensión no complicada, que presenta cifras prácticamente equivalentes entre la población autóctona (172,2) y la originaria de África (174,4). 

Esta convergencia se observa igualmente en el ámbito de la salud mental, donde el porcentaje de personas que acudieron a un profesional en el último año es casi idéntico: 18,2% en nacidos en España y 18,1% en población nacida en el extranjero.

Hay cinco excepciones en las que la población migrante presenta peores indicadores de salud. 

La primera es la diabetes mellitus no insulino-dependiente, con una tasa de 103,2 por mil en personas procedentes del Mediterráneo Oriental, frente a 69,3 en la población nacida en España.

 La población de origen africano registra una mayor incidencia de hipertensión no complicada (174,4 frente a 172,2) y de insuficiencia renal crónica (26,2 frente a 21,2). 

Finalmente, las personas nacidas en Latinoamérica declaran en mayor proporción problemas con el sistema sanitario (27,1 frente a 15,9), lo que evidencia barreras administrativas y burocráticas en su relación con los servicios públicos.

Respecto a la carga de enfermedad crónica también es notablemente mayor entre los nacidos en España. 

El informe señala que este grupo presenta la tasa más elevada de multimorbilidad (presencia de al menos un problema de salud crónico), con 472,3 casos por mil personas, lo que supone una tasa entre un 24% y un 38% superior a la de regiones como Latinoamérica o la Unión Europea. 

De hecho, la tasa de personas que padecen tres o más problemas de salud crónicos es hasta un 65% mayor en la población nacida en España que en otras regiones.

Este perfil epidemiológico se traduce en un uso de recursos farmacéuticos dispar. La población autóctona registra un consumo de medicamentos (Dosis Diaria Definida) de 1.503,2, una cifra que supera en un 62,7% a la de la población procedente de África y en casi un 50% a la de Latinoamérica.

A pesar de la ventaja inicial del "migrante sano", el Ministerio de Sanidad advierte de que este nivel de salud tiende a empeorar con los años de estancia en España. 

El informe atribuye este deterioro a la desigualdad en el acceso a recursos básicos como una vivienda digna o una alimentación saludable, así como a condiciones laborales más precarias y a la exposición continuada a los factores de riesgo de la sociedad de destino.

Asimismo, el documento identifica que las barreras legales, administrativas y lingüísticas dificultan el acceso a los servicios de prevención y diagnóstico precoz, lo que puede derivar en un agravamiento de las patologías si no se garantiza una atención sanitaria universal efectiva.

Desde hace más de dos décadas, la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud se basa en un modelo de financiación a través de impuestos y de los Presupuestos Generales del Estado.

 En este marco, el informe, apoyado en el análisis de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, subraya que la población migrante contribuye a su sostenimiento económico en condiciones equiparables al resto de la población, con una aportación que supera los costes derivados de su atención sanitaria. 

Esta conclusión se alinea con la evidencia internacional, como la recogida por la comisión de expertos de The Lancet, que señala que garantizar el acceso universal y equitativo no solo responde a criterios éticos y legales, sino que constituye también una decisión económicamente eficiente para los países de destino.

El estudio concluye que proporcionar una atención sanitaria estándar resulta más coste-efectivo que limitar el acceso a los servicios de urgencias. La atención de patologías en fases avanzadas o a través de dispositivos hospitalarios de emergencia no solo tiene un mayor impacto en la salud de las personas, sino que implica un coste significativamente superior para el sistema. 

Por el contrario, el acceso a la atención primaria y a los servicios preventivos favorece el diagnóstico precoz, optimiza el uso de los recursos públicos y contribuye a la sostenibilidad a largo plazo del modelo sanitario.

La UE acuerda endurecer la política de retornos y consolida los centros de deportación fuera de su territorio

 BRUSELAS.- Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo (gobiernos) han logrado de madrugada un acuerdo sobre la política de retornos que endurecerá las condiciones de quienes ven rechazada una petición de asilo en la Unión Europea y que consolida la posibilidad de que los Estados miembro externalicen los centros de deportación a territorios extracomunitarios --siguiendo el modelo que Italia pactó con Albania--.

El acuerdo ha llegado tras salvar el último escollo de la fecha de aplicación de la nueva norma, que la Eurocámara quería acelerar al próximo enero frente al año de margen que pedían los Veintisiete. 

Finalmente, la mayoría de las disposiciones del nuevo marco se aplicará en un plazo de doce meses a partir de su entrada en vigor, según han confirmado fuentes de la negociación, aunque algunas como el aval a la externalización de los centros de deportación y el apoyo a la agencia europea de control de fronteras (Frontex) empezarán a aplicarse tan pronto como la nueva norma sea publicada en el Diario Oficial de la UE (DOUE). 

La nueva norma establece la obligación para los demandantes de asilo de aceptar cooperar con las autoridades para agilizar su expulsión en caso de que se les deniegue el asilo y prevé, además, plazos de detención para los repatriados de hasta 24 meses si no cooperan o las autoridades ven riesgo de fuga.

Estos plazos se podrán aplicar incluso a menores no acompañados y a familias con niños pequeños, ya que aunque se apunta que debe ser una medida de "último recurso" y aplicada por el periodo más corto posible teniendo en cuenta el interés superior del menor, la legislación no establece límites por debajo de los 24 meses generales.

Con todo, los motivos para la detención y los plazos deberán estar recogidos en el ámbito de la legislación nacional y corresponderá a la autoridades judiciales decidir sobre ello. 

También reconocen la competencia de los Estados miembro para ofrecer alternativas a la detención como, por ejemplo, presentar informes periódicos, comunicar una residencia fija o pagar una garantía financiera.

Además, cualquier país de la Unión deberá reconocer y ejecutar las decisiones de retorno y las órdenes de expulsión emitidas por otro Estado miembro antes del 1 de julio de 2027, a propuesta de la Comisión. Y el país en donde se encuentre la persona sobre la que pesa una orden de expulsión será responsable de garantizar su retorno.

La nueva directiva consolida los centros de deportación con los que la Unión busca externalizar a países terceros el proceso de retorno de los migrantes a los que se deniegue el permiso de asilo, para garantizar que están fuera de territorio de la UE mientras se tramita su deportación definitiva al país de origen o tránsito que proceda.

De este modo, el bloque respalda modelos similares al que el Gobierno italiano de Giorgia Meloni negoció con Albania para trasladar allí a migrantes sin derecho a asilo mientras se gestiona su expulsión y reconocen que tales acuerdos pueden ser negociados por uno o varios países o incluso por la Unión.

En todo caso, estos modelos para los que se crea un nuevo encaje legal ya que hasta ahora no eran compatibles con el Derecho comunitario, no podrán ser destino al que sean transferidos los menores no acompañados.

El acuerdo ha sido duramente criticado por organizaciones como el Comité Internacional de Rescate (IRC), que ha alertado de que el resultado será "una legislación plagada de peligrosos vacíos" que dejará a los migrantes desprotegidos. 

"Lo más preocupante es que los gobiernos se han apresurado a reforzar los poderes de deportación sin establecer las salvaguardias adecuadas para evitar detenciones ilegales, los abusos de poder y las violaciones de los Derechos Humanos", ha avisado la directora de política en la UE de IRC, Marta Welander.

El V Ejercicio Internacional de Inteligencia Migratoria ha reunido en Ávila a especialistas de la PN en la lucha contra la inmigración irregular

 ÁVILA.- Celebrado los días 20 y 21 de mayo en la Escuela Nacional de Policía, en Ávila, el V Ejercicio Internacional de Inteligencia Migratoria ha contado con la participación de más de 350 profesionales de 30 países, integrados en 58 equipos que competirán por obtener la máxima puntuación en las diversas pruebas.

El objetivo del ejercicio es reforzar la cooperación internacional y mejorar las capacidades de obtención y análisis de inteligencia en fuentes abiertas, aplicada a la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos

Todos ellos han participado durante dos días en un ejercicio de obtención y análisis de información desde una perspectiva operativa y estratégica, y competirán por obtener la máxima puntuación en las distintas pruebas planteadas.

En el ejercicio “Charlie Lima Bravo”, los participantes se enfrentan a distintos desafíos basados en escenarios operativos reales. A través de la obtención y análisis de la información disponible en fuentes abiertas, deben identificar patrones, actores, rutas y riesgos asociados a fenómenos migratorios irregulares y otras amenazas transnacionales. Todo ello en un formato competitivo tipo “Captura la Bandera”, que promueve el trabajo en equipo y la toma de decisiones en tiempo limitado.

El ejercicio se desarrolla en formato mixto, presencial y o nline. En su modalidad presencial, cuenta con la asistencia de representantes de diversas agencias como la “Central Intelligence Agency” (CIA) de Estados Unidos, la “National Crime Agency” (NCA) de Reino Unido, CNI de México, la “Direction Nationale de la Police aux Frontieres / Office de Lutte contre le Trafic Illicite de Migrants” (DNPA/OLTIM) de Francia y el Grupo Conjunto Africano integrado por Senegal, Gambia, Mauritania y Mali.

El objetivo es reforzar la cooperación internacional y mejorar las capacidades de obtención y análisis de inteligencia en fuentes abiertas (OSINT), aplicada a la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos.

Este evento está organizado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con la colaboración del National Targeting Center (NTC) de la Agencia de Fronteras de Estados Unidos y el programa Eurofront de la Unión Europea, contando además con la cooperación y apoyo de Telefónica S.A.

Los 30 países representados en esta edición son España, Alemania, Argentina, Brasil,  Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EE.UU., El Salvador, Francia, Gambia, Grecia, Guatemala, Honduras, Hungría, Italia, Mali, Mauritania, México, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido,  República Dominicana, Rumanía, Senegal y Uruguay.

Vox Lorca denuncia la emisión masiva de certificados de vulnerabilidad “sin control ni rigor” por parte de asociaciones y ONGs

 LORCA.- La concejal de Vox en el Ayuntamiento de Lorca, María Castillo, ha denunciado hoy públicamente el grave descontrol vivido el pasado domingo en las instalaciones del IES José Ibáñez Martín, donde distintas asociaciones y ONGs participaron en la tramitación masiva de certificados de vulnerabilidad para inmigrantes en situación irregular dentro del proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Castillo ha criticado las imágenes que pudieron verse durante toda la jornada, con largas colas de inmigrantes, aglomeraciones e incluso personas trepando las vallas del recinto para acceder al interior de las instalaciones, “unas escenas impropias de un país serio y que reflejan el absoluto caos migratorio que se está fomentando desde el Gobierno central”.

Desde Vox Lorca consideran especialmente preocupante la forma en la que se están emitiendo estos certificados de vulnerabilidad, documentos fundamentales dentro del proceso de regularización y que, según denuncian, se están entregando “sin el más mínimo rigor ni control”.

“Lo que no puede ser es que mientras desde los Servicios Sociales municipales se sigue un procedimiento claro, serio y garantista, con trabajadores sociales cualificados que estudian y valoran cada caso de manera individualizada, lleguen ahora determinadas asociaciones y ONGs regalando certificados de vulnerabilidad sin prácticamente ningún control y convirtiendo este procedimiento en un simple trámite automático”, ha denunciado María Castillo.

La edil de Vox ha recordado que los informes sociales requieren una valoración profesional, un estudio de las circunstancias personales y familiares de cada solicitante y unos criterios técnicos objetivos que garanticen la igualdad y la transparencia.

Desde Vox Lorca consideran inadmisible que se puedan tramitar cientos de informes en apenas unas horas “sin transparencia, sin controles claros y sin saber quién está firmando esos documentos”.

“Los informes sociales son algo muy serio y no pueden convertirse en un trámite exprés gestionado por asociaciones privadas mientras miles de españoles tienen dificultades para acceder a ayudas o prestaciones”, ha añadido.

Por ello, Vox Lorca exige explicaciones inmediatas sobre los criterios utilizados para emitir estos certificados, las personas responsables de elaborarlos y el control administrativo existente sobre todo este procedimiento.

España tiene una "limitada capacidad" de retener a los migrantes: en los últimos 20 años se han ido la mitad

 MADRID.- España tiene una "limitada capacidad" de retener a los migrantes. Así se desprende del estudio 'Los límites de la inmigración para el ajuste demográfico en España', elaborado por Funcas, que revela que, entre 2002 y 2024, el aumento real de la población inmigrante residente en el país fue de poco más de siete millones, a pesar de que llegaron casi 15 millones de personas nacidas en el extranjero.

La investigación, presentada este martes en rueda de prensa, revela que aproximadamente uno de cada dos migrantes terminó abandonando el país. Además, refleja que la tasa de retención española se sitúa entre las más bajas de Europa, ya que, entre 2021 y 2025, rondó el 51%.

"España atrae con extraordinaria eficacia, pero no retiene con la misma intensidad. La diferencia entre ambas capacidades define el rasgo central de su modelo migratorio. El resultado es un modelo que necesita flujos de entrada muy elevados para sostener una población que se renueva constantemente", apunta.

Por otro lado, añade que la inmigración "no constituye una solución al desajuste demográfico español", sino que se trata de "un mecanismo temporal de amortiguación que opera con intensidad decreciente y bajo condiciones cada vez más exigentes".

El informe plantea una revisión crítica de la idea de que la llegada masiva de inmigrantes podría compensar automáticamente el declive demográfico español. Los autores del estudio, Héctor Cebolla y María Miyar, sostienen que la contribución de la inmigración es "relevante, pero limitada" y advierten de que el país ha delegado de forma implícita en los flujos migratorios una función que debería complementarse con políticas familiares, de vivienda y planificación territorial.

Asimismo, destacan que, en 2025, el 19% de los residentes en España había nacido en el extranjero, frente al 14% de media de la Unión Europea. En este sentido, exponen que Alemania recibe más inmigración en términos absolutos, mientras que España lidera las llegadas en términos relativos durante buena parte de las últimas dos décadas. De hecho, recalcan que, entre 2013 y 2023, España absorbió el 16% de toda la inmigración llegada a Europa.

Los autores subrayan que el modelo migratorio español se caracteriza por cuatro rasgos: la concentración temporal de las llegadas; una capacidad de retención (permanencia) limitada; un perfil de edad "crecientemente desfavorable", con pocos menores y un peso cada vez mayor de edades avanzadas; y la ausencia de una gestión proactiva de los flujos, cuya dinámica responde "en gran medida" a factores externos.

Los expertos también señalan en la investigación que, entre 2009 y 2024, España pasó de registrar 493.000 nacimientos anuales a 318.000, lo que supone una caída del 36%. "La inmigración ha contribuido a aumentar el número de mujeres en edad fértil y, por lo tanto, el número de nacimientos, pero no el número de hijos por mujer", revelan.

Del mismo modo, apuntan que en 2024 había un 33% más de inmigrantes en edad fértil que en 2009, pero sus nacimientos habían caído un 10% y su fecundidad un 32%. "El comportamiento reproductivo de las mujeres inmigrantes converge con el de las autóctonas en una sola generación. Es decir, España incorpora muy rápidamente a los inmigrantes a su propio régimen de (muy) baja natalidad", indican.

En esta línea, Cebolla ha explicado en la presentación del estudio que existe "una crisis de emparejamiento en general en las sociedades avanzadas", que España está repercutiendo "con muchísima intensidad".

 Así, añade que los jóvenes que llegan al país siendo niños acaban replicando la "baja fecundidad".

Otra de las conclusiones del informe es que la inmigración no solo rejuvenece la población, sino que también envejece con rapidez. En 2025, el 22% de los inmigrantes residentes en España tenía 55 años o más, unos dos millones de personas. 

Entre 2021 y 2024 llegaron a España 558.000 inmigrantes mayores de 55 años. Casi uno de cada cinco inmigrantes llegados en ese periodo tenía ya más de 55 años y el 80% de ellos eran extracomunitarios.

A juicio de Funcas, esta dinámica anticipa una "presión adicional" sobre los sistemas de salud y dependencia y propone que España comience a reflexionar sobre una estrategia de adaptación ante el cambio demográfico que combine no solo la política migratoria, sino también la política familiar y la planificación territorial. 

"Para ello, el debate público debe incorporar reflexiones sobre el impacto de la inmigración en el largo plazo y superar el foco en la inmediatez", asevera.

Igualmente, el estudio revela que España recibe proporcionalmente menos menores de 15 años y más personas de 54 o más que la mayoría de los países europeos. En 2024, el 13% de los nuevos residentes nacidos en el extranjero tenía menos de 15 años, mientras que el 18% tenía 55 años o más.

El estudio detecta además una desigualdad territorial. Las comunidades autónomas más envejecidas -Asturias, Galicia y Castilla y León- apenas reciben un efecto rejuvenecedor relevante de la inmigración.

El trabajo concluye que España ha logrado retrasar el impacto pleno del envejecimiento gracias a la inmigración, pero sin alterar la trayectoria de fondo. Según los autores, esta estrategia de mantenimiento demográfico "ha funcionado razonablemente bien en el corto plazo", pero "muestra signos claros de agotamiento".

"Sostenerla exige flujos crecientes e ininterrumpidos con un perfil de edad cada vez más difícil de garantizar, procedentes de países que también envejecen y cuyos excedentes demográficos se reducen", asegura.

Por su parte, Miyar ha abogado en la presentación del estudio por planificar flujos migratorios e incentivar la migración que puede contribuir de forma más importante a la demografía y a la productividad española. Además, ha apostado por ayudar a la autonomía de los jóvenes, con políticas de vivienda y familiar, con el objetivo de que se queden en España y formen hogares.

Para Cebolla, el debate público en España tienen que separar el problema del ajuste demográfico de la inmigración. 

"Son dos realidades que operan de manera interrelacionada, pero no son exactamente el mismo problema", ha apuntado para añadir que los españoles y los migrantes que llegan son "iguales" y se comportan "exactamente igual" ante las realidades.

Podemos Cieza informará y asesorará en el proceso de regularización de migrantes abierto hasta final de junio

 CIEZA.- María Jesús Fernández, portavoz de Podemos Cieza, valora de "forma positiva el proceso de regularización de inmigrantes, ya que dotará de derechos, tanto laborales como sociales, a miles de personas que ya se encuentran en nuestro país trabajando en negro, como coloquialmente se conoce a las personas que trabajan sin derechos laborales".

Desde aquí, aprovecha la representante morada, "para desmontar el bulo que desde la derecha se está difundiendo sobre el efecto llamada, y de que este proceso de regularización va a propiciar la llegada masiva de migrantes, pues no es así, ya que, para acceder a él, la principal premisa es estar en España desde antes del 31 de diciembre de 2025, o, dicho de otra manera, solo pueden acogerse aquellas personas que ya viven y residen en España"

En Cieza particularmente, continua María Jesús Fernández, "conocemos lo necesaria que es la mano de obra de este colectivo para la agricultura local, que concentra en pocas semanas una cantidad de trabajo que no podría realizarse sin los migrantes, y es de derecho que trabajen en condiciones dignas y reconocidas y se les iguale en derechos a las personas españolas".

Desde Podemos, "sostenemos que tener a tantas personas trabajando sin documentación es una herramienta del capitalismo que hace ganar mucho dinero a unos pocos y que significa precariedad, vulnerabilidad, salarios muy bajos y poca protección social para muchos".

El circulo morado de Cieza recuerda que para Podemos, "es una seña de identidad batallar contra las desigualdades sociales y laborales, contra el racismo y el fascismo, y defender que ningún ser humano es ilegal, y en esta lucha queremos garantizar que el proceso de regularización llegue a cuantas más personas mejor, para ello abriremos nuestra sede todos los viernes por la tarde de aquí a que finalice el plazo, en horario de 18:30 a 20:30 horas para recibir a todos aquellos que tengan dudas o necesiten información adicional para cumplimentar sus impresos.

El resultado de este proceso de regularización para migrantes en España no es otro que obtener un permiso de residencia y trabajo por un año, prorrogable. En palabras de María Jesús Fernández, portavoz de Podemos Cieza, "hay que entender esto bien, porque nos están bombardeando con mentiras y bulos, sobre el derecho a voto de estas personas, la obtención de la nacionalidad y el acogimiento a ayudas públicas que no son ciertas".

Un crucero traslada al puerto de Cartagena cinco cádaveres que localizó al este de Cabo de Palos

 CARTAGENA.- El crucero Sapphire Princess localizó anoche cinco cadáveres en el mar a 140 millas al este de Cabo de Palos. Los cuerpos fueron subidos a bordo y trasladados al Puerto de Cartagena, donde han llegado esta mañana.

Hay una investigación abierta para esclarecer las circunstancias del suceso, según han informado desde la Delegación del Gobierno.

Asimismo, han señalado que no se puede confirmar que los cincos fallecidos viajaran en la misma patera a la deriva rescatada por un buque francés el pasado lunes y en la que se localizó a cinco personas, tres de ellas fallecidas. 

En relación a esa embarcación, de los dos supervivientes, hay un detenido acusado de homicidios imprudentes y favorecimiento de la inmigración irregular. 

Por otra parte, una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil ha interceptado durante la mañana de este miércoles una embarcación con 24 personas a bordo cuando se encontraba a unas 13 millas náuticas de la costa de Cartagena, según ha confirmado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

En la patera viajaban 22 varones adultos y dos menores de edad. Tras ser localizados, los ocupantes, todos en aparente buen estado de salud, han sido trasladados al puerto de Cartagena, donde han recibido atención por parte de los voluntarios de Cruz Roja.

Una vez finalizada la asistencia humanitaria y las revisiones médicas pertinentes, los 24 inmigrantes han sido entregados a los agentes de la Policía Nacional de Cartagena, quienes se han hecho cargo de los trámites correspondientes en materia de extranjería.  

CCOO denuncia a Correos de improvisar en la regularización de migrantes y exige refuerzos urgentes de plantilla

 MURCIA.- CCOO ha criticado la forma en que Correos está implementando el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, una medida que el sindicato apoya plenamente por su carácter de política de Estado y su impacto social positivo. 

Para CCOO, la regularización responde a una realidad estructural del país: ordenar el mercado de trabajo, aflorar economía sumergida, reforzar las cotizaciones a la Seguridad Social y garantizar derechos a las personas migrantes. 

Sin embargo, la dirección de Correos no ha estado a la altura de la importancia del proceso, ni de la responsabilidad asumida como operador público, ni del respeto que merecen sus profesionales.

En el caso de Murcia, el despliegue del proceso evidencia claramente las limitaciones del modelo adoptado por la empresa. Se han habilitado 12 oficinas de las cuales todas están en turno de mañana y 8 en turno de mañana y tarde, con horarios de atención de 8:30-14.30 en las de turno mañana y 8:30-21:00 las de turno mañana y tarde. 

Además, existen oficinas relevantes con limitaciones horarias o sin turno de tarde, como en Cartagena la oficina de Los dolores, o las oficinas de El Palmar y Beniajan, lo que dificulta el acceso real de las personas migrantes al proceso. 

Esta escasa red de oficinas está concentrando la carga de trabajo, generando sobrecarga en la plantilla, que atiende simultáneamente las regularizaciones y la actividad normal, y alejando el servicio de las personas que lo necesitan.

CCOO considera que se ha perdido una oportunidad clara de aprovechar la capilaridad de Correos. La empresa dispone de más de 2.300 oficinas y presencia en los 8.000 municipios del país, con más de 10.000 empleadas y empleados públicos en su red, lo que la convierte en la mejor herramienta para garantizar el acceso a este proceso. 

Sin embargo, se ha optado por un modelo restrictivo, limitando el despliegue a unas 350 oficinas en turno de mañana y 329 en turno de tarde, con apenas 1.500 trabajadores implicados. 

El sindicato había propuesto habilitar en torno a 1.500 oficinas en municipios de más de 5.000 habitantes, donde se concentra el 85 % de la población, lo que habría permitido acercar el servicio a la ciudadanía. Se ha hecho justo lo contrario: concentrarlo y alejarlo de quienes lo necesitan.

Para CCOO, el problema no es la medida, sino su implementación por parte de la dirección de Correos. El proceso se ha puesto en marcha tarde, mal, con retraso, opacidad e improvisación, pese a que era conocido desde hace meses. 

La falta de planificación se está traduciendo en una implantación sin los recursos humanos, técnicos y organizativos necesarios, con plantilla insuficiente, formación claramente deficiente, carencias materiales y utilización de sistemas complejos como MERCURIO sin la formación adecuada.

A esta falta de medios se suma la negativa de la empresa a dimensionar correctamente la plantilla. CCOO ha exigido un incremento de refuerzos de al menos el 30 % a nivel general y del 40 % en Andalucía, donde el proceso coincide con un contexto de especial exigencia organizativa ya que está en pleno proceso de elecciones autonómicas, sin que la empresa haya dado respuesta a esta necesidad.

A ello se suman errores relevantes en la información facilitada, con incongruencias entre la guía, los formularios, la web y la normativa vigente. 

Se está trasladando información confusa sobre los plazos, que puede llevar a interpretar que existe un año para solicitar cuando el plazo real finaliza el 30 de junio, mezclando el plazo de solicitud con la duración de la autorización. 

También se han detectado requisitos incorrectos, como la exigencia de vínculos familiares en supuestos donde no son aplicables, así como la confusión entre contrato de trabajo real y compromiso de contratación. 

Estos errores no son menores, ya que pueden afectar directamente a la tramitación y a los derechos de las personas migrantes.

Pese a todas estas carencias, CCOO no tiene duda de que el proceso saldrá adelante, pero no gracias a la dirección de Correos, sino al esfuerzo y la profesionalidad de la plantilla. 

Los casi 400 mandos intermedios y las más de 1000 personas de atención a ventanilla implicados en el proceso están sosteniendo el servicio público en condiciones de enorme exigencia, supliendo con su trabajo las deficiencias de planificación.

Por todo ello, CCOO exige la corrección inmediata de los errores detectados, el refuerzo de plantilla, la mejora de los medios técnicos y la convocatoria urgente de una reunión real y no simulada como la del 14 de abril que permita reconducir un proceso que, por su alcance, requiere planificación, interlocución y negociación efectiva con la representación de los trabajadores.

Una política pública de esta magnitud no puede ejecutarse como un parche operativo. El servicio público merece planificación, medios y respeto a quienes lo prestan.

Salvamento Marítimo localiza a tres inmigrantes muertos y dos vivos en una embarcación a la deriva en Cartagena

 CARTAGENA.- Salvamento Marítimo ha localizado a tres inmigrantes fallecidos y a otros dos sin vida a 25 millas de la costa de Cartagena, según informa la Delegación de Gobierno en la Región de Murcia.

Un buque militar francés ha dado aviso este lunes por la tarde del avistamiento de una embarcación a la deriva ocupada por cinco inmigrantes varones, tres de ellos sin vida.

Salvamento Marítimo ha desplazado la embarcación Salvamar Draco hasta el lugar para trasbordar tanto a los supervivientes como a los fallecidos para su traslado al Puerto de Santa Lucía de Cartagena.

Una vez en tierra, se ha llevado a cabo el levantamiento de los tres cadáveres, mientras que los dos supervivientes han sido atendidos por Cruz Roja y trasladados al Hospital Santa Lucía, donde han quedado en custodia de la Policía Nacional.

El PPRM denuncia el "caos" en servicios municipales por la "imprevisión" de sánchez en la regularización de inmigrantes

 MURCIA.- El vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del PP de la Región de Murcia, Joaquín Segado, ha denunciado este viernes, junto al vicesecretario de Política Municipal, Víctor López Abenza, que "la frivolidad e imprevisión del Gobierno de Pedro Sánchez en la regularización masiva de inmigrantes está llevando el caos a los servicios públicos de los ayuntamientos".

Segado ha exigido al delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, "que abandone el postureo y la propaganda y dé la cara de una vez", y le ha preguntado "qué servicios tienen que dejar de prestar los ayuntamientos para poder atender las colas de las miles de personas que están llegando como consecuencia de la irresponsabilidad de su jefe".

El dirigente 'popular' ha incidido en que la situación actual provoca "largas colas, retrasos en trámites urgentes como dependencia e infancia, teléfonos saturados y profesionales que trabajan sin instrucciones, sin medios y sin seguridad jurídica", fruto de una forma de gestionar basada, según sus palabras, en la "improvisación" y el "sectarismo".

Asimismo, ha señalado que en el Gobierno regional "defendemos una inmigración ordenada y regular" y ha insistido en que "quien quiera venir a trabajar con un contrato laboral tiene las puertas abiertas; quien delinca, no".

Por su parte, Víctor López Abenza ha manifestado que los alcaldes y alcaldesas "nos sentimos abandonados por la delegación del Gobierno" y ha señalado que, aunque los ayuntamientos cumplen con la inclusión y los servicios sociales, resulta "tremendamente difícil" cumplir los objetivos del decreto de regularización en solitario.

Como presidente de la Federación de Municipios de la Región, López Abenza ha informado de la convocatoria de su Comité Ejecutivo y Comisión Ejecutiva para el próximo lunes a las 11.30 horas.

El objetivo es solicitar una reunión "de forma inminente" con Francisco Lucas para "planificar, homogeneizar y abordar de forma conjunta las consecuencias de la aplicación del decreto del Gobierno de Pedro Sánchez" y exigir soluciones que acaben con el colapso administrativo.

El Gobierno regional recurrirá el decreto de regularización de inmigrantes

 MURCIA.- El Gobierno regional va a recurrir el decreto de regularización de inmigrantes aprobado por el Ejecutivo central después de que sus alegaciones no hayan sido escuchadas, según ha explicado el portavoz regional, Marcos Ortuño, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

"Es imprescindible que el Gobierno de España asuma la política migratoria como una cuestión de Estado y que escuche a todas las comunidades autónomas", ha pedido el portavoz, que ha denunciado que el Gobierno "no está haciendo absolutamente nada" mientras que las comunidades autónomas "son el destino de la inmigración irregular que está permitiendo".

Asimismo, ha pedido que el Ejecutivo central "implique a la Unión Europea, actúe en los países de origen y luche contra las mafias".

Por otra parte, Ortuño ha destacado la situación que se está viviendo estos días en los servicios públicos a los que deben acudir los inmigrantes, como Correos o la Oficina de Extranjería.

 "Ya dijimos que se iba a producir una saturación de los recursos públicos y el Gobierno de España, como siempre, se quita de en medio y traslada la presión a otras administraciones públicas", ha concluido.

Estas son las 14 oficinas de Correos de la Región de Murcia donde se puede tramitar la regularización de inmigrantes

 
https://murciaplaza.com/murciaplaza/region/estas-son-las-14-oficinas-de-correos-de-la-region-de-murcia-donde-se-puede-tramitar-la-regularizacion-de-inmigrantes

La Eurocámara valida centros de deportación fuera de la UE tras un pacto del PP europeo y la ultraderecha

 BRUSELAS.- El pleno del Parlamento Europeo ha adoptado este jueves la posición para negociar con los 27 la reforma de la directiva de retorno, con un mandato que consolida el apoyo a los centros de deportación en países terceros y que ha salido adelante con el apoyo del Partido Popular Europeo (PPE) y los grupos de la ultraderecha, mientras socialistas, verdes e izquierda cuestionan que respete derechos fundamentales.

El mandato adoptado con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones defiende la obligación de los demandantes de asilo a los que se deniegue la protección de aceptar cooperar con las autoridades para agilizar su expulsión y aboga por plazos de detención para los repatriados de hasta 24 meses si no cooperan o las autoridades ven riesgo de fuga. 

Estos plazos se podrán aplicar incluso a menores no acompañados y a familias con niños pequeños, ya que aunque los eurodiputados piden que sea una medida de «último recurso» y se aplique por el periodo más corto posible teniendo en cuenta el interés superior del menor, no establecen límites por debajo de los 24 meses generales.

Con todo, los motivos para la detención y los plazos deberán estar recogidos en el ámbito de la legislación nacional y corresponderá a las autoridades judiciales decidir sobre ello. Además, reconocen la competencia de los Estados miembro para ofrecer alternativas a la detención como, por ejemplo, presentar informes periódicos, comunicar una residencia fija o pagar una garantía financiera. 

 Además, cualquier país de la Unión deberá reconocer y ejecutar las decisiones de retorno y las órdenes de expulsión emitidas por otro Estado miembro antes del 1 de julio de 2027, a propuesta de la Comisión.

Y el país en donde se encuentre la persona sobre la que pesa una orden de expulsión será responsable de garantizar su retorno. Por otra parte, los eurodiputados abogan por suprimir una disposición de la propuesta original que exige a los gobiernos tomar medidas para detectar a los ciudadanos no pertenecientes a la UE que se encuentran en su territorio de manera ilegal. 

En cuanto a la posibilidad de prohibir la entrada a migrantes a los que se rechaza conceder el estatus de asilo, el mandato defiende que quienes no cumplan una decisión de retorno en el plazo establecido para la vuelta voluntaria quedarán sujetos a la expulsión y se les podrá prohibir la entrada e vuelta a suelo comunitario durante un periodo determinado en función de cada caso, pero que podría llegar a ser permanente.

La posición del Parlamento Europeo, muy cercana a la propuesta de reforma que Bruselas puso sobre la mesa y al mandato que han acordado los Veintisiete de cara a la negociación, consolida los centros de deportación con los que la Unión busca externalizar a países terceros el proceso de retorno de los migrantes a los que se deniegue el permiso de asilo, para garantizar que están fuera de territorio de la UE mientras se tramita su deportación definitiva al país de origen o tránsito que proceda. 

Así, los eurodiputados respaldan modelos similares al que el Gobierno italiano de Giorgia Meloni negoció con Albania para trasladar allí a migrantes sin derecho a asilo mientras se gestiona su expulsión y reconocen que tales acuerdos pueden ser negociados por uno o varios países o incluso por la Unión.

En todo caso, advierten los eurodiputados, no podrán ser transferidos a esos centros fuera de la UE los menores no acompañados. 

Los grupos de Socialistas y Demócratas (S&D), Verdes e Izquierda europea forzaron el voto de este jueves en un intento de frenar el inicio de las negociaciones de esta reforma impugnando el mandato acordado en comisión parlamentaria entre el Partido Popular Europeo (PPE) y los grupos de ultraderecha de Patriotas por Europa, Conservadores y Reformistas Europeos y la Europa de las Naciones. 

 Sin embargo, el apoyo de la mayoría permitirá a los negociadores de la Eurocámara iniciar este mismo jueves los contactos entre el Consejo (gobiernos). El liberal holandés Malik Azmani liderará las negociaciones por el Parlamento en tanto que ponente de la posición de la institución, a pesar de que su informe decayó en favor de otro texto más duro redactado por el 'popular' François-Xavier Bellamy y negociado con la llamada «mayoría Venezuela».

Tras la votación, el Comité Internacional de Rescate (IRC) ha alertado de que esta decisión supone un «Un revés histórico para los derechos de los refugiados» e instado a la UE a defender sus propios principios jurídicos y morales durante el avance de las negociaciones. 

Desde Caritas Europa, por su parte, se han mostrado «profundamente preocupados» y han arremetido contra la Eurocámara por respaldar «medidas aún más estrictas que socavan la dignidad humana, los derechos fundamentales y las garantías legales». 

En un comunicado, el Partido Popular ha defendido que esta reforma permitirá reforzar la credibilidad de su política migratoria y reducir la inmigración irregular mediante normas más estrictas y coordinadas. 

«No podemos avanzar en una política migratoria creíble y eficaz si las decisiones de retorno no se cumplen», ha dicho al respecto el presidente de la comisión europarlamentaria de Libertades Civiles, Justicia e Interior y eurodiputado del PP, Javier Zarzalejos, que sostiene que el nuevo reglamento entra en contradicción con la política migratoria y regularización extraordinaria del Gobierno.

Por parte de Vox, su jefe en la Eurocámara, Jorge Buxadé, ha puesto en valor que se acuerde un mandato «más duro» y subrayado que, cuando se aprobado definitivamente, será de obligado cumplimiento por todos los países de la UE. 

También ha celebrado que la posición de la Eurocámara vaya más allá que la Comisión y considere que los gobiernos nacionales vayan a ganar «autonomía» al poder decidir «deportaciones forzosas» si lo ven justificado, sin tener que someterse a una lista cerrada de criterios establecidos por la UE. 

«No se trata de un enfoque europeo equilibrado, sino un giro político impulsado por el deseo del PPE de alinearse con la extrema derecha», ha alertado, por su parte, la vicepresidenta de los socialdemócratas en la Eurocámara, Ana Catarina Mendes, quien ha avisado de que los derechos fundamentales consagrados en los Tratados no pueden ser considerados como «opcionales». 

La eurodiputada que negoció por Los Verdes, Mélissa Camara, que la víspera pidió aplazar el voto para dar más margen a la negociación de un texto menos duro, ha tachado del resultado de «vergüenza» y considerado que se trata de «una traición a los valores fundamentales de la Unión Europea».

La Eurocámara endurece su posición sobre los retornos tras pactar el mandato el PPE con la ultraderecha

 BRUSELAS.- La comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo ha adoptado esta semana la posición para negociar con los 27 la reforma de la directiva de retorno, con un mandato que consolida el apoyo a los centros de deportación en países terceros y que ha salido adelante con el apoyo del Partido Popular Europeo (EPP) y los grupos de la ultraderecha, mientras socialistas, verdes e izquierda han puesto en duda que respete derechos fundamentales.

Los grupos negocian desde el pasado diciembre las enmiendas al borrador de informe que el ponente liberal puso entonces sobre la mesa, pero la última ronda prevista la semana pasada fue suspendida en el último minuto, tras lograr el PPE un texto alternativo de compromiso con las fuerzas que forman la llamada "mayoría Venezuela" y que se apoya en la ultraderecha de Patriotas por Europea (formación liderada por el partido del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en la que también se integra Vox), la Europa de las Naciones Soberanas y los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR, que lidera el partido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni).

En este contexto, el informe del 'popular' François-Xavier Bellamy ha sido adoptado en la comisión europarlamentaria con 41 votos a favor, 32 en contra y una abstención y permitirá el inicio de las negociaciones con el Consejo (gobierno) al poco de ser anunciado en sesión plenaria.

Sin embargo, fuentes parlamentarias apuntan que los socialdemócratas (S&D), Verdes y la Izquierda buscarán forzar la votación del mandato ante el pleno reunido en Estrasburgo (Francia) para intentar frenar el mandato con un voto en contra y obligar a retomar las conversaciones en comisión parlamentaria.

"Las personas que no tienen derecho a permanecer en Europa deben irse. Una política migratoria eficaz es imposible si no se ejecutan las decisiones de retorno", ha dicho Bellamy tras el respaldo de la comisión europarlamentaria de un texto que, entre otras cuestiones, endurece las consecuencias para quienes no cooperen con los procedimientos de retorno y ofrecen un encaje legal a los 'hubs' para externalizar fuera de la UE los procedimientos de expulsión.

Desde el PPE, además, critican que en la fase final de las negociaciones, los socialistas "se negaron a apoyar elementos clave de la propuesta, como las limitaciones a las prohibiciones de entrada, el efecto suspensivo y los centros de retorno".

La ponente en la sombra de los socialistas europeos, Murielle Laurent, de hecho, ha pedido antes de la votación en la comisión LIBE un aplazamiento para dar más tiempo a las negociaciones entre grupos, con el objetivo de llegar a un acuerdo "coherente en lo legal y en lo político", tras considerar que la celeridad con que se llevaba ahora el mandato "no responde a la urgencia sino a una decisión política".

La adopción del mandato en comisión ha sido también aplaudida por Vox, que ven en dicho mandato la posición "más dura jamás planteada" porque, por ejemplo, introduce la posibilidad de que los Estados miembro "tipifiquen como delito la entrada y estancia ilegal en su territorio", amplía los plazos de detención para garantizar las expulsiones y limita las posibilidades de recurso. 

También aplauden que permita imponer prohibiciones de entrada en la Unión Europea indefinidas o permanentes cuando exista riesgo para la seguridad, según un comunicado de la formación de Santiago Abascal.

Tras no lograr el aplazamiento y ser adoptado el mandato, representantes de S&D, Verdes e Izquierda han tomado la palabra para expresar votos minoritarios en contra y defender que las posiciones que recoge el texto se alejan de los "valores de respeto de las libertades, los Derechos Humanos, Igualdad y Estado de derecho" que recogen los Tratados de la UE.

Así, Laurent ha avisado de que establecer centros de deportaciones en países terceros para externalizar los expedientes de demandantes de asilo llegados a Europa vulnera la "dignidad" y las libertades de los solicitantes de asilo y les somete a un "futuro incierto" en países que desconocen y por "tiempo indefinido". 

La eurodiputada ha denunciado que de salir adelante la reforma en esos términos, la Unión abrirá una "nueva era de comercio de personas en las que los migrantes son expulsados a cambio de dinero".

Desde los Verdes, la eurodiputada Tineke Strik ha alertado de que el mandato adoptado por los eurodiputados "perpetúa un enfoque peligroso y divisivo". 

En el mismo grupo, la eurodiputada que ha negociado por el grupo, Mélissa Camara, ha criticado que la posición "refleja una ideología racista y populista" y, además, "pondrá en riesgo la vida de las personas y violará su dignidad".

En nombre de la Izquierda europea, la italiana Ilaria Salis, a su vez, ha expresado otro voto minoritario en contra por la preocupación que genera el que se contemple la "detención por tiempo indefinido incluso para quienes no han sido condenados por ningún tribunal", un extremo que ha advertido supera líneas rojas de la UE.

Interceptadas cinco pateras con 109 inmigrantes a bordo este fin de semana en aguas de la Región de Murcia

 MURCIA.- La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han interceptado este fin de semana en la costa de la Región de Murcia cinco pateras con un total de 109 inmigrantes a bordo, 13 de ellos menores de edad, todos en aparente buen estado de salud.

En concreto, este sábado fueron localizadas tres embarcaciones, dos en San Pedro del Pinatar y una en Águilas, con un total de 51 personas, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno.

Este domingo fueron interceptadas dos pateras más, una en Cartagena con 15 inmigrantes --una de ellas mujer-- y otra en Águilas con 43 --dos mujeres y 13 menores de edad, entre ellos--.

Todos los inmigrantes, de supuesta nacionalidad argelina, fueron atendidos por Cruz Roja y trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Cartagena, donde fueron entregados a Policía Nacional. 

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha denunciado la llegada, este fin de semana, de cinco pateras con 109 inmigrantes ilegales a bordo, lo que considera "consecuencia directa de la complicidad del Gobierno de Pedro Sánchez con las mafias que trafican con seres humanos".

Antelo ha asegurado que "las políticas de Sánchez están produciendo muertes en el Mediterráneo y generando inseguridad en nuestras calles", y ha afirmado que el "efecto llamada promovido por el Ejecutivo, con anuncios de regularizaciones masivas, solo va a traer más tragedia a nuestros barrios", según han informado desde el partido en una nota de prensa.

El presidente de Vox en la Región ha pedido "fronteras seguras para evitar muertes, garantizar la seguridad ciudadana y asegurar que los servicios sociales, la sanidad y el derecho a la vivienda cubran verdaderamente las necesidades de todos y cada uno de los españoles".

Antelo, que ha insistido en que "no se pueden abrir las fronteras sin ningún tipo de control, sin saber quién está entrando en nuestro país", ha defendido que "quien entra de manera ilegal en España tiene que ser deportado". 

Asimismo, ha añadido que "aquellos que entran de forma legal pero se dedican a cometer delitos o a vivir de las ayudas sociales también deben ser deportados".

Por el contrario, ha señalado que "quienes vienen a contribuir, a trabajar, a integrarse y a ser uno más, enriqueciendo nuestra nación, por supuesto que son bienvenidos".  

Inclusión recuerda que el período para solicitar la regularización en España empezará en el plazo de alrededor de dos meses

 MADRID.- El texto de la regularización extraordinaria de personas migrantes se encuentra en fase de audiencia pública hasta el 6 de febrero, para su consulta y la presentación de aportaciones.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones (SEM), recuerda que de momento no está abierto el plazo para la presentación de solicitudes para la regularización extraordinaria de personas migrantes y, en este sentido, llama a la calma.

La Secretaría de Estado de Migraciones subraya que, de momento y hasta el próximo viernes día 6 de febrero, el texto inicial está a audiencia pública, lo que significa que se abre a la participación ciudadana para su consulta y presentación de aportaciones. Una vez concluido este período, se procederá a la inclusión de las aportaciones que se estimen y se remitirá a diversas instituciones para la remisión de informes. 

En este apartado, resultará fundamental el informe del Consejo de Estado, que otorgará las máximas garantías jurídicas a este real decreto, cuya redacción definitiva pasará de nuevo por Consejo de Ministros y, finalmente, será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Será entonces cuando comience el plazo de presentación de las solicitudes, que se prevé sea en torno a principios del mes de abril.

En todo caso, desde la SEM se pide a la ciudadanía que pueda resultar afectada por este proceso que consulte las fuentes oficiales del Gobierno de España y canales de información acreditados, como puede ser la página web y redes sociales de este Ministerio, para conocer de primera mano los plazos, así como el contenido final de un texto que, como se ha venido repitiendo en estos últimos días, aún no es el definitivo.

La Comisión Europea presenta una estrategia quinquenal sobre migración

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha presentado hoy la primera Estrategia Europea de Gestión del Asilo y la Migración, que establece los objetivos políticos de la UE en materia de asilo y migración y servirá de guía con prioridades concretas para los próximos cinco años.

La UE ha abierto un nuevo capítulo en materia de migración y asilo que aprovecha y consolida los importantes avances que se han registrado en la protección de nuestras fronteras exteriores, aplica una diplomacia migratoria asertiva —por ejemplo mediante nuestras asociaciones estratégicas y globales con los países socios— y aplica las reformas introducidas por el Pacto sobre Migración y Asilo.

 Todos estos factores han contribuido a una disminución sostenida de la migración ilegal y a una mejor gestión de la migración en los últimos años.

La Estrategia reafirma la determinación de la Unión de establecer un marco que sea justo y firme y que permita gestionar eficazmente la migración junto con los países socios, de modo que ofrezca soluciones sin renunciar a los valores europeos. También reafirma el principio de que es Europa la que decide quién llega a la UE y en qué circunstancias.

La Estrategia establece el camino a seguir para alcanzar tres objetivos principales: prevenir la migración ilegal y destruir el negocio de las redes delictivas de tráfico ilícito, proteger a las personas que huyen de la guerra y la persecución, al tiempo que se evita el abuso del sistema, y atraer talento a la UE a fin de impulsar la competitividad de nuestras economías.

Para lograrlo, la Estrategia se centra en cinco prioridades:

· Intensificar la diplomacia migratoria

Seguiremos reforzando una diplomacia migratoria asertiva que promueva los intereses y valores de la Unión Europea. Gestionar la migración es un reto mundial que nos obliga a trabajar de manera solidaria y con un reparto equitativo de responsabilidades. La Comisión redoblará sus esfuerzos, junto con los Estados miembros, para aumentar la cooperación con los socios internacionales con el fin de:

- promover asociaciones globales y mutuamente beneficiosas que garanticen una cooperación en materia de migración eficaz y basada en los derechos;

- utilizar incentivos y palancas en todos los sectores y ámbitos de políticas públicas, como la política de visados, el comercio y el apoyo financiero;

- aplicar un planteamiento que tenga en cuenta la ruta en su totalidad que ayude a los socios a construir marcos de migración y asilo resilientes y humanos, entre otras cosas proporcionando protección más cerca de los países de origen. Los centros polivalentes a lo largo de las rutas pueden ofrecer formas innovadoras de gestionar la migración con los países socios;

- seguir intensificando la lucha mundial contra el tráfico ilícito de migrantes para prevenir viajes peligrosos, por ejemplo a través de la Alianza Mundial reforzada, nuevas herramientas para rastrear las actividades financieras digitales e ilícitas y un nuevo régimen de sanciones;

- promover vías de protección y apoyar los retornos desde terceros países, para ayudar a reducir la presión sobre los socios y protegerlos de los abusos de los traficantes.

· Fronteras de la UE sólidas para mejorar el control y la seguridad

Para la política migratoria de la UE y a fin de preservar el espacio Schengen es fundamental contar con unas fronteras de la UE sólidas que garanticen un control eficaz de quién entra en nuestra Unión. Con objeto de mantener y seguir intensificando los progresos realizados hasta la fecha:

- implantaremos el sistema digital de gestión de fronteras más avanzado del mundo, con el despliegue del Sistema de Entradas y Salidas (SES) y la puesta en marcha del nuevo Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV);

- examinaremos todas las llegadas ilegales a la Unión y aplicaremos procedimientos fronterizos en nuestras fronteras exteriores en virtud del Pacto a partir de junio de este año;

- continuaremos reforzando el papel de Frontex mediante una revisión de su Reglamento de base.

· Un sistema de asilo y migración firme, justo y adaptable

El Pacto sobre Migración y Asilo es el fundamento de la política de asilo y migración de la Unión Europea y garantiza una mayor protección de las fronteras exteriores, normas estrictas contra los abusos y un equilibrio entre responsabilidad y solidaridad. Su aplicación, puesta en práctica y desarrollo ulterior exigirán una atención continua en los próximos años. Esto supone:

- ayudar a las autoridades nacionales en la aplicación de las nuevas normas con equipos específicos de la Comisión para cada país y 3 000 millones de euros suplementarios de financiación para establecer procedimientos eficientes y mejorar la capacidad de prevención de movimientos secundarios no autorizados;

- tras la adopción del primer contingente de solidaridad, garantizar la continuidad de la solidaridad para los Estados miembros sometidos a presión;

- seguir reforzando y complementando el Pacto para adaptarse a los nuevos retos, por ejemplo, con la modificación del concepto de tercer país seguro, la lista de la UE de países de origen seguros y la exploración de medidas suplementarias para introducir aspectos innovadores.

· Retorno y readmisión más eficaces

Un retorno rápido, eficaz y digno es indispensable para el buen funcionamiento y la credibilidad de nuestro sistema de migración y asilo. Dado que actualmente solo regresan realmente alrededor de una cuarta parte de las personas a las que se ordena abandonar la UE, es urgente aumentar la eficacia del sistema de retorno de la Unión. Para ello, seguiremos trabajando en:

- la creación de un sistema europeo común de retorno, basado en la propuesta de Reglamento sobre retorno —que se encuentra actualmente en fase de negociación—, con normas más eficientes, procesos digitalizados y nuevos aspectos innovadores, como la creación de centros de retorno.

- la mejora de la readmisión por parte de terceros países, utilizando y reforzando el conjunto de instrumentos de la UE para promover la cooperación.

· Movilidad laboral y del talento para impulsar la competitividad

En los próximos cinco años, en muchos sectores clave se acentuarán el déficit de competencias y la escasez de mano de obra, impulsados también por la dinámica demográfica. La Unión Europea debe aspirar a convertirse en el lugar más atractivo de la carrera mundial por el talento. Para ello, será necesario:

- ampliar las asociaciones actuales en materia de talento, poner en marcha otras nuevas e integrar plenamente la adquisición de talentos en la cooperación global de la UE con los países socios;

- simplificar las normas y acelerar el proceso para atraer las competencias que Europa necesita, en particular en lo tocante al reconocimiento y la convalidación de cualificaciones y competencias;

- luchar contra el empleo ilegal y la explotación de los trabajadores migrantes y mejorar la integración en los Estados miembros de acogida, con aportación de financiación de la UE.

La Estrategia también promueve el pleno uso del potencial de la digitalización y la inteligencia artificial en la gestión del asilo y la migración, y prevé la creación este mismo año de un Foro sobre IA en la migración. 

El objetivo es proporcionar a los Estados miembros herramientas modernas, más seguras y eficientes para mejorar la calidad, la coherencia y la oportunidad de la toma de decisiones, así como reforzar la seguridad, al tiempo que se mejoran los servicios a las personas.

Para apoyar la aplicación de esta Estrategia, se hará un uso estratégico de la financiación de la Unión, tal como se establece en las propuestas de la Comisión para el próximo marco financiero plurianual 2028-2034. 

Esto incluye una propuesta para dedicar un importe total de al menos 81 000 millones de euros a las políticas de asuntos de interior y un instrumento Europa Global, diseñado para ajustarse a un planteamiento más estratégico de las asociaciones internacionales, en consonancia con los intereses estratégicos de la UE, también en materia de migración. 

Las agencias de la UE prestarán un apoyo operativo reforzado a los Estados miembros.

Todas las acciones previstas en el marco de la Estrategia parten del respeto de los derechos fundamentales de conformidad con la Carta y se ajustan a nuestras obligaciones internacionales.

Contexto

El Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración exige a los Estados miembros que dispongan de estrategias nacionales para garantizar su capacidad de aplicar eficazmente su sistema de gestión del asilo y la migración. 

También exige a la Comisión que elabore una Estrategia Europea de Gestión del Asilo y la Migración a largo plazo en la que se establezca el planteamiento estratégico que garantice la aplicación coherente a escala de la Unión de las estrategias nacionales. 

La Estrategia tiene en cuenta las opiniones expresadas por el Parlamento Europeo, los Estados miembros y diversas partes interesadas, así como los conocimientos especializados de las agencias de la UE.