Que el nuevo Gobierno ha venido a gobernar es algo que
parece haber dejado boquiabiertos a muchos. Que ese gobernar incluye
ejercer todas las potestades que le concede la Constitución, también. Lo
digo por el crujir de dientes y el rasgar de togas que este lunes
recorrió parte del país tras el anuncio de la propuesta de la ya
exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado.
Pareciera
que la derecha y la ultraderecha y las asociaciones conservadoras
pretendieran que para ser democrático y honesto un gobierno progresista
deba renunciar a todas aquellas posibilidades constitucionales para
poner en marchar sus políticas, lo cual incluye su política criminal.
Olvidan que la Constitución Española, esa que tanto exhiben y con la que
tanto golpean, fija en su artículo 124.4 que corresponde al Gobierno
proponer al fiscal general. Quisieron los padres de la Constitución que
el fiscal general tuviera un cariz político, como sucede en otros muchos
países, y que fuera una persona de la plena confianza del Ejecutivo y
así lo dejaron plasmado en la misma.
El fiscal general, y la Fiscalía en
sí, recibe así su legitimidad, que en democracia sólo puede provenir
del pueblo. Es el Ejecutivo, que emana del pueblo, el que propone a su
cabeza visible y luego se cuenta con los instrumentos de contrapeso, que
también están definidos en las leyes, para que se mantenga la autonomía
funcional de los fiscales, que no su independencia. La independencia
sólo se predica de los jueces. No puede hablarse de la independencia
fiscal y de la dependencia jerárquica que les señala la Constitución de
forma simultánea. Oxímoron conceptual.
La otra posibilidad sería que fuera el Parlamento quien
propusiera y eligiera al fiscal general. O unas elecciones directas,
como sucede en otras democracias. Lo que no es de recibo es la
pretensión de que la carrera fiscal se autogobierne sin entroncar de
forma democrática con la soberanía popular. Que unos señores hayan
sacado una oposición no les confiere legitimidad ninguna para marcar la
política criminal de un Estado. De ninguno.
Pareciera, sin embargo, que
estaban muy cómodos los fiscales con una fiscal general, que fue un gran
error, y que gobernaba, por decir algo, la Fiscalía pensando en el
beneplácito de su compañeros de carrera. Una fiscal general que, si bien
se dijo independiente del Gobierno, se mostró bastante dependiente de
algunos pesos pesados de la carrera judicial que le plantaron cara.
Y
eso que la postura jurídica de la fiscal Segarra era
a priori más
próxima al fallo final del Tribunal Supremo que el de esos fiscales que
perdieron el juicio, es decir, que no llevaban razón. Parece que
publican los medios que estos también se han puesto de uñas. Todo esto
ha durado mucho tiempo. Recuerden que se lo conté (
Segarra, la fiscal de Ikea). La fiscal general que sólo hizo una comparecencia pública. Puede que ni recuerden su voz. Tan desaparecida estaba.
Así
pues el problema no puede ser que Pedro Sánchez haya propuesto a su
fiscal general del Estado, porque así está definida constitucionalmente
esa función. Es el fiscal general del Estado de cada gobierno. Por eso
entra en funciones con el gobierno y por eso cesa con el gobierno. Toda
esa zarandaja de la ruptura de la división de poderes sólo puede
provenir del máster y la azarosa carrera de Derecho de Casado. De eso y
de que parece que no conocen la Constitución o que no les importa nada
con tal de desacreditar al Gobierno y a las instituciones.
En
realidad lo hacen porque todo bocado parece bueno y, dada la deficiente
educación constitucional de la mayoría de los españoles, hacen un
escándalo a cuenta de la separación de poderes y les trae cuenta.
Anuncia la ultraderecha ¡que va a poner una querella a Sánchez por
tráfico de influencias! por cumplir con su prerrogativa constitucional. A
España la van a romper todos estos a base de intoxicar a la gente hasta
que no consiga diferenciar qué es lo democrático y lo constitucional y
qué no.
El problema debe ser pues la persona elegida,
no que Sánchez la proponga. Dolores Delgado. Vaya, la hacían ya tantos
muerta que ahora al verla resucitar con poder se les ha hecho bola.
Inaudito, decía una asociación de fiscales. No, no lo es. Hay
precedentes. Javier Moscoso del Prado pasó de ser ministro de la
Presidencia de Felipe González a ser el fiscal general del Estado del
gobierno de González. No sólo no pasó nada sino que el propio Rajoy
glosó y ensalzó su figura cuando le condecoró.
Claro que entonces había
un país que respetaba el juego democrático. Delgado politiza la
institución, dicen. La verdad es que Dolores Delgado ha salido del
gobierno precisamente por no ser una política y ha sido sustituida por
Campo, que lleva haciendo política judicial desde su época de vocal y
que luego pasó directamente a hacerla desde el PSOE. Un ministro mucho
más político y correoso, porque así estima Sánchez que será necesario.
Sin
embargo, Delgado, cuyo mayor pecado para muchos ha sido haber respetado
la autonomía de Segarra hasta puntos poco comprensibles, no parece que
peque de ser una fiscal de partido. Es, desde luego, una fiscal con
ideas progresistas y con ellas llegó, por votación de sus compañeros, al
Consejo Fiscal. Es, sin duda, una fiscal que conoce las líneas de
política criminal de un gobierno de Sánchez y eso no tiene nada de malo.
Creo que, como poco, la mínima decencia debe hacer que se espere hasta
ver su desempeño. El difunto fiscal general Maza puso trabas directas a
los juicios de corrupción del Partido Popular, recuerden el caso del
presidente de Murcia, y eso si que está reñido con el cargo. Si en el
futuro ven a Delgado haciendo algo similar, denúncienlo. Lo que no
parece muy de recibo es ponerse la venda antes de la herida.
Yo del Gobierno hubiera esperado para dar a conocer esta propuesta,
pero también entiendo que era desairado entregar la cartera a Campo ante
todas las caritas arrobadas que pensaban que Lola había mordido el
polvo. Ahora resulta que tendrá tanto o más poder del que tenía como
ministra. Resulta también que hay cerca de medio centenar de
nombramientos en jefaturas y puestos de la Fiscalía por cubrir. Esos
puestos que en más de un 70% se han estado cubriendo con miembros de la
asociación más conservadora de fiscales. Que digo yo, que a lo mejor en
su inquietud pesa también todo esto.
El Derecho no es
una fórmula química. Hay formas de interpretarlo como estamos viendo. La
visión conservadora no es la única ni nadie tiene que decirles a los
ciudadanos que han elegido una sociedad progresista que ésta es la que
debe de primar. Así que, miren, yo estoy segura de que con Delgado no se
va a acusar de terrorismo a los titiriteros ni a los que tienen una
pelea en Alsasua. Y eso me gusta. Porque no eran terroristas y se usó el
principio acusatorio para hacer política.
Cuando sea
nombrada la fiscal general va a tener un trabajo arduo por delante. El
primero sacudirse las uñas de todos los que piensan que la carrera
fiscal puede autogestionarse y también de los que creen que la única
política criminal posible es la de derechas.
De
momento, déjenla a ver cómo se desempeña y qué hace. Han pensado que es
presa fácil y, a lo mejor, ya están comprobando que no lo es tanto. El
tiempo dirá.
(*) Periodista
)
y Juan Luis; hermanos políticos; sobrinos; primos, Antonio y Mercedes,
Carlos y Blanca y demás familia y amigos ruegan una oración por su alma y
asistan a la misa de corpore insepulto que tendrá lugar HOY MARTES a
las CUATRO Y MEDIA en la capilla del tanatorio de Jesús, por cuyo
señalado favor les anticipan las gracias.
