Sumar plantea reducir la jornada laboral a 32 horas y que las empresas den parte de sus beneficios a sus trabajadores

MADRID.- Sumar apostó durante su segunda asamblea estatal por conseguir una jornada laboral de 32 horas semanales, establecer que las empresas repartan un porcentaje de beneficios a los trabajadores, lograr que la atención psicológica sea una prestación básica del sistema sanitario y prohibir la compraventa de viviendas con fines especulativos.

A su vez, el partido ahondó en su apuesta por desplegar la herencia universal, que consiste en ingresar 20.000 euros a jóvenes para fomentar su emancipación, estudios y emprendimiento.

La formación también trató el debate sobre el modelo de defensa y planteó la necesidad de “avanzar hacia la autonomía estratégica de la UE desde el gasto social, la inversión estratégica en industria europea y una visión de la seguridad basada”. 

Así lo estableció la propuesta de resolución, que se sometió a debate y votación de los delegados del partido en la tarde de ayer en el plenario del congreso.

De esta forma, Sumar mostró su vocación de seguir desplegando un proyecto de reducción de jornada más ambicioso que el de las 37,5 horas, que acordó con el PSOE en el pacto de Gobierno de coalición.

También en ese documento se recoge una apuesta por redistribuir los beneficios empresariales a los trabajadores, es decir, que una parte proporcional de las ganancias de las empresas se destine a sus plantillas.

Por otro lado, el texto insistió también en la necesidad de democratizar el ámbito de las empresas y aboga por una legislación que dé entrada a una representación de los empleados en el seno de los consejos de administración.

Mientras, reafirmó su compromiso de conseguir como derecho universal una prestación por hijo a cargo, garantizando así el derecho al cuidado y las bases para unas vidas dignas a los niños.

Otro aspecto en el que incidió es el despliegue de un sistema público de cuidados, de gestión pública y social, para responder a las necesidades de cuidados con políticas de corresponsabilidad, unido a un sistema de “permisos justos” que contemplen el cuidado de la infancia, las personas mayores o dependientes “más allá de los vínculos estrictamente familiares”.

En vivienda, Sumar defendió  la prohibición de la compraventa de inmuebles con fines especulativos, potenciar una educación “gratuita y laica” para llegar a un sistema de enseñanza “100% público”. Garantizar que la educación privada tribute de manera justa y sin excepciones.

Otras medidas son que la atención psicológica sea una prestación básica del sistema público de salud, un fondo destinado a la descarbonización de la economía y garantizar un consumo energético mínimo para toda la ciudadanía.

En materia fiscal, Sumar ahonda en sus propuesta de resolución en una reforma tributaria “justa” y progresiva, la reducción de precios públicos para estudiar en las universidades  de manera progresiva hasta su gratuidad y en materia animal, derogar las normas que protegen la tauromaquia, reconocer a las clínicas veterinarias como centros sanitarios y llegar al objetivo de abandono cero de mascotas.

Un inspector de Trabajo denuncia a los que no respetan los derechos en hostelería

MADRID.- El inspector de trabajo José Antonio Amate accedió a ser entrevistado por Equipo de Investigación en 2022 de La Sexta para exponer en qué consiste su labor, un trabajo clave en la lucha contra el fraude en hostelería Amate explicó que, al llegar a un local, primero "intentas hacerte una composición del lugar, por ejemplo dónde están las personas que atienden a la mesa y cuantos son".

Tras ese vistazo inicial, Amate indicó que suele dirigirse a la cocina que es el lugar en el que podría encontrar a las personas con las que la empresa no esté cumpliendo con sus obligaciones legales. Además, también accede a esta estancia del local para comprobar que no exista ningún sitio por el cual estas personas puedan llegar a escapar y asuntarse de la visita. 

Amate expuso que en algunas ocasiones ha vivido situaciones sorprendentes como encontrar a dos personas escondidas en el interior de un armario para evitar ser encontrados durante una de sus inspecciones. El inspector afirmó que estas personas "en la mayoría de las ocasiones se encuentran desprotegidos, sin derechos".

La reportera explicó a Amate que habían descubierto que los listeros, una persona que conecta a camareros con hosteleros, "se quedan con un porcentaje del sueldo del camarero". 

El inspector se mostró muy crítico con esta figura afirmando que es "una persona que no respeta los derechos de otra, tenemos que ponerle nombre: son sinvergüenzas, son delincuentes, son piratas, personas que merecen, incluso, un reproche penal".

Ante la dificultad para acabar con este tipo de fraudes, Amate solicitó más medios personales para los inspectores. El inspector explicó que la legislación "tampoco ayuda".

 "Muchas veces, cuando llegas, te dicen que está contratado por dos horas pero hoy está realizando horas complementarias y yo no puedo comprobarlo". 

El inspector denunció que en algunas ocasiones se ven "atados de pies y manos para poder actuar".

Podemos denuncia a la Inspección de Trabajo las obras en varios colegios de la Región por el "riesgo" del amianto

 MURCIA.- Podemos ha denunciado este miércoles ante la Inspección de Trabajo las obras en varios colegios de la Región de Murcia por el "riesgo" del amianto, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

En concreto, Podemos ha presentado dos denuncias ante la Inspección de Trabajo, una contra la Consejería de Educación y otra contra el Ayuntamiento de Murcia, en relación a las obras de sustitución de cubiertas con amianto en varios centros educativos de la Región.

"Desde Podemos detectamos la presencia de sacas con placas de uralita en el CEIP Joaquín Carrión de San Javier y de contenedores de escombros en varios colegios de Murcia a pocas horas del inicio de las clases", tal y como ha explicado el diputado regional Víctor Egío.

Al respecto, ha señalado que "parece muy poco tiempo --el transcurrido entre la retirada de las placas y el inicio de las clases-- para que se hayan podido tomar muestras y analizarlas en laboratorio para descartar la presencia de fibras de amianto en los centros".

Por ello, la formación morada ha pedido a la Inspección de Trabajo "que actúe y compruebe si se han cumplido los protocolos o no como consecuencia del retraso de las obras y de la premura con la que han querido iniciar el curso".

Podemos también ha registrado una solicitud de información en la Asamblea. En ella, reclama a Educación los Planes de Trabajo de las obras aprobados por la autoridad laboral, los resultados de los análisis de fibras de amianto y los certificados de destrucción en vertederos autorizados.

"Todo lo que queremos es asegurarnos de que nuestros coles son seguros y de que alumnado y docentes no están expuestos a un material cancerígeno como el amianto", concluía Egío.

Precisa el PSOE

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz, ha denunciado públicamente el estado en el que han tenido que iniciar el curso los colegios públicos de La Cueva (Monteagudo), La Paz, Cobatillas, Los Garres, La Albatalía y Barriomar.

"Estos centros son seis de los once colegios en los que el Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Murcia tenía la responsabilidad de sustituir las cubiertas de fibrocemento", pero "a día de hoy siguen empantanados con las obras que debían haber concluido hace semanas", ha apuntado el portavoz socialista.

En este sentido, Ruiz ha recordado que esta situación "se advirtió en Junta de Portavoces" y se lo advirtieron públicamente antes de verano, según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.

"Advertimos que no iban a llegar a tiempo y finalmente nos encontramos con que han dado lugar a que más de la mitad de los colegios en los que se ha abordado la sustitución de las cubiertas de fibrocemento han llegado al inicio de curso sin que se terminen las obras", ha apostillado Ruiz.

En este sentido, ha señalado que era algo "muy previsible y sencillo de planificar", y que no se trata de "averías fortuitas; es un trabajo de sustitución de cubiertas dentro de un Plan aprobado en 2019, para el periodo 2020-2027, con fondos UE, y no es serio que se de lugar a empezar las clases en colegios sin cubierta".

Por ello, el representante socialista en el Ayuntamiento de Murcia ha lamentado que "se haya puesto en riesgo la salud de docentes y alumnos".

Así, ha recordado que "el viernes pasado había trozos de los tejados de amianto repartidos por los patios de los colegios mientras maestros y maestras, así como el resto de trabajadores de los centros ya se habían incorporado tras las vacaciones de agosto, pese a que el protocolo de seguridad dice que la retirada de este material tóxico debe hacerse a través de su inmediato encapsulado y traslado a centro de tratamiento".

Asimismo, ha denunciado que "se ha dejado durante días a varios colegios sin cubierta, precisamente en septiembre, un mes que nos tiene acostumbrados a DANAs y lluvias torrenciales, arriesgándose a la destrucción de instalaciones y materiales, como leíamos hace unos días que ha sucedido en San Javier".

Por su parte, la concejal socialista Esther Nevado ha dicho que desde el Grupo Municipal Socialista se ha pedido información a la Concejalía de Educación sobre la finalización de las obras, el tratamiento que se le va a dar a residuos y "la posible presencia de partículas de amianto en las clases y en los patios".

Igualmente, ha recordado que a lo largo del todo el curso escolar los concejales del Grupo Municipal Socialista se han dedicado a visitar los colegios del municipio y que, de cada una de esas visitas, han redactado un informe para la Concejalía con el objetivo de explicar la situación en la que se encontraban las escuelas y mejorar la calidad de la atención educativa a los niños y niñas de Murcia.

El número de trabajadores afectados por despidos colectivos aumenta un 60% en la Región el primer trimestre

 MURCIA.- Un total de 72 trabajadores se vieron afectados por despidos colectivos en la Región de Murcia durante el primer trimestre del año, lo que representa un incremento del 60% con respecto al mismo periodo del año anterior, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Por su parte, la cifra de trabajadores afectados por suspensiones de contrato cayó en la Región de Murcia un 37,9% en el primero trimestre del ejercicio, hasta los 18 empleados, mientras que los afectados por procedimientos de reducción de jornada se mantuvieron en 20.

Sumando los tres tipos de procedimientos, los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas aumentaron un 48,6% en los tres primeros meses del año en esta comunidad autónoma, hasta un total de 110 afectados, de los que 76 eran hombres y 34 mujeres.

Correos busca empleados y ofrece sueldos de más de 3.500 euros al mes y contrato fijo

MADRID.- El proceso de encontrar un buen trabajo es una tarea que siempre ofrece complicaciones. Por ello, es necesario tener alguna serie de trucos para mejorar y afianzar nuestras búsquedas. En tiempos en los que ya no es necesario andar de llamada en llamada ni recorriendo las empresas para dejar nuestro curriculum vitae, surgen otro tipo de vías. 

Desde las empresas que se dedican a reunir perfiles de candidatos hasta aquellas que agrupan todas las vacantes de una empresa. Sin embargo, otro de los caminos más útiles para poder tener suerte a la hora de buscar trabajo es acudir a la página web de las empresas más grandes, donde vuelcan ahí todas sus vacantes disponibles. 

Ahora, venimos a hablar de una de las compañías más potentes de España, la cual está buscando personal por todo el territorio. Se trata de Correos, que necesita trabajadores para diferentes puestos llegando a ofrecer contratos muy interesantes con salarios de hasta 45.000 euros. 

¿Qué puestos necesita reforzar Correos?

Correos es una de las empresas más potentes y conocidas de nuestro país. De hecho, se trata de una compañía pública que forma parte del holding nacional Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, cuyas actividades se ajustan al ordenamiento jurídico privado. En estos momentos, este gigante de la mensajería y la paquetería está buscando empleados para reforzar varios niveles de su plantilla. 

Desde el departamento de recursos humanos hasta los puestos de back office pasando por posiciones como la de carretillero o gerente. Trabajadores con diferentes niveles de cualificación con contrato indefinido para la mayoría de los casos y salarios muy competitivos. De hecho, los que más recibirán se sitúan en previsión de ganar hasta 45.000 euros al año.

En este caso, la empresa está buscando trabajadores para una de sus filiales, la que se dedica a la mensajería rápida, Correos Express. Se trata de la empresa especializada en entrega de paquetería urgente del Grupo Correos, cuyo modelo de negocio destaca por el alto nivel de agilidad en el servicio, seguridad y calidad.

Hay que destacar que para la mayoría de este tipo de puestos no se pide experiencia previa ni se necesita hacer oposición. Tampoco se piden estudios superiores para muchas de las vacantes abiertas en esta bolsa de empleo.

La necesidad de contratación es alta, por lo que los procesos de selección podrían comenzar en breve, para empezar a trabajar a lo largo del mes de abril. No obstante, Correos Express suele abrir ofertas de este tipo y para puestos similares frecuentemente. A continuación te presentamos algunas de las más interesantes:

• Auxiliar de recursos humanos en Barcelona: contrato indefinido a jornada completa con sueldo de 23.000 euros.
• Tres vacantes de Back Office en Gerona: contrato indefinido con sueldo de 18.000 euros.
• Gerente de proyectos en Coslada (Madrid): contrato indefinido para jornada de 37,5 horas con horario de 08:30 horas a 18:00 horas y los viernes de 08:30 horas a 14:30 horas. Jornada intensiva de verano. Sueldos de hasta 45.000 euros.
• Auxiliar de servicios generales de mantenimiento en Coslada (Madrid): contrato indefinido para jornada completa con sueldo de hasta 22.000 euros.
• Comercial en Castellón: contrato indefinido en jornada 37,5 horas de lunes a viernes. Horario de 09:00 a 19:00 horas. Sueldo de 18.000 euros. 
• Gestor en Ávila y Burgos: horario de 07:00 a 12:30 horas y de 17:00 a 19:00 horas de lunes a viernes. Salario de hasta 33.000 euros.
• Carretillero en Zaragoza: contrato indefinido de 04:00 a 10:00 horas con sueldo de 19.000 euros. 
• Back Office en Zaragoza: contrato indefinido de 07:00 a 13:00 horas por 18.000 euros al año. 
• Carretillero en Sevilla: contrato indefinido de 05:00 a 13:00 horas con suelo de 17.500 euros.

La brecha de género sigue siendo una realidad en el ámbito laboral de la Región de Murcia

 MURCIA.- Un estudio publicado este fin de semana por el sindicato Comisiones Obreras, elaborado tomando datos oficiales de las encuestas de población activa, los servicios de empleo y el Instituto Nacional de Estadística, entre otros organismos, referidos a la Región de Murcia para el año 2023, ha detectado que la brecha de género sigue siendo una realidad en el ámbito laboral en todas las facetas, como la tasa de empleo o actividad, un 13 % inferior en las mujeres con respecto a los hombres en 2023, año en el que ellas firmaron menos del 36 % de los contratos, el tipo de estos documentos, 8 puntos porcentuales menor en los indefinidos femeninos, o el salario, pues ellas cobran un 27 % menos.

Así, el estudio pone de relieve que la tasa media de empleo femenino en la región el pasado año fue del 45,59 por ciento, 13,15 puntos por debajo de la de los hombres, que llegó al 58,74 por ciento, una brecha que se ha incrementado ligeramente con respecto a los datos de 2022, cuando fue de 13,07 puntos.

Esa diferencia se mantuvo a lo largo de todo el ejercicio: en ninguna franja de edad y en ningún trimestre del 2023 la tasa de empleo de las mujeres superó el 69 por ciento, mientras que la de los hombres llegó a superar el 82 por ciento.

Según se recoge en el estudio, la brecha de género se hace notar especialmente entre la población más joven, puesto que en la franja de edad de personas entre 20 y 24 años se produjo una diferencia media de 19,5 puntos.

Entre la población extranjera la brecha es aún superior, con 24,2 puntos de diferencia entre la tasa de empleo femenina y la masculina.

También en la afiliación a la Seguridad Social se nota esta brecha: casi el 56 por ciento de personas afiliadas fueron hombres frente al 44,24 por ciento de mujeres (11,7 puntos de diferencia).

Los hombres fueron mayoría entre los afiliados en el régimen general (53 por ciento, frente al 47 por ciento de mujeres); en el especial agrario (69 por ciento de hombres y 31 por ciento de mujeres) o en de autónomos (37 por ciento de mujeres), pero hay una enorme disparidad en el del hogar, en el que el 97 por ciento de las personas afiliadas fueron mujeres.

En cuanto a la tasa de actividad (se considera inactivas a personas que ni trabajan ni buscan empleo), de nuevo el porcentaje es superior para los hombres (65,7 por ciento) que para las mujeres (53 por ciento, 12,7 puntos por debajo).

Entre las personas que se contabilizan como inactivas están aquellas que se dedican a las tareas del hogar, de las que en 2023 en la Región de Murcia, 9 de cada 10 fueron mujeres.

Con respecto a la contratación, en la Región de Murcia se hicieron el pasado año 612.268 contratos, apenas un tercio de ellos (el 35,87 por ciento) a mujeres.

En todas las modalidades hubo más contratos a hombres que a mujeres, salvo en los contratos de interinidad, relevo, mejora de la ocupabilidad y los financiados con fondos europeos, que sumados solo representan el 7,6 por ciento de la contratación total.

Un 51,6 por ciento de los contratos a mujeres fueron indefinidos, mientras que entre los hombres el porcentaje asciende hasta el 58,9 por ciento del total.

En cuanto a los contratos temporales, ellos formalizaron un 15 por ciento y ellas un 20 % y casi tres cuartas parte de los contratos a tiempo parcial que se firmaron los suscribieron mujeres.

Sobre este último aspecto, CCOO pone de relieve en su informe que “la parcialidad suele ser para la mayoría de mujeres involuntaria” y la proporción de mujeres que trabajan de ese modo por motivos de cuidados es 12 veces superior a la de los hombres.

Esto repercute, advierte el sindicato, sobre el salario y la carrera profesional de las mujeres, ya que la jornada parcial explica el 70 por ciento de la brecha salarial de género.

Esa brecha salarial, según este estudio, fue en 2023 en la Región de Murcia de un 27,1 por ciento, lo que se traduce en que las mujeres han ganado de media este último año 5.485 euros menos que los hombres.

Además, una cuarta parte de las trabajadoras ganó en 2023 menos de 12.195 euros (el salario mínimo para ese año fue de 15.120 euros anuales), y un 10 por ciento no superó los 7.594 euros.

Asimismo, el estudio recoge que las mujeres más jóvenes y las más mayores ganan de media un tercio menos al año que los hombres, lo que implica una doble discriminación, por sexo y por edad.

El estudio revela también que las profesiones relacionadas con los cuidados o la limpieza siguen estando muy feminizadas: son mujeres el 92,65 por ciento de las empleadas domésticas, el 90,7 por ciento de las cuidadoras de guarderías, el 89 por ciento de las auxiliares de enfermería o el 85,5 por ciento de las limpiadoras.

Además, el 86,2 % de las personas que dejaron de trabajar en 2023 en la región para cuidar a menores, personas adultas enfermas, incapacitadas o mayores fueron mujeres.

Estas situaciones repercuten en la vida personal de las trabajadoras: en torno al 21 por ciento de las mujeres dicen haber retrasado su maternidad por razones de conciliación y en torno al 16 por ciento, por razones económicas.

Además, el 20 por ciento dice no haber tenido más hijos por razones laborales y de conciliación, y un 21 por ciento considera como el mejor incentivo a la natalidad que se alarguen los permisos retribuidos de maternidad y paternidad.

Sancionan a un empresario chino por tener a 7 personas trabajando sin dar de alta y a otras 5 en situación irregular

MURCIA.- Un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo de la Región de Murcia ha detectado a siete personas trabajando sin dar de alta en la Seguridad Social y a otros cinco empleados en situación irregular en un establecimiento de Molina de Segura (Murcia), por lo que se ha abierto un expediente de sanción para el responsable del local, que de forma estimatoria podría superar los 80.000 euros.

En concreto, el operativo contra la explotación laboral ha sido llevado a cabo por agentes de la Policía Nacional junto con funcionarios de la Inspección de Trabajo de la Región de Murcia.

Los agentes obtuvieron información acerca del responsable de un establecimiento situado en una zona industrial de Molina de Segura, el cual podría tener trabajadores sin dar de alta y/o en situación irregular en España, por lo que se estableció el dispositivo conjunto con objeto de inspeccionar, comprobar e identificar a los trabajadores y al encargado del local que aun no había realizado apertura al público.

En el registro efectuado al establecimiento, el cual todavía se encontraba en obras para su próxima apertura al público, se procedió a identificar al encargado, un varón de nacionalidad china, con su Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) correcta, y un total de 22 obreros.

En el interior del bazar se encontraban realizando labores de rehabilitación y montaje de estanterías para su próxima apertura los 22 identificados, de entre los cuales la Inspección de Trabajo pudo constatar diferentes irregularidades, destacando entre estas que siete de los trabajadores no se encontraban dados de alta en la Seguridad Social.

Paralelamente, agentes del Grupo de Extranjería de la Policía Nacional comprobaron que había otros cinco en situación irregular en territorio nacional, constándole a dos de ellos un expediente de expulsión ya resuelto.

Finalmente la inspección realizada conjuntamente por los agentes de Policía Nacional de la Comisaría de Molina de Segura, dependientes de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia y la Inspección de Trabajo, ha culminado con la detención de las personas en situación irregular para proceder a su expulsión y un expediente de sanción para el responsable del establecimiento, que de forma estimatoria podría superar los 80.000 euros de sanción.

El buzón de la Inspección de Trabajo o cómo gestionar 200 chivatazos anónimos cada día

MADRID.- “Una trabajadora se puso en contacto con nosotros para ver qué podía hacer porque, a pesar de estar contagiada del coronavirus, la empresa le pedía que fuera a trabajar. Le dijimos que no lo hiciera, y que de producirse su despido este sería decretado nulo”. 

Habla con El País, Ana Ercoreca, inspectora y presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo (SITSS), recordando uno de los casos que han llegado al buzón de la Inspección de Trabajo. 

La mecánica es sencilla. Basta con rellenar un formulario de un solo folio. Se hace de forma anónima y no es necesario presentar ningún papeleo adicional. Esta herramienta alojada en la página web del Ministerio de Trabajo, que nació en agosto de 2013 para luchar contra el fraude, ha ido ampliando sus competencias a la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. 

El buzón se ha convertido hoy, con una media de 197 comunicaciones al día, en la forma más habitual de dar un chivatazo para denunciar alguna irregularidad en una empresa. “Es muy útil y nos llega de todo”, asegura Ercoreca.

Las denuncias más recurrentes en el último año y medio han sido las relacionadas con el coronavirus. Especialmente, las que advertían de la falta de mascarillas en el centro de trabajo o las que destapaban que algunas empresas trataban de impedir que los empleados contagiados se cogieran la baja. 

Aunque en las últimas semanas, tal y como anunció la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la Inspección ha priorizado las denuncias relacionadas con la exposición a las altas temperaturas derivadas de la reciente ola de calor que ha castigado al país. “Garantizar condiciones laborales dignas es una tarea colectiva”, indicó Díaz.

Los últimos datos oficiales son los de 2019, ya que la memoria anual que realiza la Inspección se publica al final del ejercicio del año siguiente al evaluado. En 2019 se contabilizaron 71.970 comunicaciones a través del buzón, de las cuales 43.121 fueron remitidas a las inspecciones provinciales. El cómputo total de las infracciones sancionadas se redujo finalmente hasta las 1.224.

El organismo explica que no todos los avisos superan el primer filtro, en muchos casos por defectos de forma. “A veces no ponen los detalles suficientes para que se pueda abrir una investigación, y al ser anónimas no tenemos forma de ponernos en contacto con el remitente”, señalan. 

“Otra situación que sucede a menudo es que se reciben denuncias de distintas personas, pero sobre una misma infracción, por lo que se contabiliza una única vez”, detallan en la Inspección.

El anonimato es, por tanto, aliado y enemigo de muchas de estas denuncias. Por ello, en la Inspección recomiendan poner siempre los datos personales dentro del formulario. El que aparezca la identidad de la persona afectada no significa que esta vaya a darse a conocer a la empresa señalada, y sirve para que la Inspección pueda comunicarse con ella para informarle del estado de su reclamación. “Una denuncia anónima, sin embargo, no recibe comunicación”, detallan.

“Hace poco me llegó un mensaje sobre una obra en Benasque (Huesca) sin ningún tipo de medidas de prevención de riesgos. Fue una odisea porque tuve que ir por el pueblo, calle por calle, viendo dónde estaba esa obra y encontrarla fue un lío”, recuerda Ercoreca. 

“El buzón está bien para tramitar denuncias de gente que igual no se atreve a denunciar, pero solo es una vía de entrada”, añade. A diferencia de lo que sucede con una denuncia formal, al buzón de la Inspección puede recurrir no solo el trabajador afectado, sino “todo aquel conocedor” de algún incumplimiento de la normativa laboral, de casos de discriminación o irregularidades en la Seguridad Social o prevención de riesgos laborales.

Poco personal

La plantilla de la Inspección está compuesta por 1.852 empleados públicos (858 inspectores y 994 subinspectores), según los datos de SITSS, aunque los registros de Función Pública recogen un millar más (2.861). Son estos números bajos para el volumen de trabajo que tienen cada día. 

“En España, a diferencia de otros países como Italia, el inspector tiene competencias en todo: en materias de prevención, laboral y Seguridad Social. Es más rentable y efectivo porque en una visita se pueden revisar todas las condiciones de trabajo. Pero hace falta refuerzos. Estos meses no hemos parado”, reclama Ercoreca.

Muchos de los avisos que han ido apilándose desde la irrupción de la covid-19 estaban relacionados con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y las dudas acerca de la ejecución de las jornadas. También con el teletrabajo y los excesos en las horas realizadas, así como por la vulneración de la desconexión digital.

El coronavirus ha sido una fuente recurrente de comunicaciones en los últimos meses que además ha obligado a acelerar los tiempos en la gestión de incidencias por sus consecuencias sanitarias. “Al principio de la pandemia nos llegaban muchos mensajes de que no se estaban repartiendo mascarillas en el trabajo. Y teníamos que ir lo antes posible para evitar brotes de contagio”, recuerda Ercoreca.

Al enviar la queja, se reconocen 11 tipos de anomalías (incumplimiento en materia de jornada, discriminación, acoso sexual…), y es necesario identificar a la empresa infractora. En 2019, la materia sobre la que más actuaciones se llevaron a cabo por avisos a través del buzón fue la referente a Seguridad Social (7.760, de las que se estimaron 506 infracciones), seguida de relaciones laborales (2.058 y 477 infracciones) y seguridad y salud (639 y 240, respectivamente). 

El resultado de las inspecciones con resultado de expediente sancionador derivó en multas de más de seis millones de euros.

Acuerdo del ERE de El Corte Inglés

BARCELONA.- A finales del mes de marzo, El Corte Inglés y el comité de empresa alcanzaron un acuerdo para aprobar un expediente de regulación de empleo (ERE) para 3.292 trabajadores. Los sindicatos y la compañía pactaron unas indemnizaciones de 33 días hasta un máximo de 24 mensualidades y un pago lineal para los empleados que decidieran acogerse al plan de bajas. De no llenarse el cupo, la organización abrirá el melón de las salidas forzosas.

Economía Digital tuvo acceso al documento firmado por los representantes de la plantilla y la dirección del gigante de la distribución: once páginas en las que se desgrana el pacto al detalle.

Además de detallar las condiciones en las que se producirán las salidas, el texto también revela las facilidades que, a partir de ahora, El Corte Inglés tendrá para trasladar a su personal de centro.

Acta acuerdo ERE El Corte InglésDescarga

Calendario laboral de 2021, con ocho festivos comunes en toda España

 MADRID.- El calendario laboral de 2021 recoge un total de 11 días festivos nacionales, dos menos que en 2020, de los que solo 8 se celebrarán de forma conjunta en toda España, el mismo número que este año, según la resolución de la Dirección General de Trabajo publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, los 8 festivos nacionales que serán fiesta en toda España son: el viernes 1 de enero (Año Nuevo), el viernes 2 de abril (Viernes Santo), el sábado 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), el martes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), el lunes 1 de noviembre (Todos los Santos), el lunes 6 de diciembre (Día de la Constitución Española), el miércoles 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el sábado 25 de diciembre (Natividad del Señor). 

En otros tres festivos comunes, el miércoles 6 de enero (Epifanía del Señor), el jueves 1 de abril (jueves santo) y el lunes 16 de agosto (lunes siguiente a la Asunción de la Virgen), las comunidades autónomas pueden desplazar la celebración. En el caso del día de Reyes, el 6 de enero, todas las comunidades lo han mantenido el mismo miércoles.

Por su parte, el jueves 1 de abril todas las Comunidades Autónomas excepto Cataluña y Comunidad Valenciana. De igual forma, el lunes 16 de agosto será festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias y Castilla y León. El resto de comunidades ha optado por trasladar el festivo que cae en domingo a otros días del año.  

El viernes 19 de marzo (San José) sólo será fiesta en Comunidad Valenciana, Extremadura, Comunidad de Madrid, Murcia, Galicia, Navarra y País Vasco. A los días festivos nacionales, hay que sumar los festivos autonómicos y locales. 

El Banco de España confirma que el mercado laboral penaliza a las mujeres por tener hijos

MADRID.- El Banco de España ha publicado este jueves un informe en el que constata que las mujeres se ven penalizadas en el mercado laboral tras la maternidad, mientras que los hombres apenas se ven afectados por el hecho de ser padres. Ello explica una parte importante de la brecha salarial de género entre hombres y mujeres, según el organismo.

El estudio, que lleva por título 'The Child Penalty in Spain', concluye que los ingresos laborales brutos de las mujeres se ven reducidos en un 11,2% durante el primer año tras la maternidad, mientras que las ganancias de los padres aumentan en un 0,15%.

Durante el año siguiente al nacimiento, el retroceso en las ganancias de las mujeres se amplía hasta el 19,5%, una tendencia que continúa incluso diez años después del primer parto, de manera que, según la institución, "a lo largo de los años, las ganancias de las mujeres nunca vuelven a los niveles previos a la maternidad".

De hecho, señala, diez años después del nacimiento de su primer hijo, la pérdida de ingresos con respecto a la situación previa a la maternidad se estabiliza en el entorno del 33%, a mucha distancia de la disminución que muestran los hombres (-5%).

De este modo, el Banco de España cifra en un 28% la brecha que genera la maternidad en los ingresos de las mujeres respecto a los de los varones al cabo de una década de ser madres, una magnitud similar a la de Suecia y Dinamarca, aunque más "persistente" en el caso de España, y menor que la de Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Austria.

"La maternidad explica una proporción significativa de la brecha de género en los ingresos", apunta el Banco de España, que ha utilizado para este estudio datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales de la Seguridad Social de casi 550.000 trabajadores (264.391 madres y 279.437 padres) desde 1990 hasta 2018.

Menos días trabajados, más probabilidad de tiempo parcial

El Banco de España identifica en este informe varios factores que pueden contribuir a esta brecha de género, como la reducción en el número de días trabajados en las mujeres que son madres y cambios a empleos a tiempo parcial o a contratos temporales.

En concreto, la institución observa que las mujeres reducen un 9,8% el número de días trabajados durante el primer año tras la maternidad, mientras que los de los hombres no se ven afectados. Pasados diez años, el descenso en el número de días trabajados por las mujeres se amplía al 23%. En el caso de los varones, los cambios son insignificantes.

Asimismo, el Banco de España constata una mayor probabilidad de las mujeres para trabajar a tiempo parcial justo después de tener el primer hijo, en contraste con la de los hombres, que apenas varía.

En concreto, el organismo señala que la probabilidad de que las mujeres trabajen a tiempo parcial aumenta un 30% un año después de tener a su primer hijo, mientras que la de los hombres disminuye un 8%.

Al mismo tiempo, el Banco de España apunta que la probabilidad de que las mujeres trabajen con un contrato temporal aumenta un 32% tras la maternidad, frente al descenso en un 5% de esta probabilidad entre los varones.

El organismo subraya además en el estudio que las respuestas en términos de ingresos y participación laboral varían con el nivel educativo.

Así, las mujeres con educación universitaria reaccionan a la maternidad más en el margen intensivo (trabajando a tiempo parcial), mientras que las mujeres sin educación universitaria son relativamente más propensas a hacerlo en el margen extensivo (trabajando menos días).

El consejero Luengo solicita más medidas de control a las ETT en el campo

MURCIA.-El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, pide al Ministerio de Trabajo que haga una labor más a fondo de las medidas de control en las empresas de trabajo temporal.

Tras un encuentro entre los representantes autonómicos en materia de Salud y Agricultura y los ministros de esas áreas, el consejero destacó «el rigor con que el sector ha desarrollado las medidas de seguridad precisas a lo largo del período de confinamiento y de las distintas fases de la desescalada, así como desde que se pasó a la actual situación», pero incidió en la importancia de que «en un sector tan determinante y estratégico se extremen las precauciones, ahora que se vienen detectando rebrotes que ponen en riesgo todos los esfuerzos realizados individual y colectivamente».

Luengo incidió en que en ningún caso, pueden relajarse las medidas de precaución, como el uso de equipos de protección, guantes y mascarilla o el respeto de la distancia de seguridad entre trabajadores.

El Banco de España pide formar a los trabajadores de hostelería y comercio en nuevas habilidades para evitar el paro

MADRID.-El Banco de España pide que se apoye la formación en nuevas habilidades de los “potenciales desempleados” de los sectores más afectados por el coronavirus (turismo, hostelería, ocio y comercio) para poder facilitar así su tránsito hacia nuevas vacantes y evitar que vayan al paro.

En un artículo en el que analiza la ‘Transferibilidad de habilidades de los trabajadores en los sectores potencialmente afectados tras el COVID-19’, el Banco de España señala que los sectores relacionados con el turismo, la hostelería, el ocio y el comercio, que concentran unos 3,75 millones de empleos en España (el 19,6% del empleo total) “se han visto particularmente afectados por las medidas adoptadas para limitar la incidencia de la pandemia”.

Por el contrario, las ramas relacionadas con la distribución, la logística y la información y la comunicación, que representan el 7,4% del empleo total (1,4 millones de puestos de trabajo) se han visto menos afectados y e incluso podrían haber experimentado un aumento de la demanda durante el periodo de confinamiento.

El análisis que realiza el Banco de España en esta artículo a partir de las tareas realizadas por los trabajadores de los diferentes sectores sugiere que “la movilidad potencial de los empleados más perjudicados por la crisis es escasa“, especialmente en la hostelería y el comercio, debido en parte al uso menos intensivo que hacen de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la escritura, la lectura y las habilidades numéricas.

Sin embargo, la institución que gobierna Pablo Hernández de Cos subraya que los trabajadores de ramas relacionadas con el transporte de mercancías, viajes organizados y actividades de ocio o recreacionales “podrían tener más oportunidades de encontrar un empleo en otras áreas”.

Para el Banco de España, los problemas de empleabilidad que pueden surgir para una parte importante de los trabajadores conllevan “la urgente necesidad” de reforzar el Servicio Público de Empleo, procurando una orientación individualizada al trabajador en paro.

En el supuesto de que no fuera posible una orientación individualizada para todos los desempleados, el Banco de España ve necesario avanzar en técnicas de perfilados de desempleados y vacantes; en favorecer la asistencia en la búsqueda activa y, en caso de ser necesario, en la formación especializada de estos trabajadores.

La institución señala que entre los trabajadores de las ramas más afectadas por la crisis sanitaria, es “especialmente elevada” la proporción de mujeres, jóvenes y colectivos con menos formación, escasa experiencia y contratos temporales.

Uno de cada tres jóvenes murcianos quiere ser funcionario

MURCIA.- El 30% de los jóvenes bachillerato murcianos quiere estudiar una oposición para ser funcionario, según un estudio realizado al término del Salón de Orientación Universitaria Unitour 2019-2020, que ha recorrido en su XIV edición 24 ciudades españolas y cuatro italianas.

La muestra es de más de 16.600 jóvenes entre los más de 29.000 bachilleres que acudieron a la edición española de la feria, que tuvo lugar entre los meses de octubre de 2019 y febrero de 2020. En Murcia la muestra es de 1.065 estudiantes, según informaron fuentes de Círculo Formación en un comunicado.

Meses antes de estallar la crisis del coronavirus, la mayor parte de los jóvenes de bachillerato murcianos se veía desarrollando su carrera profesional en una empresa privada (36%), según el estudio realizado entre los jóvenes que acudieron a Unitour entre octubre y febrero.

No obstante, en los últimos años, poco a poco cada vez toma más fuerza la opción de opositar para hacer carrera en la administración pública y en Murcia esta cifra es del 30%. Por su parte, un 26% de los estudiantes que acudieron a Unitour Murcia tiene pensado montar su propio negocio cuando finalice sus estudios.

El 50% de los estudiantes encuestados en Murcia elegirá su carrera por vocación, mientras que el 34% tendrá en cuenta las salidas profesionales que le ofrezca su futuro grado. Según la directora de Unitour, Rocío Argudo, "nosotros siempre recomendamos que elijan algo dentro de un área que les guste porque el mercado laboral cambia a una velocidad increíble, y más ahora, que la situación ha dado un vuelco de 180º".

El 52% de los murcianos consultados elegirá un grado del área científica: mientras el 27% optará por Ciencias de la Salud, un 17% se decantará por alguna Ingeniería o Arquitectura y un 8% escogerá Ciencias Experimentales. Por su parte, el 35% estudiará algo relacionado con Ciencias Sociales, Jurídicas y Educación, mientras que el 13% prefiere Arte y Humanidades.

Los jóvenes murcianos son 'caseros' cuando se trata de cursar sus estudios universitarios. Al 50% le gustaría estudiar estudiará en su propia provincia o comunidad, mientras que el 36% prefiere fuera de su región, y un 12% tiene pensado irse fuera de España.

Cuando se les pregunta sobre el lugar en el que les gustaría trabajar, también hay una mayoría que prefiere quedarse en España.

Así, el 34% trabajará en cualquier parte de España mientras que el 28% prefiere quedarse en su provincia o comunidad. Por su parte, 20% buscará trabajo directamente fuera de nuestras fronteras, mientras que un 18% afirma que le es indiferente dónde trabajar, se trasladará donde encuentre empleo.

Según los datos del estudio, el 32% de los jóvenes murcianos se informa de los temas que le interesan navegando por internet, en medios de información online, y un 26% lo hace a través de sus redes sociales. Por su parte, un 25% se mantiene al día charlando con su familia y amigos, mientras que un 12% ve la televisión, y un 3% lee el periódico impreso. Solo un 2% tiene por costumbre escuchar la radio para conocer las noticias.

El Gobierno habilita el subsidio para las empleadas del hogar y los temporales tras más de un mes de espera

MADRID.- Con más de un mes de retraso, el Gobierno ha habilitado este lunes el proceso que permitirá, a partir de mañana 5 mayo, la solicitud de los subsidios de desempleo extraordinarios para empleadas del hogar y contratados temporales sin derecho a prestación. Esta ayuda fue aprobada a finales de marzo para ayudar a estos colectivos afectados por la pandemia del coronavirus y el estado de alarma. 

 El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy dos resoluciones que fijan los detalles de estos subsidios extraordinarios que se deberán tramitar ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

En el caso de las empleadas del hogar, que hasta ahora no contaban con este derecho, podrán pedirlo las que sean despedidas o hayan visto reducida sus horas de trabajo desde la entrada en vigor del estado de alarma y durante toda su vigencia. 

El subsidio, por el 70% de su base reguladora, es compatible con otras actividades siempre que no se supere el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 950 euros mensuales.

Una vez aprobado, detalla la resolución, se cobrará los días 10 de cada mes durante todo el tiempo que dure la medida.

Desde la asociación Sedoac han denunciado que la ayuda es «insuficiente» porque dejará fuera a las empleadas «más vulnerables», es decir, a aquellas que desempeñan su actividad en negro, que podrían llegar a casi 300.000, según cálculos de la asociación de Servicio Doméstico Activo de Madrid (Sedoac).

En el caso del subsidio extraordinario por desempleo para trabajadores temporales cuyo contrato terminó durante el Estado de Alarma sin haber generado derecho a ninguna prestación, el Gobierno señala que ese contrato debía ser de al menos dos meses y con obligación de cotizar por la contingencia de desempleo.

Se trata de un subsidio incompatible con «ser perceptor de renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayuda análoga concedida por cualquier Administración Pública». También lo es con estar trabajando por cuenta propia o ajena «a jornada completa en la fecha de la extinción del contrato ni en la fecha del nacimiento del subsidio excepcional».

En este caso se cobra durante un mes y por un cuantía equivalente al 80% del indicador público de rentas de efectos múltiples mensual vigente, es decir, a unos 440 euros mensuales.

El pago de la ayuda económica la hará también el SEPE a partir del mes siguiente al de la solicitud.

El pasado 31 de marzo, el Gobierno aprobó subsidios temporales para colectivos vulnerables como las empleadas del hogar o los trabajadores temporales que no haya cotizado el periodo necesario para tener derecho a la prestación por desempleo.

La CEOE ve como un grave error la guía de actuación de Trabajo por el coronavirus

MADRID.-La CEOE y Cepyme consideran que el Ministerio de Trabajo y Economía Social comete un "grave error" al difundir una guía de actuación en el ámbito laboral en relación con la epidemia del coronavirus, ha informado este miércoles en un comunicado.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales cree que la decisión de Trabajo genera alerta y confusión al no corresponder con la evaluación del riesgo efectuada por el Ministerio de Sanidad.
El Ministerio de Trabajo ha trasmitido este miércoles a las empresas que la paralización de la actividad laboral en un centro de trabajo debería adoptarse si existe un peligro "grave, inminente e inevitable" de contagio del coronavirus, y ha aclarado que la interpretación de la situación de riesgo debe ser "restrictiva".
Las empresas, no obstante, deberán cesar la actividad cuando las autoridades sanitarias aconsejen el cierre por cautela, lo que se consideraría una causa de fuerza mayor, según consta en la "Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus", elaborada por el Ministerio.
La patronalañade que la decisión de Trabajo no ha contado con la participación de las empresas ni de los sindicatos a pesar de que lo había solicitado previamente, lo que contribuye según la patronal a una mayor incertidumbre.
Los empresarios, según la patronal, trabajan desde hace semanas en la prevención y contención del riesgo de contagio de la mano del Ministerio de Sanidad y en coordinación con el resto de los interlocutores sociales y otros agentes al tratarse de un asunto de salud pública.
El ministerio desoye a los interlocutores sociales y deja al margen la necesaria protección de las empresas en un momento trascendente, añade la CEOE, al publicar documento durante la tarde sin ni siquiera habérselo comunicado previamente a las organizaciones que conforman el diálogo social.
El documento de Trabajo no aporta ninguna novedad para garantizar la salud de los trabajadores ni para minimizar el impacto en la actividad económica, según la CEOE, que opina que se limita a la transcripción de normas y procedimientos poco adecuados para hipotéticas situaciones de urgencia por razones de riesgo de salud pública.
Tampoco responde, añade la fuente, a los supuestos de caída repentina de la actividad o falta de suministros que ya están afectando a numerosos sectores y empresas, por lo que la CEOE pide urgentemente que se tomen medidas excepcionales para proteger a las empresas en esta situación en el diálogo social y en coordinación con todos los ministerios competentes.
El cierre de las empresas es una "medida extrema" que está prevista en la ley de prevención de riesgos laborales para "situaciones de muy elevado riesgo", ha declarado en el Congreso de los Diputados la ministra de Trabajol, Yolanda Díaz.
"Esperemos que no tenga que llegar a aplicarse, pero el Gobierno tiene que prever todas las situaciones (...) mando un mensaje de tranquilidad, no está pasando nada", ha dicho la ministra.
La guía recuerda que, dentro de la normativa laboral, existe la posibilidad de recurrir al teletrabajo y a los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) para reducir o suspender total o parcialmente la actividad de la empresa si fuera necesario.
La guía aclara que si alguna empresa afectada por el coronavirus paraliza su actividad sin tramitar un ERTE, los empleados conservarán el derecho a su salario.
En el caso de que el ERTE sea por fuerza mayor (aislamiento forzoso o cierre por decisión de la autoridad sanitaria) será necesaria la previa autorización de la autoridad laboral.
Si el ERTE se justifica por causas organizativas, técnicas o de producción (falta de suministros o descenso de la demanda) se deberá tramitar conforme a los mecanismos previstos en la ley.
El teletrabajo podría adoptarse por acuerdo colectivo o individual con carácter temporal y extraordinario para el desarrollo de tareas imprescindibles que no puedan desarrollarse en el centro físico habitual, pero tendrá que revertirse cuando dejen de concurrir las circunstancias excepcionales que lo aconsejaron.
La guía hace asimismo hincapié en que la empresa debe adoptar las medidas que indiquen los servicios de prevención, de acuerdo con la evaluación de riesgos, informando de las medidas higiénicas y proporcionando los productos y elementos adecuados para seguirlas.

CCOO exige el desbloqueo de la negociación colectiva y la derogación de la reforma laboral

MURCIA.- CCOO Región de Murcia, tras conocer los datos del paro del mes de febrero publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha exigido el "desbloqueo de la negociación colectiva, la derogación de la reforma laboral y una apuesta por las políticas activas de empleo desde las instituciones".

Asimismo, ha exigido una "dotación de más recursos a la inspección de trabajo para que pueda luchar contra el fraude, un cambio del modelo productivo hacia un trabajo decente y la eliminación de la brecha salarial, que como vimos el pasado 20 de febrero se sitúa en un 24,82%, colocando a la Región como la tercera comunidad con la brecha más alta".

En este sentido, CCOO RM considera que la temporalidad, "primera causa de la precariedad laboral", junto a la parcialidad en los contratos y la falta de medios en la Inspección para combatir la economía sumergida, "son constantes en el mercado de trabajo de la Región".

Así, lamenta que estos factores "causan empobrecimiento de la población y mantienen colectivos en exclusión social, donde las mujeres mayores están abocadas a no cobrar una pensión digna", según informaron fuentes del sindicato en un comunicado.

Trabajo recibe 446 denuncias por acoso laboral en Murcia en el último lustro

MADRID.- La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha recibido 446 denuncias por acoso laboral en la Región de Murcia en los últimos cinco años.

Según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en toda España se recibieron 13.801, 3.128 en Cataluña, seguida por Canarias (1.617), la Comunidad Valenciana (1.477), Madrid (1.293), Andalucía (1.019) y Galicia (835).
Menor volumen anotaron Aragón (666), País Vasco (618), Castilla y León (535), Asturias (511), Castilla-La Mancha (486), Murcia (446), Islas Baleares (336), Cantabria (322), Extremadura (248), Navarra (236), Melilla (12) y Ceuta (3).
"Estas denuncias son solo la punta del icerberg", ha asegurado Lucía Vargas, presidenta de la Asociación Palentina de Ayudas a Víctimas de Acoso' (PAVIA).
El desconocimiento sobre este fenómeno, a su juicio "devastador", unido a los obstáculos laborales, a la temporalidad de los contratos y al miedo a perder el empleo, dibujan un contexto difícil para quienes son ninguneados y hostigados en su puesto de trabajo.
"Uno de los objetivos es que la víctima acabe abandonando el puesto de trabajo con una mano delante y otra detrás", ha sostenido Vargas.
También ha destacado la dificultad para demostrar en los tribunales un 'mobbing' alimentado por conductas que van desde la infravaloración de las capacidades del empleado hasta su desbordamiento por la asignación de tareas irrealizables pasando por agresiones como la ocultación de información, la difamación o el trato vejatorio.
"Atendemos a unas 70 personas de media al año, pero la mayoría no terminan ni en la Inspección de Trabajo ni tienen un recorrido judicial porque, sin pruebas suficientes, los resultados son nefastos", ha precisado Vargas.
Las víctimas tienden a echarse la culpa por su fracaso, aunque éste sea inducido. "La mayoría nos llegan derivadas por los médicos de Atención Primaria o los equipos de Salud Mental", ha explicado la presidenta de la Asociación PAVIA, que valora la "sensibilización" de los sanitarios a la hora de conceder bajas por esta causa.
"Son fundamentales para prevenir el suicidio al alejar al trabajador del foco tóxico", ha indicado.
Sus fronteras a veces son difusas, incluso para el propio afectado, y probarlo es complicado. No en vano, las armas que utilizan los acosadores pasan por un lenguaje retórico, las medias tintas y la insinuación. Al menos, inicialmente.
Pero, a medida que evoluciona, acaba por dibujar una desestabilización personal que pasa por estrés, presentismo, ansiedad, sentimientos de fracaso, impotencia, frustración, anhedonia o incapacidad para experimentar placer, desmotivación, depresión, apatía, así como diversas manifestaciones psicosomáticas.
"El machaque es tan grande que vienen con la autoestima por los suelos", ha recordado Vargas.
La mayoría de los casos se encuadran en la tipología de acoso vertical descendente, es decir, el que ejerce el jefe o superior con respecto a sus subordinados.
"En el acoso siempre hay una desproporción de poder", ha argumentado y ha añadido que el agresor suele ser una persona narcisista y prepotente que proyecta su inseguridad sobre una víctima que, en palabras de Vargas, "suele estar muy preparada y hacerle sombra".
"Los malos trabajadores se pueden despedir fácilmente, pero los buenos no", ha subrayado sin dejar pasar por alto el elevado grado de reincidencia: "No hay represalias, por lo tanto repite sus conductas".
Además, los compañeros de trabajo son a menudo testigos mudos de ese acoso: "Se quedan sin palabras ante un hostigamiento que tortura lentamente a su víctima hasta agotarla".
"Lamentablemente, contribuyen al problema al mirar para otro lado", ha incidido Vargas que, además, se ha mostrado crítica con "unas administraciones llenas de enchufes" que "tiene mandos intermedios que ni siquiera están capacitados para sus puestos".
No en vano, según ha señalado, "Educación y Sanidad concentran una buena parte de las denuncias".
"La diferencia con las entidades privadas es que existe la posibilidad de trasladarse a otro departamentos", ha apostillado.
El profesor Heinz Leymann fue el primero en definir el término 'mobbing' en el marco de un congreso sobre higiene y seguridad en el trabajo en el 1990.
De este modo, puso de relieve una situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima, acabar con su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que acabe abandonando su empleo.
Se estima que más de dos millones de trabajadores, en torno al nueve por ciento de la población activa, sufren en España un continuado y deliberado maltrato psicológico en el ámbito de su trabajo.
Pero, a pesar de que conductas como las descritas no son ni mucho menos insólitas en los centros de trabajo, los supuestos en los que se alcanza una resolución judicial condenatoria son muy escasos.

Luchar contra los falsos autónomos y avanzar en el SMI, prioridades de Yolanda Díaz al frente de Trabajo

MADRID.- La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha fijado las prioridades de su departamento, entre las que están luchar contra los falsos autónomos, con cambios legislativos y reforzando la Inspección, así como seguir avanzando en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). 

"La precariedad y el desempleo son los mayores problemas de la sociedad española", ha dicho Díaz en su primera intervención como ministra en la Comisión de Trabajo, Seguridad Social e Inclusión del Congreso.

“Este modelo laboral dominado por la precariedad y la rotación laboral extrema es inaceptable”, ha señalado, antes de recordar las “duras” cifras del mercado español y sus principales problemas, e insistir en la necesidad de derogar la reforma de 2012 con diálogo y “técnicamente bien”.

“Sería una frívola si dijese que de un golpe derogo. Técnicamente es mentir decir que tengo una norma que derogo y derogo hasta el infinito”, ha aseverado, tras afirmar que lo que hará será “revisar y legislar”.

En este sentido, y en uno de los temas que se están viendo actualmente en el marco del diálogo social, se ha referido a la necesidad de volver a darle voz a la negociación colectiva para que sea la que decida la prevalencia de cada convenio.

Y entre otras medidas previstas por Trabajo, ha avanzado que la siguiente será abordar la situación de los falsos autónomos, con cambios legislativos, a la vez que reforzará la Inspección de Trabajo y se actualizarán las sanciones para luchar contra este y otros fraudes.

“Un joven en bicicleta con un móvil no es un trabajador autónomo”, ha declarado Díaz, que ha reiterado el compromiso del Gobierno para proteger los derechos de las personas “que siendo en realidad trabajadoras por cuenta ajena se ven abocadas a operar como autónomas frente a su voluntad”.

Desde Trabajo explican que esta situación se abordará con cambios legislativos, “delimitando el espacio” entre el trabajo por cuenta propia y el trabajo por cuenta ajena en base a los presupuestos recogidos en los artículos 1 y 8 del Estatuto de los Trabajadores.

También han explicado que servirá de base la jurisprudencia, en alusión a las sentencias sobre el tema, y que se hará de forma dialogada con las asociaciones de autónomos y con “rapidez”, aunque evitan concretar fecha.

Junto a esto, se reforzarán los efectivos de la Inspección de Trabajo, se usará el “big data” para mejorar el sistema de control y sancionador de lucha contra el fraude, y se actualizarán las cuantías de las sanciones de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, congeladas desde 2006 con arreglo al IPC acumulado.

Díaz, que ha agradecido el “buen hacer” de la exministra de Trabajo Magdalena Valerio, presente en la comisión, ha anunciado también que el Gobierno seguirá avanzando en la subida del salario mínimo más allá de los 950 euros fijados para este año.

Una comisión de expertos evaluará el impacto social y económico de las subidas del SMI y fijará la cifra a la que se debe llegar en 2023, para que sea acorde al 60 % del salario medio, tal como recomienda la Carta Social Europa.

“Los salarios mínimos protegen…Frente a los agoreros que indicaban que la subida del SMI destruiría empleo, resulta que la verdad de los hechos muestra que crea más empleo”, ha puntualizado tras señalar que los salarios no pueden reducirse a un coste para las empresas.

Díaz también se ha comprometido a revisar los incentivos a la contratación para evitar ineficiencias y redundancias e intensificar requisitos adicionales.

Su intención es primar los contratos indefinidos y que este año se ponga en marcha la Ley de trabajo corresponsable, que incluye la reforma del régimen de trabajo a tiempo parcial.

La ministra ha anunciado además que este año estará listo un sistema unificado de subsidio de desempleo que ampliará el sistema de protección y aumentará la cobertura, al tiempo que ha dicho que se subirá el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y mejorará la estructura de personal del Fogasa.

La Inspección de Trabajo de Murcia detecta 292 infracciones de 'Glovo'

MURCIA.- Inspección de Trabajo de Murcia ha levantado 292 actas de infracción al considerar que otros tantos repartidores de comida a domicilio de la plataforma Glovo no son autónomos y sí trabajadores por cuenta ajena, además de reclamar a la empresa el pago de 300.000 euros por cuotas atrasadas no abonadas.

En la resolución, que surgió de una denuncia presentada por CCOO, el organismo inspector ha señalado que hay un "incorrecto encuadramiento" en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de casi 300 repartidores de Glovo, aunque la notificación especifica que comparecieron 178 'riders' entre julio y septiembre de 2019.

El sindicato, que ha interpuesto una denuncia similar contra Deliveroo y que considera que esta medida es extrapolable al cerca de un millar de repartidores que cree que hay en la Región de Murcia, ha indicado que la consideración de autónomos es un "subterfugio" que ha buscado Glovo para desmarcarse de cualquier responsabilidad laboral.

La resolución de Inspección de Trabajo, que ha sido recurrida judicialmente en casos similares ocurridos en otras provincias por parte de la empresa, indica que en la prestación de servicios de estos empleados concurren los presupuestos constitutivos del contrato de trabajo como "dependencia y ajenidad".

El sindicato interpuso en abril de 2019 una demanda contra la plataforma catalana al entender que los repartidores son "falsos autónomos", puesto que trabajan para una única empresa y siguen la directrices de la mercantil, que les indica dónde tienen que ir a recoger los pedidos.

El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Murcia, Salvador Soto, ha ofrecido asistencia jurídica a los trabajadores para "consolidar su situación" laboral frente a la "precarización" en la que se encuentran frente a estas plataformas.

Soto ha abogado por crear una legislación que "controle y marque las pautas" en la relación entre estas nuevas empresas y los trabajadores, al tiempo que ha criticado que sea "más importante la situación financiera que el trabajo".

Por su parte, el secretario confederal de Juventud de CC OO, Carlos Gutiérrez, ha enmarcado esta denuncia en la "lucha contra la precariedad laboral", génesis de la "incertidumbre e inseguridad" de los jóvenes españoles, que "imposibilita un proyecto de vida".

"Estas plataformas están erosionando los derechos laborales y poniendo en jaque a la Seguridad Social", ha concluido Gutiérrez antes de recordar que es un "despido improcedente" la desconexión de un "rider" por parte de la empresa.