Los bancos tienen la responsabilidad de comunicar las sospechas de blanqueo, según Draghi

FRÁNCFORT.- El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, destacó que los bancos tienen la responsabilidad de "verificar la identidad de sus clientes y comunicar cualquier sospecha de blanqueo de capitales a las unidades de inteligencia financiera respectivas".

En una carta a Paloma López Bermejo, miembro del Parlamento Europeo, publicada hoy, Draghi dice que "la eficacia del marco jurídico en materia de lucha contra el blanqueo de capitales de la Unión Europea" se basa en esa responsabilidad de las entidades obligadas, que son las entidades de crédito y financieras, las empresas no financieras designadas y los profesionales expuestos al riesgo de blanqueo de capitales.

Draghi recuerda en la misiva que el Consejo de Gobierno del BCE decidió poner fin a la emisión del billete de 500 euros y excluirlo de la nueva serie Europa de billetes ante la preocupación por que esta denominación pueda facilitar la comisión de actividades ilícitas.

El 27 de enero de 2019, 17 de los 19 bancos centrales nacionales de la zona del euro dejaron de emitir billetes de 500 euros.

Para asegurar una transición fluida y por motivos logísticos, el Deutsche Bundesbank (Alemania) y el Oesterreichische Nationalbank (Austroa) solicitaron el derecho a continuar emitiendo los billetes hasta el 26 de abril de 2019.

Notarios y registradores, en guerra por el control de la información sobre blanqueo

MADRID.- La decisión del Consejo General del Notariado de constituir un registro electrónico con datos de particulares y de escrituras mercantiles, gestionarlo a través de una empresa propia de naturaleza privada y ceder esa información a terceros - habilitados legalmente, eso sí, para conocer esos datos- a cambio de una compensación económica, ha desencadenado una guerra abierta entre colectivo y el de los registradores de la propiedad, con el asunto del control de los datos necesarios para controlar potenciales operaciones de blanqueo de capitales como telón de fondo, destapa hoy www.lainformacion.com. 

Una Orden Ministerial aprobada el pasado mes de marzo por el Ministerio de Justicia, que habilitó a los registradores para recoger datos sobre los titulares reales de las sociedades en sus oficinas a partir de este mes de junio - los más relevantes a la hora de perseguir el blanqueo de capitales, la corrupción y la financiación del terrorismo -, ha provocado un auténtico seísmo en la relación de atribuciones entre estos colectivos profesionales, al quebrar la gestión exclusiva que hasta ese momento  realizaban en ese ámbito los notarios a través de su Índice Único Informatizado (IUI). 

La maniobra gubernamental ha recrudecido el cruce de acusaciones entre ambas partes, que ya se producía desde hace tiempo. Desde el bando de los registradores se critica con dureza el hecho de que los notarios estén utilizando los datos que recogen para elaborar ese índice, y en la mayor parte de las escrituras públicas que realizan, para cedérselos a una empresa privada, Ancert, unipersonal y controlada por el Consejo General del Notariado, a través de la que ceden esa información a entidades y plataformas del sector financiero, como Asnef o algunos de los grandes bancos, a cambio de una retribución económica.

Frente a ello, fuentes cercanas a la actividad notarial aseguran que Ancert es una entidad sin ánimo de lucro (aunque sea una sociedad limitada), que no comercializa los datos, sino que los cede a los 'sujetos obligados', según la definición de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, que se los solicitan, y sólo cuando cuentan con el visto bueno de la Dirección General del Tesoro, el Ministerio de Economía y la Agencia de Protección de Datos para hacerlo.

Según las estimaciones que realizan estas fuentes, la compensación económica que reciben no llega a un euro por cada dato proporcionado y apenas alcanza para cubrir una quinta parte del coste de mantenimiento de la Base de Datos de Titularidad Real. Esa base existe en el seno del Notariado desde el año 2012, y fue reconocida como registro público por el reglamente de prevención del blanqueo de capitales en 2014. 

Los registradores también cobran por esa información, pero lo hacen a partir tarifas regladas para cada una de sus operaciones (peticiones de datos, notas, etc.). De hecho, son más caras que las que cobra el Notariado, pero están tasadas y sobre ellas no pesa ninguna sospecha de comercialización.

Europa exige un único registro de datos

La polémica por el control y la cesión de esos datos, básicos para contrastar investigaciones sobre blanqueo, tropieza además con la directiva europea que se debe trasponer a la legislación española en breve y que exige en su artículo 30 (revisado) que haya un único registro público para controlar este proceso, susceptible de ser contrastado e interconectado con los que existen en el resto de la UE. 

Esa norma mantiene que la base de datos puede cederse, incluso a las personas que tengan un “interés legítimo” demostrado para contar con ello, si bien deberá ser una ley interna la que deberá decidir que se entiende por ello.

Los notarios acusan a los registradores de ser ellos los que quieren arrogarse ahora este servicio (y sus ingresos correspondientes) y  decidir en cada caso quién tiene ese interés legítimo, sin base legal alguna. Mientras, por parte de los registradores se advierte que lo que la directiva establece es la imposibilidad de utilizar los datos reales de esas transacciones y cambios societarios para actividades cuasi comerciales. 

De hecho, los notarios llegaron a impugnar ante la Audiencia Nacional la orden que habilita ahora a los registradores a reclamar datos sobre titularidad real de las sociedades, sin éxito.  

Fuentes cercanas al ámbito del Notariado recuerdan que la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales (al menos su Reglamento) permite utilizar la figura del convenio para ceder la base de datos a terceros en las condiciones y con los requisitos que se establecen al efecto. 

Una habilitación que desde el ámbito registral no se ve tan cristalina: advierten de que esa interpretación es relativa y aseguran que en algunos ámbitos incluso se han llegado a plantear elevar a los juzgados el asunto.

Otro de los aspectos controvertidos que se subrayan en relación a este  asunto es la elaboración de actas notariales de identificación por parte de los notarios. Éstas suponen una de las bases informativas que los notarios utilizan para conformar su fichero y aunque no son obligatorias, sí son recomendables (“como los seguros que se venden con las hipotecas”, aseguran). 

Cada una de esas actas cuesta algo más de setenta euros al usuario.

Murcia acoge esta semana el encuentro internacional de jueces para lucha contra el blanqueo

MURCIA.- Murcia acoge esta semana dos encuentros internacionales, organizados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que marcarán la agenda de los futuros trabajos y proyectos en cooperación jurídica. En concreto, este lunes por la tarde se inauguró en Aguilas el XIV Encuentro de la Red Judicial Española de Cooperación Internacional, que reunirá del 20 al 23 de octubre a casi 50 magistrados, miembros de la red, destacados por su experiencia en la resolución de conflictos internacionales tanto de carácter penal como civil. Además de las homólogas Red de Secretarios Judiciales (RESEJ), la Red de Fiscales y la Autoridad Central. 

El programa para reflexión y debate del encuentro de este año recoge, entre otros temas, la protección penal y civil de la víctima en la Unión Europea, los mecanismos internacionales para la prevención del blanqueo y la localización de activos, la obtención de datos relativos a comunicaciones electrónicas (EEUU), el anteproyecto de ley de Eurojust, la regulación de los equipos conjuntos de investigación, o la orden europea de retención de cuentas.

A la reunión, han sido invitados a participar magistrados miembros de otras redes judiciales internacionales como la Red Penal Europea, la Red de Equipos Conjuntos de Investigación o la Red contra el Genocidio. Además, participarán otros profesionales y técnicos del Ministerio de Justicia, la Fiscalía, la Policía Nacional o la Guardia Civil, también integrantes de estas redes internacionales de cooperación.

Todos ellos trabajarán para aumentar la eficacia de las autoridades nacionales en la investigación y persecución de las formas graves de delincuencia organizada y transfronteriza, compartiendo sus experiencias a nivel judicial en la lucha efectiva contra la delincuencia organizada en la Unión Europea.

De forma simultánea, se darán cita, también en Águilas, los magistrados miembros de la Red de Expertos en Derecho de la Unión Europea, que trabajarán en líneas de cooperación con la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; así como en la puesta en común de la información para el planteamiento de cuestiones prejudiciales, o las novedades en derecho de la Unión Europea.

Los magistrados de enlace de España en Francia, Juan Pablo González; Reino Unido, Miguel Carmona; Estados Unidos, Jorge Carrera; o Marruecos, Luis Francisco Jorge de Mesas; trasladarán las conclusiones del encuentro, al igual que sus homólogos en España, Helene Davo por Francia, Hassan Mazouzi por Marruecos o Marc Robinson y Benedict Leonard por el Reino Unido

El encuentro contará, además, con representación de muy diversas instituciones como el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo, el Centro de Inteligencia del Crimen Organizado, la Comisaría General de la Policía Judicial, la División de Cooperación Internacional de la Dirección General de Policía, la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, la Red de Secretarios Judiciales (RESEJ), la Fiscalía de Cooperación Internacional, asesores de diversas embajadas o colegios de abogados, entre otras.

El acto de apertura tuvo lugar este lunes, 20 de octubre, a las 16.30, presidido por el presidente del TSJ de Murcia y miembro del CGPJ, Juan Martínez Moya; además asistieron los vocales de la Comisión de Internacional del Consejo Nuria Díaz Abad y Fernando Grande-Marlaska. Estos, estaban acompañados por el director ejecutivo y del Foro de Estudios Judiciales Europeos Ruiz Jarabo, Javier L. Parra García.

Coincidiendo con la inauguración, también se entregó el primer Premio de Buenas Prácticas en el auxilio judicial internacional penal, concedido por la Comisión Permanente del CGPJ, al titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Denia (Alicante), Javier Ignacio Reyes López, por las novedosas técnicas de investigación y la utilización coordinada de mecanismos jurídicos de cooperación internacional en dos operaciones contra el tráfico de drogas instruidas por el magistrado, con implicaciones en Europa, Africa e Iberoamérica.

Destaca en estos procedimientos la intervención de agentes encubiertos extranjeros en territorio español y la "sonorización" -intervención de las comunicaciones- de varios vehículos que viajaban de Inglaterra a Alicante.

Detienen a 21 personas pertenecientes a una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales

MURCIA.- La Policía Nacional, gracias a la estrecha colaboración con el Instituto Nacional de Seguridad Social, y la Inspección de Trabajo y partiendo de informaciones obtenidas en los últimos meses, por presuntos fraudes a la Seguridad Social, ha podido desarticular un grupo criminal dedicado a la estafa, fraudes fiscales y a la Seguridad Social, falsificación de documentos y blanqueo de capitales. 

   Fruto de las investigaciones, los pasados días 28 y 29 de mayo, se detuvieron un total de 21 personas, en las provincias de Murcia, Albacete y Alicante, según han informado fuentes policiales.

   El grupo de individuos que constituyen diversas empresas ficticias, por sí o por medio de testaferros, ofertaban contratos de trabajo para previo pago de unas mensualidades.

   Mediante la falsificación de los mismos, pasado un tiempo, los trabajadores en plena connivencia pagaban entre unos 150 euros mensuales, para luego tener derecho a prestaciones, como desempleo o maternidad, a los 3.000 euros cuando se trataba de contratos para la obtención del permiso de residencia, pasando por los 180 euros que pagaban mensualmente, los reclusos para obtener un tercer grado penitenciario. El presunto fraude superaba los 71.000 euros.

   Estas empresas no hacían efectivo el pago de las cuotas a la Seguridad Social y no llevaban a cabo actividad laboral alguna. Transcurridos unos meses son dadas de baja las empresas, momento en que los "supuestos" trabajadores presentan la documentación fraudulenta en los organismos oficiales para el cobro de las diferentes prestaciones.

   Entre los implicados que se detuvieron en Murcia, Hellín, Alicante y Benidorm se encontraban ciudadanos españoles, marroquíes, paraguayos, colombianos y rumanos, con edades comprendidas entre los 25 y 50 años.

   La desarticulación ha sido posible por el trabajo realizado por el grupo especializado en Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Murcia, que con la colaboración de la Seguridad Social e Inspección de Trabajo de Murcia, han puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 9 de Murcia a los 21 detenidos.

   Según las mismas fuentes, continúan las investigaciones para la detención de otros implicados.

El fiscal estudia procesar al ministro de Exteriores israelí por blanqueo

JERUSALÉN.- El fiscal general del Estado de Israel anunció en un comunicado oficial que estudia procesar al ministro de Relaciones Exteriores, Avigdor Lieberman, jefe del partido nacionalista Beiteinu, por blanqueo de dinero. 

Si llega a ser inculpado, el dirigente populista deberá abandonar el gobierno, lo que podría ocasionar una crisis política de envergadura en el caso de que su partido decida salirse del ejecutivo, puesto que acabaría con la coalición de derecha en el poder.

Sin embargo, según el diario Yediot Aharonot, Lieberman acordó con el primer ministro Benjamin Netanyahu que su partido permanezca en el gobierno en el caso de que él se vea obligado a dimitir.

"El fiscal general informó al ministro de Relaciones Exteriores a través de sus representantes legales de que estudia llevarlo ante la justicia por una serie de delitos que cometió como diputado y como ministro", escribe en el texto. Estos delitos "abarcan el blanqueo de dinero, el soborno de testigos y fraudes" de distinto tipo, precisa el texto.

El blanqueo de dinero es sancionable con una pena de hasta diez años de cárcel.

Sin embargo, Lieberman, de 52 años, no será procesado formalmente por corrupción, contrariamente a lo que recomendaban los investigadores.

Antes de que se tome una decisión definitiva sobre una posible inculpación, Lieberman tendrá la posibilidad de dar explicaciones ante el fiscal general Yehuda Weinstein, que ejerce de asesor jurídico del gobierno. Es muy raro que en una audiencia como ésa se logre convencer a la fiscalía de que abandone las pesquisas cuando los cargos son tan graves.

Por el momento, Lieberman no ha manifestado la intención de dimitir. "Siempre he actuado en conformidad con la ley y me alegro de la ocasión que me brindan para demostrarlo tras quince años" de investigación, declaró el miércoles por la noche en un congreso de su partido en Jerusalén.

Tras una larga investigación, la policía recomendó en agosto de 2009 inculpar a Lieberman por corrupción, blanqueo de dinero y obstrucción a la justicia en el marco de una investigación sobre el pago oculto de 2,5 millones de dólares, a través de sociedades tapadera y de cuentas bancarias, para financiar sus campañas electorales.

Además, está acusado de haber obtenido del ex embajador de Israel en Bielorrusia, Zeev Ben Arieh, durante una visita a Minsk en octubre de 2008, la fotocopia de un documento secreto sobre la investigación.

Lieberman, quien reside en una colonia y ha sido objeto de varias investigaciones desde 1996, niega haber malversado fondos y denuncia una orquestación política. El ministro de Relaciones Exteriores clama su inocencia y se considera "acosado" desde hace más de diez años por la policía.

Su partido de extrema derecha es la tercera formación en importancia en el parlamento, con 15 diputados sobre 120.

Israel Beiteinu lleva años haciendo campaña contra la minoría árabe de Israel, a la que acusa de ser "desleal" con el Estado. Esta formación ha redactado en los últimos meses una serie de propuestas de ley contra las ONG israelíes de defensa de los derechos humanos, acusándolas de seguirle el juego a los palestinos.

El Sepblac insta a aumentar la colaboración de los abogados en la prevención del blanqueo de capitales

MADRID.- El director del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) del Ministerio de Economía, Ignacio Palicio, mostró hoy su deseo de que el Órgano Centralizado para esta actividad de los notarios se extienda otras profesiones colegiadas como los abogados.

Según manifestó durante el curso 'Prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo', de la Universidad Complutense de Madrid, en San Lorenzo del Escorial, de las 264 operaciones iniciadas por el Sepblac en 2009 por comunicaciones sospechosos con sujetos obligados del régimen es pecial, el 73% procedieron de notarios.

Este colectivo se situó muy por delante de otros como los abogados (32); auditores, contables y/o asesores fiscales (5); Casinos de juego (9); loterías y otros juegos de azar (2); promoción inmobiliaria y agencia, comisión o intermediación (12); joyerías (2); filatelia, numismática y arte (1) y transporte profesional de fondos (7).

El director del Sepblac aseguró que "el soporte de la prevención del blanqueo de capitales en España está, de momento, en las entidades de crédito y en los notarios".

"Esperamos que en un futuro no lejano otros sujetos obligados al ámbito financiero y del no financiero sigan esta guía para tener un sistema aún más eficaz", apostilló.

Aviso de Conde-Pumpido a algunos navegantes murcianos por las islas del Caribe, Panamá y Méjico

GRANADA.- El fiscal general del Estado, Plácido Conde-Pumpido, ha dicho hoy en cuanto al blanqueo de capitales que, aunque España es uno de los países europeos que está luchando de manera "más dura y eficiente" contra esta delincuencia, la zona del Mediterráneo, con mucho "potencial de riqueza", atrae este tipo de criminalidad y se han detectado secciones de mafia procedente de países de Europa del Este, la más "peligrosa", y del sur de Italia.

"A veces el blanqueo de capitales parece al ciudadano algo alejado, pero se trata de un oscurecimiento de bienes que proceden de actividades ilícitas, que a veces alcanzan hasta la farándula", señaló Conde-Pumpido, quien recordó que precisamente en la Costa del Sol hay puestos en marcha tres "macroprocesos" relacionados con el blanqueo, como es el caso 'Minutas', 'Ballena Blanca' y 'Malaya'.

A su entender, el dinero que se intenta blanquear procede fundamentalmente del narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de seres humanos o de armas, y "obviamente" de la corrupción. Para detectar este tipo de operaciones financieras fraudulentas, la Fiscalía se encuentra con el problema de que "las fronteras han desaparecido para los delincuentes" pero no para nuestros sistemas jurídicos, que "todavía son contemplados desde una perspectiva estrictamente nacional".

"Hoy día los traspasos de fondos a través de sistemas sofisticados de carácter financiero o a través de los medios informáticos se producen con una enorme facilidad, y los criminales cada vez se organizan mejor", incidió Conde-Pumpido, que aseguró que el Estado también responde a esta criminalidad "con instrumentos cada vez más efectivos".

Así, recordó la aprobación de la Ley de Prevención de Blanqueo, que introduce un fichero de titularidades financieras para que el Ministerio Público o las autoridades judiciales pueda saber del cualquier desvío de fondos que se produzca, y que permitirá "no tener que dirigirse una a una a las instituciones financieras para localizar las transferencias de fondos originarios de blanqueo, sino en un lugar centralizado, para que los servicios de inteligencia financiera pueda luchar contra eso".

De igual forma, la reforma del Código Penal también "introduce instrumentos más efectivos", y también órganos como Eurojust permiten perseguir con eficacia este tipo de delincuencia.

En lo que respecta a los paraísos fiscales, Conde-Pumpido indicó que después de los atentados del 11-S en Nueva York todos los países del mundo están haciendo un "esfuerzo importante" para hacerlos "desaparecer" y ya los servicios de inteligencia financiera "llegan a cualquier lugar".

El fiscal general hizo en ese sentido referencia al caso 'Gürtel', en el que se están llevando a cabo investigaciones en Suiza y paraísos fiscales en el Caribe.

El secretario de Estado para la Justicia, Juan Carlos Campo Moreno, manifestó por su parte que el Gobierno "no descansa en la lucha contra estas bolsas de impunidad", y, aunque cada vez los instrumentos que utilizan las organizaciones criminales sean más "sofisticados", el Estado cuenta con los suficientes mecanismos "para defenderse".

"La idea de que los delitos de cuello blanco no afectan al ciudadano está ya completamente superada", mantuvo.

Para Campo Moreno, la "preocupación" del Estado le ha llevado a poner en marcha la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, y la "importante" reforma del Código Penal, que "afina" los delitos y que establece una "importante respuesta" a la corrupción, una "lacra que nos invade", para que ésta "no campe por sus fueros y se pasee".

La Policía se emplea en Murcia para perseguir el blanqueo de dinero

MADRID.- Una red de blanqueo de capitales y fraude fiscal que, desde hace cinco años al menos, venía operando en las zonas costeras y áreas metropolitanas de Murcia y Almería, ha sido desmantelada por efectivos de la Policía Nacional, adscritos a la autoridad judicial y por las brigadas especializadas del citado Cuerpo, según ha confirmado hoy la Agencia Tributaria tras quedar levantado el secreto sumarial de las actuaciones.

Una veintena de personas han quedado imputadas, de momento, por su presunta participación en una trama organizada para blanquear capitales de procedencia ilícita y, en consecuencia, defraudar a la Hacienda Pública, aunque no se descartan nuevas implicaciones de residentes en la provincia de Madrid antes de que concluya la instrucción de las actuaciones judiciales, según la agencia NEM.

Las investigaciones llevadas a cabo han servido, además, para detectar la emisión de facturas falsas por parte de diversas empresas relacionadas con el sector de la Construcción y operaciones de compra-venta escrituradas muy por debajo del valor real de mercado que, en realidad, es el que se había satisfecho y en metálico.

Entre esas personas imputadas, o que puedan serlo más adelante, se encuentran empresarios de ambas provincias, así como empleados de banca y oficiales de notaría, sin cuya necesaria cooperación presuntamente no se podrían haber consumado los supuestos delitos que se les imputan.

Todas parecen haber sido participantes o colaboradores en operaciones inmobiliares fraudulentas por medio de sociedades instrumentales insolventes sobre las que cargar las plusvalías generadas en ficticias operaciones de compra, en claro perjuicio del Erario público y en beneficio de los verdaderos compradores posteriores y de los vendedores iniciales.

El Congreso aprueba la Ley contra el Blanqueo de Capitales con la abstención del PP

MADRID.- La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso aprobó anoche con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, que se abstuvo, el proyecto de Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, cuyo principal objetivo es evitar que el sistema financiero español y otros operadores económicos puedan ser utilizados para fines delictivos.

Fuentes socialistas confirmaron que la norma continuará su tramitación en el Senado por el procedimiento de urgencia, de manera que la previsión es que entre en vigor antes del 30 de abril, tras aceptar enmiendas de todos los grupos de la oposición.

El proyecto legislativo incorpora a la normativa española el contenido de la Directiva europea de prevención de estos delitos y los criterios para su aplicación. Así, obligará a los diferentes agentes económicos a identificar a sus clientes, detectar y comunicar operaciones sospechosas y abstenerse de realizar las que pudieran servir para blanquear dinero.

La nuevas obligaciones y medidas administrativas afectarán a los sujetos de carácter financiero y no financiero más expuestos a este tipo de delitos como son las entidades financieras y a profesionales como notarios, abogados, auditores, promotores inmobiliarios, joyeros y anticuarios, entre otros.

El blanqueo de capitales presenta dos tipos de riesgos, los sociales, que favorecen indirectamente la criminalidad al permitir al delincuente "legitimar" el producto del delito, y los económicos, que introducen distorsiones en los movimientos financieros, e indirectamente en los reales, ya que los flujos de inversión atienden a motivaciones de opacidad y no estrictamente económicas.

Los principales deberes administrativos de los sujetos obligados serán identificar y conocer a sus clientes habituales o esporádicos, establecer procedimientos y órganos internos de control, examinar operaciones sospechosas y comunicarlas al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac).

Además, deberán abstenerse de realizar operaciones que consideren sospechosas de blanqueo, conservar los documentos durante un mínimo de diez años y formar a su personal para prevenir el blanqueo de capitales.

Entre los sectores de especial riesgo, la nueva Ley regulará por exigencia comunitaria las medidas relativas a las Personas con Responsabilidad Pública no residentes (PEPs en sus siglas en inglés), con lo que se reforzará el examen especial en el caso de cargos públicos españoles.

En el terreno de la prevención, la normativa considerará todos los delitos como subyacentes al blanqueo de capitales, incluido el delito fiscal, incorporará nuevos sujetos obligados como por ejemplo, a todo comerciante que reciba fondos en metálico en cuantía superior a 15.000 euros. Todas estas medidas se harán extensibles a la financiación del terrorismo.

Asimismo, la nueva Ley regulará las medidas de diligencia debida con el cliente, y hará distinción entre las simplificadas como la obligación de identificación del titular real de un producto u operación y las reforzadas para sectores o actividades de riesgo como la banca privada, los servicios de envío de dinero y las operaciones de cambio de moneda extranjera.

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias será el órgano responsable de la coordinación de la política de prevención entre los 27. Asimismo, se reforzará la función contra el blanqueo del Banco de España (BE), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGS).

El Consejo Fiscal español aprueba el Anteproyecto de Ley de Blanqueo de Capitales

MADRID.- El Consejo Fiscal ha considerado favorable el contenido del Anteproyecto de Ley del Blanqueo de Capitales y de la Financiación de Terrorismo, aprobado el pasado 29 de junio por el Consejo de Ministros con el objetivo de reforzar los mecanismos de prevención para que el sistema financiero español no sea utilizado para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

"El conjunto del anteproyecto, con las observaciones reseñadas, es valorado favorablemente", conclye el informe sobre el reglamento que incorpora a la normativa española la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, sobre prevención del blanqueo de capitales.

Entre otras observaciones, el Consejo Fiscal se muestra a favor de las obligaciones de información, que pretenden favorecer la transparencia de las operaciones empresariales entre los directivos, empleados y agentes para que éstos puedan denunciar cualquier indicio de infracción ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

Por su parte, las empresas u organizaciones tendrán la obligación de guardar los documentos referentes a las distintas operaciones durante un periodo mínimo de diez años y de designar a un representante encargado de los documentos y de las relaciones con el Servicio Ejecutivo de la Comisión.

Los sujetos y las empresas estarán obligadas a declarar determinados movimientos por importe igual o superior a los 100.000 euros. La nueva Ley faculta a los funcionarios aduaneros y policiales para controlar e inspeccionar a las personas físicas, sus equipajes y medios de transporte.

El Consejo Fiscal se pronuncia a favor de que los abogados queden excluidos del deber de informar sobre un cliente cuando obtienen datos de éste con la finalidad de fijar una posición jurídica o su representación en procesos judiciales.

Por otro lado, el Anteproyecto de Ley deja sin efecto la obligación de informar a los afectados acerca de la inclusión de sus datos personales en los ficheros, sin determinar si éstos y su tratamiento son cuestiones que deben ser reguladas por Ley Orgánica, según establece también el artículo 31 la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, advierte el informe.

En sus disposiciones generales, el informe destaca que el delito de blanqueo de capitales, que antes estaba limitado al procedente de cualquier actividad delictiva que comporte un delito castigado con penas superiores a los tres años de prisión, se ampliará a las operaciones sospechosas relativas a delitos con pena inferior a ley la preventiva.

Por último, el consejo fiscal valora positivamente permitir a los jueces de instrucción y al Ministerio Fiscal acceder a los datos del Fichero de Titulaciones Financieras durante las investigaciones contra delitos relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

El texto del Anteproyecto fue remitido el pasado 25 de agosto por la vicepresidenta segunda del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al Consejo Fiscal para la emisión del informe. Antes de su trámite parlamentario, deberán emitir sus respectivos informes el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Banco Central Europeo.

Economía multa a Cajasur por infringir la ley contra el blanqueo

MADRID.- El Ministerio de Economía y Hacienda ha impuesto a Cajasur una multa por importe de 300.000 euros por cometer una infracción "muy grave" de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Gobierno ve responsable a la caja de infringir dicha ley sobre medidas de precaución en relación con el supuesto de que un empleado o directivo de la entidad hubiera puesto de manifiesto a los órganos de control interno la existencia de indicios o la certeza de que un hecho u operación estaba relacionado con el blanqueo de capitales.

El Consejo de Ministros sancionó por este motivo a la caja andaluza el 1 de agosto de 2008, y la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo denegó el pasado 13 de marzo del 2009 la suspensión de la ejecución de la multa, por lo que procede publicar la sanción.

Según figura en la resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera que dirige Soledad Núñez, el Consejo de Ministros impuso a Cajasur esta sanción por "incumplimiento injustificado" de la obligación de comunicación contenida en el artículo 3.4 a) de la Ley 19/1993 de 28 de diciembre sobre prevención de blanqueo de capitales.