El CGPJ nombra por unanimidad a Manuel Luna para presidir el TSJMU

MADRID.- El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este martes por unanimidad el nombramiento de Manuel Luna Carbonell como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), quien sustituirá en el cargo a Miguel Pasqual del Riquelme.

En su sesión de este martes, el órgano de gobierno de los jueces ha realizado otros 18 nombramientos, entre ellos, el de José María Pérez Crespo como nuevo presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJMU.

Con estas designaciones, el CGPJ ha realizado un total de 102 nombramientos --tanto en la jurisdicción ordinaria como en la jurisdicción militar-- desde el comienzo de su mandato el pasado 25 de julio, según informaron fuentes del TSJMU en un comunicado.

Luna Carbonell fue secretario general del Consejo General del Poder Judicial hasta el pasado mes de enero, antes, desde 2018, ejerció como letrado de dicho órgano de gobierno.

Natural de Molina de Segura, casado y padre de tres hijos, prestó servicios en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Novelda, Totana y Molina de Segura. Más tarde pasó a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, siendo actualmente titular del juzgado de lo Contencioso número 2 de Murcia.

El recién elegido, que previsiblemente tomará posesión de su cargo como nuevo presidente el próximo mes, una vez se publique el nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, ha manifestado sentirse "profundamente honrado" por la confianza depositada en él para asumir la presidencia del TSJMU.

"Agradezco al Consejo General del Poder Judicial este nombramiento, que asumo con plena responsabilidad y compromiso al servicio de la justicia y la ciudadanía", ha dicho.

Además, ha valorado la labor realizada por Miguel Pasqual del Riquelme, actual presidente del Tribunal Superior de Justicia: "Es ampliamente reconocido el trabajo desarrollado por el Tribunal Superior para garantizar una justicia accesible, eficiente e imparcial en nuestra región. Tras mi toma de posesión, espero seguir contribuyendo a que la justicia inspire la máxima confianza de los ciudadanos y responda con prontitud a sus necesidades".

Miguel Ángel Larrosa Amante continúa al frente de la Audiencia Provincial de Murcia

 MADRID.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado en su Pleno ordinario de este miércoles que Miguel Ángel Larrosa Amante continúe como presidente de la Audiencia Provincial de Murcia, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

Larrosa, que fue nombrado por primera vez presidente de la Audiencia Provincial en 2016, ingresó en la carrera judicial en 1988, siendo sus primeros destinos los juzgados de primera instancia e instrucción nº 2 de Lorca y nº 3 de Elche.

En diciembre de 1991 pasó a ocupar la plaza de titular del juzgado de primera instancia nº 8 de Murcia y en junio de 2005 fue nombrado magistrado de la Audiencia Provincial con destino en la sección quinta, en Cartagena, donde permaneció hasta abril de 2015.

En el ámbito docente ha sido profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Murcia y en la Escuela de Práctica Jurídica de dicha Universidad. Igualmente ha sido profesor de la Escuela de Práctica Psicológica de Murcia y profesor en el Máster de Asesoría Jurídica de Empresa.

Asimismo ,ha sido profesor tutor de jueces en prácticas de la Escuela Judicial y profesor en cursos internacionales de formación de jueces iberoamericanos, dentro de los diferentes proyectos coordinados por el CGPJ de fortalecimiento del Poder Judicial en Honduras, Bolivia, El Salvador, Panamá, Paraguay y Nicaragua.

Una asociación de juristas impugna el nombramiento de 21 magistrados del Tribunal Supremo

 MADRID.- La asociación Preeminencia del Derecho ha presentado recurso de reposición contra el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de nombramiento de 21 magistrados del Tribunal Supremo basándose en que desde 1986 el Tribunal Constitucional dictaminó en una sentencia de pleno que el nombramiento por cupos de los vocales era contrario a la constitución y ese cupo es lo que notoriamente se viene haciendo.

 Por tanto Preeminencia va llevar al Tribunal Supremo el nombramiento de los 21 magistrados aprovechando que el mismo Tribunal Supremo ha reconocido a una entidad jurídica como la fundación hay derecho legitimación para impugnar nombramientos jurídicos, y en todo caso el tema, si no prospera en el TS, se va llevar al Tribunal Constitucional de dónde sale la sentencia de 1986 y en su defecto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tiene numerosas sentencias de los asuntos polacos estableciendo que la política no puede meter la mano en los nombramientos jurisdiccionales y esto es lo que se está haciendo aquí notoriamente por el Consejo General del Poder Judicial ya nombrando a una vocal como ponente, de la que se adjunta el informativo de dicho CGPJ.

También se ha impugnado que los vocales que están en el mismo caso puedan emitir una decisión estando contaminados por la misma injerencia de la "alta política" o "política de cloacas del Estado", que es lo que son estos pactos mefistofélicos.

 

Escrito de Preeminencia del Derecho al CGPJ

 

 "LA ASOCIACION PREEMINENCIA DEL DERECHO, legalmente inscrita  como se acredita en poder adjunto, representada por su presidente JOSE  LUIS MAZÓN COSTA, NIF........., con domicilio de notificaciones electrónico en email despacho@joseluismazonabogado.com y físico en calle ...... MADRID, ante el PLENO formula  RECURSO DE REPOSICIÓN previo a la vía contenciosa, en su caso, contra  acuerdo de 29.1.25 por el que nombra magistrados del Tribunal Supremo ya  que dicho nombramiento está viciado porque es obra de vocales del CGPJ  que están nombrados por cupos de partidos políticos (en nuestro caso PSOE  Y PP), esto viola la independencia judicial conforme a la jurisprudencia del  TEDH en los asuntos c. POLONIA y conforme a la doctrina TC PLENO en  su sentencia de 1986 por la cual declaró que los vocales del CGPJ si eran  nombrados por cupo de partidos (que es lo que hace desde siempre) se viola la CE, razón mayor si los nombrados son los magistrados del TS los cuales  todos sin excepción han entrado por estar ungidos por padrinos de sus  respectivos partidos de apoyo, sistema CORRUPTO que viola la CE y el  CEDH y el más elemental sentido de la honestidad. 

El TS reconoció legitimación a la Fundación Hay Derecho para lo judicial  luego la hay para lo administrativo. 

PRETENSIÓN, se acuerde la nulidad de todos los nombramientos de  magistrados del TS operados por acuerdo del pleno del 29 de enero de 2025". 

El recurso de reposición objeto es el nombramiento de la magistrada María Consuelo Uris Lloret como miembro de la la Sala Tercera del Tribunal Supremo y nombramiento de los magistrados para el Tribunal Supremo, según recoge el gabinete técnico del CGPJ en su sección de recursos al responder a Mazón.

El PP insta al Gobierno central a acabar con el "déficit" de la Administración de Justicia en la Región de Murcia

 MURCIA.- Los senadores del PP por la Región de Murcia han presentado en la Cámara Alta una moción para su debate ante la Comisión de Justicia por la que reclaman al Gobierno central poner fin a la "grave situación de déficit" de la Administración de Justicia en esta comunidad autónoma, según informaron fuentes del partido en un comunicado.

El parlamentario Francisco Bernabé ha cuestionado si "Sánchez está dejando sin medios a la Justicia para que los jueces no investiguen la corrupción del PSOE" y ha señalado que "el Gobierno está asfixiando al poder judicial para que no pueda cumplir su labor".

En la iniciativa, los senadores 'populares' instan desde la Comisión de Justicia al Gobierno de España a, con carácter inmediato, aumentar la plantilla de jueces y magistrados, equiparándola a la media y ratios en el ámbito judicial a nivel nacional.

La moción también demanda incrementar la plantilla de fiscales, equiparándola al ámbito estatal, e impulsar y ejecutar las infraestructuras comprometidas de nuevas sedes judiciales, en especial los nuevos Palacios de Justicia de Lorca y de Molina de Segura, así como la Ciudad de la Justicia de Cartagena.

Bernabé ha denunciado que el "déficit estructural" que padece la Administración de Justicia en la Región "se viene agravando de forma acusada a lo largo de los últimos años, donde la falta de inversiones y de dotación de medios materiales y humanos, está convirtiendo en insostenible la prestación de este servicio fundamental en cualquier Estado de Derecho".

Además, ha recordado que "en 2024 no se creó ni una sola nueva plaza judicial, mientras que en 2023 sólo se incorporó un magistrado a nuestra Audiencia Provincial de entre las 70 unidades judiciales que se crearon en toda España".

Ha remarcado que "la falta de jueces y la alta litigiosidad han disparado un 20% en un año los asuntos pendientes". En concreto, ha precisado que "el primer semestre de 2024 se cerró con 192.000 asuntos en trámite, 13.000 más que los que había a principios de este año y 40.000 más que los pendientes hace doce meses".

La Región de Murcia tiene una ratio de 10,82 jueces por cada 100.000 habitantes (168 en total), "muy inferior" a otras comunidades autónomas con similar población, como Islas Baleares (12,09) o Aragón (11,41). Esto, a juicio del senador del PP, "haría necesario que, con carácter inmediato, se incorporaran hasta 25 nuevos jueces a la plantilla para equipararnos a esos territorios, que se elevarían hasta los 75 profesionales si la comparación es con Asturias, que además cubre un 35% menos de asuntos y con mucha menor población".

"Esta infradotación de medios, causa del atasco judicial que padecemos, acaba pasando factura a los ciudadanos con efectos negativos reales y directos", ha lamentado Bernabé.

"Un mal funcionamiento de la Justicia hace menos competitivo el tejido productivo y comercial al ser mayor el tiempo necesario para resolver y obtener una respuesta definitiva a un litigio, como el cobro de deudas impagadas o el comprometer el retorno de inversiones realizadas", ha añadido.

Y es que, según ha matizado el senador, "un mal funcionamiento de la justicia disminuye también el atractivo de un territorio para nuevas inversiones".

En este sentido, ha recordado que la Fiscalía de la Región de Murcia también ha puesto sobre la mesa "los escasos medios que dispone". Así, el Fiscal jefe ha manifestado que "la Fiscalía de Murcia es la peor dotada de España, con una ratio funcionario por fiscal de 0,45, cuando otras que tienen 1 por cada representante del Ministerio Público".

Además, este departamento, de entre las 77 fiscalías que hay a nivel nacional, "es el que tiene más carga de trabajo, siendo, sin embargo, la décima en número de fiscales, de forma que faltan al menos 11 fiscales para equipararse a la media estatal".

Por otro lado, Bernabé ha denunciado que las grandes infraestructuras judiciales "continúan en el limbo, pese a estar comprometidas desde hace una década".

"Actualmente, las obras del nuevo Palacio de Justicia de Lorca, que deberían haber comenzado en 2018, aún se encuentran a medio ejecutar; el futuro Palacio de Justicia de Molina de Segura no tiene encargado el proyecto; y el devenir de la Ciudad de la Justicia de Cartagena se ha convertido en una auténtica historia para no dormir", ha aseverado.

Al hilo, ha subrayado que Cartagena, pese a ser una de las primeras 24 ciudades de España, "se encuentra abandonada judicialmente, con una dispersión de sedes brutal, hasta seis emplazamientos distintos, y con un Ministerio del ramo que, pese a haber prometido a bombo y platillo que tenía el dinero preparado, y no obstante el disponer de los terrenos cedidos por el Ayuntamiento desde hace tiempo, no licita siquiera la redacción del proyecto, que es el paso previo e imprescindible para poder hablar de cuándo se va a iniciar su ansiada construcción".

"Es imprescindible que el Gobierno de la Nación, único responsable de la coyuntura que sufre la administración de Justicia, acabe con este agravio adoptando las inversiones presupuestarias que procedan para aumentar las plantillas de jueces y fiscales, equiparándolas con las del resto de España, y apostando por el desarrollo serio y decidido de las inversiones comprometidas en materia de nuevas sedes judiciales", ha finalizado Bernabé.

El CGPJ nombra a Fernando Castillo Rigabert magistrado autonómico de la Sala Civil y Penal del TSJ de Murcia

MURCIA.- El Consejo General del Poder Judicial ha nombrado este miércoles a Fernando Castillo Rigabert como nuevo magistrado autonómico de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia. De esta forma se ocupa el puesto que dejó Enrique Quiñonero cuando se jubiló en 2022. Castillo es doctor en Derecho y profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de Murcia. 

Es uno de los nombres que propuso la Asamblea regional en la terna pactada por PSOE y PP.

Y uno de los 32 magistrados que el CGPJ ha nombrado hoy, todos ellos por unanimidad y 21 de los cuales corresponden al Tribunal Supremo, que contará con ocho nuevas magistradas, seis en la Sala Tercera y dos en la Sala Cuarta.

Entre esos nombres del Supremo, se encuentran dos murcianos: María Consuelo Uris Lloret, nombrado magistrada del turno general del Supremo de la Sala Tercera y Juan Martínez Moya como magistrado del turno de especialistas de la Sala Cuarta.

El profesor Castillo formaba parte, junto al abogado del Estado Nicolás Valero y la fiscal Candelaria Martínez, de la terna pactada por los grupos parlamentarios del PP y PSOE en la Asamblea Regional.  

Juan Martínez Moya era actualmente magistrado de la Sala de lo Social del TSJ. Expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ), fue vocal durante nueve años del CGPJ. La magistrada María Consuelo Uris Lloret era actualmente la presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ. Ingresó en la carrera judicial en 1988, año en el que ocupó su primer destino como titular del Juzgado de primera instancia e instrucción único de Yecla. 

El CGPJ también acordó este martes, a propuesta de su presidenta, el nombramiento del magistrado Miguel Hernández Serna como secretario general del CGPJ. Hernández vendrá a ocupar el puesto que hasta la fecha desempeñaba el juez murciano Manuel Luna Carbonell. Titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Murcia, Luna ya ejercía anteriormente como letrado del organismo.

El PPRM denuncia la reiterada demora en los pagos a los abogados del turno de oficio

 MURCIA.- La diputada nacional del Partido Popular por la Región de Murcia Isabel Borrego ha expresado "su preocupación y condena" ante los continuos retrasos en el abono de las cantidades adeudadas a los abogados del turno de oficio en la Región de Murcia.

"Estos retrasos son una muestra más de la nefasta gestión del ministro de Justicia, quien, a pesar de ser consciente de la situación, no ha tomado las medidas necesarias para resolverla de forma eficaz y urgente", ha asegurado la diputada.

Los abogados de la Región que prestan su servicio en el turno de oficio se enfrentan a la "incertidumbre" de no recibir los pagos correspondientes a su trabajo, lo que está "afectando gravemente a su estabilidad económica y profesional".

"Después de meses de espera, el Gobierno de Sánchez ha abonado el pago de octubre tras continuas reclamaciones del Partido Popular, pero, a estas alturas, todavía están esperando los abogados de oficio los pagos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2024", ha apuntado Borrego.

"Unos retrasos que no son un hecho aislado, sino que se repiten de manera sistemática y reiterada, evidenciando la falta de gestión y la incapacidad del Ministerio de Justicia para resolver una situación que ya lleva meses sin solución", ha reprochado la diputada nacional.

Y es que, desde el Partido Popular han preguntado en diversas ocasiones al Gobierno de Sánchez sobre los motivos de estos retrasos y han solicitado una comparecencia para que se expliquen las causas y las medidas que van a adoptar para evitar que esta situación continúe.

Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno ha mostrado una actitud de "desinterés, dejando desamparados a los profesionales que, a diario, prestan un servicio esencial para el funcionamiento de la Justicia en la Región de Murcia", añade la diputada.

"Este es solo un ejemplo más de los agravios constantes que la administración de Justicia sufre en la Región de Murcia. Una región que está siendo tratada de manera desigual por parte del Gobierno de Sánchez, el único responsable de estos perjuicios", ha denunciado.

Por ello, el Partido Popular ha exigido al ministro de Justicia que ponga fin a estos retrasos y a esta situación de desamparo, que "no solo afecta a los profesionales del derecho, sino que también impacta negativamente en la calidad de la Justicia en la Región". 

"Los ciudadanos merecen un servicio público de Justicia eficiente y sin trabas, y es responsabilidad del Gobierno garantizar que así sea".

Asimismo, "reiteramos nuestra firme posición de apoyo a los abogados del turno de oficio y demandamos soluciones inmediatas para que situaciones como estas no se repitan en el futuro", ha concluido la diputada nacional.

Caen un 1,4% los asuntos ingresados en los órganos judiciales de la Región en el tercer trimestre

 MURCIA.- Los órganos judiciales de la Región de Murcia han registrado 53.179 nuevos asuntos en el tercer trimestre de 2024, lo que representa un 1,4% menos respecto al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, entre julio y septiembre pasados aumentó un 12,6% el número de asuntos resueltos (45.907), y un 17,7% los que quedaron en trámite al final del periodo (199.590).

Así lo han comunicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU), que se han hecho eco del informe estadístico sobre la 'Situación de los órganos judiciales en el tercer trimestre de 2024', publicado este viernes por el Consejo General del Poder Judicial.

De esta forma, a pesar de que en el tercer trimestre la capacidad de resolución de los juzgados y tribunales autonómicos creció un 12,6%, con 45.907 asuntos terminados, no alcanza la cifra de los nuevos asuntos ingresados.

Cabe recordar que durante los dos primeros trimestres del pasado año confluyeron dos huelgas en la Administración de Justicia, con efectos de "especial intensidad" en la comunidad autónoma, lo que puede provocar distorsiones en la comparativa en los valores estadísticos registrados en ingreso y resolución.

En la jurisdicción Civil ingresaron 21.899 asuntos, un 1,1% más que un año antes; se resolvieron 18.375 asuntos, un 32,2% más, y quedaron en trámite 123.712, un 24,5% más que al final del tercer trimestre de 2023.

Por su parte, los asuntos registrados en la jurisdicción Penal ascendieron a 27.312, lo que supone un descenso del 4,5% con respecto al mismo trimestre de 2023. En el mismo periodo se resolvieron 24.475 asuntos, un 1,8% más, y quedaron en trámite 52.137 asuntos, un 5,8% más.

En la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo se registraron 1.204 nuevos asuntos, lo que equivale a un descenso del 12,2%.

Los asuntos resueltos fueron 1.048, un 23,9% más que el año anterior, y los que quedaron en trámite sumaron 7.208, un 0,2% más, siendo este orden jurisdiccional el único en el que se consiguió contener el aumento de la pendencia.

En la jurisdicción Social ingresaron 2.764 nuevos asuntos, lo que supuso un crecimiento del 20,3% respecto al año anterior. Los resueltos aumentaron un 1,6%, al alcanzar la cifra de 2.009 asuntos, y los pendientes al final del periodo (16.533), aumentaron un 20%.

La AJFV pide al CGPJ y a Justicia revisar el protocolo judicial ante grandes catástrofes

 MADRID.- La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio de Justicia una "revisión y actualización" del protocolo judicial ante grandes catástrofes como la DANA que afectó principalmente a la Comunidad Valenciana y que data de 2011.

A través de una nota de prensa, recogida, la asociación ha explicado que cerca de 250 jueces que se han reunido en Benidorm para la XXXVIII Asamblea General de la AJFV han instado a revisar "la actuación concreta en el caso de Valencia" y a analizar motivo por el que no se constituyó desde el primer momento la Comisión Judicial de Crisis.

Los magistrados han debatido en una mesa redonda la respuesta judicial y forense ante grandes catástrofes, analizando en concreto la respuesta judicial ante la DANA de Valencia del pasado 29 de octubre.

La mesa redonda ha contado con la participación de José Manuel Muñoz-Quirós, médico forense y responsable de grandes catástrofes de Alicante; Pablo Ignacio Luján, magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Massamagrell y portavoz de AJFV en la Comunidad Valenciana; así como con las aportaciones de Antonio Téllez Plaza, magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Picassent; y José Luis Rubido de la Torre, magistrado del Juzgado de Instrucción nº 1 de Valencia.

María Concepción Roig es la magistrada-ponente de la sentencia que deja en libertad a quienes prostituyeron menores

MURCIA.- La jueza María Concepción Roig Angosto ha sido la magistrada-ponente de la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia que ha dejado en libertad a todos los empresarios que pagaron por tener sexo con menores de 13 ó 14 años en 2014.

Es la misma jueza que hace dos años puso una pena mínima de 24 meses a otro empresario de 67 años que violó a una jornalera en Mula, incluso opinando públicamente que "la sentencia es legal, pero es una pena demasiado baja para la gravedad de los hechos cometidos".

Concepción Roig consideraba entonces que la pena, a pesar de que se ajustaba a la ley, no era proporcional a la gravedad de los hechos.

Concepción Roig ha llegado a presidir la Junta Electoral de la Región. 

La magistrada es miembro de "Juezas y Jueces para la Democracia", donde forma parte de su Secretariado y ejerce de coordinadora en la Región de Murcia.

El Ayuntamiento de Cartagena aprueba la cesión definitiva de los terrenos para la futura Ciudad de la Justicia

 CARTAGENA.- El Ministerio de Justicia "podrá, a partir de este viernes, activar el proyecto para la construcción de la Ciudad de la Justicia de Cartagena después de que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento haya aprobado la cesión definitiva de los terrenos al Ministerio", según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha anunciado, tras la aprobación de la Junta, que va a convocar la Mesa de la Justicia en la que participan los operadores de la Administración de Justicia, los agentes sociales del municipio y los grupos políticos del Ayuntamiento.

Se trata de una parcela de 25.000 metros cuadrados, segregada de una mayor a la que inicialmente el Ministerio había dado el visto bueno, pero que, posteriormente, consideró que debería segregarse y aceptar solo la extensión que fuera a utilizar para la construcción de la infraestructura prevista, lo que provocó un retraso en el procedimiento administrativo de cesión.

El Ayuntamiento de Cartagena inició un proceso de segregación que ha culminado hoy con la autorización de la Junta de Gobierno para que el Ayuntamiento ceda los terrenos, ubicados en el barrio de Santa Lucía, frente al complejo hospitalario y colindantes con el Centro Integral de Formación Profesional (CIFP) 'Hespérides'.

A lo largo del proceso administrativo de cesión, técnicos del Ayuntamiento de Cartagena y del Ministerio de Justicia han manteniendo contactos para avanzar en el expediente, que se concretó en una última reunión mantenida ayer, que ha permitido que culminar hoy el expediente.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha remarcado que Cartagena tiene que disponer cuanto antes de la Ciudad de la Justicia "que concentre los órganos, tribunales y juzgados dispersos por la ciudad".

 Además, ha señalado la idónea ubicación de la parcela, de fácil acceso y bien comunicada con cualquier punto, ya que a escasos metros está la conexión con la autovía.

La magistrada progresista Isabel Perelló, nueva presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo

 

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La Región de Murcia es la CCAA con menor porcentaje de juezas y magistradas en activo

MURCIA.- La Región de Murcia es la comunidad autónoma con menor porcentaje de juezas y magistradas en activo de todo el país, con un 49,7%, frente a la media nacional, donde las mujeres representan el 57,2% de la carrera judicial.

Así se desprende datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) difundidos este miércoles y según los cuales en la última década ha aumentado casi un 10% el número de magistradas en los órganos colegiados, hasta el 42,3% del total, con menos presencia por ahora que los hombres.

A 1 de enero de 2024, la carrera judicial estaba integrada por 5.416 jueces/zas y magistrados/as, de los que 3.101 son mujeres, el 57,2% del total, frente al 50,1% que suponían las 2.661 (de un total de 5.219) hace diez años, de acuerdo al último informe sobre 'Estructura demográfica de la Carrera Judicial'.

En la actualidad, de los 1.597 jueces/zas y magistrados que están en activo y destinados en órganos colegiados, 676 son mujeres: 433 de ellas ejercen en Audiencias Provinciales, 203 en Tribunales Superiores de Justicia, 28 en la Audiencia Nacional y 12 en el Supremo.

Según los datos del CGPJ, el 57,2% de juezas es superado en once de las 17 comunidades autónomas: País Vasco (62,5%), Galicia (61,2%), Comunidad de Madrid (60,6%), Navarra (60%), Castilla-La Mancha (59,6%), La Rioja (59,5%), Cataluña (59,3%), Comunidad Valenciana (59,2%), Extremadura (59,1%), Baleares (58,3%) y Castilla y León (58%).

En el resto de comunidades, el porcentaje de juezas y magistradas se sitúa por debajo de la media: Canarias (57,1%), Asturias (56,8%), Andalucía (54,1%), Cantabria (52,6%), Aragón (52,4%) y Región de Murcia (49,7%).

Asimismo, el informe señala que la edad media de los integrantes de la carrera judicial es de 52,3 años --50,4 años para las mujeres y 54,9 para los hombres-- y que su antigüedad media como jueces/zas es de 21,2 años --19,5 años en el caso de las mujeres y 23,4 en el de los hombres--.

El CGPJ indica que la "progresiva feminización" de la carrera judicial se observa analizando los datos por franjas de edad: los hombres solo son mayoría entre los/las magistrados/as de entre 61 y 72 años, mientras que las mujeres suponen el 57,9% entre los de 51 y 60 años, el 66,6% entre los de 41 y 50 años; el 67,1% entre los de 31 a 40 años y el 70% de quienes tienen 30 o menos años.

El informe expone, además, que las juezas y magistradas, pese a seguir siendo minoría en los órganos colegiados, son mayoría en los órganos unipersonales, salvo en los Juzgados de lo Mercantil y los de lo Contencioso-Administrativo, donde representan el 44,2% y el 49,8% de sus titulares, respectivamente.

Las mujeres suponen el 60,6% de los titulares de los Juzgados de lo Social, el 60,8% de los de Vigilancia Penitenciaria, el 62,9% de los de Primera Instancia, el 64,2% de los de Instrucción, el 67% de los de lo Penal, el 67,9% de los de Menores, el 68,6% de los de Primera Instancia e Instrucción y el 76,6% de los de Violencia sobre la Mujer.

En los altos tribunales, el porcentaje de mujeres es del 43,1% en la Audiencia Nacional, del 41,3% en los Tribunales Superiores de Justicia y del 44% en las Audiencias Provinciales. En el Tribunal Supremo es del 21,1%.

Lorca estrena el nuevo juzgado de primera instancia e instrucción nº 8 del partido judicial

LORCA.- La Administración de Justicia regional cuenta desde este lunes con un nuevo juzgado de Primera Instancia e Instrucción, el nº 8 en el partido judicial de Lorca, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) en un comunicado.

La creación de este órgano, junto con el de Primera Instancia nº 19 de Murcia, fue aprobada en noviembre de 2022 por el Consejo de Ministros en el Real Decreto de nuevas unidades judiciales correspondiente a la programación 2023, pero su puesta en funcionamiento fue diferida al 31 de marzo de 2024, tras el acondicionamiento del local cedido por el Ayuntamiento de Lorca.

Al respecto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Miguel Pasqual del Riquelme, ha manifestado que esta espera no será necesaria cuando Lorca cuente con la nueva sede judicial "acorde con su dimensión socioeconómica y su historia".

El nuevo Palacio de Justicia, en el centro histórico y con un coste de más de 17 millones, reunirá en una sola sede todos los órganos judiciales, acabando con la dispersión actual. "Es una obra imprescindible, que llevamos décadas reclamando y que no puede retrasarse más", según el presidente del TSJMU.

Pasqual del Riquelme no ha ocultado su satisfacción por la puesta en marcha del octavo juzgado para el partido judicial. "Supone el primero de los pasos importantes que hay que dar para convertir a Lorca en uno de los núcleos judiciales sobre los que ha de pivotar la Administración de Justicia Regional, junto a Murcia y Cartagena", ha apostillado.

Ha señalado después, además de la puesta en marcha de la nueva sede judicial, la separación de jurisdicciones civil y penal y la comarcalización de la violencia de género con la creación de un juzgado especializado, como metas a corto plazo, para un adecuado despliegue territorial de la justicia.

No obstante, ha apuntado que la creación de este juzgado "aun siendo bienvenido, está muy lejos de cubrir las necesidades judiciales identificadas por nuestra Sala de Gobierno, lo que nos sigue dejando por debajo de la media nacional en número de jueces".

Y ha recordado que la Sala de Gobierno del TSJMU reclamó un mínimo de 11 unidades judiciales en su último informe de planta, y el Ministerio de Justicia sólo ha acordado la creación de una (una plaza de magistrado) para 2024.

El nuevo órgano, dos locales colindantes habilitados como unidad funcional en el barrio de La Viña, con una superficie de 515 metros cuadrados, dispone de una amplia oficina judicial, zona de archivos, sala de comparecencias, sala de vistas propia, además de los despachos para juez o jueza, fiscal y letrado o letrada de la Administración de Justicia. Además, cuenta con una zona de espera de detenidos y otros espacios adicionales.

El acto de constitución, presidido por Miguel Pasqual del Riquelme Herrero, ha contado con la presencia de la delegada del Gobierno, Mariola Guevara Cava, y el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar. 

Además, han participado el secretario de Gobierno, Javier Parra García, la magistrada decana del partido judicial de Cartagena, Carmen Berta Romero Esteban, la fiscal Francisca Rodriguez García y la letrada del Servicio Común General, Maravillas Ayala García de las Bayonas.

En representación de abogados y procuradores de Lorca, también han asistido los decanos de ambos colegios profesionales, Elisa Campoy-López Perea y Nieves Cuartero Alonso, respectivamente.

Tras la constitución del juzgado, del que se ha hecho cargo de forma provisional la jueza sustituta Marta García Martínez y el letrado de la Administración de Justicia, José Bautista Martínez Tafalla, han tomado posesión los siete funcionarios, dos gestores, cuatro tramitadores y una auxilio judicial, nombrados en comisión de servicio, así como los interinos que desde hoy desarrollan su función en el nuevo órgano judicial.

Estos, han estado acompañados de otros miembros de la carrera judicial, fiscal y letrados de la Administración de Justicia del partido judicial.

Verónica Celdrán Ruiz es nombrada delegada de la Fiscalía Especial Antidroga en la Región de Murcia

MURCIA.- Verónica Celdrán Ruiz ha sido nombrada delegada de la Fiscalía Especial Antidroga en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en sustitución de María Isabel Neira Campos, que renunció al cargo, según recoge este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La oferta de la plaza fue comunicada a toda la plantilla, pero solo concurrió a la misma Celdrán Ruiz, cuyo currículum profesional y méritos cuentan con el informe favorable de la Fiscal Jefa de la Fiscalía Antidroga.

El decreto de nombramiento fue suscrito por el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, el pasado 22 de febrero.

Cuatro juezas y un juez eligen plaza en Molina, Totana y Cieza como su primer destino

MURCIA.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Miguel Pasqual del Riquelme, presidirá este miércoles, 28 de febrero, a las 13.00 horas, el solemne acto de juramento-promesa ante la Sala de Gobierno de cuatro juezas y un juez de la 72ª Promoción de la Carrera Judicial, destinados a la Región de Murcia.

En concreto, se trata de Marta Bernabé Aliaga, Alba García Colón, Victoria García García, Alejandro Goicoechea Rey y Celia Martín Ávila que ocuparán sus nuevos cargos con destino a los juzgados de primera instancia e instrucción número 4 de Molina de Segura, 4, 2, 3 de Totana y 1 de Cieza, respectivamente.

Todos ellos, recibieron sus despachos el pasado 14 de febrero en Barcelona, en un acto presidido por Su Majestad el Rey, tras superar su última fase de formación en la Escuela Judicial ejerciendo como titulares en distintos órganos desde julio, como jueces en prácticas. Y, aunque sólo uno de ellos residía en Murcia, los cinco han elegido que su primer destino sea la Región.

El perfil de los 160 jueces y juezas --119 mujeres y 41 hombres-- que integran la septuagésima segunda promoción es, según se recoge en una encuesta realizada a su ingreso en la Escuela Judicial en 2022, el de una mujer (representan el 74,37 % del total) con una edad media de 28 años, que ha tardado cinco años en preparar y aprobar la oposición y que no procede de una familia de juristas.

Entre los motivos que los llevaron a elegir esta profesión destacan especialmente su pasión por el Derecho (el 73 % se mostró muy de acuerdo con esta afirmación), la independencia e imparcialidad de su función (73 %), la función de los jueces como garantes de los derechos fundamentales (71 %) y la contribución a un servicio público (66 %).

Además, en el mismo acto, Raquel Lillo Paredes, tomará posesión de su cargo, tras su ascenso, como nueva magistrada titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de San Javier.

El acto será retransmitido en streaming por el canal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

"Jueces para la Democracia" advierte de que las concentraciones ante juzgados dañan la imagen de neutralidad de la Magistratura

MADRID.- La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha advertido este domingo que las concentraciones que se han convocado ante sedes judiciales para protestar contra el acuerdo entre PSOE y Junts “pueden afectar la imagen de independencia y neutralidad del Poder Judicial, que debiera estar alejado de la pugna política”.

En un comunicado, la asociación progresista de jueces se refiere a “las concentraciones que se están convocando ante las sedes judiciales”, como las celebradas el pasado martes en Sevilla, Cádiz, Huelva, Jaén y Salamanca, en las que hubo unos 800 jueces.

“Se trata de actos que, dado el actual contexto, pueden afectar la imagen de independencia y neutralidad del Poder Judicial, que debiera estar alejado de la pugna política”, sostiene Jueces para la Democracia.

Destaca que “el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional, los principios de Bangalore sobre la conducta judicial y los dictámenes de la Comisión de Ética Judicial insisten en que tan importante como el valor mismo de la independencia judicial, es la apariencia de tal y de imparcialidad que la judicatura debe transmitir”.

“Consideramos que las concentraciones que se están realizando pueden dañar esa imagen de neutralidad e imparcialidad, mezclando a la judicatura en un contexto de enfrentamiento partidista en el que no debe participar, razón por las que nuestra asociación no tomará parte en las mismas”, concluye.

Las cuatro asociaciones judiciales con más representación, entre ellas Jueces para la Democracia, publicaron el pasado 9 de noviembre un comunicado conjunto en rechazo a la referencia al lawfare en el pacto entre PSOE y Junts. Si bien, finalmente no se ha incluido una mención a este término en el documento.

El presidente del TSJMU alerta del "riesgo de irrelevancia que acecha al Poder Judicial

MURCIA.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Miguel Pasqual del Riquelme, ha advertido este viernes "de la deriva institucional, del desprestigio y del riesgo de irrelevancia que acecha al Poder Judicial español y al servicio público de Justicia" en los últimos años, según han informado fuentes del organismo judicial en un comunicado.

Pasqual del Riquelme ha pronunciado estas palabras durante su discurso en el acto de apertura del año judicial autonómico, celebrado en Murcia.

El máximo representante del TSJMU ha alertado de que "la sociedad española está normalizando una situación patológica del Poder Judicial que, de seguir agravándose, puede comprometer, si es que no lo ha hecho ya, el orden constitucional, la separación de poderes, la independencia judicial y, con ello, el adecuado funcionamiento de todo nuestro entramado institucional".

"A base de normalizar un agravio tras otro a la Justicia podría pensarse que no pasa nada", ha aseverado para, a continuación, advertir de que "sí que pasa". En este sentido, ha aludido a la falta de atendimiento de los llamados a la renovación del Consejo General del Poder Judicial que motivaron la dimisión de su presidente; al "bloqueo" en el nombramiento de cargos judiciales por todo el territorio nacional; a las sentencias que quedan sin dictarse y "los miles de ciudadanos que se ven abocados a esperas insoportables para obtener el amparo judicial que promete nuestra Carta Magna".

Utilizando el mismo recurso estilístico, el presidente del TSJMU ha dejado también constancia del agravio que supone que "cargos políticos confunden la legítima y ponderada crítica propia de todo sistema democrático con la descalificación grave e indiscriminada a la Judicatura, llegando al insulto personal, tan pronto perciben que sus autos y sentencias no les son favorables o ponen en evidencia las negativas consecuencias de determinadas políticas y reformas legales".

Asimismo, el representante de la judicatura murciana ha subrayado la elevada incidencia de las huelgas seguidas en la Región por los diferentes Cuerpos de la Administración de Justicia durante el primer semestre de este año, que, ha dicho, "han lastrado de forma decisiva el funcionamiento de la Justicia, tanto a nivel nacional como, muy específicamente, autonómico".

"Se trata de un asunto lamentablemente no cerrado que amenaza con repetirse este otoño, lo que de confirmarse generaría una situación muy complicada a la Justicia regional", ha señalado Pasqual del Riquelme, tras recalcar que "precisamente" los territorios donde las huelgas han tenido más seguimiento han sido aquellos que, como es el caso de la Justicia murciana, acumulan mayores carencias, asuntos pendientes y retrasos en la respuesta judicial.

Según el presidente del TSJMU, "lo que está ocurriendo es, sin duda alguna, el fruto de años de abandono y carencias, de deterioro progresivo de las condiciones laborales y de un aumento exponencial de la litigiosidad para el que no se han arbitrado ni las medidas legislativas ni los medios necesarios para hacerle frente". 

A este respecto, ha aseverado que este servicio público no se despliega en igualdad de condiciones en todo el territorio español, ya que "que existen notables asimetrías entre comunidades autónomas y que nuestra región está entre las que, año tras año, se lleva la peor parte".

En su balance del curso judicial, el presidente ha apuntado a la combinación de "escasos" medios personales, la alta litigiosidad y la extrema incidencia de las huelgas como la causa del incremento en los asuntos pendientes y tiempos de respuesta de los juzgados y tribunales de la Región de Murcia.

Asimismo, ha dado cuenta de que el primer semestre de 2023 se cerró con 155.000 asuntos en trámite, advirtiendo que la proyección ofrecida por los servicios de estadística es que esa cifra se eleve a 165.000 a finales de este año, lo que supone un 10% más de asuntos pendientes que solo un año antes, a finales de 2022.

Con esos datos y la mirada puesta en la conflictividad laboral que "amenaza" el curso judicial que ahora comienza, Pasqual del Riquelme ha hecho un llamamiento a las partes directamente implicadas --Ministerio de Justicia y representantes asociativos y sindicales-- "para que eventuales futuras negociaciones se lleven a cabo en contextos y con actitudes muy distintas a las de la áspera confrontación a la que hemos asistido este año", de forma que el proceso negociador produzca la menor afectación posible al servicio público de Justicia.

"Son muchos los ciudadanos que se ven afectados en sus más preciados bienes por las consecuencias del ejercicio del derecho a la huelga de los servidores públicos", ha recordado.

El presidente ha cerrado su discurso con una felicitación especial al Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia que este curso judicial cumple el decimoquinto aniversario de su declaración por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

"Su presencia constante en esta tierra desde el siglo IX representa una herencia transmitida de generación en generación que ha sabido adaptarse a los cambios legales, sociales, históricos y ambientales. Su legado nos enseña el valor de lo auténtico y la lección de que nada se queda anticuado más rápido que el futuro", ha afirmado Pasqual del Riquelme, que anunciado, además, la colocación de una placa homenaje en la Ciudad de la Justicia que desde este viernes luce en dicha sede para que "sirva de guía el emblema de este tribunal consuetudinario cuya eficaz gestión ha garantizado su supervivencia a lo largo de los siglos".

El acto solemne ha concluido con la entrega de los reconocimientos y felicitaciones de la Sala de Gobierno por su especial contribución a la Justicia murciana durante el pasado curso.

En concreto, han recibido esta felicitación los magistrados coordinadores regionales para grandes catástrofes, José Fernández Ayuso e Ignacio Munitis; la letrada de la Administración de Justicia Maria del Carmen Navarro Esteban, por su labor en la dirección de la tramitación procesal del juzgado especializado en cláusulas suelo; los 24 miembros de la Red 364 de funcionarios de diferentes cuerpos, partidos judiciales y jurisdicciones de la Región de Murcia, que contribuyen a optimizar el uso de los sistemas informáticos; los abogados Rosa Manrubia, Regina Márquez y Julián Lozano, por su participación en el grupo de trabajo para el diseño e implantación de un nuevo sistema regional de atención integral a profesionales y usuarios; el subinspector de Policía Nacional, miembro de la Unidad de Familia los últimos 18 años, Domingo Baños, por su colaboración con los órganos judiciales; y el arquitecto coordinador de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, Antonio Martín, por su implicación durante muchos años en la mejora de las infraestructuras judiciales de la Región de Murcia.

En agradecimiento por los servicios prestados durante su vida profesional se ha entregado un reconocimiento las autoridades judiciales y funcionarios públicos de todos los Cuerpos que han trabajado en la Administración de Justicia de la Región que se jubilaron durante el pasado año judicial.

El presidente del Partido Republicano de Oklahoma quiere poner a Anthony Fauci ante un pelotón de fusilamiento

OKLAHOMA CITY.- El presidente del Partido Republicano de Oklahoma, John Bennett, dijo en una parada de campaña, que el Dr. Anthony Fauci debería enfrentar un pelotón de fusilamiento por sus crímenes.

Bennett es un candidato republicano al Congreso.

“Estamos luchando contra un sistema que robó las elecciones en 2020 y nadie rindió cuentas. Estamos en una guerra con los burócratas que nos han impuesto mandatos de vacunas, mandatos de mascarillas”, dijo Bennett.

“¿Y sabes qué? Están empujando esta confusión de despertar por nuestras gargantas ahora. Y, por cierto, deberíamos juzgar a Anthony Fauci y ponerlo frente a un pelotón de fusilamiento”, agregó.

 “Y para el Servicio Secreto, si están escuchando, no estoy abogando por que matemos a Anthony Fauci hasta que sea condenado en un tribunal por sus crímenes”.

El juez Juan del Olmo, nuevo presidente de la sección III de la Audiencia Provincial de Murcia

MURCIA.- El magistrado murciano Juan del Olmo Gálvez (Murcia en 1958) ha tomado este martes posesión de su cargo como presidente de la Sección III de la Audiencia Provincial ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Pasqual del Riquelme, y el secretario de Gobierno, Javier Parra García.

Del Olmo, que dirigirá una sección Penal de la Audiencia por acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 9 de diciembre, sustituye al magistrado José Luis García Fernández, tras su reciente jubilación, han informado fuentes del TSJ.

El presidente del TSJMU critica la "instrumentalización" de la Justicia por parte de partidos políticos

MURCIA.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Miguel Pasqual del Riquelme, ha arremetido contra la "instrumentalización" de la Administración de Justicia que hacen, en ocasiones, "tanto partidos políticos y asociaciones constituidas a su sombra, como particulares que se arrogan unilateralmente la defensa del interés público".

Así lo ha hecho saber Pasqual del Riquelme acto de apertura del Año Judicial en la Región de Murcia 2021/2022, en el que ha criticado este "uso interesado y meramente táctico" que se hace de la jurisdicción penal. "Lo hacen unas veces mediante la interposición de denuncias y querellas meramente propagandísticas, cuya vida útil se agota en la fotografía de los denunciantes ante la puerta del juzgado con la denuncia sellada en sus manos", añade.

"Y en otras ocasiones mediante la sistemática personación en actuaciones penales, instrumentalizando el ejercicio de la acusación popular para desgastar al rival político y mantener viva en el tiempo una imputación que es luego esgrimida como munición en la lucha partidista", según el presidente del TSJMU, quien estima que, con esta "actitud justiciera impostada", hacen un "uso indebido y abusivo de los tribunales y consumen en su propio y a veces espurio interés los siempre escasos recursos y energías del sistema judicial".

Precisamente, ha alertado que una de las patologías que lastran la Justicia regional es la "altísima tasa de litigiosidad", es decir, de entrada de asuntos, en comparación con la media nacional.

En su intervención, ha indicado que el conflicto "no es una patología", sino que es "consustancial a sociedades democráticas, plurales". Sin embargo, ha advertido que "lo que sí es una patología es la judicialización masiva de toda la conflictividad social".

"Nuestros responsables políticos, los actores socioeconómicos y los profesionales del Derecho que intermedian en esa conflictividad social harían bien en promover, sondear y explotar al máximo las posibilidades de resolución alternativa y autocompositiva de dichos conflictos, evitando su automática judicialización", ha considerado Del Riquelme, quien cree que algunos fenómenos de este tipo resultan "especialmente sangrantes".

En concreto, se ha referido a los pleitos por cláusulas abusivas representan un 14% de todos los asuntos civiles en trámite en la Región. "El altísimo porcentaje de demandas presentadas por clientes de la banca que están siendo estimadas por los tribunales (que supera el 99% de las presentadas) debería llevar a algunas de las entidades bancarias más frecuentemente demandadas a revisar su estrategia procesal de oposición sistemática a tales reclamaciones", ha aseverado.

En su intervención, el fiscal Superior, Díaz Manzanera, ha dicho que "Mención especial" merece, los delitos contra la Administración Pública en los que hubo un aumento de incoaciones con un 44,11%: en desobediencias, en malversación y sobre todo, en prevaricación.

"Los datos hablan por sí solos", según el Fiscal Superior, quien ha precisado que entre 2020 y 2021 se han registrado en la Fiscalía de Murcia 61 diligencias de investigación de esta materia, siendo archivadas 47 (lo que supone un 77% del total), de las que 52 son por prevaricación, entre las que se encuentran como denunciantes: partidos políticos en 12 casos, además de 17 de particulares o empresas, 14 de funcionarios y 6 de asociaciones.

"Denuncias que, en su mayor parte, no deberían de haberse presentado, atendiendo a los nulos indicios de criminalidad, debiéndose plantear en otra jurisdicción diferente a la penal, que es muy restrictiva, ya que en ella se exige, entre otros requisitos, un dolo específico muy difícil de acreditar", ha aseverado. "No todo es delito", según Díaz Manzanera, quien cree que "lo que evidentemente ha de ser rechazable es si alguna de esas denuncias estuviese guiada en buscar básicamente el efecto mediático.

"Que no quepa la menor duda que si la Fiscalía observa indicios mínimos de delito, judicializa los hechos con la pertinente denuncia o querella, advirtiendo siempre a los denunciantes, que pueden presentarla en el Juzgado competente", ha aseverado. De la misma manera, ha asegurado que "se procede, como así ha sucedido en varios casos, al archivo de plano al comprobar que el contenido de la denuncia desde su umbral o entrada, no tiene ninguna base fáctica, ni probatoria, ni jurídica".

"No sería de recibo que detrás de esa práctica incorrecta hubiese una utilización torticera y abusiva de una institución pública estatal como es la Fiscalía, y en los casos más claros se podría hasta perseguir por acusación y denuncia falsa", ha advertido.