lunes, 18 de marzo de 2019

La Región de Murcia produce 3 de cada 10 toneladas de verdura congelada en España

MADRID.- La industria española produjo 785.707 toneladas de verduras congeladas en 2018 -3 de cada 10 en Murcia- segunda provincia con mayor volumen de España tras Navarra, con 4 de cada 10-, un 1,36% más, según los datos facilitados este lunes por la Asociación Española de Fabricantes de Vegetales Congelados (Asevec).

La patronal destacó la vocación exportadora de esta industria que vendió fuera el 63,5% de su producción, una cuota similar a la del pasado ejercicio, de manera que España se convierte en el segundo productor de la Unión Europea, solo por detrás de Bélgica.
Las verduras españolas congeladas se venden fundamentalmente en países de la Unión Europea -Francia, Alemania y Reino Unido- y otros mercados como Estados Unidos, Brasil, Canadá y Arabia Saudí. Por productos, el brócoli, los pimientos y los guisantes ocupan las primeras posiciones de las verduras más demandadas.
En concreto, la producción de brócoli creció el 26% con respecto con el año anterior y supone ya la quinta parte de la cuota de producción total de verduras congeladas de 2018. Es también una de las más demandadas en el exterior, señaló la patronal, ya que el 71% de la producción nacional se exportó el año pasado a los mercados internacionales.
En el caso del pimiento, en 2018 alcanzó 101.861 toneladas, de los cuales el 80% se destinó a la exportación. Las empresas asociadas a Asevec produjeron 97.582 toneladas en 2018 y casi la mitad se vendió fuera de España.
Según acordó Asevec, cuyas empresas asociadas representan el 95% de la producción total, las verduras destinadas a la ultracongelación «se recogen en su momento óptimo de maduración, con todo su valor nutricional» que se mantiene al reducir al máximo el tiempo entre la recolección y la ultracongelación.

Los grupos ecologistas creen que la anulación parcial del Plan Hidrológico del Tajo será «muy positiva»

TOLEDO.- Los grupos ecologistas que forman parte de Jarama Vivo (ARBA, GRAMA, Ecologistas del Jarama 'El Soto' y Ecologistas en Acción) han celebrado la sentencia que anula parcialmente el Plan Hidrológico del Tajo porque consideran que será «muy positiva» para los ríos de Madrid, al tiempo que exigen a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) y al Canal de Isabel II, que respeten y apliquen el fallo y la legislación nacional y comunitaria.

Así, aseguran que la sentencia «tiene como primera consecuencia el fin al saqueo hídrico que desde hace años se practica sobre este río y sus tributarios: Jarama, Henares, Alberche, etc». La resolución judicial es consecuencia de un recurso interpuesto en 2016 por la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina, la asociación GRAMA, la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, el Ayuntamiento de Mantiel (Guadalajara) y la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía.
«La sentencia es importante para los ríos de la Comunidad de Madrid porque podría ayudar a poner fin a los abusos que se cometen desde hace años en los ríos madrileños, donde el Canal de Isabel II ha desecado tradicionalmente tramos fluviales en el Guadalix o en el río Jarama, algo que sólo podía ocurrir vulnerando la legislación y contando con la complicidad de la Confederación Hidrográfica del Tajo, la autora del Plan Hidrológico ahora anulado», señalan los ecologistas.
El Alto Tribunal sostiene que la Administración del Estado (la Confederación Hidrográfica del Tajo) tiene la obligación de establecer un régimen de caudales ecológicos completos (caudales máximos, mínimos y tasas de cambio) para todos los ríos de la cuenca y con carácter vinculante.
«El Plan fijaba caudales »legales«, una nueva figura que servía para reducir aun más los caudales circulantes en Aranjuez, Toledo o Talavera. Así, en Aranjuez circularían 6 m3/segundo a pesar de que los caudales mínimos ya aprobados anteriormente por la CHT para pocos kilómetros más arriba (Almoguera) se establecieron en 10,37 m3/s», apuntan.
El Plan Hidrológico ahora anulado solo fijaba algún régimen de caudales para 16 masas de agua (embalses o tramos fluviales) que la CHT había previamente calificado como «estratégicas». 
Otra calificación instrumental que servía para dejar sin control de caudales a la inmensa mayoría de los ríos. La sentencia establece que deben garantizarse esos caudales en la totalidad de las 309 masas tipo río que tiene el Tajo.
«Los abusos del Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo llegaban al extremo de reconocer expresamente el incumplimiento de compromisos, normativas como la Ley de Aguas, o la Directiva Marco del Agua. La sentencia declara la nulidad, por ejemplo, del artículo 10.2 que afirmaba que los caudales ecológicos en la cuenca del Tajo 'no serán exigibles en el horizonte temporal del presente Plan'», apuntan.
A juicio de ecologistas, los cambios que introduce la sentencia son muy importantes porque obligará a la Confederación Hidrográfica a que fije unos caudales ecológicos en los embalses en cabecera, lo que obligará a modificar el volumen de agua a trasvasar. 
La sentencia recuerda que según la legislación satisfacer las demandas ambientales (caudales ecológicos) es una condición previa para calcular otros usos (trasvases, por ejemplo).

C's remarca la compatibilidad del Tajo-Segura con los caudales ecológicos para la cuenca cedente

MURCIA.- Ciudadanos considera «irresponsable» el cuestionar el trasvase Tajo-Segura basándose en la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que anula varios artículos del Plan Hidrológico.

El diputado nacional José Luis Martínez, portavoz naranja en la comisión de Transición Ecológica, destacó que «hoy en día y con la tecnología existente, no puede cerrarse el trasvase Tajo-Segura, que es perfectamente compatible con la garantía de causales ecológicos en el Tajo, que no mínimos».
Martínez añadió que «aunque el Gobierno de España es el responsable y último garante de la seguridad hídrica y la protección de los recursos naturales de los españoles, ha estado lamentablemente ausente en la resolución de los problemas del agua. En este país estamos acostumbrados a que los jueces tengan que dar respuesta a problemas que los gobiernos meten debajo de una alfombra».
Ciudadanos ha llevado al Congreso de los Diputados en varias ocasiones la necesidad de revisar el Plan Hidrológico Nacional, con el fin de adaptarlo al reto del cambio climático, «y entonces el resto de partidos votaron en contra. Ahora es obvio que hay que actuar e invertir en agua y acabar con la irresponsable dejadez de PP y PSOE durante décadas».
El congresista naranja reclamó «la necesidad de un Pacto Nacional del Agua adaptado a los retos del cambio climático y que actúe por igual en las cuencas excedentarias y deficitarias. Debemos pasar de una cultura de la escasez a una cultura de la gestión y la eficiencia».
A su juicio, «España tiene graves problemas por resolver en materia de agua, que van de la falta de inversiones o control, a deficiencias en la depuración de aguas, carencias en I+D+i, mal estado de acuíferos y ríos y el problema recurrente de los periodos de sequía. Debemos atender coordinadamente el ciclo integral del agua y garantizar agua de calidad a todos los españoles, así como una protección de nuestro patrimonio ecológico, el más importante de Europa».
José Luis Martínez considera que la sentencia «pone en evidencia las lagunas de la normativa actual», y ha reiterado el compromiso de Ciudadanos «con una política del agua nacional, solidaria y moderna, que ponga los medios necesarios para garantizar la seguridad de nuestros recursos hídricos para las generaciones presentes y futuras».

Castilla y León hace más sostenibles los purines


ZARAGOZA.- El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) desarrolla un prototipo que convierte los purines en un fertilizante natural reduciendo el impacto ambiental de los desechos y favoreciendo la rentabilidad de las explotaciones ganaderas, según publica elEconomista.

La demanda de carne crece a nivel mundial, sobre todo, en zonas de Asia y de África. Y el sector cárnico tiene que prepararse para dar respuesta a ese mayor consumo. Es una situación que se está viviendo en España, y en comunidades como Castilla y León, donde el sector cárnico intenta crecer y se observa un aumento de las solicitudes para las granjas de vacuno y de porcino y, en general, de ganadería.
 Sin embargo, en este tipo de explotaciones existe un problema de contaminación y de sostenibilidad, sobre todo en grandes granjas, siendo uno de los más importantes los purines.
Para solucionar este problema, tratar el purín, ponerlo en valor y no tener que necesitar cientos de hectáreas en las inmediaciones de las granjas para enterrarlo de acuerdo con la normativa, se ha puesto en marcha el proyecto Ammonia Trapping. Una iniciativa que cuenta con financiación de Castilla y León y de la Unión Europea, además de participar el Instituto Tecnológico Agrario de esta comunidad (ITACyL), la Universidad de Valladolid y productores de porcino y de aves además de socios industriales.
Este proyecto ha permitido desarrollar un prototipo, que está "hecho con membranas de Gore-Tex y en el que se hace circular ácido sulfúrico por dentro de esas membranas. Se hace una especie de radiadores de tubos, donde los tubos son las membranas de Gore-Tex. Dentro, se mete el ácido sulfúrico y esto se sumerge en el purín, atrapando el nitrógeno. Así se consigue un líquido -sulfato amónico, que es un fertilizante natura--, y el purín lo hemos dejado con menos concentración de nitrógeno". De esta manera, el resto del purín puede ser enterrado en una menor superficie, según explica Pablo Gómez Conejo, subdirector de Investigación de ITACyL.
Este prototipo tiene varias ventajas. Una de ellas es que se pueden instalar granjas que, de otra manera, no era posible por los problemas de contaminación y la dificultad de tener la suficiente superficie para enterrar los purines. Pero, además, las granjas son más sostenibles y ahorran en el tratamiento de purines, aparte de tener la oportunidad de "conseguir ingresos extra por el sulfato amónico, que se vende tal cual". 
Un desarrollo que abre importantes oportunidades para el crecimiento y desarrollo del sector cárnico, ya que en los dos años de trabajo se han conseguido prototipos favorables y hay una alta expectativa. 
Ahora, el siguiente paso, dentro del año de proyecto que queda, es continuar trabajando en su utilización, aparte de tratar de escalarlo e iniciar una fase más industrial para que pueda ser comercializado.
Este no es el único proyecto que se lleva a cabo para el sector cárnico, que es uno de los de más peso económico en Castilla y León. "Estamos trabajando en aumentar el rendimiento del vacuno" con el fin de mejorar los índices de fertilidad que, en la producción de terneros, es de más del 70 por ciento. 
"Cada vez que se produce una monta o cruzamiento, hay entre un 70 por ciento o 75 por ciento de veces que la vaca se queda preñada y entre un 20 por ciento o 25 por ciento que no se preña. Hemos puesto en marcha un proyecto con asociaciones de ganaderos y universidades para analizar las causas de la fertilidad fallida" y con el objetivo de alcanzar ese 20 por ciento más de éxito en la fertilidad. 
Entre las causas que influyen en la fertilidad figuran una serie de microbios y de patógenos que están en el aparato reproductor de la vaca y del toro. Antes no estaban identificados, pero ahora, "con la tecnología de secuenciación genética y con un coste razonable se puede analizar el ADN de los microbios en aparatos reproductores". 
Así se obtiene información y se hacen recomendaciones al ganadero para que ponga en marcha prácticas de higiene y de prevención que van a hacer que la fertilidad aumente.
En la demanda de alimentos, se observan también dos tendencias crecientes hacia productos más saludables y una alimentación personalizada o de precisión. En esta línea, se viene trabajando en Castilla y León con el fin de dar respuesta a estas necesidades, pero también abrir nuevas líneas de ingresos para los productores.
"Estamos aprovechando un compuesto de cereales. El salvado o cascarilla es una fuente de fibra, pero se usa en alimentación para piensos ganaderos en el mejor de los casos. Se ha considerado siempre un subproducto. 
Ahora, científicamente, se sabe que el salvado de cereal tiene ácido ferúlico, un nutriente con propiedades autoinmunes, que ayuda a regular el sistema inmunitario y es antiinflamatorio. Son propiedades saludables", añade el subdirector de Investigación.
En la actualidad, se está trabajando en un proyecto dentro del que se están llevando a cabo varios ensayos y "empezando a administrar un alimento, en forma de batido basado en ese ácido ferúlico, para pacientes que acaban de recibir un trasplante de médula por leucemia para que no haya rechazo al bajar el sistema inmunitario. Son pacientes que tienen una baja tolerancia a los alimentos. 
Este alimento creemos que lo toleran y que les ayuda con sus propiedades en la recuperación de su sistema inmunitario".
Castilla y León es el principal productor de remolacha, azúcar y cereales -la comunidad se conoce como el granero de España-, y de vacuno de carne y ovino, además de estar en las primeras posiciones en porcino del país, suponiendo esta actividad más del diez por ciento del PIB de la región. 
Además, es el sector que más empleo genera en el medio rural.
Es un peso e importancia que ha sido analizado escuchando al sector y atendiendo al contexto económico y las expectativas de crecimiento poblacional a nivel mundial, ya que se prevé que se pase de más de 6.000 millones de habitantes a 9.000 millones en el horizonte de los años 2030-2050, según datos de la ONU. 
También se prevé que crezca el poder adquisitivo de los ciudadanos, ya que son sociedades que se van a desarrollar más y tomarán mejores decisiones de consumo.
Un contexto, en el que se ha puesto de manifiesto que se precisa un modelo en el que se apueste "por la innovación para adaptarnos a las necesidades del presente y del futuro, pero sin perder la calidad y los productos vinculados con el territorio para ser igualmente competitivos o más en los próximos años". 
Además, se trata de que, de alguna manera, "redunde en la economía y en el empleo" en el medio rural, explica Pablo Gómez Conejo.
La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, que dirige Milagros Marcos, puso así en marcha el Nuevo Modelo de Investigación e Innovación para la Mejora de la Competitividad del Sector Agrario y Agroalimentario de Castilla y León en el que se partió de un mapeo de 92 objetivos identificados en cinco áreas -producción agrícola y ganadera, industria alimentaria, bioeconomía y desarrollos tecnológicos-. 
También se mapearon todas las capacidades de investigación e innovación.
El resultado fue este modelo, que es un instrumento vivo con horizonte temporal 2020, a través del que se impulsan proyectos organizativos, de colaboración y grupos de trabajo formados por todos los miembros de la cadena de valor -incluyendo distribución y comercialización- y los institutos y centros de investigación -se colabora internacionalmente por ejemplo con la Universidad de Japón, entre otros- para dirigir las acciones hacia el desarrollo de nuevos productos para ponerlos en el mercado o para la mejora de los existentes con el fin de que sean más competitivos.
Aparte de esas líneas, en Castilla y León se están llevando a cabo otros proyectos en agricultura de precisión para lo que se está obteniendo información del suelo para "darle lo que necesita y de la manera más barata posible", utilizando las imágenes de las parcelas de la comunidad que ofrece el satélite Galileo, o en la modernización de regadíos y la incorporación de nuevas fuentes de energía eólica y solar a los sistemas de riego.
La adaptación de la actividad primaria y ganadera al cambio climático -ahora por ejemplo se cultiva pistacho-, la recuperación de cereales como la espelta o el trigo sarraceno por sus propiedades nutricionales y el aumento del rendimiento quesero y la innovación para ofrecer otros productos como los quesos azules hechos con leche castellana son otros proyectos para los que se cuenta con la colaboración de numerosos socios de toda España y del cluster agroalimentario de Castilla y León-Vitartis, entre otros
Otro de objetivos del ITACyL es conseguir alargar la vida útil de los alimentos con técnicas de envasado, entre otras, con el fin de que lleguen a mercados más lejanos. Además, se han desarrollado nuevos recubrimientos -por ejemplo como los que se emplean en las hamburguesas-, que son "una lámina comestible natural con propiedades bioactivas, que hacen que la carne se oxide menos y caduque más tarde. Es un biofilm sostenible", obtenido de cáscaras de langostinos o crustáceos.

El Tribunal de Cuentas y sus homólogos autonómicos unifican criterios para controlar los gastos electorales de los partidos

MADRID.- El Tribunal de Cuentas y sus homólogos autonómicos han celebrado este lunes una reunión en la que han unificado criterios de fiscalización para el control de los gastos electorales de los partidos ante las elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas previstas para la primavera de este año.

En dicho encuentro se han fijado los procedimientos de control a incluir en las instrucciones de presentación de las contabilidades electorales que los partidos políticos deberán seguir y que cada órgano de control externo (OCEX) realizará en el ámbito de sus competencias. El objetivo no es otro que "reforzar el control global de la contabilidad" de las próximas citas con las urnas.
El Tribunal de Cuentas se encarga de fiscalizar las elecciones generales y europeas, así como las municipales y las autonómicas en aquellas comunidades que carezcan de órgano de control externo propio, como es el caso de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y la Región de Murcia.
En el resto de comunidades, la revisión de las elecciones autonómicas recae en el órgano de control externo propio que cada una de ellas posea y que tiene una denominación diferente dependiendo de cada autonomía (en Cataluña, por ejemplo, se llama Sindicatura de Cuentas).
En la cita de este lunes se ha remarcado que los partidos políticos deberán presentar de forma separada las contabilidades para cada uno de los procesos electorales y remitir la documentación contable y justificativa conforme a la instrucción que se apruebe, en cada caso, por el órgano fiscalizador competente.
Eso sí, esta instrucción deberá estar adaptada al Plan de Contabilidad para las Formaciones Políticas que el Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó el pasado 20 de diciembre y que es aplicable desde el pasado 1 de enero.
En aquellos procesos electorales que son competencia del Tribunal de Cuentas, la remisión de las contabilidades ha de realizarse por medios telemáticos, a través de la sede electrónica de la Institución, un procedimiento que ya se ha utilizado "con éxito" en la presentación de las contabilidades de las elecciones generales de 2015 y 2016.

Las empresas naúticas denunciarán el impuesto de matriculación ante la UE

PALMA.- La Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN) denunciará el impuesto de matriculación de embarcaciones en una demanda conjunta con AEGY ante la Comisión Europea, por considerarlo anacrónico y perjudicial para la competitividad.

El asesor fiscal de ANEN, Miguel Ángel Serra, informó de la denuncia durante su intervención en una mesa sobre "Armonización fiscal en la náutica de recreo", durante el VII Congrso Náutico celebrado en Palma, según ha informado la organización en un comunicado.
Agotadas las vías internas y tras doce años de trabajo con las administraciones públicas españolas, sin resultados efectivos, ANEN y AEGY han elevado una demanda ante la CE, planteando el impuesto de matriculación como "un gravamen anacrónico e injusto".
Argumentan que su eliminación supondrá un aumento de la productividad y competitividad para el sector que superaría los ingresos que genera el impuesto.
La directora de la Agencia Tributaria de las Islas Baleares (ATIB), María Antonia Truyols, manifestó su postura de apoyo a la eliminación del impuesto, como ya expresó en el V Congreso Náutico, planteándolo al Gobierno central y volviendo a hacerlo este año a través de la tramitación del Régimen Especial de las Islas Baleares (REIB).
Durante el congreso, el director general de la Marina Mercante, Benito Núñez, anunció que la náutica tendrá área funcional propia en su departamento, mediante una subdirección de náutica de recreo que aglutine todos los asuntos normativos y técnicos que afectan al sector.
Tiene como objetivo agilizar trámites, unificar criterios y mantener la colaboración de la administración con el sector.
Núñez Quintanilla repasó la normativa en curso y el futuro Real Decreto por el que se establecen habilitaciones anejas a las titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo y se actualizan las medidas de seguridad en la utilización de las motos náuticas, que espera esté en vigor para la próxima temporada náutica.
Además se creará un Club de producto de turismo náutico, fruto del trabajo desarrollado desde ANEN con la Secretaría de Estado de Turismo desde finales de 2018, y cuyo Jefe de Área de Desarrollo de Nuevos Productos, Jorge Esteban, presentó como la fórmula por la que esta Administración apuesta por la promoción exterior de los recursos turísticos del sector.
Su primer proyecto sería el del Club de producto de turismo náutico del Norte de España, que cuenta con la colaboración de North Marinas, y que a posteriori se extenderá a otras zonas de la geografía española.

La industria agroalimentaria apuesta por la mediación para ganar eficacia y agilidad en los conflictos

MADRID.- El sector agroalimentario español impulsa la mediación y el arbitraje para ganar eficacia y agilidad en la resolución de conflictos, según la Asociación Europea de Arbitraje.

En concreto, este acuerdo de arbitraje se ha presentado este lunes en el Ministerio de Agricultura con el consenso y participación de todas las partes de la industria alimentaria como productores y cooperativas, fabricantes, a través de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y la distribución, con la Asociación Española de Distribuidores de Autoservicio y Supermercados (Asedas).
De esta forma, la Asociación Europea de Arbitraje y la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Valencia serán los dos organismos que impulsarán este convenio adaptados a las circunstancias y necesidades de cada caso.
Este acuerdo recomienda la incorporación de una cláusula de mediación y arbitraje en los contratos de las empresas y organizaciones adscritas al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria. También se ha elaborado una relación de árbitros, actualmente de 40, especializados en el sector, así como unas listas abiertas a la incorporación de nuevos árbitros que hayan trabajado en el sector, que se elegirán tras el consenso de todas las partes.
El director general de la Industria Alimentaria, José Miguel Herrero Velasco, ha subrayado que la "incorporación de arbitraje y mediación dentro de las empresas y organizaciones adscritas al Código de Buenas Prácticas representa la madurez del sector, ya que genera confianza y redunda en la competitividad".
"En definitiva, es un cambio cultural, que contribuye en dotar de equilibrio al modelo y evita la intervención de la Administración para su funcionamiento", ha recalcado.
Por su parte, el secretario general de la Asociación Europea de Arbitraje, Javier Iscar de Hoyos, ha subrayado la importancia de la agilidad, ya que los "tiempos son muy importantes en un sector que trabaja con productores perecederos, por los que casos de mediación se resolverán en días o incluso en horas". 
"El objetivo de las resolución de conflictos es garantizar que las relaciones comerciales sigan manteniéndose en el tiempo", ha indicado.

IU critica que el Gobierno renuncie a realizar un estudio de la economía sumergida al no considerarlo "útil"

MADRID.- Izquierda Unida (IU) ha criticado este lunes que el Gobierno de Pedro Sánchez renuncie a realizar un estudio oficial sobre la economía sumergida al no considerarlo "una herramienta útil para luchar contra el fraude".

El coordinador federal y portavoz de IU, Alberto Garzón, registró una batería de preguntas en el Congreso para que el Gobierno le explicar por qué no existen en España estudios o informes oficiales sobre la economía sumergida y para saber si tenía intención de promover uno en este sentido.
En su respuesta, el Ejecutivo señala que estos estudios "suelen elaborarse por organismos internacionales, investigadores académicos o entidades privadas" y que "cuantificar la economía sumergida no es fácil, por las dificultades para definir su perímetro con exactitud y porque las actividades recogidas persiguen, precisamente, escapar al control público".
"Todas las metodologías muestran puntos débiles, ello invita a una necesaria prudencia a la hora de elaborar informes oficiales sobre esta materia, siendo probablemente éste uno de los principales motivos por el que la mayoría de los Gobiernos nacionales no los realizan", apostilla el Ejecutivo, que sostiene que "el conocimiento global, macroeconómico o estimativo de la economía informal o sumergida, sin detalle sectorial, no sirve de ayuda a la lucha contra el fraude".
Ante esta respuesta, IU reconoce su "sorpresa" por los argumentos empleados, pues en la formación señalan que sí se elaboran informes oficiales sobre, por ejemplo, el narcotráfico internacional y nacional y la incidencia que tienen en España.
Así, Garzón ha calificado como "inaceptable" este tipo de explicaciones y ha reclamado la elaboración periódica de un análisis y una evaluación oficial de la economía sumergida en España y del fraude fiscal, desagregado territorialmente, por sectores económicos y por tributos, y que podría ser presentado a las Cortes Generales y a los parlamentos autonómicos para su debate y discusión.
"De ahí podrían salir medidas correctoras para conseguir objetivos anuales y plurianuales de reducción del fraude y la economía sumergida", concluye el líder de IU, recordando que la propuesta de la Plataforma por la Justicia Fiscal es que sea el Instituto de Estudios Fiscales, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Hacienda, el que realice este estudio.

La ministra Calviño destaca que no hay "ninguna previsión" que apunte a una recesión económica en España


ZARAGOZA.- La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha asegurado este lunes que no hay "ninguna previsión" que apunte a una recesión en España, aunque sí ha indicado que se están moderando las tasas de crecimiento.

En su intervención en el Foro Ibercaja, organizado por la entidad financiera con el mismo nombre y Heraldo de Aragón este lunes en Zaragoza y que ha contado con la participación del presidente del banco, José Luis Aguirre, Calviño ha apuntado que los ciclos económicos "existen", por tanto, en la economía hay fases de mayor y menor crecimiento.
"En este ciclo que estamos viviendo después de salir de la crisis, tuvimos nuestra tasa máxima de crecimiento en 2015 y, desde entonces, el crecimiento se ha ido moderando. Ahora bien, se está moderando con unas tasas de crecimiento importantes, es decir, que esa idea negativa no se sustenta con los hechos" y "no hay ninguna previsión que apunte en esa dirección". 
Así, ha remarcado que los indicadores de expectativas económicas --ventas mayoristas y al pormenor-- son positivos.
Además, ha comentado que aunque entiende el temor que existe por lo "dura" que ha sido la última crisis, la situación económica del país es "mejor" que la que había "antes de que estallase la crisis".
 De esta forma, ha animado a aprovechar "este momento de crecimiento económico" para abordar reformas que hagan que ese mismo crecimiento "dure lo más posible" y mejoren el país.
En este contexto, Calviño se ha mostrado partidaria de una "normalización de la política monetaria" europea. 
"Me parece que el crecimiento económico está bien en el caso de nuestro país, no necesitamos que siga habiendo esta política monetaria expansiva", aunque ha reconocido que es buena para la emisión de deuda por los bajos intereses.
Calviño ha detallado que el PIB creció un 2,5% en 2018, una tasa "muy superior a la media comunitaria y a las principales economías de la zona euro", y ha añadido que el crecimiento económico se aceleró en la segunda parte de 2018 y también el diferencial de crecimiento con la zona euro. 
"Esto quiere decir que hemos entrado en 2019 con buen pie", reiteró.
En este sentido, ha relatado que todos los organismos nacionales e internacionales prevén que esta dinámica se mantenga en 2019 y que España vuelva a crecer por encima de la media de la UE.
 "Nuestra previsión es que creceremos el 2,2%, es una previsión prudente que está en el rango bajo, pero eso quiere decir que volver a crecer mucho más de lo que se prevé para la media de la zona euro", indicó.
Además, ha citado que se está consiguiendo que el crecimiento económico se produzca con un entorno de inflación muy moderada. 
"Este buen hacer está teniendo su reflejo en el mercado laboral. En 2018 hemos tenido un aumento de la ocupación del 3%, esto quiere decir que hay 566.000 personas más ocupadas en diciembre del año pasado con respecto a un año antes, y el paro se ha estado reduciendo a un ritmo entre el 5 y 6", subrayó.
Así, ha relatado que la tasa de paro bajó dos puntos porcentuales el año pasado, situándose a final de año en el 14,5%, "pero esta vez sin una burbuja inmobiliaria".
Nadia Calviño ha asegurado que su política económica tiene tres ejes básicos: la consolidación fiscal, una política social para lugar contra las desigualdades de la crisis y la agenda del cambio de reformas estructurales frente al reto demográfico y el cambio tecnológico.
Ha evidenciado que España tienen una economía muy estacional, algo que "no es en sí perjudicial", pero "lo que hay que hacer es diversificar". Por ello, lo que se ha hecho desde el Gobierno, ha continuado, es tratar de apoyar "un modelo de turismo sostenible".
Sin embargo, en este punto ha remarcado que lo más preocupante es "la temporalidad del empleo" y el "alto peso del empleo a tiempo parcial involuntario". 
Ha agregado que casi la mitad de los trabajadores que tienen un contrato a tiempo parcial, y muchos son mujeres, querrían tener un empleo a tiempo completo.
La ministra de Economía ha mencionado que es necesario un "Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI", no solo para los trabajadores por cuenta ajena, también para autónomos. "Hay nuevas formas de empleo, de trabajo, que se están aproximando cada vez más y nosotros tenemos unas reglas que eran de una economía distinta", apuntó.
Ha precisado que la digitalización está introduciendo una "revolución" en la forma de vivir y en el empleo que no se está incorporando dentro del mercado laboral. "En unos meses vamos a establecer una mesa de trabajo para preparar ese Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, que tiene que, necesariamente, contar con la opinión de los empresarios, de los sindicatos, de todos los agentes sociales y de toda la sociedad", aseguró.
Sobre los emprendedores, ha apuntado que el Gobierno trabaja en lo que llaman 'España Nación Emprendedora', una estrategia que lo que trata es de integrar toda la transformación tecnológica y digital en la empresa, ya que ha explicado que hay en España "muchas microempresas, muchas startups, y ahora el reto es que crezcan, que no sean flor de un día, para que nuestra estructura económica sea más sólida".
La ministra de Economía ha mencionado que hay aspectos que el país va a tener que abordar en breve. Entre ellos la educación, ya que "la clave del futuro pasa por la formación, por invertir en el capital humano, y esto está relacionado con muchos elementos, por ejemplo la estabilidad del empleo".
"Hemos propuesto la Ley de reforma de la Educación pero no va a ser posible adoptarla antes de final de la legislatura, estamos revisando todo el catálogo de la formación profesional, pero es un tema que sin duda no ha culminado", afirmó Calviño, que también ha incidido en la importancia de abordar la transición ecológica, algo para lo que el Gobierno ha sacado a consulta pública el Plan Nacional de Energía y Clima.
La ministra ha lamentado que, en este contexto, no se haya aprobado los Presupuestos Generales del Estado de 2019, que habrían ayudado a seguir con la reducción del déficit público y de la deuda pública. 
"Nuestro objetivo de 2018 era el 2,7% del PIB, vamos a ver si queda ahí o incluso un poco por debajo, vamos a ver las cifras finales, pero nuestro objetivo ha sido desde el primer día reducirlo lo más posible", apuntó.
De esta forma, ha mencionado que si se hubiesen aprobado los Presupuestos Generales del Estado, el objetivo habría sido un déficit del 1,8% del PIB. "Finalmente, al no salir los Presupuestos, todos los organismos están estimando que va a estar entre el 2,2 y el 2,4% del PIB", lamentó Calviño, quien aseguró que, no obstante, el Gobierno va a tratar de que, dentro de esa franja, sea "lo menos posible".
Por lo que respecta a la gestión de la deuda pública, ha expuesto que el año pasado se emitieron 5.700 millones de euros menos de deuda de lo que estaba previsto, lo que ha permitido ahorrar 1.500 millones de euros en intereses, "un dinero que se puede emplear en otros objetivos".
Sobre la armonización fiscal, ha evidenciado que la estructura del Estado de las Autonomías tiene una serie de peculiaridades entre las que está la competencia fiscal, por lo que ha mostrado su "máximo respeto" por las decisiones que se tomen a nivel autonómico, aunque ello pueda generar "determinadas distorsiones". 
Aunque sí que se ha mostrado partidaria de una mayor armonización fiscal europea.

El precio de la bombona de butano bajará casi un 5% a partir de este martes, hasta los 13,86 euros

MADRID.- El precio medio de la bombona de butano bajará un 4,87% a partir de este martes, hasta los 13,86 euros, frente a los 14,57 euros que cuesta actualmente, según la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

De esta manera, el precio de la bombona de butano encadenará su segundo descenso consecutivo en 2019, después de casi el 5% que también se abarató en enero y que ponía fin a una serie de tres subidas consecutivas, tras el repunte del 4,93% que registró en noviembre y del 4,95% y del 4,9% en las revisiones de septiembre y julio, respectivamente.
Tras esta revisión, el precio máximo de la bombona de 12,5 kilogramos, una vez incluidos los impuestos, registrará un descenso de 71 céntimos con respecto a su precio actual.
El nuevo precio de la bombona de butano estará vigente durante dos meses, hasta el tercer martes del próximo mes de mayo, cuando se revisará de nuevo.
El precio regulado afecta a las bombonas de butano que más comúnmente utilizan los hogares, envases con carga igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilos, cuya tara sea superior a 9 kilos.

España traslada a Bruselas la "extraña" evolución de los precios del aceite de oliva

BRUSELAS.- El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, trasladará al comisario europeo del ramo, el irlandés Phil Hogan, la "extraña" evolución de los precios en el sector del aceite de oliva, un comportamiento que el Gobierno está siguiendo "muy de cerca".

"Estamos preocupados sobre todo porque se que están preocupados los productores, agricultores y olivareros y estamos siguiendo muy, muy de cerca el tema porque nos parece extraño este comportamiento del mercado", ha asegurado en declaraciones a los medios antes de participar en la reunión de titulares de Agricultura de la UE en Bruselas.
Planas ha señalado que la evolución de los precios es "extraña" porque la producción tanto comunitaria como internacional ha sido "inferior" mientras que la española ha sido "superior", lo que debería resultar en una "estabilidad" de precios.
El ministro ha explicado, sin embargo, que los precios todavía no han llegado a los umbrales de referencia que permitirían activar las ayudas al almacenamiento privado de este producto, al tiempo que ha recordado que la última vez que se hizo fue en 2012 tras "varias semanas" por encima de los niveles de referencia.
Preguntado por la posibilidad de revisar dichos umbrales, Planas ha contestado que "todo se puede discutir", pero ha añadido que lo que hay que hacer es "aplicar los existentes".

El ministro Planas ve "muy previsible" que se prorrogue "al menos" un año la PAC actual

BRUSELAS.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado este lunes que es "muy previsible" que se tenga que aprobar una prórroga de "al menos" un año de la Política Agraria Común (PAC) actual, al tiempo que ha mostrado su confianza en que esta extensión sea "lo más corta posible" y en ella se asegure "la continuidad del apoyo" a agricultores y ganaderos españoles.

"Si no estamos a tiempo es muy previsible al menos un año de retraso en la entrada en vigor de la nueva PAC 2021-2027", ha expresado en declaraciones a los medios antes de participar en la reunión de ministros de Agricultura de los Veintiocho.
Planas ha apuntado que "se puede calcular uno o dos años" de "retraso" en la entrada en vigor de la futura PAC. 
"Esperemos que sea lo más corta posible", ha añadido, después de subrayar que, en ese caso, la Comisión Europea debe garantizar la continuidad del apoyo a los agricultores y ganaderos.
Los ministros de Agricultura de la UE retoman este lunes sus debates sobre la actualización de la PAC y el titular español ha advertido de que "no se puede concluir" la reforma de los tres reglamentos hasta que no se disponga de "certidumbre" sobre el presupuesto que tendrá entre 2021 y 2027. 
"Este es un elemento fundamental, por tanto sin tener esa referencia no podemos continuar discutiendo", ha remarcado.
Además, ha resaltado la importancia de "mantener la unidad del paquete" porque llegar a un acuerdo "parcial" sobre uno de los reglamentos "privaría de estabilidad y certidumbre" y, a su juicio, "es necesaria una fotografía de conjunto sobre le tema".
Del mismo modo, ha defendido hay elementos que es necesario mantener en la futura PAC para preservar el "carácter europeo" de la misma, como la coordinación de la valoración de los distintos planes estratégicos nacionales o la gobernanza de los mismos.
Por otro lado, el también responsable de Pesca del Gobierno ha avanzado que España está preparando con Francia un "memorando común" sobre todos los aspectos del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) para que "funcione de una forma más eficaz" a partir de 2021.
"Entendemos que el mundo de la pesca (...) ha sufrido un cambio radical y nuestros pescadores necesitan apoyo para esa transformación. ¿Para qué sirve un fondo europeo si no es para ayudar a" las transformaciones del sector?", se ha preguntado.
Esa es la razón, según ha argumentado, por la que España no se ha sumado a un documento promovido por Eslovenia sobre cómo apoyar la pesca artesanal, al que sí se han adherido Bulgaria, Croacia, Chipre, Grecia, Malta y Portugal.
Planas ha explicado que España tiene "simpatía" hacia dicha declaración, pero no se ha integrado porque está preparando con París "una declaración más amplia" que incluye "el conjunto del reglamento". 
"No cubre solo la pesca artesanal sino el conjunto de la reforma del Fondo", ha apuntado, sin aportar más detalles sobre esta futura posición común con Francia.

El porcino español, a la conquista del mercado taiwanés

TAIPÉI.- El porcino español sigue a la conquista del mercado taiwanés, donde hace apenas cinco años pasaba desapercibido pero que ahora se ha situado en el segundo puesto en la lista de importaciones isleñas de este producto, por detrás de Canadá.

Tras la apertura en 2014 del mercado isleño al cerdo español y sus derivados el valor total de las exportaciones españolas de porcino -casi todo congelado- han pasado de 1,7 millones de dólares a 46,7 millones (de 1,5 millones de euros a 41,2 millones), superando a competidores como Dinamarca y Estados Unidos.
El cerdo español puede encontrarse en mercados tradicionales y en cadenas de supermercados, conquistando el paladar de un exigente consumidor de cerdo como es el taiwanés, que dispone de razas autóctonas y de calidad.
"La carne de porcino es uno de los productos de mayor expansión actual en la isla", indica a Efe el director de la Oficina Comercial de España en Taiwán, José Luis Echániz.
Y un derivado del cerdo, el jamón ibérico, se ha convertido en un producto de moda y estatus, que se distribuye en restaurantes de lujo, tiendas especializadas y cadenas de supermercados gurmé.
"Es un producto de moda" típico de la cultura española, "muy diferente de la de Taiwán", relata Evonne Wang, de J-Deli (la "J" es de "Jamón"), una de las empresas pioneras en la venta de embutidos y quesos españoles de alta calidad.
En su opinión, hay que conseguir que la gente lo coma "no sólo para llenar el estómago, sino como arte, algo bello e importante".
Pero no todo son alimentos, explica Echániz, que detalla que en Taiwán "también se venden automóviles fabricados en España, medicamentos, artículos de piel, moda de bastantes marcas, cerámicas y los tradicionales vino, aceite de oliva y jamón".
En el campo del vino, los taiwaneses han elevado sus conocimientos y exigencias, y del predominio de la exportación al granel se ha pasado al embotellado, con precios y calidades al alza.
Los vinos españoles son "los segundos" en ventas en Taiwán, y "gracias al trabajo duro de los importadores y de la Cámara de Comercio (...), ahora la gente sabe que la relación calidad-precio de los vinos españoles es muy alta", asevera Kellie Chen de Shine Chenrg, importadora de caldos hispanos desde hace 30 años.
Chen también apuesta por "combinar la cultura con los vinos" y "la comida súper buena" de España.
Los cosméticos y productos de tocador hispanos han expandido sus canales de distribución y ahora se exhiben en cadenas de perfumerías, grandes almacenes, y ventas por internet y televisión.
"Antes, de cosméticos españoles sólo veía una marca muy cara, pero ahora se comercializan decenas de ellos en perfumerías y cada vez más en la televenta", explica Alice Wu, una empresaria de Taipéi.
La moda, zapatos y accesorios españoles también han diversificado su presencia en la isla y ya no se reducen a las marcas más internacionales sino que provienen de decenas de empresas, puntualiza Echániz.
"Para mí, España es arte, pasión, vino, moda, bolsos y zapatos, y cuando voy allí me vuelvo cargada", dice Joyce Lin, una guía local que habla español.
Entre quienes impulsan en la isla la venta de alimentos y bebidas españolas se cuentan el importador de vinos y alimentos catalán Oriol Ayne, de la empresa Do Vinos Taiwán, y el somelier vallisoletano Daniel Carretero, entre muchos otros.
"El consumidor taiwanés necesita contacto directo y explicación para poder entender el valor de los productos españoles, porque suelen conocer sólo los productos de algunos países que considera los mejores, como Francia en los vinos", señala Carretero.
Los vestidos de novia españoles asimismo se puede ver en las numerosas tiendas de fotografía para bodas, así como turrones, tortas, queso, embutidos y aceitunas en conocidas cadenas de supermercados.
Muchos productos españoles "son aún grandes desconocidos" ya que "no sabemos venderlos, a pesar de su calidad" y "nos falta más actividad promocional", comenta Daniel Rodríguez, director operacional de los hipermercados RT-Mart, que comercializan 154 productos hispanos.

El gas licuado por canalización subirá un 3% a partir de mañana en su parte variable

MADRID.- El precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización subirá a partir de mañana, 19 de marzo, un 3%, según una resolución del Ministerio de Transición Ecológica publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, el precio máximo del término variable de la tarifa para usuarios finales de GLP por canalización antes de impuestos se situará desde mañana en 75,2889 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 73,0707 céntimos del mes anterior.
Asimismo, el término fijo de este combustible se mantiene en 1,57 euros al mes, mientras que el precio del GLP canalizado para su distribución a granel subirá un 3,8% a partir de mañana, desde los 58,4686 céntimos por kilogramo del mes anterior hasta 60,6868 céntimos.
La revisión de precios de los gases licuados por canalización se realiza mediante una fórmula automática que pondera el precio de la materia prima, el flete y la cotización entre el euro y el dólar.
Estos precios no incluyen en la Península y Baleares el impuesto sobre hidrocarburos ni el IVA y, en el caso de Canarias, no incorporan el impuesto especial de esta comunidad sobre combustibles derivados del petróleo y el impuesto general indirecto canario.

Un sindicato policial denuncia deficiencias en los calabozos de los juzgados de San Javier

CARTAGENA.- La asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha elevado un informe de deficiencias detectadas en los tres calabozos existentes en el edificio de los Juzgados de San Javier, tras denunciarlo ante la Dirección General de la Guardia Civil, que alegó "falta de competencia en esas instalaciones del Ministerio de Justicia", ya que Murcia "no tiene transferida esa competencia dependiendo actualmente del Estado".

El informe de deficiencias requerido por el Decanato de los Juzgados de San Javier es consecuencia de una primera denuncia de la asociación profesional IGC, que supuso la apertura de un expediente gubernativo por parte de ese organismo.
Las "deficiencias" que observa IGC se fundamentan en "las exigencias de la Secretaría de Estado de Seguridad que la Guardia Civil tiene que observar en sus propios calabozos".
Se han concretado en "la inexistencia o, al menos, desconocimiento de los guardias civiles del plan específico de medidas de emergencia y seguridad de los calabozos que debe estar integrado en el plan de emergencia del edificio de los juzgados, necesidad de que los detenidos permanezcan separados en celdas individuales, existiendo tan solo tres, y en caso de existir un número mayor de detenidos estos pueden permanecer juntos, hasta el límite de aforo recomendado, pero siempre y cuando no se haya ordenado la incomunicación de estos, o la peligrosidad de alguno de ellos con respecto a los otros desaconseje del todo esa medida".
"Además, no pueden estar en la misma celda detenidos comunes con miembros de las Fuerzas de Seguridad, Militares, funcionarios de prisiones, o personas de distinto sexo, mientras se encuentran en esa situación a la espera de ser pasados a presencia del juez, cada uno por la acusación de sus respectivos delitos", señala.
Esta necesidad de separación de los detenidos y el aforo de los calabozos, hacen que IGC "requiera de un mayor número, por el volumen de detenidos que, de común, esperan en las instalaciones del edificio de justicia a la espera de ser pasados a la presencia del juez de guardia que decida sobre su situación para ser puestos en libertad o ingresados en prisión preventiva".
Independientes de la Guardia Civil (IGC), a través de su delegado en la comarca del Mar Menor, también denuncia ante el órgano de gobierno de los Juzgados de San Javier "la falta de sistemas de video vigilancia que además tengan posibilidades de grabación como elemento de control y seguridad, además de ser medio de prueba tanto en beneficio de las personas custodiadas como de los guardias civiles, para acreditar un delito y para evitar denuncias falsas sobre el trato que reciben los detenidos".
Además, la falta de cámaras "obliga a los guardias civiles a tener siempre a la vista las celdas, estando frente a los detenidos, cuando podrían hacerlo a través de las cámaras en dependencia anexa que evite esa continua exposición".
Los guardias civiles de esta organización profesional también requiere "la instalación de un video portero, lo que evitaría el desplazamiento de uno de los agentes que en ese momento custodian a los detenidos en vehículo oficial, para facilitar la entrada a edificio judicial".
"Este es un momento crítico que podría facilitar la huida de los detenidos, auxiliados por persona que espere en las inmediaciones de los juzgados, incluso desarmar a los guardias civiles, amenazados por el portador de escopetas u otras armas", dice.
Otra insuficiencia denunciada por Independientes de la Guardia Civil (IGC) es que las celdas "se cierran con una cadena y un candado, en lugar de tener un sistema de cierre común, incluso automático, siendo que la propia cadena y el candado podrían ser empleados como medio de agresión si los detenidos consiguieran abrirlos, o quitárselo a los guardias civiles cuando proceden al cierre entre los barrotes de la celda".
Otro momento crítico para los guardias civiles es consecuencia de "estar el cuarto de aseo fuera de la zona de arresto de los detenidos, debiendo salir de la celda, tras abrir el candado con cadena por los guardias civiles, y desplazarse al lugar".
Además, la forma de construcción del aseo "lo hace incompatible con una vigilancia externa del lugar, no del concreto urinario". También IGC denuncia que "la instalación del aire acondicionado mediante un cable exterior conectado al enchufe le convierte en un elemento peligroso para la seguridad".
Independientes de la Guardia Civil (IGC) considera oportuno que se hagan rápidas inversiones por el Ministerio de Justicia, en la seguridad de los calabozos de las dependencias de los juzgados, al igual que se exige en los cuarteles de la Guardia Civil y Comisarías de Policía.

García-Page intentará hoy en Bruselas apuntillar al trasvase Tajo-Segura en 40 páginas

TOLEDO.- El presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, que hoy viaja a Bruselas, piensa trasladar a la Unión Europea nuevos informes de impacto medioambiental del Trasvase en el entorno natural del río Tajo, al tiempo que justificará la necesidad de elevar a 800 hectómetros cúbicos -ahora están en 400- el mínimo de agua embalsada en los pantanos de cabecera, a partir del cual no se podrá ceder agua a la cuenca del Segura.

Así lo han confirmado fuentes del Ejecutivo autonómico en Toledo, que precisan que el texto que el presidente autonómico elevará al máximo órgano europeo concluye, a lo largo de 40 páginas, que el ecosistema fluvial del Tajo mantiene un mal estado de conservación y grandes desequilibrios ecológicos, lo que achaca al Trasvase.
El texto argumenta cómo el acueducto representa el principal factor de alteración hidrológica en el tramo del Tajo a su paso por Castilla-La Mancha, y recuerda que en esta legislatura se han desembalsado 749 hectómetros cúbicos en un total de 35 trasvases.

La Asamblea acuerda que los planes sobre pobreza pasen por la Mesa del Tercer Sector

CARTAGENA.- La Comisión de Pobreza y Exclusión Social propuso que todas las políticas, actuaciones, planes y decisiones en materia de pobreza y exclusión social deberán pasar por la Mesa del Tercer Sector, donde están representados los colectivos y las administraciones. 

La Comisión, cuyos trabajos finalizaron esta mañana, sacó adelante 49 propuestas de resolución donde constan las aportaciones de todas las entidades y colectivos que comparecieron escuchando durante la legislatura.
La presidenta de la Comisión, Inmaculada González, se refirió a la propuesta de «crear un Observatorio de la Infancia y la Adolescencia», una aportación de Unicef, según explicó la diputada 'popular'. 
Entre las 49 resoluciones figura también la petición al Gobierno de España de «una financiación adecuada a los ayuntamientos en materia de servicios sociales ya que son las entidades con las que toman primero contacto los ciudadanos», afirmó Inmaculada González, para referirse a continuación a la necesidad de que «también el Gobierno de la Región reciba los fondos adecuados para atender a los menores no acompañados que llegan a la Comunidad».
Unos gastos que ahora el Ejecutivo regional «está financiando a pulmón y son menores a los que hay que prestarles una atención y una cobertura ya que en muchas ocasiones llegan en un estado lamentable», declaró.

Según Lucas Jiménez, «la sentencia del TS declara válidas todas las reglas de explotación y legislación» del Trasvase

LORCA.- El presidente del Sindicato central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, aseguró este lunes que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que anula varios artículos del Plan Hidrológico del Tajo porque no fija caudales ecológicos en Aranjuez, Toledo y Talavera «declara válidas todas las reglas de explotación y legislación» del acueducto.

Jiménez aludió hoy al «espejismo creado en Castilla-La Mancha por un sector que históricamente combate al trasvase; el movimiento ecologista de los pueblos ribereños». El presidente del Scrats atribuyó a ese movimiento haberle dado «bombo y platillo» a la parte de la sentencia que dice que hay que establecer caudales ecológicos en la cuenca del Tajo, pero ha considerado «que eso ya lo sabíamos».
«Ese procedimiento es tan complejo que el propio plan de cuenca estableció una moratoria hasta 2021 para adoptar esos caudales ecológicos», dijo Jiménez, quien asegura que la sentencia solo anula el articulado del plan de cuenca del Tajo que no fija esos caudales ecológicos, caudales mínimos que para el Scrats «son suficientes». 
Para Jiménez, sin embargo, «los ecologistas se han cuidado mucho de no decir» que la sentencia «declara vigentes y perfectamente válidas todas las reglas de explotación y la legislación del Trasvase, que ellos intentaron tirar al suelo».
Sobre las manifestaciones del presidente de C-LM, Emiliano García-Page, y su celebración de la sentencia del Supremo, Jiménez calificó de «fantasmada» su reacción, al que acusó de «interpretar un papel en la película del trasvase Tajo».
«Nunca encuentro en sus manifestaciones una justificación o un argumento racional», dijo el presidente del Scrats, que acusó a García-Page de interpretar «de parte» la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
La sentencia estimó parcialmente el recurso presentado por varias entidades, y declaró la nulidad de varios artículos que conforman la normativa del plan hidrológico, según informó este sábado en una nota de prensa la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, una de las demandantes.


Opina el alcalde de Lorca


El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, asistió este lunes junto al presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, a la colocación de la pancarta alusiva al 40º aniversario de este trasvase en la sede de la Comunidad de Regantes de Lorca.
Fulgencio Gil, durante el acto, manifestó que «el Tajo-Segura no es simplemente un trasvase de agua, es un canal de vida, un ejemplo de convivencia y solidaridad, una herramienta de auténtica vertebración territorial en España».
«Los lorquinos somos plenamente conscientes de la importancia del agua que nos proporciona el trasvase Tajo-Segura. Queremos garantías y seguridad para nuestros agricultores y ganaderos. Si queremos contar con un sector agroalimentario competitivo tenemos que apoyar a nuestra gente», subrayó, para añadir que «cada gota de agua del trasvase nuestros agricultores la transforman en empleo, oportunidades de desarrollo y fomento de la economía».
El alcalde de Lorca destacó que «una de las cuestiones que nos preocupa de forma particular es el trato que se pueda dispensar a los agricultores, regantes y ganaderos de nuestra tierra, que, a pesar de estar sufriendo una de las peores sequías de la historia reciente de España, siguen generando puestos de trabajo y constituyendo el principal motor socioeconómico de Lorca».
«Los lorquinos vamos a seguir exigiendo el agua que merecemos, con la que creamos vida, riqueza y esperanza. Para ello el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura es incuestionable. De hecho la historia de Lorca es la historia de la lucha por el agua, algo que llevamos dentro y para lo que no vamos a parar de exigir lo que nos corresponde», prosiguió.
Gil afirmó que «Lorca defiende los trasvases, la desalación, el Banco Público del Agua y la interconexión con otras cuencas, necesitamos mantener todas alternativas posibles porque nos falta agua y no vamos a permitir que la despensa de Europa se seque.
Además, también pedimos el Trasvase del Ebro, que es una obra de Estado, buena para todos los españoles y de sentido común, ya que en cualquier otro país el trasvase del Ebro ya estaría hecho».
Fulgencio Gil también expresó su apoyo «sin fisuras» a la petición de los regantes lorquinos para que la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) proceda a la ejecución de la serie de obras encaminadas que los agricultores lorquinos necesitan para la modernización del regadío consolidado de nuestro término municipal.
El alcalde de Lorca explicó que «las obras que los regantes reclaman a la Seiasa son de justicia, muy necesarias, y un compromiso que hay que cumplir con nuestros agricultores. Estas actuaciones son las más urgentes, y tienen que ver con el aprovechamiento de los recursos disponibles, en concreto para continuar avanzando en la mejora de las infraestructuras. Estamos hablando de la construcción de balsas de riego, embalses, canalizaciones e impulsiones necesarias para modernizar 12.500 hectáreas de nuestro regadío consolidado».
Gil concluyó indicando que «este país tiene que ser consciente de la especial trascendencia que tienen las inversiones que se realizan para atender las necesidades de nuestros agricultores. Ahora es el momento de que la administración del Estado ponga de su parte y afronte las necesidades que el sector presenta».

Detienen a los tres propietarios de una supuesta residencia de ancianos del centro de Murcia

MURCIA.- La Policía Nacional ve indicios suficientes para imputarle a los propietarios de la supuesta residencia del centro de Murcia ILE Senior Club al menos presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, lesiones, detención ilegal, intrusismo, coacciones y organización criminal, según fuentes cercanas a la investigación que dirige el juzgado de Instrucción nº 9 de Murcia.

La Policía Nacional ha procedido hoy a la detención de los tres responsables del ILE Senior Club, en la calle San Antonio, de Murcia, un matrimonio y su hijo, según confirman las mismas fuentes. Los sospechosos son Julián Ramón L. G., su esposa, Manuela E., y el hijo de ambos, Julián L. E. 
ILE Senior Club, investigada ahora por presuntas irregularidades, había sido clausurada la semana pasada por la Consejería de Familia al no estar autorizada como residencia de ancianos.
Hoy, agentes del Cuerpo Nacional de Policía, llevaron a cabo un registro en las instalaciones  acompañados por funcionarios de la Inspección de Trabajo. En el mismo estuvieron presentes los tres sospechosos detenidos, junto a sus abogados defensores.
Agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional y del Grupo de Delitos Económicos, investigan si hubo coacciones, detención ilegal, apropiación indebida, estafa e intrusismo, lesiones, trato degradante, organización criminal, delito contra la salud pública, contra los derechos de los trabajadores y de robo con violencia.
La Policía Nacional estaba investigando desde la semana pasada este local ubicado en la calle San Antonio, de Murcia. En concreto, a los ancianos que lo frecuentaban para averiguar si se habría incurrido en algún tipo de maltrato, al tiempo que llevaba a cabo otra investigación a nivel sanitario para contrastar el tipo de atención que recibían.
La Policía ha tomado declaración a personas que en su momento trabajaron en el negocio, que habrían relatado lo vivido ahí. 
Los tres detenidos dormirán esta noche en los calabozos de la Jefatura Superior de Polícía en espera de pasar a disposición del Juzgado nº 9 de Murcia antes del miércoles a mediodía,

La ultra del Opus Dei, Lourdes Méndez, encabezará la lista de Vox al Congreso por la circunscripción de Murcia


MURCIA.- La ultraderechista madrileña ex-miembro del Partido Popular, Lourdes Méndez, supernumeraria del Opus Dei, esposa de militar con familia numerosa y quien fuera consejera de Trabajo del gobierno murciano con Ramón Luis Valcárcel, será la candidata de Vox al Congreso de los Diputados por la circunscripción de Murcia.
 
Fuentes de la formación liderada por Santiago Abascal han confirmado desde Madrid este lunes la cabeza de lista por Murcia a las  elecciones generales del próximo 28 de abril.
Méndez fue diputada del PP durante tres legislaturas, entre los años 2004 y 2016 y consejera en Murcia entre 2002 y 2004. Durante su trayectoria política destacó por su postura anti-abortista.  
Pidió en octubre de 2018 su baja del PP tras más de 25 años de militancia por sus discrepacias con el partido en relación, precisamente, a este asunto.
La ex-consejera es coordinadora de la Plataforma por las libertades y presidenta de la Asociación Familia y Dignidad humana. También participaba en la plataforma "One of us" impulsada por Jaime Mayor Oreja contra el aborto y la eutanasia.

Se destinan mensualmente 16.700 euros a 32 aulas prefabricadas y 16 aseos

CARTAGENA.- La Consejería de Educación, Juventud y Deportes destina cada mes 16.700 euros al pago de las 32 aulas prefabricadas y 16 aseos portátiles que están abiertos en 18 colegios de la Región durante el presente curso académico. 

Así consta en una respuesta parlamentaria al diputado de Podemos Miguel García, quien había pedido información a la Comunidad sobre el número y coste de este tipo de infraestructuras, cuya instalación supuso un gasto total de más de 56.200 euros por parte de la consejería del ramo.
Por municipios, Murcia y Cartagena tienen 6 centros educativos cada uno con aulas prefabricadas, seguidas de La Unión, con dos colegios, y Lorca, Los Alcázares, Fuente Álamo y Librilla, con un centro cada uno.
Respecto a los años en los que empezaron a instalarse estas infraestructuras, hay cuatro centros que las tienen desde el curso 2014-2015, otros cuatro desde el curso 2015-2016, cuatro más desde el 2016-2017, otros dos desde el 2017-2018 y tres desde el año académico actual.
Los colegios de la capital de la Región que tienen aulas prefabricadas son: Juan de la Cierva de Casillas (3 aulas y 2 aseos); Virgen de la Vega de Cobatillas (1 aula); Antonio Díaz de Los Garres (1 aula); Nuestra Señora del Paso de La Ñora (1 aula); Isabel Bellvis de Corvera (2 aulas y 1 aseo); y Nuestra Señora de Belén (2 aulas).
Por su parte, Cartagena cuenta con los siguientes centros: San Cristóbal de Los Dolores (3 aulas y 2 aseos); Aníbal de Los Mateos (2 aulas y 1 aseo); Miguel de Cervantes de La Aljorra (2 aulas y 1 aseo); Santa Florentina de La Palma (3 aulas y 1 aseo); La Aljorra (2 aulas y 2 aseos); y Virgen de Begoña de Tentegorra (1 aula y 2 aseos).
Mientras, La Unión aparece con dos colegios: Ginés Cabezos Gomariz de Roche (1 aseo) y Juan Carlos I (1 aula). Finalmente, cierran la lista los centros Juan Navarro de La Hoya -Lorca- (3 aulas y 2 aseos); La Alzabara de Los Almagros -Fuente Álamo- (1 aula); Bienvenido Conejero de Los Alcázares (2 aulas y 1 aseo); y Sagrado Corazón de Librilla (3 aulas y 1 aseo).
La consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá, aseguró en una sesión de control parlamentario en septiembre de 2018 que los responsables de su departamento se ven "obligados" en algunos centros a instalar aulas prefabricadas, de las que había 41 al inicio del curso, porque los ayuntamientos no les facilitan suelo que cumpla "las condiciones adecuadas" para construir o ampliar colegios e institutos.
En su comparecencia ante el hemiciclo de la Asamblea Regional, Martínez-Cachá también afirmó que ha habido "muchas veces" en que "las propias familias las que han demandado" este tipo de aulas antes de ser trasladados sus hijos a otro centro mientras se decide el proyecto de ampliación o construcción de un nuevo edificio.
La consejera recordó que la Región contaba en esa fecha con 10.378 aulas, de las que alrededor de un 0,05% eran prefabricadas, afectando a un millar de los 265.000 escolares matriculados y a 22 de los 638 centros de la red pública en ese momento.
Tras afirmar que estas instalaciones "cumplen con todas las condiciones para dar clase con todas garantías", detalló que el Plan de Retirada de Aulas Prefabricadas contempla la eliminación de ocho de ellas en los colegios Juan de la Cierva de Casillas (Murcia); Juan Navarro de La Hoya (Lorca); Bienvenido Conejero (Los Alcázares); y Sagrado Corazón (Librilla).

'Vox' ficha a cuatro generales retirados como cabezas de lista para el 28-A; el del Aire, Mestre Barea, entre ellos


MADRID.- Cuatro generales retirados han anunciado ya que formarán parte de las listas electorales de Vox, tres de ellos en las próximas generales del 28 de abril y el cuarto como candidato a la Alcaldía de Palma. Dos de ellos, los generales Agustín Rosety y Alberto Asarta, se encuentran entre los firmantes de un manifiesto a favor del dictador Francisco Franco.

El partido liderado por Santiago Abascal está anunciando con 'cuentagotas' sus cabezas de lista para el Congreso. Entre los pocos nombres que se conocen, solo seis, hay ya tres generales que aspiran a ocupar un escaño en la Cámara Baja.
Uno de los firmantes del manifiesto a favor de Franco que el pasado verano recopiló más de un millar de adhesiones, casi todas de altos cargos militares retirados, es el general de Brigada de Infantería de Marina Agustín Rosety Fernández de Castro, que será 'número uno' por la provincia de Cádiz.
Diplomado en Estado Mayor y Diplomado en Operaciones Especiales, durante la mayor parte de sus cuarenta años en la Armada, Agustín Rosety Fernández de Castro ha servido en la Brigada de Infantería de Marina y ejercido el mando de unidades de Operaciones Especiales, Infantería y Artillería, así como sucesivos destinos de Estado Mayor.
También apoyó el manifiesto que ensalzaba la figura militar de Franco el general de división del Ejército de Tierra Alberto Asarta, quien estuvo al frente de la misión de Naciones Unidas en Líbano en el año 2009. Asarta será el cabeza de lista de Vox por Castellón.
También aspira a lograr un puesto como diputado, en su caso por la circunscripción de Alicante, el general Manuel Mestre (en la imagen), quien estuvo al frente del Mando de las Fuerzas Conjuntas de la OTAN en Lisboa. Su último destino en activo fue el de Jefe del Mando de Personal del Ejército del Aire hasta el 2015 en que paso a la situación de Reserva.
 
Mestre Barea estuvo destinado en la Academia General del Aire, donde llegó a ocupar el cargo de Jefe de Estudios
El cuarto general que ha anunciado su adhesión a Vox ha sido Fulgencio Coll, quien será candidato el 26 de mayo a la Alcaldía de Palma en coalición con Actúa. Coll fue Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) entre los años 2008 y 2012, a las órdenes del hoy dirigente de Podemos Julio José Rodríguez, entonces Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD).
El resto de candidaturas que se conocen son la del propio Abascal como 'número uno' por Madrid y aspirante a la Presidencia del Gobierno en una lista en la que estará acompañado por su secretario general, Javier Ortega-Smith, e Iván Espinosa de los Monteros.
Además han trascendido las candidaturas de Ignacio Garriga por Barcelona y del escritor José María Marco como candidato al Senado, ocupando el 'número uno' por Madrid. La trayectoria intelectual de Marco destaca por su reflexión sobre España, el liberalismo y el conservadurismo.

Los pilares económicos del equipo de Rajoy 'huyen' del proyecto de Casado

MADRID.- Con la marcha de la política de Fátima Báñez, este viernes, el Partido Popular que dirige Pablo Casado pierde en poco tiempo otro de los pilares económicos del equipo de Mariano Rajoy. Los rostros más reconocidos en esta área han empezado a descolgarse del proyecto del joven líder popular. Unos para irse a la empresa privada, otros para seguir su carrera en la alta administración del Estado, publica hoy El Economista.

Pero, más allá de esta fuga de cerebros, lo cierto es que la confección de las listas electorales ha dejado allanado el terreno al líder del PP, quien hace poco más de un mes recibía la noticia de la marcha del exministro de Energía, Álvaro Nadal, quien precisamente acaba de obtener la plaza en la oficina comercial de España en la Embajada de Reino Unido.
Su hermano, el exsecretario de Estado, Alberto Nadal, continuará de momento en Génova al frente de la Secretaría de Economía, aunque también había solicitado una plaza en la oficina comercial de Washington, un destino que de momento habrá de esperar.
Entre los sorayistas (además de Íñigo Méndez de Vigo o de Celia Villalobos), otra marcha significativa del Partido Popular con mando en negociados económicos fue la de Íñigo de la Serna, extitular de Fomento, y el primero en salir corriendo de Génova antes de descubrir si Casado le haría un ofrecimiento.
De otra parte, las pocas pistas sobre el futuro inmediato del histórico Cristóbal Montoro -que no irá al Congreso-, vislumbran un camino evidente. Y es que Pablo Casado quiere trabajar con las manos libres y no depender de la herencia de Rajoy. No en vano, su programa económico de corte liberal, centrado en una revolución fiscal que afecte a una importante bajada de impuestos podría explicar la evasión de míticos sorayistas, lejos ya del horizonte político.
La salida de Báñez, que fuera ministra de Empleo durante las dos legislaturas de Rajoy -y que consiguió bajar los elevados índices de paro y crear trabajo-, no es baladí. Llega apenas un mes y medio antes de las elecciones generales del 28 de abril. Se produce, además, apenas cuatro días después de que la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, hiciera lo propio, al fichar por el bufete de abogados Cuatrecasas.
De hecho, Báñez, junto a Álvaro Nadal y Cristóbal Montoro formaba parte del núcleo duro de Sáenz de Santamaría, y jugó un papel clave en el proceso en el que Casado acabó imponiéndose a la exvicepresidenta como líder de los populares.
Tras su victoria, Casado convirtió a varios exministros de Rajoy en presidentes o vicepresidentes de distintas comisiones del Congreso. Báñez fue la última en aceptar uno de estos puestos, en noviembre, cuando accedió a la Presidencia de la Comisión de Exteriores.
Sin dejar atrás la experiencia del partido, como suele recordar Pablo Casado, ponderando los currículum de los dirigentes populares, éste ha preferido rodearse de otros asesores políticos y de otros consultores privados. 
Desde que ganara las primarias en junio de 2018, el líder del PP ha escuchado de manera directa, estableciendo una suerte de núcleo duro, a los economistas Daniel Lacalle y Lorenzo Bernardo de Quirós, al ejecutivo y exnúmero dos de Rajoy, Manuel Pizarro, y, también al exministro Román Escolano, uno de los analistas de cabecera de la Fundación Faes, presidida por José María Aznar.
Recortar el IRPF por debajo del 40%, bajar Sociedades al 20% y, suprimir Sucesiones, Donaciones, Patrimonio, y Actos Jurídicos Documentados es la esencia de un programa impregnado del espíritu económico de Aznar.

La hipoteca inversa vuelve a España en el centenario de las pensiones públicas

MADRID.- La hipoteca inversa, que permite a los mayores de 65 años recibir un préstamo avalado con su vivienda y complementar así sus ingresos durante la jubilación, ha vuelto a comercializarse en España coincidiendo con el centenario del sistema público de pensiones, que atraviesa un momento crítico al no poder garantizar ni su sostenibilidad ni su suficiencia, según publica www.vozpopuli.com.

A diferencia de lo que se suele creer, la hipoteca inversa es un producto bancario por el que la entidad te concede un préstamo (de un máximo de 500.000 euros) que puede ser entregado de una sola vez al firmar el contrato o bien mediante mensualidades vitalicias a un tipo de interés habitualmente fijo, sin que el dueño de la casa deje de ser propietario de la misma. 
En caso de que el dueño quiera vender la casa, por ejemplo, puede cancelar el préstamo con el banco y devolver la deuda, y mientras esté en vigor puede a la vez mantenerla alquilada. 
La peculiaridad radica en que en el momento del fallecimiento del propietario, sus herederos recibirán la casa con la deuda acumulada y deberán devolver al banco el total del préstamo entregado más los intereses acumulados (lo habitual es vender la casa y saldar la deuda). En caso de renunciar a la herencia, el banco se queda con la vivienda. 
Después de cinco años sin estar disponible, la consultora Óptima Mayores ha promovido que este producto vuelva a comercializarse, después de encargarle su diseño a la entidad portuguesa BNI Europe, que lo ofrece a un tipo de interés de entre el 5 y el 6%.
Esta entidad ha visto que en España hay una oportunidad de negocio, explica a Vozpópuli Íñigo Hernández, director de Desarrollo de Negocio de la consultora, que señala que en el Reino Unido se firmaron 47.000 hipotecas inversas el año pasado y que España es un "mercado potencial mucho más grande". 
La complejidad del producto y el hecho de que el banco tenga que esperar varias décadas -de media- para poder recuperar el principal más los intereses han provocado que la oferta sea muy residual, así como el desconocimiento que existe por parte de los pensionistas de esta posibilidad: sólo un 12% de los mayores de 65 años en España sabe que esta alternativa existe, según cálculos de esta consultora.
Dado que las familias españolas tienen el 70% de sus ahorros invertidos en vivienda y que los mayores de 65 años acumulan un ahorro de 600.000 millones de euros en vivienda, esta firma cree que esta solución es muy interesante para los que necesiten ampliar sus ingresos durante el retiro. 
"El perfil tipo del cliente que contrata la hipoteca inversa en España tiene 76 años, vive en Madrid o Barcelona y su casa tiene un valor medio de 700.000 euros. Son personas que no quieren asumir la pérdida de poder adquisitivo que supone pasar de ser asalariado a jubilado", explica Íñigo Hernández a este medio. 
Coincide en la defensa del producto el Instituto Santalucía, que en un informe sobre "Alternativas a la insuficiencia de las pensiones" señala que "transformar la riqueza inmobiliaria en complemento de la pensión" es una de las soluciones más interesantes para los españoles que no llegan a fin de mes con la pensión de jubilación. 
A cierre de febrero de 2019, la pensión media de jubilación en España es de 1.136,86 euros al mes, un 5,04% superior a la que se cobraba en febrero del año pasado. Las mujeres cobran de media 850,99 euros al mes, mientras que los hombres reciben 1.305,99.

Los contratos fijos se hunden y el empleo sufre más en regiones con peores sueldos


MADRID.- La subida del salario mínimo hasta 900 euros mensuales y el aumento de los impuestos al empleo son barreras que han encarecido la contratación y se traducirán este año en que la economía española requerirá de un mayor crecimiento de la actividad para poder crear puestos de trabajo, a diferencia de lo que venía ocurriendo en los últimos años. Los datos de afiliación, el termómetro más fiable para medir el empleo, reflejan desde el verano una clara desaceleración, en línea con la economía, que se agudiza cada mes. 

La literatura económica no es clara respecto al impacto que puede tener en el mercado de trabajo el incremento del 22,3% aplicado desde enero en el SMI, pero en España hay coincidencia en que el efecto sobre el empleo es negativo. También lo creen Bruselas y organismos internacionales como el FMI e incluso la propia Seguridad Social. El secretario de Estado, Octavio Granado, reconoció que pueden existir empresarios que tengan «la tentación de contratar en vez de a 20 trabajadores a 18. No tiene sentido que lo neguemos», aseguró.
La opinión mayoritaria es que los efectos sobre el mercado laboral no se verán de forma inmediata. Sin embargo, en solo dos meses de aplicación del nuevo SMI las consecuencias ya se perciben. La contratación indefinida prácticamente se ha hundido y el empleo se ha desacelerado en toda España; ha pasado de crecer a ritmos anuales superiores al 3% a final de 2018 a hacerlo al 2,8% en febrero.
Un retroceso que están padeciendo en especial las regiones que tienen sueldos más bajos y en las que, por tanto, el esfuerzo que deben realizar las empresas para igualar las rentas de los trabajadores que ganan menos al nuevo salario mínimo es mayor.
Valentín Bote, director del Randstad Research, explica a ABC que la afiliación ya ha comenzado a echar el freno desde enero y agrega que esta evolución negativa puede estar relacionada con la desaceleración económica general, aunque también reconoce que en determinadas comunidades autónomas, en las que los salarios son más bajos en promedio y, por tanto, están más afectadas por la subida del SMI, la desaceleración está siendo mayor. Uno de estos casos es el de Extremadura, región con los sueldos más bajos en España, donde en dos meses la creación interanual de empleo ha pasado del 2,46% al 1,97%.
También está ocurriendo en Canarias, donde la generación de puestos de trabajo ha pasado del 3,37% al 2,58% y, en menor medida, en Galicia. En esta región, la cuarta con rentas más bajas, la ocupación ha pasado de crecer a ritmos del 2,1% a hacerlo al 1,9%.
Pero si hay un indicador, cuya evolución está siendo sido más negativa en los últimos dos meses, es la contratación indefinida, según reflejan los datos del Ministerio de Trabajo y destaca Valentín Bote.
Desde que en 2012 se aprobó la reforma laboral esta variable ha sumado récord tras récord. En 2018 registró un crecimiento de más del 18% respecto al año anterior, una evolución que se ha frenado de forma brusca en lo que va de año. En enero ya creció por debajo del 5% en tasa interanual y en febrero descendió un 3,21% respecto al mismo mes de 2018.
Los datos generales de contratación no están siendo buenos desde que comenzó 2019. En febrero los contratos realizados cayeron un 15,45% respecto a enero, con un total de 1,57 millones de contratos. El descenso fue más intenso en el caso de la contratación temporal, con una caída de un 16,37%, frente a un -6,98% en el caso de la indefinida.
En términos interanuales, la contratación estable registró en el segundo mes del año el citado descenso del 3,21%, mientras que la temporal creció, pero solo un 2,20%. Es la primera vez en cinco años que se ha reducido la contratación fija en términos interanuales.

Uno de los efectos más evidentes del incremento del salario mínimo se está produciendo en la evolución de los sueldos pactados en convenio, según reconoce la patronal CEOE en su último informe sobre negociación colectiva al que ha tenido acceso ABC. Los datos de Trabajo reflejan que la variación media pactada en los convenios hasta febrero es del 2,23% frente al 1,7% registrada a cierre de 2018.
La principal queja de la patronal respecto al alza aplicada en el salario mínimo ha estado ligada al periodo de implantación de la medida. Los 900 euros actuales no están tan lejos del acuerdo pactado en 2017 entre empresarios y sindicatos con el Gobierno de Rajoy, que planteaba una subida hasta los 850 euros.
La gran diferencia está en el tiempo que se ha dado a las empresas para adaptarse al cambio, teniendo en cuenta también que desde enero están teniendo que hacer frente a una subida de impuestos al empleo. Las bases mínimas de cotización subieron en idéntico porcentaje que el SMI dado que ambas variables están referenciadas, y las bases máximas lo hicieron en un 7%.
Mientras que el acuerdo rubricado en 2017 apuntaba a una implantación gradual de la medida hasta completarla en 2020, el plan acordado entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias se ha realizado de golpe este ejercicio.
«Desde CEOE reiteramos la necesidad de dar estabilidad y seguridad jurídica para consolidar decisiones de inversión y potenciar la creación de empleo», dice la patronal en la circular de negociación colectiva. Añade que para «continuar avanzando en una tendencia favorable a la estabilidad del empleo, convendría llevar a cabo una rebaja generalizada de las cotizaciones».