Resulta que en la Región de Murcia se roba agua, es decir, que hay quien extrae agua -de pozos, en primer lugar- sin la debida concesión administrativa y durante años.
Esto se sabe de siempre, con escasa repercusión pública, ya que si el ladrón es un personaje o una empresa grande difícilmente trasciende; y si llega a tener eco, rápidamente actúa el “sistema” (autoridades, medios de comunicación, tribunales) para hacer pasar suavemente el trago al gran infractor ocultando mientras es posible su identidad, sea individual, sea corporativa; el sistema prefiere ensañarse con los errores o las trampas de los pequeños, que pagan de sobra con el sudor de su pelea con la tierra el agua que puedan detraer.
Pero, en general, el sistemático robo de agua pública, diverso en métodos y geografías, pasa desapercibido porque quienes tienen que prevenirlo y castigarlo no tienen por costumbre hacerlo.
Se roba agua todos los días en la cuenca del Segura, y solo de vez en cuando -como viene sucediendo con las piraterías descubiertas en los últimos años en la sierra de Almenara- la opinión pública se entera y se indigna; que es cuando ese coro cínico orquestado por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) nos recuerda la desvergüenza de aquel policía pringado en el negocio ilegal del juego en la inmortal película Casablanca (1942), y la imita, a la murciana, con este “¡Qué escándalo, hemos descubierto que aquí se roba agua!”.
Por esto, cosa bien hipócrita es la repercusión que ha tenido el descubrimiento de que varios empresarios se llevan (cruda) el agua para alimentar el (insultante) campo de golf del (deshabitado y arruinado) resort del paraje de Villareal, una de tantas herencias –en este caso, con la marca de aquel alcalde, Miguel Navarro, que tan fuerte llegó a ser en el PSOE murciano y al que sus conciudadanos lo votaron repetidamente- que nos ha dejado la gloriosa era de los pelotazos, los convenios urbanísticos y la especulación general (y generalizada).
Porque ahí, en ese entorno del tramo lorquino de la sierra de Almenara se ha perpetrado -sigo las informaciones de prensa- un abultado y sostenido robo de agua (extraída de una quincena de pozos ilegales y cinco manantiales) durante 17 años y por un valor, digamos, ambiental, de 65 millones de euros, el valor de los dos millones de m3 extraídos en ese tiempo, hasta dejar exhausto el acuífero rapiñado.
Lo bueno, es decir, lo canalla del caso, es que después de participar la CHS en la investigación del asunto, conjuntamente con el Seprona, su presidente, Mario Urrea se ha sublevado contra los resultados, asegurando que esas cifras, las del desfalco hídrico, no coinciden con “nuestra realidad administrativa”.
Según Urrea, solo existían nueve pozos ilegales, otros dos autorizados y cinco manantiales también con autorización. Y que, en todo caso, el abultado volumen extraído no puede conocerse porque, “evidentemente, al ser ilegales, no tenían contadores", así como tampoco es posible determinar la cuantía de los daños. ¡Olé tus cálculos, Mario Urrea!
Del inefable Urrea, que tan frecuentemente se muestra del lado de los empresarios, recuerdo ahora su descaro de funcionario desleal cuando daba garantías a la empresa aquella que quería volver a extraer hierro en Cehegín.
Y ahora vuelve a expresarse con semejante estilo, es decir, suavizando el delito, cuando se enfrenta a los informes del Seprona por una investigación que debiera haber realizado la CHS con sus servicios de guardería (que sin duda conocían el asunto desde hace años) y le quita importancia y dimensión al saqueo con argumentos muy similares a los que utilizaría una sentencia emitida por un tribunal escorado al infractor (como sucede tantas veces).
O sea, que ni son tantos pozos los ilegales ni es posible evaluar el monto del robo, material o económico: que se exagera, vamos.
No es que confíe en que este revuelo vaya a llevarnos muy lejos, pero el actual momento político-hidrológico parece más favorable para que al menos vayan aclarándose algunos aspectos -con expectativas muy moderadas, desde luego- acerca del latrocinio y el mafierío del agua en esta conservadora, complaciente y subdesarrollada Región de Murcia.
Porque parece que se aúnan ciertas fuerzas para señalar y sacarle los colores a ese organismo estatal -hablo, claro, de la CHS-, desvergonzado e irresponsable, enemigo de bienes públicos sagrados e irrecuperables y consolidado nido de prevaricadores.
Lo mejor de todo es que nuestros tribunales, cuando las denuncias van contra esta CHS o cuando es evidente su responsabilidad incumplida en tantos contenciosos del agua, toman como referencia documental determinante los informes que se le solicitan y que ella misma aporta, haciéndola en definitiva juez y parte.
En la denodada lucha -de pocos y débiles, pero justos- llevada a cabo por defender el buen uso del agua, principal recurso natural de la región, es la CHS la principal enemiga a la que hay que enfrentarse: solamente leer y analizar las contestaciones que da a las denuncias, ya ponen en evidencia la prosa degenerada que ha ido elaborando, lanzándola contra el denunciante como resumen de (1) malhumor por el atrevimiento, (2) instinto defensivo tras quedar en evidencia, y (3) propósito de burlarlas tanto con las artimañas administrativas como con su impunidad instituida.
Concentra esta CHS, con una estructura ingenieril funesta, una incompetencia radical en su gestión del agua-vida, ya que para este organismo se trata de agua-flujo, a entubar, trasvasar y encajar contaminaciones como mal menor; y una caradura cementosa, a prueba de bomba, de sus principales dirigentes.
Nada de lo cual hace que siga siendo inaccesible a la reforma o a la “limpieza” de indeseables, y que consiga salirse de rositas de todas sus abominaciones como si no fuera la principal responsable del desastre: del robo de agua, en primer lugar, ya que conociéndolo y teniendo como obligación investigarlo, perseguirlo y sancionarlo, no lo hace con el interés debido; y también de la degradación del recurso, lo que repercute en la evolución de los manantiales y fuentes de las áreas mejor dotadas.
A este papel desgraciado de la CHS hay que adjuntar el de las autoridades autonómicas y municipales, comparsas de la depredación, principalmente por su empeño en sacudirse deberes: para ellas es la CHS la única responsable en los asuntos del agua, por lo que se lavan las manos.
Así que no se les ocurre ir contra ella, conociendo la situación provocada por su despolítica y por no atajar los abusos diarios a cargo de empresas y de la propia Administración regional.
La alianza contra el agua es, así, cuádruple, con responsabilidades directas proporcionadas y distintas, evidentemente: la CHS, la Administración regional, los ayuntamientos y la sociedad global (desde empresas hasta tribunales, pasando por medios de comunicación).
Concretamente, nuestros ayuntamientos, en esta tierra donde el agua es objeto de todo tipo de insidias, no quieren saber nada del asunto, por más que conocen muy bien, de primera mano y estando en primera línea, los robos y las ilegalidades perpetradas diaria y sistemáticamente.
“El agua no es competencia nuestra”, dicen, y se olvidan de su competencia política, que los compromete a trabajar e implicarse en todos los aspectos de la vida municipal, incluyendo el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Dejan de lado, en definitiva, su competencia ética, sumergiéndose alegremente en la indiferencia.
Para señalar, por ejemplo, a un ayuntamiento pasota, descreído e intratable, no hay más que mirar al de Caravaca, concentrando la atención en su alcalde, José Francisco García, caso paradigmático de indolencia ante el atraco y el levantamiento del agua en su municipio, del desdén hacia quienes sí se alarman de la evolución de fuentes y manantiales y de clara enemistad hacia sus denunciantes, sabiendo ser -como este cronista comprobó- vengativo y rencoroso frente a quienes ponen en evidencia las miserias que más le escuecen.
El alcalde de Caravaca viene contemplando el trabajo del Consejo para la Defensa del Noroeste -desde su creación en 2017, para proteger los recursos del acuífero, la agricultura de los pequeños y la importancia del secano- con desapego y hostilidad.
Y ahora, cuando ya se puede constatar el agotamiento de la fuente de Singla y el pésimo camino que llevan unas cuantas más, parece querer apuntarse a la oleada de indignación que va levantándose por el pillaje de las fuentes de su municipio a causa de los pozos salvajes de la agricultura intensiva; y se ha atrevido a dirigirse a la manifestación reivindicativa del pasado 15 de septiembre, en modo cínico y oportunista, como si se acabara de enterar.
Me viene a la memoria cuando, delante de mí y de otro representante del Consejo del Noroeste, nos anunció, indignado, que multaría a la empresa multinacional Moyca, instalada ilegalmente para producir uva transgénica, con un millón de euros (o dos, no recuerdo bien: menuda tontería, dirigida a dos testigos que necesitaba que se llevaran buena impresión de él).
Pero la realidad es que no me consta que haya adoptado ninguna medida en favor de la legalidad agraria en su municipio, sino que ha consentido transformaciones ilegales del secano al regadío y construcciones piratas de nuevas granjas porcinas; y ha estado perfectamente enterado de que esas granjas no disponían de agua legal y de que, por lo tanto, lo que harían sería obtenerla de pozos ilegales (que, como las granjas y los trabajos de invernadero, por cierto, también necesitan licencia municipal).
Gran consentidor de este desorden en un consistorio volcado en festejos y peregrinaciones, disimula ahora una despreocupación bien demostrada por la ruina del principal recurso de su tierra; y -me dicen- ha anunciado en esa aparición, de paripé y postureo, que denunciará a la CHS por no sé cuántas cosas; también he sabido que advirtió a los oyentes que todo esto hay que hacerlo “con rigor”, como si esa fuera la pauta a la que él se ciñe y con la que piensa redimir a su municipio de las exacciones de cada día.
Los antecedentes son imbatibles: este alcalde pertenece al tipo de político que se allana ante los poderosos y los organismos de su cuerda política, y por eso aparenta indignarse con la CHS, que pertenece al Gobierno de Madrid, del perverso Pedro Sánchez.
Como si no hubiera demostrado, año tras año, que su ejercicio político está en perfecta consonancia con las maldades de las empresas agrícolas y ganaderas, con la lenidad de la Consejería de Agricultura y, por supuesto, con la negligencia de la CHS.
De modo que, si don José Francisco quiere ganarse el respeto al que un alcalde debe aspirar como guardián de derechos elementales de sus conciudadanos, como es el del agua, decídase a actuar y trabajar, haga algún mérito y consiga que quienes luchan de verdad, sin trampas ni medias tintas, lo puedan considerar uno de los suyos.
Siendo, como es, de obligada asunción el arremeter contra la CHS -lo que habrá que loársele si llega a hacerlo-, también le corresponde hacer lo mismo contra el Gobierno regional y, en realidad, contra sí mismo y su corporación, por displicentes y tolerantes ante el desastre.
(Mientras tanto, los que luchan de verdad por las fuentes y manantiales en Caravaca, no necesitan invitar a este alcalde a figurar y desfigurar, porque eso no lleva a ninguna parte).
(*) Ingeniero, profesor universitario y activista ambiental. Murciano de Águilas.
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