"Al contrario de lo que creían los pseudoapóstoles, la Justicia no lleva prisa, y la de Dios tiene siglos por delante"
Umberto Eco. El nombre de la rosa
Las aceitunas siempre dejan rastro. Así sucede que
siguiendo el rastro de huesos puedes llegar al lugar del crimen. El
líder bis del PP, Teodoro García Egea, lanzó el otro día un huesecillo.
Lo hace bien, como tantas otras cosas, no en vano es campeón. La
cuestión es que siempre hay un perro que se apega al hueso y se afana en
roerlo hasta llegar al tuétano y eso es lo que yo me he dedicado a
hacer esta semana.
Teodoro, además de sus otras
cualidades, es un tipo afable. A mí me cae muy bien y lo digo sin ironía
alguna. Una cosa es la persona y otra el personaje. Teodoro, al que sus
paisanos murcianos llaman con cariño el "zagalico”, por lo que es y por
dónde ha llegado, lanzó el otro día un huesecillo en forma de tuit,
celebrando el sobreseimiento y consiguiente absolución por parte de la
Audiencia Provincial de Murcia de su antiguo mentor y ex presidente de
Murcia, Pedro Antonio Sánchez (PAS) por el Caso Pasarelas: "La Justicia
sentencia que se han vulnerado los derechos fundamentales de una
persona. No podemos permitir que esto ocurra en una democracia. PSOE y
Podemos acusaron y ahora se esconden tras la cobardía”.
Uno puede instalarse en la posverdad e incluso en la mentira y en la
manipulación más delirante, pero eso no quedará impune mientras queden
perros con olfato y ¿qué otra cosa somos los periodistas sino perros?
Por eso voy a contarles cómo, detrás de la tergiversada afirmación de
Egea, lo que se esconde es un escándalo que aúna las reformas legales
realizadas por el propio Partido Popular para protegerse en su miriada
de casos de corrupción y, por otra, los conflictos y actuaciones
anómalas de los propios magistrados murcianos que, sin ningún control,
crean enredos, propician nulidades y, en fin, conspiran contra la propia
Justicia que están llamados a impartir.
Esta es la historia de los
"derechos vulnerados” del ex presidente de Murcia. Pasen y vean.
Es cierto que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia
decidió sobreseer con efectos de absolución a Pedro Antonio Sánchez de
las acusaciones que pendían sobre él por el caso Pasarelas, al
considerar que se habían vulnerado sus derechos por no haberle aplicado
el actual artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o sea, "el
plazo PP de instrucción”, que ordena que se archiven las causas si no se
terminan en seis meses o se ha solicitado su prórroga.
Una reforma
hecha por el Partido Popular en pleno vendaval de sus causas por
corrupción con la advertencia pública de muchos jueces y fiscales de que
esto crearía espacios de impunidad. Bienvenidos a uno bien gordo. Dicho
sea de paso, la derogación de esta vergüenza de artículo, hecho a
medida de las miserias de los populares, lleva paralizada en el Congreso
meses y meses debido a la ampliación en 58 ocasiones del trámite de
enmiendas por el PP y Ciudadanos. 58 veces. Un párrafo.
Un párrafo que le ha aligerado la vida a PAS. Se la ha aligerado tanto
que la Sección Tercera llamada a enjuiciarlo decidió sobre las
cuestiones previas in voce y fue el ponente, Álvaro Castaño, quien
comunicó su decisión de archivar la causa sobre la marcha y de viva voz
porque "de esta forma le sería más llevadera la Nochebuena” al ex
presidente murciano.
Acto seguido, terminada la sesión, se dirigió
directamente al abogado del político, Jose Antonio Choclán, para
felicitarle por su magnífica intervención. Cierto es que Choclán, además
de buen jurista, fue un buen magistrado, por eso no dudo de que también
se sorprendería de la falta de recato del entusiasmado magistrado que
le ha ahorrado además al PP un desfile de testigos en pleno periodo
electoral.
Este era sólo el fin del acto, pero no
la tramoya. En este asunto, que nos ha dejado sin saber si el ex
presidente murciano delinquió cuando era alcalde de Puerto Lumbreras, ha
quedado también al descubierto la miseria de una Justicia que está
corrompida no sólo de ideología sino también de dejadez y de luchas
intestinas personales y de poder que se pudren sin que exista un control
fehaciente y real.
En ese mismo desahogo, el ponente de la Sección
Tercera de la Audiencia de Murcia al absolver se ocupó de verter varios
carros de mierda sobre sus compañeros de la Sección Segunda que en su
día obligaron al juez instructor del Lorca a reabrir. Algo inaudito y
que causa indefensión al ser parte del mismo órgano judicial, pero
vayamos por partes.
El Caso Pasarelas contra el ex
presidente murciano deriva de una petición de deducción de testimonio
del Caso Auditorio. Unos documentos aparecidos en la instrucción
revelaron este nuevo caso de corrupción en Puerto Lumbreras cuando PAS
era alcalde. Así se abrieron unas diligencias previas nuevas en un
juzgado de Lorca. La jueza sustituta a la que le cae por reparto el caso
se limita a enviarlo a la Fiscalía para que informe. No me digan cómo
pero la Fiscalía ni se inmuta y no hace absolutamente nada HASTA DOS
DÍAS DESPUÉS de que haya expirado el plazo legal de seis meses.
El juez
que está entonces en el juzgado, el titular, archiva el procedimiento
por haberse superado "el plazo PP de instrucción". El propio fiscal jefe
de Murcia ha reconocido que la cagaron y, en su día, esta cuestión
cabreo mucho a Anticorrupción.
Este archivo fue
recurrido. La Sección Segunda de la Audiencia de Murcia se pronunció
afirmando que el tiempo fijado por el "plazo PP de instrucción” es
orientativo y no formal, así que ordenó reabrir el caso e instruirlo,
cosa que el juez hizo hasta llevar a PAS a juicio. La Sección Segunda
tomó esta decisión en un también insólito "pleno de sección” de seis
magistrados, algo que no aparece en ninguna ley.
Un tipo curioso el
presidente de esta Sección Segunda, Abdón Díaz. Conflictivo. Un
magistrado que no contento con alabar un día en sala "las magníficas
cualidades estéticas” de una testigo caribeña, está a la greña con todos
sus compañeros hasta el punto de que muchos han huido de su sala, como
Álvaro Castaño, el citado ponente que ahora le ha puesto verde, y otros
como Augusto Morales y Ruíz Hernandez llegaron a elevar queja escrita al
Tribunal Superior por sus usos y maneras de deliberar y de llevar la
sección. Así cuentan que Juan del Olmo aspira a sustituirle y tiene
muchos apoyos.
En esta tesitura, la sección de
enjuiciamiento, la Tercera, no ha dudado en lanzar sus iras contra la
resolución del pleno creativo de Abdón. Les han puesto a caldo y han
llegado a decir que su resolución "fue poco razonable y contraria al
tenor del texto de la ley”. Esto si que son bomberos pisoteándose las
mangueras. El caso es que el ex presidente de Murcia, de momento, se va
de rositas. Ahora habrá un recurso a un Tribunal Superior también copado
por los afines y, ya veremos, qué dice el Supremo cuando llegue.
Todo este enjuague de dejadez, ineficiencia, enfrentamientos personales
y leyes creadas para la impunidad es lo que García Egea llama
"cobardía” de las acusaciones populares. En Murcia hay un sindios en los
tribunales y el CGPJ ha nombrado presidente de la Audiencia a Larrosa, a
quien según dicen el puesto le viene tan grande que aún no ha terminado
de enterarse de quién apuñala a quién en su propio tribunal. Cómo para
poner orden.
Yo creo que Teodoro, que tanto quiere a su Murcia, haría
bien en exigir que este desmadre cese y en promover que se deje de
tardar todo un embarazo en dictar sentencias, no tanto por atasco, sino
por un enrarecido y estancado ambiente que perjudica a la Justicia y
beneficia a los corruptos.
Luego podría pedir perdón por no dejar que se
derogue ese artículo hecho para proteger a los corruptos y, por último,
podría guardar silencio sobre las circunstancias en las que se ha
salvado de momento su mentor.
¡A otro perro con ese hueso!
(*) Periodista y ex esposa del magistrado Javier Gómez Bermúdez
