MURCIA.- La Asociación para la Conservación del Patrimonio de
la Huerta de Murcia (Huermur) y la Asociación para la Memoria del
Sureste han presentado sendos recursos de alzada dirigidos personalmente
al Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor
Torres, para exigir la protección completa e íntegra de la Antigua
Prisión Provincial de Murcia, conocida como la Cárcel Vieja.
Ambas
entidades denuncian que la reciente declaración del inmueble como Lugar
de Memoria Democrática, publicada en el BOE el 20 de junio, deja
implícitamente sin protección la mayor parte de sus muros perimetrales,
pese a estar documentado que en ellos se llevaron a cabo más de 520
fusilamientos durante la dictadura.
Una resolución, que por otra parte,
fue firmada una semana después de que el ayuntamiento y la Delegación
del Gobierno anunciaran públicamente que ya estaba firmada.
Huermur
y los colectivos memorialistas advierten de que permitir, mirando hacia
otro lado, la demolición de esos muros sería una violación frontal de
la Ley de Memoria Democrática y un atentado contra el patrimonio
histórico de la ciudad.
Los recursos denuncian que la resolución
ministerial publicada en el BOE reduce la protección a simples “tramos
ilustrativos” de fachada, permitiendo implícitamente que el resto sea
derribado por el ayuntamiento.
"Una cárcel sin muros no es una cárcel, y
mucho menos un verdadero lugar de memoria y monumento histórico",
afirma el presidente de Huermur, Sergio Pacheco.
Ambas
entidades remarcan que los muros no son un elemento arquitectónico
cualquiera, sino el soporte físico y simbólico del horror y la represión
de la dictadura franquista, y recuerdan que la propia resolución
ministerial reconoce expresamente como hechos probados que en ellos se
ejecutó sumariamente a más de medio millar de personas.
“¿De qué sirve
declarar un lugar de memoria si se permite destruir el escenario exacto
de los crímenes?”, se preguntan.
El caso ha
generado una creciente alarma en el ámbito patrimonial y memorialista,
más aún tras confirmarse que el Ayuntamiento de Murcia había iniciado
las obras que prevén el vaciamiento del edificio y el derribo total de
los muros carcelarios, mientras ha abierto un restaurante con terraza en
el interior del recinto penitenciario, banalizando su valor histórico y
despojándolo de todo contexto represivo.
Los
recursos recuerdan, además, que en otros lugares de España sí se han
protegido de forma íntegra espacios similares. Es el caso de la tapia
del Cementerio del Este (Almudena) en Madrid, donde se ejecutaron a
miles de personas durante el franquismo. En ese lugar, el Estado ha
ordenado conservar toda la estructura como testimonio de la represión.
"¿Por qué allí se protege todo y en Murcia se permite el derribo casi
completo? ¿Por qué un patrimonio merece más que otro?", se preguntan
desde las entidades.
Huermur y la Asociación para
la Memoria del Sureste advierten que si el ministro Ángel Víctor Torres
no actúa para modificar la resolución publicada en el BOE el pasado 20
de junio y proteger íntegramente los muros y patios de la prisión,
llevarán el caso ante organismos internacionales como el Comité contra
la Tortura de la ONU, la Oficina de Instituciones Democráticas y
Derechos Humanos de la OSCE (OIDDH), el Consejo de Europa y el
Parlamento Europeo para que todo el mundo sepa lo que está pasando en
Murcia y España.
Ya se están preparando los primeros informes para
denunciar la actuación del Ministerio y del Ayuntamiento de Murcia por
obviar la legislación nacional e internacional sobre derechos humanos y
memoria histórica.
“Esto no es una simple
discrepancia técnica”, señalan.
“Estamos ante un caso gravísimo de
desmemoria institucional que banaliza los crímenes de la dictadura y
pisotea los derechos de las personas represaliadas y el propio
patrimonio histórico. Si no se frena, se sentará un precedente
inaceptable para toda España”.
En el recurso
presentado se solicita la protección íntegra de los muros originales en
su trazado, forma y continuidad, la conservación de los patios
carcelarios donde se produjeron fusilamientos, la paralización inmediata
de cualquier obra de derribo o sustitución, la revisión del proyecto
financiado con fondos europeos para excluir toda actuación destructiva,
la reposición de los tramos ya derribados en febrero de este año, y la
adopción urgente de medidas cautelares para evitar más daños mientras se
resuelve el procedimiento.
En el propio recurso
presentado ante el ministro, se han solicitado expresamente medidas
cautelares en vía administrativa, consistentes en la paralización
inmediata de cualquier actuación que conlleve el derribo total o parcial
de los muros de la prisión.
Huermur y la Asociación para la Memoria del
Sureste advierten de que, si el Ministerio no adopta dichas medidas de
forma urgente, se interpondrán nuevas acciones judiciales inmediatas, en
defensa de la legalidad, el patrimonio y los derechos fundamentales
vulnerados.
Las asociaciones también recuerdan que
fue el propio Secretario de Estado de Memoria Democrática quien, el
pasado mes de febrero, tras las presiones públicas, denuncias y
advertencias de colectivos memorialistas y entidades patrimoniales,
ordenó la paralización de los derribos de los muros de la prisión,
reconociendo expresamente su valor y la necesidad de preservar su
integridad.
Por ello, no se entiende que ahora, apenas unos meses
después, se firme una resolución que permite de forma implícita su
demolición, cediendo de facto a los intereses del Ayuntamiento de
Murcia.
“Es una claudicación incomprensible, una bajada de pantalones
institucional que deja a las víctimas sin reparación y a la historia sin
testimonio físico”, denuncian desde Huermur.
Huermur
concluye que ahora es el momento de actuar: el ministro Ángel Víctor
Torres tiene en su mano evitar esta temeridad institucional y demostrar
que el Gobierno de España está comprometido con una memoria democrática
real, justa y coherente.
“Derribar los muros de la Cárcel Vieja es
borrar la historia y nuestro patrimonio con una excavadora. No lo vamos a
permitir”.