La Región de Murcia incorporará a sus ayuntamientos 12 secretarios, tesoreros e interventores

 MURCIA.- La Administración General del Estado (AGE) lanzará en marzo una convocatoria pública de 1.000 plazas de funcionarios habilitados nacionales, de los que 12 corresponderán a la Región de Murcia, cumpliendo las previsiones de la Ley 20/21, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad y del art. 66 del Real Decreto Ley 20/2022, de 27 de diciembre, que habilitó esta convocatoria extraordinaria territorializada.

Los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional son los secretarios, tesoreros e interventores de los ayuntamientos.

Las comunidades autónomas que lo soliciten podrán realizar en sus territorios los procesos de selección, pruebas de acceso y el curso selectivo de los aspirantes, a través de un convenio de colaboración con la AGE.

El reparto de las 1.000 nuevas plazas ofertadas se ha calculado de manera proporcional al número de vacantes en cada comunidad autónoma.

Por otra parte, este lunes han tomado posesión de sus puestos en el Ayuntamiento de Murcia, en un acto que ha contado con la presencia de los concejales de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén; de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé; de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres; y de Deportes, Miguel Ángel Noguera

Un total de 23 nuevos funcionarios han tomado posesión de sus puestos como funcionarios de carrera y personal laboral fijo. El acto que ha contado con la asistencia de los concejales de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén; de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé; de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres; y de Deportes, Miguel Ángel Noguera.

En concreto, los nuevos empleados públicos son cinco Operarias Telefonistas, tres Arquitectos, un Ingeniero Técnico de Obras Públicas, un Técnico Auxiliar de Fabricación Mecánica, tres Técnicos Superiores de Medio Ambiente, tres Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones, dos Psicólogos, tres Auxiliares Técnicos de Información Urbanística, un Conserje y un Técnico Medio de Informática, quienes han estado acompañados en esta jornada por familiares y compañeros de sus respectivos servicios.

José Guillén ha dado la enhorabuena a los nuevos empleados municipales y ha puesto en valor su vocación de servicio. "Vuestra ilusión y vuestra motivación deben guiar vuestro día a día. Estamos aquí para servir a los murcianos", ha subrayado.

De esta forma, el Equipo de Gobierno continúa trabajando para incrementar el número de empleados municipales, con el objetivo de ofrecer dar una respuesta rápida y eficaz a las necesidades de los murcianos.

Ya se puede pedir cita con la Administración regional o renovar la demanda de empleo por WhatsApp y Telegram

 MURCIA.- Los ciudadanos de la Región de Murcia ya tienen a su disposición dos nuevos canales de comunicación con la Administración pública regional que les permiten obtener información y realizar trámites sobre todos sus procedimientos, como pedir cita o renovar su demanda de empleo, a través de las aplicaciones de mensajería instantánea WhatsApp y Telegram.

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, ha visitado este miércoles las instalaciones del servicio de atención a la ciudadanía 012, que acaba de estrenar estas dos nuevas herramientas de comunicación, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Estos dos nuevos canales instantáneos se unen a los que ya ofrece el 012 a los ciudadanos: uno telemático a través de la sede electrónica de la Comunidad; un canal presencial con 11 Oficinas de Asistencia en Materia de Registro (OAMR) distribuidas por toda la Región y un canal de atención telefónica a través de la plataforma 012.

Durante la visita, el titular de Hacienda ha destacado que los dos nuevos canales "van a permitir que la relación con la Administración sea más ágil, fluida y directa, permitiendo a los ciudadanos de la Región realizar sus gestiones con la administración de manera casi instantánea".

La ampliación de la oferta del 012 se une a otras mejoras recientes de este servicio, como la implantación de un sistema interactivo de voz (IVR), que emplea tecnologías de inteligencia artificial, para realizar gestiones de manera automatizada; la automatización de sellado de demanda de empleo en una sola llamada sin necesidad de un agente o el servicio 'Llámame después', que ofrece al ciudadano que está a la espera para ser atendido la posibilidad de que le devuelvan la llamada dejando su número de teléfono.

Otros avances recientes son el servicio web 'Te llamamos', en el que, a través del portal de la Comunidad, el ciudadano puede indicar su teléfono y el tramo horario que más les conviene para que la Administración contacte con él o el servicio de interacción instantánea webchat, ubicado también en la web de la Comunidad.

Además, se están impulsando las redes sociales del servicio 012 (Facebook e Instagram) con una programación semanal de publicaciones e incorporando algunos 'reels' con enlaces en Instagram.

"Todos estos nuevos servicios se enmarcan en el proceso constante de mejora del servicio al ciudadano que se incluye en el Plan Estratégico de la Región de Murcia 2022-2027 y que tiene entre sus objetivos impulsar la simplificación, digitalización y transparencia para seguir avanzando hacia una Administración pública cada vez más cercana, ágil, moderna y eficiente", ha señalado Marín.

El servicio 012, que cuenta en la actualidad con un total de 37 trabajadores, atendió durante 2023 a más de 560.000 ciudadanos. En lo que va de año, el número de llamadas atendidas supera ya las 473.700, lo que supone una media de 2.049 consultas resueltas cada día.

Del total de llamadas, los servicios más demandados por los ciudadanos fueron los de cita previa, que alcanzan un 22,8 por ciento; o información de procedimientos de IMAS y consulta de expedientes, con más de un 21,8 por ciento de las atenciones. Los ciudadanos pueden obtener más información sobre estos nuevos canales en el área de atención a la ciudadanía de la página web de la Comunidad.

UGT Servicios Públicos denuncia que los ayuntamientos de la Región no respetan la categoría profesional

 MURCIA.- UGT Servicios Públicos inicia una campaña para dar visibilidad y denunciar la sistemática vulneración de derechos laborales que sufren diversos colectivos en los ayuntamientos de la Región de Murcia, al ser encuadrados en grupos o subgrupos profesionales inferiores a los que corresponden según su titulación y las funciones que desempeñan.

Entre los casos más destacados, UGT pone el foco en las Educadoras de escuelas infantiles, que, pese a contar con una titulación de Técnico Superior en Formación Profesional (FP), son clasificadas erróneamente en el Subgrupo C1, cuando deberían pertenecer al Grupo B, según lo establecido en el Artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TRLEBEP). 

Este encuadre erróneo supone no solo una injusticia retributiva, sino también un agravio profesional que desvaloriza su formación y su labor esencial en la educación de la primera infancia.

Además, esta práctica no se limita al ámbito educativo. En el deporte público se sigue encuadrando a las y los monitores deportivos en los Grupos C2 o C1, incumpliendo lo dispuesto en la Ley del Deporte y la Educación Física de la Región de Murcia, aprobada en 2022. 

Esta normativa establece que las y los profesionales del deporte deben poseer una titulación de Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (o equivalente), lo que les sitúa en el Grupo B. Sin embargo, los ayuntamientos continúan desoyendo esta obligación legal, perpetuando un sistema que infravalora su cualificación y responsabilidades.

UGT considera que es hora de que los ayuntamientos de la Región de Murcia reconozcan y dignifiquen a estos colectivos, cuya labor es esencial para el bienestar y desarrollo de la ciudadanía.

Con esta campaña, la organización sindical hará llegar sus demandas tanto a las administraciones como a la sociedad, utilizando todos los recursos a su alcance para lograr un cambio que respete los derechos laborales y profesionales de estas trabajadoras y trabajadores para lograr una clasificación profesional justa, visible y acorde a la normativa.

Y, por ello, UGT Servicios Públicos exige a los consistorios murcianos que apliquen la reclasificación en el Grupo B de las plazas correspondientes, como lo establece el TRLEBEP y la Ley del Deporte y la Educación Física de la Región de Murcia, así como la actualización de las retribuciones y complementos en consonancia con el nivel de titulación y responsabilidad exigidos.

UGT Servicios Públicos rechaza la OEP propuesta al ignorar la situación de interinos de larga duración en la CARM

 MURCIA.- UGT Servicios Públicos comunica su decisión de no firmar el acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial de Administración y Servicios, celebrada el 29 de noviembre de 2024, en relación con la nueva Oferta de Empleo Público (OEP). 

Esta decisión responde la firme oposición de este sindicato a la propuesta de convocatorias 100% libres, que ignoran la situación del personal interino de larga duración, quienes han sostenido los Servicios Públicos durante años en condiciones de precariedad.

En este sentido, UGT considera que la oferta planteada supone una grave injusticia hacia los trabajadores y trabajadoras interinas, muchos de los cuales llevan tiempo desempeñando sus funciones con profesionalidad y dedicación. 

La exclusión de medidas específicas para garantizar su estabilidad laboral no solo vulnera sus derechos, sino que también contradice las recomendaciones europeas sobre la reducción de la temporalidad en el sector público.

Una propuesta que no responde a las necesidades reales.

Asimismo, UGT rechaza esta oferta, dado que no equilibra el acceso a la Función Pública con la protección de los derechos del personal temporal. 

Este sindicato apuesta por modelos que combinen procesos de acceso justo y libre con medidas específicas que permitan reconocer la experiencia y antigüedad de las y los interinos, como los procesos de consolidación y estabilización contemplados en normativas previas.

Para UGT, la propuesta de un 100% de plazas de acceso libre ignora el impacto en los servicios públicos, ya que la pérdida de profesionales experimentados afectará directamente la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.

Además, vulnera los derechos del personal interino de larga duración, que se verán abocados a procesos inciertos que no valoran adecuadamente su experiencia, contraviniendo la jurisprudencia y directrices europeas; y provoca la precarización estructural, con un modelo que perpetúa la inestabilidad en el empleo público, desincentivando el compromiso y continuidad de las y los trabajadores temporales.

Por ello, UGT exige la inclusión de procesos de estabilización que tengan en cuenta el reconocimiento de la experiencia laboral acumulada, la garantía de igualdad de oportunidades entre interinos y nuevos aspirantes, así como la adaptación de la normativa a las directrices europeas para evitar sanciones futuras por abuso de la temporalidad.

UGT reitera su disposición al diálogo, pero no puede avalar medidas que condenan a muchas y trabajadoras y trabajadores a la incertidumbre y el desamparo, por lo que insta a las administraciones a replantear esta propuesta y adoptar soluciones justas, equilibradas y respetuosas con los derechos laborales.

UGT Servicios Públicos seguirá defendiendo los derechos de las trabajadoras y los trabajadores interinos y luchará por un modelo de empleo público que no deje a nadie atrás.

López Miras exige a Sánchez un fondo de nivelación para CCAA infrafinanciadas

MADRID.- El presidente del Gobierno murciano, el 'popular' Fernando López Miras, ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la reunión que han mantenido este viernes, que ponga en marcha un fondo transitorio para las comunidades infrafinanciadas, entre las que se encuentra la Región, mientras se reforma el modelo de financiación autonómica, a la vez que ha reafirmado sus críticas al concierto económico para Cataluña.

Así lo ha desvelado el presidente murciano en la rueda de prensa posterior al encuentro bilateral que ha mantenido este viernes con el jefe del Ejecutivo en el Palacio de La Moncloa, en el que ha dedicado gran parte de su diálogo a hablar de la financiación autonómica.

En este contexto, López Miras ha lamentado que Murcia sea la comunidad más infrafinanciada desde el año 2009, por lo que ha exigido a Sánchez que empiece a nivelar estos recursos con todas las regiones mientras se reforma el modelo de financiación. 

 "Ha sido un perjuicio permanente, un maltrato y una desigualdad desde 2009 en la Región de Murcia, que tiene que terminar ya", ha reivindicado el barón 'popular'. 

"Cada murciano recibe casi 1.000 euros menos que los ciudadanos de las Comunidades mejor financiadas", ha añadido.

Según ha detallado, este fondo transitorio para toda la legislatura estaría cuantificado en 2.340 millones de euros para nivelar a Murcia con la media del conjunto estatal en materia de financiación, aunque cree que el órgano para abordar este asunto es el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Como han hecho todos los presidentes autonómicos del PP, López Miras también ha exigido a Sánchez que la reforma de la financiación autonómica se tiene que abordar de manera multilateral, algo que, según el presidente murciano, ha sido garantizado por Sánchez, que ha apostado por abordar la renovación del modelo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Según ha dicho López Miras, Sánchez también ha compartido la necesidad de afrontar la renovación del modelo de financiación autonómica.

Al ser preguntado por si aceptaría una condonación de la deuda como está ofreciendo el Gobierno de Sánchez a las comunidades, López Miras cree que se puede abordar esta quita del déficit pero dentro de la mesa de negociación para reformar el modelo de financiación autonómica.

Sin embargo, López Miras cree que la condonación de la deuda "no es la solución a la infrafinanciación". 

De hecho, ha asegurado que gran parte de la deuda es achacable a este nivel más bajo de recursos por parte de Murcia.

"Podemos acordar una condonación de la deuda y al día siguiente vamos a seguir con menos recursos que el resto de españoles", ha sentenciado López Miras.

Mazón se suma a López Miras y también exige a Sánchez un fondo de nivelación para las CCAA infrafinanciadas

MADRID.- El presidente de la Generalitat valenciana, el 'popular' Carlos Mazón, ha secundado la petición que ha realizado su homólogo murciano, Fernando López Miras, ante el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para poner en marcha un fondo de nivelación para las comunidades autónomas infrafinanciadas, adelantando un posible frente común también con Andalucía y Castilla-La Mancha, que tienen recursos por debajo de la media.

En la rueda de prensa posterior al encuentro bilateral que ha tenido con Sánchez, Mazón ha desvelado que le ha trasladado la necesidad de nivelar los recursos de las comunidades infrafinanciadas a través de un fondo transitorio mientras se reforma el modelo de financiación autonómica.

En este contexto, Mazón ha dicho que Sánchez se ha apuntado esta reivindicación del fondo de nivelación, que también ha exigido López Miras en su reunión de este viernes por la mañana, algo que puede adelantar un frente común también con Andalucía y Castilla-La Mancha, que han insistido en este fondo transitorio en varias ocasiones.

De hecho, los cuatro presidentes de estas regiones se conjuraron en una conversación en los pasillos de Fitur para poder conseguir este fondo de nivelación mientras se reforma el modelo de financiación autonómica.

Él dice que puede ser una buena oportunidad para todos, veo lo contrario, me parece un dislate, pero es verdad que incorporo, hemos visto un acuerdo muy preocupante, quiero decir que aún podría empeorar

En cualquier caso, el presidente valenciano cree que la reforma de la financiación autonómica, el fondo transitorio y la posible condonación de la deuda que ofrece el Gobierno debe abordarse de manera multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Al respecto, Mazón ha confirmado también la intención de Sánchez de afrontar la reforma del modelo de financiación autonómica de manera multilateral en este foro con las comunidades, anticipando una próxima reunión, aunque aún no tiene fecha para ello.

"Queremos hablar de las tres cosas a la vez y delante de todos", ha proclamado Mazón, que ha vuelto a cuantificar el fondo de nivelación en 1.700 millones de euros, defendiendo que la Comunidad Valenciana es la región más infrafinanciada de todos.

Mazón sí que ha insistido ante Sánchez en sus críticas hacia el acuerdo fiscal entre PSC y ERC para un concierto económico en Cataluña, desvelando que el presidente del Gobierno le ha trasladado que es una "buena oportunidad para todos", a lo que él ha replicado con que es "la peor oportunidad para todos".

Del mismo modo, el presidente valenciano se ha referido a las críticas del Gobierno central hacia las comunidades que piden un fondo de nivelación mientras aplican rebajas fiscales y ha reivindicado el autogobierno de la Comunidad Valenciana para tener una capacidad fiscal, entre otras materias.

"Dar privilegios a los que hacen con el dinero público lo que todos sabemos con según qué gastos, y no respetar el autogobierno de los que estamos cumpliendo estrictamente con la Constitución y con nuestro Estatuto, me parece una broma de mal gusto. El autogobierno fiscal de la Comunidad Valenciana que tiene consagrado en su estatuto y en la Constitución", ha sentenciado.

La Región de Murcia cerró agosto con un déficit público de 302 millones de euros, el 0,77% del PIB

El río Segura a su paso por Blanca

MADRID.- La administración de la Región de Murcia registró en agosto de este año un déficit de 302 millones de euros, equivalente al 0,77 por ciento de su PIB, frente al déficit de 571 millones (1,59% de su PIB) que contabilizó en el mismo mes de 2022, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Con estas cifras, la Región obtuvo el mayor déficit de entre las comunidades autónomas en términos relativos.

Por otra parte, la Región de Murcia ha recibido 3.152 M€ del sistema de financiación autonómica, mientras que Cataluña se mantiene un mes más como la comunidad autónoma que más dinero ha recibido en lo que llevamos de 2023 del sistema. En total se han repartido 102.732 M€ hasta octubre de este año entre todas las regiones en conceptos de entregas a cuenta.

El sistema de financiación autonómica opera mediante unas entregas a cuenta de los recursos tributarios que se estima que ingresarán a lo largo del ejercicio en concepto de IRPF (la tarifa autonómica) y los porcentajes que marca la ley que les corresponde del IVA e Impuestos Especiales y que el Estado central adelanta.

Vález no consigue sacar los colores al gobierno indolente de López Miras al preguntarle qué ha hecho con 800 millones

MURCIA.- "Estamos viviendo la sexta ola en plenas fiestas navideñas. Lejos de haber puesto las medidas preventivas oportunas, de haber reforzado la sanidad pública con los fondos enviados por el Gobierno de España a la Comunidad Autónoma de Murcia, más de 500 millones solo para sanidad, nos encontramos con un Gobierno regional que dedica todo su tiempo a confrontar con el Gobierno de España, que desvía la atención e intenta culpar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las Policías Locales de su incompetencia y de su mala gestión", dice el secretario general del PSRM, José Vélez.

"De todo lo malo tiene la culpa el Gobierno de España y de lo bueno, cuando lo hay, es cosa del Gobierno regional. Estamos ante un Gobierno irresponsable. Un Gobierno regional que no gestiona. Y lo que hace, es buscando su propio interés partidista, y no el interés general.

El PP está más preocupado de sus temas electorales y de sus asuntos internos que de gestionar correctamente la pandemia, y nuestra propia Región. Esta inacción de la Comunidad Autónoma ha obligado a dejar libres a 14 inmigrantes que llegaron a nuestras costas, y que han sido contacto estrecho con un positivo que viajaba en la misma patera.

En este caso, la Consejería de Salud no decretó la orden de cuarentena, en las 72 horas que marca la ley, para estas 14 personas, y tampoco ha ofrecido una solución habitacional, tal y como recoge el protocolo de actuación para los inmigrantes que llegan en Patera.

El protocolo de actuación ante posibles casos importados de Covid-19 en el contexto del fenómeno de la inmigración irregular (firmado el 25 de julio de 2020) dice que: "Debe haber aislamiento y cuarentena en grupos en los que ha habido algún caso confirmado. Si en el grupo se detecta algún caso positivo de Covid-19, será necesario proceder al aislamiento estricto del caso según lo establecido en la "Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de Covid-19". 

Este aislamiento se realizará en centro hospitalario o en los dispositivos que tenga previstos la autoridad sanitaria competente. El resto de miembros del grupo serán considerados contactos estrechos y deberán realizar una cuarentena de 14 días, preferiblemente de forma individualizada o en grupos lo más reducidos posible, para evitar tener que prolongar la cuarentena ante la detección sucesiva de casos entre los contactos.

De igual modo, el aislamiento se realizará en los dispositivos que tenga previstos la autoridad sanitaria competente. En ambos casos se establecerá una vigilancia activa de posibles síntomas de Covid-19 por parte de las autoridades de salud pública, que deberá garantizar el cumplimiento de la misma habilitando los espacios adecuados para ello y determinando las urgentes y necesarias medidas para la salud pública".

Por tanto, ante la falta de gestión por parte de la Consejería de Salud, la ley obliga a dejar en libertad a estas personas.

Durante la última semana han llegado 260 inmigrantes, y el Gobierno de España se ha ocupado de 245 de ellos, que han sido derivados al Programa de Acogida de la Secretaría de Estado de Migraciones. Además, 1 positivo está en el hospital, derivado por Salud Pública, y para las 14 personas restantes, la única medida aplicable es la solución habitacional que tiene que poner la Consejería para guardar cuarentena.

Sin embargo, en este caso, y tras más de un año en el que sí se han hecho cargo, la Consejería de Salud, basándose en una sentencia que no es firme y, además, trata de un caso concreto y específico, ha eludido cumplir sus responsabilidades. No ha querido cumplir el protocolo de actuación anteriormente indicado, que sí cumplen en Valencia, Canarias, Baleares y Andalucía.

¿Se imaginan que los Ayuntamientos no cumpliesen las órdenes del Gobierno regional? Desde luego, los alcaldes y alcaldesas de la Región de Murcia son más responsables y más leales que el Gobierno regional del Partido Popular y los tránsfugas.

Asimismo, sabemos que la Consejería de Política Social vuelve a desatender a las residencias de mayores. Las residencias registran ya 12 brotes activos de Covid, pero la consejera lleva demasiado tiempo eludiendo su responsabilidad, mientras los profesionales de estos centros siguen siendo los peores remunerados y, junto a los usuarios, las principales víctimas de la gestión caótica de uno de los gobiernos autonómicos que menos invierte en política social.

¿Dónde está el dinero que el Gobierno de España ha enviado a la Comunidad Autónoma? ¿Qué ha hecho el Gobierno Regional con los más de 800 millones del fondo Covid? Tenemos que aguantar deslealtades, mentiras, irresponsabilidades del Gobierno del PP y sus socios tránsfugas, pero exigimos saber dónde está el dinero.

La deuda regional sigue aumentando, no hay refuerzo sanitario, prevén un recorte de más de 760 profesionales del sector sanitario, y todavía anda López Miras confrontando con el Gobierno de España. La Región de Murcia necesita seriedad y responsabilidad para vencer a la COVID y para recuperarnos económica, sanitaria y socialmente".

El alcalde Serrano pide a López Miras la financiación que corresponde a Murcia por "asumir competencias impropias"

MURCIA.- El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, se ha reunido esta mañana con el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, a quien le ha expresado su preocupación por la financiación que el Gobierno regional debe transferir al Ayuntamiento por asumir competencias impropias y que suponen más de 40 millones de euros anuales.

Al respecto, Serrano no ha querido dejar pasar que la Comunidad Autónoma es la única de España que no ha regulado la financiación local, de manera que los ayuntamientos "no tenemos ninguna certeza de lo que vamos a recibir de parte de la Comunidad y así tenemos dificultades para diseñar nuestros presupuestos".

En este sentido, el alcalde se refirió a la recuperación de San Esteban, enclave que "está llamado a convertirse en uno de los principales polos de atracción turística de la Región", y la finalización de las costeras, de suma trascendencia para el municipio puesto que contribuirá a mejorar el tráfico. Además, ha recordado que Murcia es la capital de la Región y por ello sede de la inmensa mayoría de organismos públicos donde cientos de personas de otros municipios acuden a diario a realizar gestiones".

El Alcalde no ha obviado "el enorme problema del transporte público para el que necesitamos apoyo económico y se ha referido al convenio que está preparando para poner las bases de la conexión metropolitana".

Asimismo, según Serrano, "queremos que nuestros centros educativos sean punteros, den la mejor prestación y ello pasa por recibir la inversión necesaria para disponer de unas instalaciones acordes con la demanda actual y el siglo XXI".

Por otro lado, ha pedido la implicación de la CARM en la Ciudad del Deporte, para la que habría financiación del Estado y faltaría la de la Comunidad al ser un proyecto de gran envergadura que sería un referente para el deporte nacional e incluso internacional. Sobre esto, ha asegurado que el presidente ha mostrado interés por el proyecto.

El alcalde ha recordado que por población -un tercio del total regional- este municipio es el más importante de la Región, "por lo que sus necesidades no pueden caer en saco roto". Precisamente, para corregir demandas históricas y esforzarse por lograr desarrollos en la capital, ha propuesto una mesa de trabajo como órgano entre las dos administraciones para priorizar las necesidades "y avanzar sin pausa por que los vecinos y vecinas de Murcia tengan los niveles de calidad y bienestar que se merecen en el séptimo municipio de España".

Asimismo, Serrano y López Miras han repasado la actual situación de Covid y la necesidad de una coordinación efectiva para evitar en la medida de lo posible los contagios en la población.

La reunión de esta mañana entre el alcalde y el presidente es la primera desde que Jose Antonio Serrano llegó a la Alcaldía de Murcia. "La verdad es que tenía bastantes deseos de mantener un encuentro con López Miras para conocer de primera mano su disposición a colaborar con el Gobierno municipal y he encontrado bastante receptividad, ahora sólo espero que esa mesa empiece a funcionar y podamos tomar decisiones y hacer realidad los proyectos enumerados.", ha apostillado el alcalde.

La Policía denuncia a un restaurante de Elche por no solicitar el pasaporte Covid a los clientes

ELCHE.- La Policía Local de Elche ha denunciado a un restaurante de la Avenida de Crevillent por no solicitar el pasaporte Covid a su clientela.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 4 de diciembre, sobre las 15.20 horas, cuando los agentes recibieron un requerimiento de un ciudadano que alertó de que el establecimiento presuntamente no estaba exigiendo los certificados sanitarios para consumir en su interior, según informa la Concejalía de Seguridad en un comunicado.

Los agentes, tras llegar al local y entrevistarse con el propietario, identificaron a un comensal que carecía de los requisitos sanitarios establecidos, por lo que se denunció al titular de la actividad.

Por otro lado, los policías tuvieron que acudir a un pub en el centro de la ciudad donde un cliente se negaba a enseñar su pasaporte Covid con reiteradas faltas de respeto, por lo que finalmente fue sancionado.

La Región pedirá a Pedro Sánchez que le condone 9.000 millones de deuda alegando infrafinanciación

MURCIA.- El Gobierno de la Región de Murcia, de cara a la convocatoria realizada por el Ejecutivo central para el próximo viernes en Madrid: el comité preparatorio de la Conferencia de Presidentes,  avanza que reclamará "la condonación de la deuda" generada desde 2009 por el actual modelo de financiación autonómica, según el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño.

En la práctica, eso supone que Murcia pedirá a la Moncloa el 'indulto' de 8.760 millones de euros, de los 11.154 millones a los que asciende la deuda pública de esta comunidad. "Con el actual modelo de financión autonómica, la Región pierde dos millones de euros al día, lo que supone una infrafinanciación anual de 730 millones de euros que podríamos invertir en la construcción de 140 centros de salud o 235 colegios", tal y como ejemplifica el consejero de Presidencia.

El Banco de España sitúa a Murcia como la novena autonomía más endeudada del país: su déficit de 11.154 millones equivale al 37% de su producto interior bruto. El popular Marcos Ortuño achaca parte de ese dato a otra estadística: "Somos la penúltima autonomía en financiación". De hecho, un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada sitúa a Murcia, segunda por la cola, porque percibe entre 728 y 800 euros menos que los territorios mejor financiados -como Cantabria-.

Todo ello ha motivado la decisión del Gobierno regional de exigir en el comité de este viernes, que le sea condonada la parte de la deuda que en el Palacio de San Esteban achacan al actual modelo de financiación en cuya renovación trabaja el Ministerio de Hacienda. Ortuño avanza a El Español que tal reivindicación también será trasladada por el jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, en la XXV Conferencia de Presidentes que Pedro Sánchez ha convocado a principios de 2022 en la isla de La Palma.

"La deuda de Murcia se ha generado por esa infrafinanciación de la que es responsable el Estado y es el Gobierno de España el que tiene que resolverla, por eso pedimos la condonación de esos 9.000 millones de euros aproximadamente", reflexiona el consejero de Presidencia.

La última aportación a la comunidad murciana desde el sistema de financiación autonómica, ascendió a 3.810 millones de euros, casi 800 millones por debajo de lo que en el Palacio de San Esteban consideran que les corresponde por cifra de habitantes (1.511.251) y para atajar los problemas de despoblación que sufre en algunas localidades de las comarcas del Valle de Ricote y del Noroeste.

"No puede ser que haya comunidades de primera división, de segunda, y que en Murcia ya seamos de tercera", critica Marcos Ortuño. "El Ministerio tiene que habilitar un sistema igualitario en la financiación autonómica donde se respete la cohesión territorial y la población".

Fondo de nivelación

De cara al cónclave de consejeros autonómicos del próximo viernes en Madrid, el titular de Presidencia apunta a este diario que el Ejecutivo murciano también trasladará al Gobierno de España la necesidad de que, "de forma inminente", el Ministerio de Hacienda ponga en marcha un fondo de nivelación que corrija las deficiencias actuales que sufren Murcia, Valencia o Andalucía. Tal petición también será traslada por López Miras a Sánchez durante la Conferencia de Presidentes.

"La propia ministra María Jesús Montero ha reconocido que somos una de las comunidades peor financiadas y mientras no se reforme el sistema de financiación, tiene que poner en marcha medidas que corrijan las deficiencias actuales". Ortuño considera que ese fondo de nivelación, "en un alto porcentaje", debería corresponderse con los 730 millones de media anual que no percibe la autonomía murciana.

La conferencia prevista a principios del año próximo, en la isla de La Palma, la tiene subraya en rojo en su agenda el Gobierno de Murcia. La intención del popular Fernando López Miras es volver a hacer de punta de lanza en reivindicaciones que comparten los distintos líderes autonómicos -al margen de su color político-. Otra de las peticiones que formulará al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, será la recuperación del Fondo Covid para las diecisiete autónomías. 

"A la vista de lo que está ocurriendo en otros países de Europa, estamos a las puertas de una sexta ola de contagios de coronavirus y en las comunidades vamos a seguir afrontando gastos extraordinarios en materia sanitaria porque la pandemia sigue estando ahí, entonces, lo que no puede ser es que desde el Gobierno no se nos aporte un céntimo de euro de Fondo Covid", advierte el consejero de Presidencia.  

Para hacer frente a la pandemia, y ante la ausencia del Fondo Covid en el Presupuesto General del Estado de 2022, Ortuño explica que el Ejecutivo murciano ha previsto un incremento del objetivo de déficit en las cuentas autonómicas: del 0,6% al 1%. "Ese fondo lo pedimos nosotros y todas las comunidades autonómas, por eso lo vamos a reclamar en el comité preparatorio de este viernes y en la próxima Conferencia de Presidentes".

La Región aprueba iniciar trámites para solicitar al Estado que le transfiera competencias sobre las cuencas internas

MURCIA.- El Consejo de Gobierno de la CARM, a propuesta del consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, ha aprobado hoy el inicio de los trámites necesarios para solicitar al Estado el traspaso a la Comunidad de las competencias en materia de ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas superficiales y subterráneas que discurran o se hallen íntegramente en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.

Esta solicitud tiene como objetivo hacer efectivo lo contemplado en el artículo 10.8 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia y permitirá a la Comunidad asumir la gestión de los cauces, ramblas y escorrentías cuyas aguas vierten en la cuenca del Mar Menor.

Ese traspaso en materia de cuencas intracomunitarias permitirá a la Comunidad asumir las competencias que corresponden a los organismos de cuenca. En concreto, corresponderían a la administración hidráulica de la Comunidad Autónoma las siguientes tareas:

- La elaboración, seguimiento y revisión del plan de cuenca intracomunitario.

- La administración y control del dominio público hidráulico y de los aprovechamientos de interés general.

- Las funciones administrativas relativas a la conservación y a la policía de las aguas y sus cauces.

- El apeo y deslinde de los cauces.

- La determinación del régimen de explotación de los embalses establecidos en los ríos de esa cuenca interna.

- La limitación temporal del uso del dominio público hidráulico para garantizar su explotación racional.

- La declaración de sobreexplotación de los acuíferos subterráneos.

- La realización de ofertas públicas de adquisición de derechos de uso en los bancos de agua legalmente autorizados

-La protección de aguas subterráneas frente a intrusiones salinas de origen continental o marítimo.

- La intervención en las instalaciones de depuración de aguas residuales.

- La promoción de la protección de zonas húmedas.

- La gestión y la recaudación, en su caso, de todas las exacciones (impuestos, multas, deudas…) relativas al dominio público hidráulico.

Salvo que se trate de obras y actuaciones de interés general del Estado, a la Comunidad Autónoma le incumben también las competencias para:

- El otorgamiento de concesiones y aprovechamientos, así como la inspección y vigilancia del cumplimiento de sus condiciones.

- La autorización de contratos de cesión de derechos de aprovechamientos y de investigación de aguas subterráneas

- El otorgamiento, la renovación o la modificación de autorizaciones de vertido.

- La imposición y revisión de las servidumbres forzosas previstas en la Ley.

- Y la potestad sancionadora en infracciones leves y menos graves.

Para iniciar este proceso de traspaso de competencias, el Gobierno regional realizará la solicitud formal correspondiente ante el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

De este acuerdo se dará cuenta a la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado Región de Murcia, órgano en el que se deben acordar las condiciones del traspaso de esas nuevas competencias para la Comunidad.

Actualización de representantes del Ejecutivo en la Comisión de Transferencias Estado-Comunidad

El Consejo de Gobierno ha aprobado también en su reunión de hoy un Decreto por el que se designan los representantes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en la Comisión Mixta de Transferencias del Estado a la Comunidad Autónoma.

El decreto aprueba la composición de esa Comisión Mixta con el Estado y actualiza la designación de los representantes del Ejecutivo regional.

Así, se designa como vicepresidente de la Comisión Mixta de Transferencias del Estado a la Comunidad Autónoma al consejero de Presidencia, Turismo y Deportes, y como vocales a los consejeros de Economía, Hacienda y Administración Digital, de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medioambiente, y de Transparencia, Participación y Administración Pública.

Una vez actualizados los integrantes de esta Comisión Mixta, el Consejo de Gobierno ordenará que se inicien todas las gestiones necesarias para realizar la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado Región de Murcia para iniciar el proceso de traspaso de las competencias sobre las cuencas internas de la Región.

La CARM propone al Gobierno líneas de colaboración para impulsar la transformación digital en áreas estratégicas

MURCIA.- El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, ha mantenido un encuentro con el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Roberto Sánchez, adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, para analizar fórmulas de colaboración en materia de transformación digital, informaron fuentes de la Comunidad Autónoma en un comunicado.

En la reunión se han abordado las líneas y objetivos que se plantean en la nueva agenda digital del Gobierno de la Nación y su interacción con áreas estratégicas y prioritarias en esta materia a nivel regional, así como con los programas e iniciativas que se plantean desde el propio Gobierno regional.

Celdrán ha destacado la importancia de abordar el proceso de transformación digital "desde una perspectiva integral, buscando fórmulas de colaboración entre las administraciones y generando sinergias que nos ayuden a difundir las aplicaciones de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, formar a los ciudadanos y garantizar su acceso a estas tecnologías de manera igualitaria o impulsar la digitalización de las administraciones y el desarrollo de territorios inteligentes".

En este contexto, desde el Gobierno regional se ha planteado la idoneidad de que los planes nacionales sobre tecnologías disruptivas atiendan a las particularidades de cada región, adaptándose a las características de sus tejidos económicos.

Igualmente, el consejero ha subrayado la necesidad de "aprovechar todo el talento que existe a nivel nacional y las buenas prácticas de cada administración", para lo que ha propuesto la creación de grupos de trabajo para identificar y compartir experiencias entre administraciones, así como para elevar propuestas al Ministerio en áreas de interés común.

Como ejemplo, el titular de Presidencia y Hacienda ha citado la mejora de las competencias digitales, la mejora de la conectividad o el refuerzo de las capacidades en ciberseguridad, que contribuyan a impulsar el proceso de transformación digital y a construir una Sociedad 4.0.

En el área de telecomunicaciones y en relación al Segundo Dividendo Digital, proceso por el cual se va a liberar la banda de 700 megahercios (MHz) del espectro radioeléctrico para desplegar en ella las futuras redes de telecomunicaciones 5G, y que exige la resintonización de la TDT, el consejero ha solicitado que se amplíen las ayudas para los municipios que el Ministerio ha dejado fuera de su orden de ayudas y que se ven afectados por este proceso de reordenación del espectro radioeléctrico, como son Bullas, Calasparra, Cehegín, Moratalla, Mula, Pliego y Ulea.

En el marco de este encuentro, además, desde la Consejería de se ha mostrado una "total predisposición" a participar de manera activa en el Consejo Nacional para la Transformación Digital, al igual que en otras iniciativas como la elaboración de una Carta de Derechos Digitales que facilite la protección de los derechos de los colectivos más desfavorecidos.

El Gobierno empieza a pagar a los funcionarios la nueva subida del sueldo

MADRID.- Las nóminas de febrero del personal de la Administración General del Estado han incorporado ya el incremento salarial del 2%, con efectos desde el 1 de enero, correspondiente a la subida en las retribuciones de 2020 aprobada por el Consejo de Ministros a principios de año.

El resto de administraciones públicas también están incorporando esta actualización, según ha informado CSIF en una nota, que reclama iniciar las negociaciones para un nuevo acuerdo de mejoras salariales.

Tras la aprobación del techo de gasto para 2020 por el Congreso de los Diputados, CSIF cree que es el momento de iniciar estas conversaciones, así como la nueva oferta de empleo público que deberán incorporar los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Durante su comparecencia en la Comisión de Función Pública en la Cámara Baja, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, se mostró partidaria de alcanzar un nuevo acuerdo de mejora en las condiciones laborales de los empleados públicos.

CSIF mantiene la necesidad de recuperar la estructura salarial previa al recorte salarial de entre el 5% y el 10% que se ejecutó en 2010 y recuperar definitivamente la pérdida de poder adquisitivo que se arrastra desde entonces, que sitúa entre el 12,9% y el 17,9%.

Asimismo, reclama adecuar los incrementos variables que contempla el último acuerdo a las expectativas reales de la economía, con el fin de blindar las nóminas de los empleados públicas y mantener la senda de recuperación del poder adquisitivo.

En España hay 2,57 millones empleados públicos, de los que más de la mitad, 1,3 millones, corresponden a la administración de las comunidades autónomas, de acuerdo con el último boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, de enero de 2019.

El resto se reparte entre la Administración del Estado (507.830), la administración local (575.405) y las universidades (156.042).

España dispara la cifra de funcionarios: 42.000 más en un año, 327.000 desde 2014

ZARAGOZA.- España tiene cada vez más funcionarios, en el sentido más extenso del término -el de empleado público-, aunque bajo esa denominación genérica se incluye un abanico que va desde el funcionario de carrera propiamente dicho, al personal laboral fijo o temporal, pasando por el funcionario interino y los que trabajan en el entramado paralelo compuesto por fundaciones, consorcios, empresas públicas y entes que dependen de las administraciones central, autonómica o local, según Abc. 

Entre 2010 y 2013, el sector público se tuvo que poner a dieta para aliviar su pesado gasto estructural, pero todo lo que perdió lo ha vuelto a ganar. Y la tendencia suma y sigue, ajena a la ralentización que sufre la economía.

Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), España terminó 2019 con un total de 3.253.300 empleados públicos. Son 42.300 más de los que había al acabar 2018; y 327.000 más que a finales de 2014, que fue el año en el que volvió a crecer con fuerza el número de asalariados en el sector público.

El grueso de ese aumento corresponde a las autonomías. Lo han hecho, además, con un masivo desembarco de interinos, no de funcionarios de carrera con plaza en propiedad tras la preceptiva oposición. Según la EPA, en el último quinquenio el sector público español ha incorporado otros 302.000 interinos, frente a 23.900 asalariados fijos.

El dato en sí mismo es relevante porque en la Administración -por las condiciones que han de regir tanto para el acceso de la función pública como para la aprobación de las plantillas- los contratos interinos deberían ser excepción. Desde hace años, sin embargo, son la norma.

Ahora bien, en este caso hablar de Administración, sin más, resulta injusto. Porque no todas las administraciones han incurrido en aumento de plantillas en estos años. Las responsables casi exclusivas han sido las autonomías.

La EPA calcula que, desde 2014, los gobiernos regionales han engordado sus plantillas, en su conjunto, con 261.900 empleados públicos más; 61.600 han sumado las entidades locales -ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares-; las empresas y entes públicos han aumentado 14.400 efectivos; y, sin embargo, la Administración Central ha perdido 5.300 empleados, y la plantilla de la Seguridad Social ha prescindido de 5.100 funcionarios.

En una perspectiva temporal más amplia, el contraste es enorme entre cómo ha evolucionado el empleo público en España y cómo lo ha hecho el privado.

El análisis de los datos de la EPA deja un dato especialmente revelador al respecto: el sector privado tiene 532.000 asalariados menos que en 2007, justo antes de la crisis; el sector público, sin embargo, tiene 284.000 más que entonces.

Dicho de otra forma: mientras la empresa privada española está todavía muy lejos de recuperar las cifras de empleo que presentaba antes de la recesión, en la Administración el número de efectivos ha ido a más, y con holgura.

Esto tiene una consecuencia directa en términos económicos: el coste que lleva aparejada la expansión del número de asalariados en el sector público, unido al efecto de los incrementos de sueldo que se han ido produciendo en los últimos años. Y todo esto cuando el déficit sigue constituyendo un serio problema en las cuentas españolas, lo que a su vez se traduce en la creciente deuda pública que arrastra el país.

El profesor Juan Velarde, economista y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, advierte de esos efectos negativos que tiene la continua ampliación de plantillas en el sector público español.

De hecho -explica- es algo sobre lo que ya alertó hace unos años un informe del Banco Mundial, «que estudió el caso español junto al de otros países y que llamó la atención sobre el intervencionismo administrativo que se da en España», derivado de una multiplicidad de niveles administrativos, cada uno de ellos dotado de gruesos cuerpos burocráticos.

«Ese creciente poder administrativo dispara la burocracia, lo que frena la actividad económica de una manera extraordinaria y, además, rompe la unidad de mercado, porque resulta que la normativa que en una cierta materia se aplica en una comunidad es diferente que la que rige en otra, y distinta de la que existe en una tercera... Es un hecho preocupante».

La organización burocrática de un país -destaca el profesor Velarde- incide directamente en la mayor o menor facilidad con la que se encuentran los emprendedores para invertir, hacer negocios, crear empresas y empleo. Es algo que analiza periódicamente el Banco Mundial en su informe «Doing Business», con el que elabora un ranking de países, ordenados de mayor a menor según que lo pongan más o menos fácil para hacer negocios. 

En el último ranking, Nueva Zelanda, Singapur, Hong Kong y Dinamarca lideran la lista, mientras que España está relegada al puesto número 30, por detrás de países como Kazajistán o Macedonia, en un nivel similar al de Japón, China, Francia y Turquía, y no muy lejos de Azerbayán.

En definitiva, que engordar la burocracia no solo sale caro por el creciente volumen de dinero que se tiene que dedicar a pagar el sueldo de los empleados públicos, sino que es un riesgo potencial para el emprendimiento -indica el profesor Velarde-, porque una burocracia creciente suele ir acompañada de mayores escollos administrativos para el emprendimiento. Y a eso hay que sumar un tercer factor: lo difícil que resulta adelgazar plantillas en el sector público .

España es un buen ejemplo de lo sencillo que resulta agrandar la lista de empleados públicos, pero lo resistente que es la administración a la hora de adelgazar su estructura. En 2008, cuando estalló la crisis, el sector privado se apresuró a recortar plantillas. En solo un año, en 2008, las empresas prescindieron de casi 800.000 puestos de trabajo. Sin embargo, ese mismo año el sector público siguió engordando, igual que al año siguiente, y también en 2010.
No fue hasta 2011 cuando la Administración asumió que no podía con tanto gasto estructural. Pero para llegar a esa conclusión y ponerla en práctica necesitó casi tres años de crisis y que las cuentas públicas llegaran al borde del precipicio. Solo entonces puso a dieta los gastos de personal.
Pero esa austeridad no duró mucho: en cuanto la economía empezó a dar un respiro, las administraciones autonómicas se apresuraron a engordar otra vez sus estructuras, lo que ha provocado la escalada de efectivos que ha registrado el conjunto del sector público español en estos últimos años.
En estos momentos hay en España unos 3,25 millones de trabajadores a sueldo de la Administración. De ellos, 537.200 están a nómina de la Administración central, 25.900 de la Seguridad Social, los gobiernos autonómicos tienen 1,85 millones de asalariados, 664.700 trabajan para las entidades locales, 161.500 son empleados de empresas públicas y 10.900 están a sueldo de otros organismos y entes públicos.

130.000 millones de euros al año en sueldos públicos

Los 3,25 millones de empleados públicos que hay en España ya cuestan anualmente unos 130.000 millones de euros. Es a lo que se calcula que ascendieron los costes de personal del sector público en 2019, a tenor del aumento de gastos que llevaba acumulado ese capítulo presupuestario a finales del ejercicio.
Hasta el 30 de noviembre, las administraciones autonómicas habían incrementado sus costes de personal un 5,75% en comparación con 2018, y la Administración General del Estado y Seguridad Social acumulaba un aumento del 4,5% a la misma fecha.
Por su parte, las entidades locales habían repuntado sus costes laborales un 6,1% hasta el tercer trimestre del año. Teniendo en cuenta que en 2018 el conjunto de administraciones se gastaron en personal 124.992 millones de euros, los incrementos que se llevaban acumulados en la recta final de 2019 apuntan a que el año pasado se rondaron los 130.000 millones de euros.
Son casi 20.000 millones más de lo que costaba la plantilla del sector público español hace cinco años.

Dos de cada diez asalariados están a nómina de la Administración

El sector público concentra el 19,2% de todo el empleo por cuenta ajena que hay en España: dos de cada diez asalariados están a nómina de la Administración. Pero el porcentaje varía según autonomías. En Cataluña es del 14,9%, en la Comunidad Valenciana es del 17,1%, y del 17,8% en Madrid. Son las tres regiones con menor peso del empleo público en el mercado laboral.
En el extremo opuesto está Extremadura, donde el 31,2% de los asalariados trabajan para la Administración. Le sigue Asturias, con un 24%, y con un 23,8% Cantabria, Castilla-La Mancha y Castilla y León. En Andalucía el sector público concentra el 21,8% de todo el empleo por cuenta ajena y en Navarra el 21,3%.

El 57, 7% de empleados públicos trabaja para las administraciones autonómicas

MADRID.- El número de trabajadores adscritos al sector público ascendía a 2.595.575, según los últimos datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, de los que el 57,7 % trabajaba para la administración autonómica, el 19,8 % para la estatal y el 22,4 % para las entidades locales.

Hasta julio de 2019, en la administración pública estatal había 513.954 efectivos y casi tres veces más en la autonómica -1.499.304-, en tanto que la local ocupaba a 582.317 personas.

Andalucía es la que más personal emplea en total, 460.175, de los que más de la mitad, 269.807, son personal de la comunidad autónoma, 126.597 para la local y 83.771 para la estatal.

Le sigue Madrid, con 387.338, y es en este territorio donde la administración central tiene su plantilla más numerosa, 150.280, aunque es superada por la regional, 182.359.

La segunda administración regional con más empleados, tras Andalucía, es Cataluña, con 204.861, y, en proporción, el volumen de trabajadores de la administración central es pequeño, con 25.866.

Dentro de las comunidades uniprovinciales y al margen de Madrid, la administración autonómica con más trabajadores es la de Murcia, con 55.716, mayor que la de Asturias (41.440), Baleares (30.317), Extremadura (49.489), Cantabria (23.069), Navarra (26.511) y Aragón (52.707).

Pero la administración regional que tiene menos efectivos es La Rioja, donde hay 11.608 empleados, solo por delante de los que prestan servicio en Melilla (1.269) y Ceuta (1.512).

Los sueldos en España: ¿cuánto gana de media un empleado público en España?

MADRID.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica periódicamente una radiografía completa de cómo están, de media, los salarios en el mercado laboral español. El informe desvela un sinfín de datos curiosos. Por ejemplo, ¿cuál es el salario medio en España? ¿O cuánto cobra de media un empleado del sector público?, se pregunta elEconomista.

1.944,4 euros mensuales. Este es el salario medio mensual en España (en términos brutos) correspondiente a 2018 -el último dato disponible-. Fue, en concreto, un 2,9% superior al de 2017 (o 55,4 euros superior). 

Según cuenta el INE, el 30% de los asalariados españoles recibió el año pasado un salario bruto mensual superior a los 2.187,2 euros, mientras que otro 30% ganó menos de 1.260,9 euros. El 40% restante percibió un salario bruto mensual entre 1.260,9 y 2.187,2 euros. (Fuente tabla: INE)

Sector público vs. privado

Al comparar los sueldos del sector público y el sector privado hay toda una serie de datos destacados. El primero de ellos es que el salario medio en el sector público alcanzó en 2018 los 2.654 euros brutos, mientras que en el sector privado se situó en los 1.772 euros. 

Estadística también cuenta que el 61,8% de los asalariados del sector público tuvo un salario bruto mensual superior a los 2.187 euros en 2018. En este apartado el INE incluye todo tipo de Administraciones Públicas y empresas públicas y tanto los trabajadores adscritos a Mutualidades como los que cotizan a la Seguridad Social. El porcentaje correspondiente en el sector privado fue del 22,3%.

Según recoge el INE, el mayor porcentaje de asalariados con estudios superiores en el sector público, el menor peso del trabajo a tiempo parcial y la mayor antigüedad son los factores que determinan la mayor concentración en salarios altos en dicho sector.

Sí, ganan más los hombres

Teniendo en cuenta el global y sin hacer distinciones entre el sector público y el privado, el salario medio de las mujeres en 2018 fue de 1.708 euros, mientras que el de los varones alcanzó los 2.161 euros. Si algo demuestran los datos de Estadística es que los hombres ganan más que las mujeres. Entre los varones se registra una mayor concentración de salarios altos. 

Pero todo tiene una explicación: una de las razones principales de estas desigualdades en salario medio y distribución salarial entre hombres y mujeres es que ellas trabajan más a tiempo parcial, con contratos temporales y en ramas de actividad menos remuneradas en mucha mayor proporción que los varones. 

Así, el 35,1% de los hombres ingresó más de 2.187 euros el año pasado, frente al 24,5% de las mujeres. En cambio en los salarios bajos ocurre al contrario. El 41% de las mujeres tuvo un salario inferior a los 1.260,9 euros, frente al 19,7% de los varones. 

Pesa la experiencia

Sin duda, la mayor proporción de contratos indefinidos, la antigüedad y la experiencia laboral determinan el mayor nivel salarial entre los trabajadores de mayor edad. Igualmente, la mayor proporción de trabajo a tiempo parcial y de contratos temporales y la menor antigüedad explican el menor nivel salarial entre los grupos más jóvenes. 

El salario medio bruto se incrementa con la edad, pasando de los 1.091 euros que, en promedio, percibieron los jóvenes de 16 a 24 años, hasta los 2.205 euros de los asalariados de 55 y más años. 

¿A qué se dedica?

Los salarios más bajos se concentran en el grupo de Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico (86%) y en el extremo contrario de la tabla figura el de Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. 

¿Cuánto gana un temporal / indefinido?

Los contratos temporales tienen salarios más bajos que los indefinidos. El 48,5% de los asalariados con contrato temporal percibió un salario inferior a los 1.260,9 euros en 2018, mientras que el porcentaje correspondiente de los asalariados indefinidos fue del 23,4%.

El porcentaje de asalariados con contrato indefinido que recibió salarios superiores a 2.187 euros fue del 36,3% frente al 12,4% de los asalariados con contrato temporal. 

Distribución por comunidades

La estructura productiva existente en las comunidades autónomas tiene una gran influencia sobre su nivel salarial. De esta forma, las que tuvieron una mayor concentración de salarios altos fueron País Vasco (43,7% de asalariados con salarios por encima de 2.187,2 euros mensuales), Comunidad Foral de Navarra (39,9%) y Comunidad de Madrid (39,1%).

En el lado opuesto, las comunidades con mayor porcentaje de asalariados concentrados en deciles bajos (sueldos por debajo de 1.260,9 euros) fueron Extremadura (40,5%), Andalucía (38,0%) y Canarias (36,1%).

Si se confirma el fraude de las ayudas del BEI y la malversación de dinero público del terremoto de Lorca, IU exigirá responsabilidades de todo tipo

LORCA.- Tras hacerse público que la División de Investigaciones de Fraude del Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha abierto una investigación sobre el préstamo de 185 millones de euros concedido al Gobierno de Murcia en 2012 para financiar la reconstrucción de Lorca tras los terremotos, la formación política denunciante ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para realizar una primera valoración.

Los dos concejales que conforman el Grupo Municipal de IU-V, Pedro Sosa y Gloria Martín, acompañados por el Coordinador Regional de la formación de izquierdas, José Luis Alvárez Castellanos, han alabado la rapidez con la que los organismos europeos han respondido a la denuncia formalizada hace apenas un mes por la eurodiputada de IU, Sira Rego, ante el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Sosa ha recordado que se trata de una denuncia que IU-V ha hecho pública en diversas ocasiones a lo largo de los últimos años, toda vez que les sorprendía comprobar cómo presupuestos públicos y boletines oficiales publicaban negro sobre blanco que, con dinero finalista del BEI para el terremoto de Lorca, se estaban arreglando carreteras y construyendo rotondas en Águilas, Mazarrón, Puerto Lumbreras, etc. 

Y ello, añade el Portavoz de IU-V, en el contexto de unas obras de reconstrucción de Lorca caracterizadas por el "descontrol, el oscurantismo, la falta de planificación, coordinación, información y participación ciudadanas, el no establecimiento de prioridades y la adjudicación de las mismas a grandes empresas foráneas con subcontratación de las obras."

Sosa además ha anunciado que pedirán la ampliación de las investigaciones a las inversiones millonarias del Plan Director del Patrimonio Cultural de Lorca por la falta de retorno público de un dinero que sólo está engordando el patrimonio inmobiliario privado de una decena de familias ricas de Lorca.

Por su parte, la concejala de Izquierda Unida-Verdes Lorca, Gloria Martín, ha recriminado al Gobierno regional que "retuerza el lenguaje" para hacer creer que las actuaciones emprendidas por la División de Investigaciones de Fraude del BEI son "un simple procedimiento ordinario de evaluación".

Respecto al objeto de la denuncia, la edil mostró documentos oficiales del BEI que expresan claramente que los 185 millones debían ser invertidos, íntegramente, para "financiar inversiones destinadas a la reconstrucción y rehabilitación de edificios e infraestructuras" dañadas por los terremotos de Lorca de 2011. 

Concretamente, para la rehabilitación y reconstrucción de viviendas, para las actuaciones de recuperación del patrimonio previstas por el Ministerio de Cultura en el "Plan Director de Recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca", para la rehabilitación de escuelas públicas y centros educativos, y para la reparación y reconstrucción únicamente de dos carreteras regionales, la RM 701 (que va de Lorca a los Baños de la Fuensanta) y la RM 621 (Lorca-Purias).

Sin embargo, en los anexos de actuaciones relacionadas con el seísmo de Lorca financiadas por el BEI y que forman parte de los presupuestos autonómicos de 2015 a 2019, aparecen, con la descripción "SEÍSMO LORCA 2011", hasta siete reparaciones de carreteras que ni siquiera discurren por el término municipal de Lorca y sí por Águilas, Totana, Mazarrón o Puerto Lumbreras, algunas por valor de un millón de euros.

Martín recordó que todos los partidos con representación en el Ayuntamiento de Lorca conocían estos hechos. También el PSOE que, en abril de 2018, por boca de quien hoy es concejal del equipo de gobierno municipal, Antonio Navarro, exigió la paralización del proceso de adjudicación de la construcción de una rotonda en Puerto Lumbreras que la Consejería de Fomento había sacado a licitación con cargo al dinero del BEI. A remolque de una denuncia de IU-Verdes, Navarro dijo entonces que el préstamo era "finalista" y denunció que el Gobierno regional se llevara el dinero "a donde no corresponde". 

Aquellas declaraciones fueron respondidas por el PP local que reprochó que parte del mismo préstamo también se estaba destinando a actuaciones en Águilas, gobernada por los socialistas.

Martín recordó que antes, en diciembre de 2017, el PSOE también forzó la celebración de un Pleno Extraordinario monográfico en el Ayuntamiento de Lorca para "despejar las dudas" sobre los "errores e irregularidades" relativos a las obras financiadas con cargo a dicho préstamo, según explicó entonces Diego José Mateos, hoy alcalde de Lorca.

Por ello, Martín dijo no entender la actitud de Mateos, que ayer confió en el "uso correcto" por parte de la CARM de los fondos procedentes del BEI para la recuperación de Lorca. "Entendemos que el alcalde pueda estar nervioso porque hay muchas obras aún sin hacer y que dependen del préstamo, pero eso no es incompatible con exigir total transparencia y que ese dinero se emplee en los fines adecuados y con plenas garantías", dijo Martín. 

"IU-Verdes no va a contribuir a tapar posibles fraudes cometidos con un dinero que sale del bolsillo de los contribuyentes", concluyó.

Por último, el Coordinador Regional de IU-V, José Luis Alvárez Castellanos, ha señalado que su presencia en la rueda de prensa pone de relieve la importancia de la noticia para la dirección regional de su formación política, toda vez que la misma no sólo vuelve a poner en duda la credibilidad lastrada del gobierno regional de Murcia ante su propia sociedad, ante el país y ante Europa, sino que además vuelve a poner "a los pies de los caballos a la propia Región de Murcia".

El Coordinador de IU-V ha manifestado que una prueba evidente de la nefasta gestión que el gobierno regional del PP y Ciudadanos están haciendo del préstamo del BEI, tras siete años y medio desde su concesión, es el hecho de que hasta la fecha se hayan solicitado nada menos que cinco prórrogas para su ejecución, y, tres de ellas, en el último año y medio.

José Luis Alvárez Castellanos sostiene que tras las reiteradas denuncias de IU-V en sede local sobre las innumerables irregularidades que acumulaba la gestión de las ayudas, y con respuestas que no han pasado de la negación, la opacidad y la falta de transparencia, finalmente los compañeros de IU de Lorca se han visto obligados a recurrir a nuestro Grupo Parlamentario en Europa. 

La rapidez con la que la Oficina de Evaluación del Fraude del BEI ha respondido a la diputada de IU. Sira Rego, confirma para los dirigentes de IU, que los indicios de irregularidad son claros y meridianos, ha concluido el Coordinador Regional de la formación de izquierdas.

Sale adelante el decreto que reparte 5.000 millones a autonomías y ayuntamientos

MADRID.- El real decreto ley que permitirá a las comunidades autónomas de régimen común (todas salvo el País Vasco y Navarra) y a los ayuntamientos disponer de más de 5.500 millones de euros, por las entregas a cuenta, ha sido aprobado este martes casi por unanimidad de la Diputación Permanente. Todos los grupos han votado a favor de la convalidación, menos Bildu, que se ha abstenido.

La aprobación del decreto ley en el último trimestre del año y en precampaña ha conllevado duras críticas de la oposición, que ha acusado al Gobierno de "tirar la casa por la ventana" ante el nerviosismo electoral, si bien han explicado el voto a favor en la necesidad de acabar con el "secuestro de recursos" a comunidades (4.682 millones, les tocan en este reparto) y ayuntamientos (821).

Ante estos reproches, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que ante "la parálisis", el Gobierno ha dado respuestas "en el momento en que ha sido posible" y lo ha hecho de manera "responsable" y ante una situación "inédita" como es "la no aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado y la continuidad de un gobierno en funciones".

Montero ha dejado claro que en ningún momento la prestación de servicios públicos en comunidades autónomas ha estado comprometida ni la actualización de las entregas a cuenta está vinculada "a ningún tipo de chantaje, como algunos quieren trasladar".

En el debate, el portavoz económico del PP, Mario Garcés, ha considerado que el real decreto ley es el "colofón de una tragedia" en varios actos y ha acusado al Gobierno de recurrir en este asunto a "la manipulación y las medias verdades".

Garcés ha señalado que el "primer acto" va desde el 1 de enero hasta las elecciones del 28A, período en el que, según el PP, ya se podía haber aprobado y el "segundo acto", con un Gobierno constituido hasta la convocatoria del 10N cuando el Ejecutivo se escudó en un informe de la Abogacía del Estado "que no aparecía, y no tenemos".

Por su parte, el portavoz económico de Cs, Marcos de Quinto, ha asegurado que el decreto "no es una solución si no un mero parche" y ha reprochado al Gobierno la "bochornosa gestión" que ha puesto de relieve su "hipocresía" con cambios de criterio "según les convenía" y el "ventajismo político" exigiendo una investidura gratis a cambio de desbloquear los fondos.

Desde Unidas Podemos, el diputado Antonio Gómez Reino ha acusado al Gobierno de "faltar a la verdad" y de "clamoroso electoralismo", si bien ha justificado el voto a favor de su grupo en la necesidad de acabar con el "secuestro" de recursos a las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

El Gobierno no subirá el sueldo a los empleados públicos mientras esté en funciones

MADRID.- La subida anual de los empleados públicos deberá esperar a que exista un Gobierno "con funciones plenas". Así lo han comunicado desde Presidencia del Gobierno a los sindicatos en una carta, que ha podido consultar eldiario.es, en la que en nombre del presidente Pedro Sánchez se reitera el compromiso con la subida salarial pactada con los sindicatos para 2020, pero se especifica que se "deberá contar con funciones plenas". 

Según la carta remitida desde Presidencia del Gobierno, fechada el pasado 8 de octubre, el Ejecutivo socialista dice estar "firmemente comprometido con el cumplimiento de las condiciones retributivas pactadas con los sindicatos, para lo que deberá contar con plenas funciones".

Desde el sindicato CSIF, que ha comunicado a los medios la carta del Gobierno, valoran "el gesto" del Ejecutivo, que ha respondido a la misiva que le enviaron de forma conjunta CCOO, CSIF y UGT con esta cuestión, aunque lo consideran "insuficiente". 

El sindicato de funcionarios exige a Sánchez que se garantice "la subida por la vía del decreto, con el fin de que entre en vigor desde el 1 de enero y evitar así que se produzcan retrasos". En este sentido, desde CSIF pide que el presidente se comprometa con los empleados públicos "al igual que se ha comprometido en el caso de las pensiones". 

Pedro Sánchez anunció en un acto de cara a las elecciones del 10 de noviembre su promesa de subir las pensiones según el IPC en diciembre. Aunque el presidente en funciones se ha referido a su confianza en que para finales de diciembre se haya formado un Gobierno con plenas funciones, es posible que no sea así y el compromiso de diciembre está sobre la mesa. 

La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, también ha insistido en que para finales de año confía en que se haya formado Gobierno y, si no es el caso, recordó que existe la posibilidad de aprobar la medida por real decreto-ley si se justifica la urgente necesidad y el interés general. 

Los acuerdos alcanzados sobre el salario de los empleados públicos (bajo mandato del Gobierno del PP) contemplan una subida del 2% para 2020, a la que se sumaría una adicional del 0,3% proveniente de fondos adicionales y otro 0,55% en función del cumplimiento del déficit.

A estas se sumaría un alza adicional que dependerá del crecimiento económico de 2019 y que oscila del 0,2% (si la economía crece el 2,1%) al 1% (si avanza el 2,5% o más).

El año pasado se subió por decreto-ley

Hay que recordar que el Gobierno socialista aprobó la subida salarial de los funcionarios para este 2019 vía real decreto-ley en diciembre de 2018, una medida anunciada para un simbólico Consejo de Ministros celebrado en Barcelona a finales de año, en el que también se aprobó el incremento del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros mensuales. 

En esta ocasión, con el Gobierno en plenas funciones, Pedro Sánchez recurrió a esta vía de urgencia y necesidad tras la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que no contemplaban por tanto el incremento pactado para 2019. 

El decreto-ley en cuestión recogía el su introducción la justificación de urgencia y necesidad, dado que sin su aprobación "a partir del 1 de enero de 2019 se congelarían las retribuciones de todos los empleados del sector público autonómico y local, sin que existan razones de política económica que justifiquen dicha situación".

Respuesta a CCOO, CSIF y UGT

El Gobierno rechaza así en su carta garantizar la subida salarial para evitar "un nuevo atraso" en los compromisos alcanzados con los representantes de los empleados públicos debido a las elecciones, como le habían solicitado los sindicatos CCOO, UGT y CSIF en otra misiva remitida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 18 de septiembre.

En la carta, los sindicatos sostenían ser "conscientes de las limitaciones jurídicas que provoca esta situación de interinidad", si bien exigen que "se busquen las soluciones normativas necesarias para garantizar los incrementos salariales pactados para 2020". Además, reclaman "el correcto desarrollo de los acuerdos alcanzados, especialmente en materia de empleo".

Por su parte, CCOO ha convocado una concentración el próximo jueves ante la Secretaría de Estado de Función Pública para reclamar al Gobierno que cumpla con el incremento salarial pactado, así como que desarrolle las ofertas públicas de empleo (OPE) y los planes de igualdad en la Administración Pública, entre otros pactos.

Para UGT, de no llevarse a cabo estas mejoras, puede haber "graves consecuencias sociales, económicas y personales sobre los servicios públicos, ahondando en su deterioro y marginando nuevamente a los trabajadores de las diferentes Administraciones". Por ello, reclaman que, "en cumplimiento de los acuerdos suscritos con los sindicatos", se les aplique "la subida salarial acordada para 2020".

En la misiva, el Gobierno asegura compartir el diagnóstico de que "una Administración fuerte, con medios suficientes y un empleo público con derechos es fundamental para asegurar y prosperidad de España".

Asimismo, el Ejecutivo dice que es consciente "del enorme esfuerzo realizado por los empleados públicos durante los últimos años al mantener su compromiso en un contexto de restricciones presupuestarias y de personal".