La ocupación de los hoteles murcianos alcanzó el 52,5% en marzo, por debajo de la media nacional

MURCIA.- La ocupación de los hoteles de la Región de Murcia fue en marzo del 52,5%, un punto por debajo de la media nacional. Los precios de esos establecimiento subieron un 6,2% con respecto al mismo mes del año anterior, según la tasa anual del Índice de Precios Hoteleros (IPH).

Por otra parte, las pernoctaciones en los hoteles de la Región de Murcia aumentaron en marzo un 18,1 por ciento respecto al año anterior hasta alcanzar las 281.425, lo que supone 11 puntos más que en el conjunto de España, según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística.
Especialmente relevante es el aumento de las pernoctaciones de los residentes en España, que se incrementaron un 25,4 por ciento y alcanzaron una cifra de 224.225. Por zonas, el número de pernoctaciones aumentó en la Costa Cálida un 19,3 por ciento; en Cartagena un 17,6 por ciento; y en Murcia un 17,5 por ciento. Asimismo, el grado de ocupación en marzo en los establecimientos hoteleros de la Región fue 5,5 puntos porcentuales más que en el mismo mes de 2017.
Respecto a los viajeros, se registró un 13,8 por ciento más que en el mismo mes de 2017, hasta llegar a los 111.867 turistas. El mayor aumento en este apartado se dio en la Costa Cálida, con una subida del 17,8 por ciento en el número de viajeros, 9,1 puntos por encima de la media nacional. En Cartagena aumentó un 17,6 por ciento y en Murcia un 7,4 por ciento.
El director general del Instituto de Turismo, Manuel Fernández-Delgado, resaltó que "de enero a marzo, la cifra total de viajeros en hoteles regionales ha crecido un seis por ciento, hasta los 268.090, un punto más que en el conjunto de España, una tendencia al alza que se ha visto beneficiada tanto por el auge de las visitas de los viajeros nacionales, 212.817, que aumentaron un 6,6 por ciento; como por el de los viajeros extranjeros, 55.274, con un 3,7 por ciento".
En el total del trimestre, estos viajeros generaron 616.202 pernoctaciones, un 9,7 por ciento más que en el mismo intervalo de 2017 (3,5 por ciento en España), lo que supone los registros más altos, tanto de viajeros como de pernoctaciones, desde que se tienen datos.
La facturación media en marzo de 2018 en los hoteles de la Región de Murcia por cada habitación ocupada (ADR) fue de 55,74 euros, lo que supone 2,52 euros más que en el mismo mes del 2017.
El ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR) alcanzó en marzo de 2018 los 33,73 euros de media en la Región, cuatro euros más que en marzo de 2017 o, lo que es lo mismo, un 13,5 por ciento más, una cifra que duplica el incremento medio nacional del 6,1 por ciento.
En este sentido, Fernández-Delgado apuntó que "los buenos resultados en la rentabilidad se ven ratificados además por la Encuesta de Confianza de Empresarial de Exceltur, que refleja un balance muy positivo de la actividad en el sector de alojamiento turístico regional durante el primer trimestre".
Los datos de esta encuesta concluyen que el 79,1 por ciento de las empresas turísticas de alojamiento de la Región aumentó sus precios, el 84 por ciento aumentó sus reservas, el 84,7 por ciento incrementó sus ventas y el 84,7 por ciento mantuvo o aumentó sus resultados.

Rosa Peñalver ve «difícil» un acuerdo esta legislatura para reformar el Estatuto

CARTAGENA.- La presidenta de la Asamblea Regional y de la ponencia para la Reforma del Estatuto de Autonomía, Rosa Peñalver, admitió que tiene «sospechas» de que «va a ser difícil» que se llegue a un acuerdo esta legislatura para aprobar un nuevo texto normativo. Peñalver señaló que los avances en la modificación del Estatuto de Autonomía «son más lentos y complicados» que los del Reglamento de la Cámara, cuya ponencia se reunió ayer.

La presidenta de la Asamblea Regional achacó el menor ritmo en la negociación a que los cambios que requiere el Estatuto entrañan «más envergadura» y que la «posición ideológica» de cada grupo «tiene más presencia» que en el caso del Reglamento, cuya reforma, según aseguró, sí va a salir adelante. Peñalver desveló que un grupo parlamentario ha pedido un mes más de prórroga para presentar su borrador para el texto del Estatuto, que los partidos deberían haber presentado el 6 de marzo y que, posteriormente, se prorrogó hasta el 20 de ese mes.

Respecto a la reforma del Reglamento, la ponencia decidió que los Servicios Jurídicos de la Cámara presentarán el 15 de mayo un informe sobre la parte del texto que ya se ha abordado, de forma que en las siguientes reuniones a esa fecha se puedan cerrar más de un centenar de artículos. Los grupos trataron de incorporar dos artículos al texto del Reglamento por el que se explicitará que los medios de comunicación tendrán facilidades para desarrollar su trabajo en la Asamblea Regional y que la Cámara cuente con un Portal de la Transparencia.

Convocadas las ayudas para mejorar las conducciones de riego de la Región

MURCIA.- La Comunidad Autónoma ha convocado las ayudas destinadas a mejorar las conducciones de riego que se encuentren anticuadas y que podrán ser solicitadas por las comunidades de regantes de la Región.

La convocatoria, que aparece publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), señala que la cuantía máxima asignada a la misma se eleva a 125.000 euros.

Por otra parte, el BORM publica así mismo una segunda línea de ayudas, en este caso, con una cuantía de 200.000 euros, para la mejora y puesta en valor de las infraestructuras de riego tradicionales.

En ambos caso, el plazo de solicitud de estas subvenciones será de un mes.

El tal Serrano presenta el doble de avales necesarios para ser candidato a secretario general del PSOE de Murcia

MURCIA.- El tal José Antonio Serrano ha presentado en la sede del PSOE un total de 270 avales de militantes del municipio de Murcia, cifra que duplica el número máximo establecido para ser nombrado candidato a la elección de Secretario General de la Agrupación Socialista del Municipio, cuyo límite se sitúa en 130 avales.

Dichos avales han sido suscritos por militantes de las trece agrupaciones socialistas de Murcia, por lo que Serrano ha manifestado que «son un símbolo de que vamos en la dirección correcta, la de construir un PSOE fuerte y unido que de respuesta a los problemas de la ciudadanía murciana», según informaron fuentes de la candidatura en un comunicado.

Ha expresado su «agradecimiento» por la «confianza y el apoyo» que está recibiendo de los compañeros y compañeras socialistas del municipio, que «personalmente me han trasladado su ilusión para que el PSOE avance en su coordinación y ofrezca la alternativa de cambio que el municipio de Murcia necesita».

También ha anunciado que, desde el primer minuto en que sea proclamado candidato, comenzará a reunirse con la militancia para «conocer de primera mano los problemas más acuciantes de cada rincón del municipio, poniendo especial atención en el abandono que sufren muchos barrios y pedanías».

Serrano está convencido de que en este proceso «el PSOE está realizando una demostración de responsabilidad, frente a otros partidos que están distraídos en sus peleas internas y no prestan atención a lo verdaderamente importante, que es el bienestar de las personas».

En este sentido, ha subrayado que, «en lugar de tanto gasto supérfluo hace falta dar soluciones a la falta de empleo, la pobreza, la falta de atención a las personas mayores, el estado lamentable de muchos colegios, los problemas del transporte o la inseguridad ciudadana, entre otros».

«Ofrecer soluciones a esos problemas va a ser la prioridad del PSOE de Murcia, porque nuestra fortaleza es que sabemos escuchar a la gente y compartir sus preocupaciones, que también son las nuestras», ha apostillado.

Castilla-La Mancha estudia personarse en un posible litigio sobre la desaladora de Escombreras

TOLEDO.- El Gobierno de Castilla-La Mancha está estudiando personarse en el caso de que haya un litigio jurídico en relación al presunto fraude de 600 millones de euros en la desaladora de Escombreras, en Cartagena.

Así lo adelantó el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, aunque también reconoció que, de momento, la información que maneja el Ejecutivo castellanomanchego sobre este asunto es la que ha aparecido en los medios de comunicación.

Hernando consideró que «se abrirá en España algún tipo de proceso jurídico» en torno a este asunto, en cuyo caso «la Junta está estudiando poder personarse».

No obstante, si no se produjera ningún litigio y puesto que el Gobierno regional está investigando las causas del posible fraude y analizando la documentación sobre este asunto, el portavoz indicó que el Ejecutivo quiere conocer si podría iniciar una demanda judicial.

Al margen del ámbito judicial, Hernando incidió en que al Gobierno de Castilla-La Mancha le compete el ámbito político y en este sentido remarcó que la finalidad es «usar este ejemplo para demostrar que realmente las desaladoras tienen que ser una herramienta útil y sobre todo limpia».

«Apostamos por las desaladoras independientemente de que otros hayan hecho apuestas con las desaladoras», apostilló.

Por otra parte, a preguntas sobre la posibilidad de que se amplíe la cantidad del trasvase, el portavoz del Ejecutivo regional avanzó que «a partir del día 3 de mayo hay una nefasta pero gran probabilidad de que el Ministerio aumente de 20 a 38 hectómetros cúbicos el trasvase al Levante».

Para Hernando, «no es solo un trasvase de agua, sino que es de renta», y lamentó que tanto la decisión del Gobierno de España como el Memorándum que firmó la expresidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, «condenan a Castilla-La Mancha a tener una lámina mínima de 400 hectómetros cúbicos».

En este sentido, subrayó que la ampliación del trasvase sería «un paso atrás de nuevo» en el proceso para llegar a un Pacto Nacional del Agua, porque «el Gobierno de España no está en disposición de hablar de soluciones a medio o largo plazo y está concentrado solo en aumentar el trasvase a corto plazo, lo que nos deja con sequía permanente en el centro del país», apuntó.

Los murcianos reciclaron 16.024 toneladas de papel cartón en 2017

MURCIA.- Los hogares de la Región de Murcia incrementaron la recogida selectiva de envases ligeros un 7,3 por ciento el pasado año. Además, también aumentó la de papel cartón en un 5,8 por ciento, ambas subidas porcentuales son superiores a la media del territorio nacional.

El director general de Medio Ambiente, Juan Madrigal, dio cuenta de los datos en la jornada organizada por la Comunidad, la Federación de Municipios de la Región de Murcia y Ecoembalajes España S.A. (Ecoembes), para seguir fomentando en los municipios la recogida selectiva de envases, papel y cartón en los hogares.

En concreto, en 2017 se recogieron 15.593 toneladas de envases ligeros y 16.024 toneladas de papel cartón en los contendores específicos situados en las calles, a los que habría que añadir 2.622 toneladas procedentes de las recogidas puerta a puerta de papel comercial y 46 toneladas procedentes de las recogidas en puntos limpios.

Por otro lado, los datos de cierre de la recogida separada de envases de vidrio en contenedor de acera muestran un incremento del 1,4 por ciento durante el año 2017, reciclándose un total de 24.780 toneladas. En este sentido cada habitante de la Región de Murcia reciclo 16,9 kilogramos de vidrio durante el pasado año.

Madrigal resaltó la necesidad de que «todas las instituciones colaboren para que cada vez sean más los hogares de la Región en los que se haga recogida selectiva de envases para favorecer su reciclaje y mejorar el medio ambiente».

Para lograr este objetivo, en las jornadas se presentó los nuevos materiales de la campaña 'Recicla y respira'. 

Asimismo, se ofreció a los ayuntamientos los medios para la difusión de otra campaña basada en la reducción de 'impropios', es decir, de residuos que no corresponden a los contenedores verde, el azul y el amarillo, con el objetivo de aumentar la calidad de la recogida en los contendores que están distribuidos por las distintas calles de los municipios de la Región de Murcia.

«Que no exista delito en las grabaciones de Ortiz no le exime ni a él ni al PP de responsabilidad política», dice el PSOE

MURCIA.-El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia ha aclarado al PP que «llevamos a la Fiscalía las grabaciones difundidas por ex concejal del PP Roque Ortiz, donde él mismo revelaba una red clientelar de compra de votos a cambio de trabajo, por si eran constitutivas de delito, lo que sí está claro desde el principio es que tales declaraciones eran suficientemente graves para que se asumieran responsabilidades políticas y no solo por parte de Ortiz».

El Grupo Socialista responde así al PP, que ha anunciado hoy en rueda de prensa el archivo de la denuncia presentada por el PSOE, y advierte de que «respetamos las decisiones que se tomen desde el ámbito judicial, pero eso «no significa que la revelación de ex concejal sea políticamente aceptable ni que le exima de responsabilidad política», porque «no podemos permitir que un puesto de trabajo en una empresa con contrato público deba ser una moneda de cambio. Es una cuestión de honradez política y de pulcritud en la administración pública, por lo que no bastaba con la dimisión de Ortiz y por ello apostamos por la moción de censura».

Además, añade que «parece que el PP sigue teniendo cosas que ocultar con los grandes contratos del Ayuntamiento con empresas privadas, ya que no hay manera de revisar estos contratos porque tienen frenado desde hace meses el órgano donde deben estudiarse, de igual forma que tampoco ponen en marcha la Comisión de Investigación comprometida para el caso la red clientelar destapada».

Asimismo, recuerda a los populares que «quien grabó al ex concejal fue uno de los suyos y sabía el daño que le hacía al publicarlo, por tanto, el PP debe mirarse hacia dentro y preocuparse porque esas prácticas no se den más en el Ayuntamiento de Murcia».

La 'Froet' vaticina un incremento exponencial de la paquetería por el comercio electrónico

MURCIA.- La Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia realizó este miércoles un balance positivo del sector durante el pasado año, con una tendencia de crecimiento que se refleja en varias magnitudes, como la creación de empresas y el número de vehículos. Igualmente, vaticinó un incremento exponencial de la paquetería, debido al auge del comercio electrónico.

Así se puso de manifiesto en la rueda de prensa que ofrecieron el presidente de Froet, Pedro Díaz Martínez y el secretario general, Manuel Pérezcarro Martín, previa a la celebración este jueves de la Asamblea General Ordinaria de la patronal regional del Transporte.

En este sentido, el número de empresas de transporte de la Región de Murcia se incrementó un 0,8% el pasado año, destacando especialmente el aumento de las mercantiles de vehículos ligeros, una evolución que se repite en el conjunto del país.

En cuanto al número de vehículos, el crecimiento del sector regional (7,9%) supera en más de un punto a la media nacional (6,8%). En la Región de Murcia hay 18.128 vehículos con licencia de transporte, de los que 15.008 son pesados, 1.792 ligeros y 1.328 autobuses.

Además, la Región de Murcia sigue liderando la clasificación de semirremolques frigoríficos por provincias, con 4.381, lo que supone el 16,34% del total nacional. A continuación se sitúan Almería (13,07%), Valencia (9,71%), Madrid (6,14%) y Sevilla (5,17%).

También tuvo una evolución positiva la exportación regional de productos hortofrutícolas y elaborados a Europa, al pasar de los 2.880 millones de kilos en 2016 a los 2.936 millones de kilos el pasado año (+1,9%), una décima por encima de la media nacional (+1,8%).

Froet contaba en 2017 con un total de 1.240 asociados, de los que 1.171 se dedican al transporte de mercancías y 69 a pasajeros. Las empresas asociadas suman una flota de 8.500 vehículos (6.700 pesados, 700 ligeros y 1.200 autobuses), de los que 4.800 cuenta con licencia para internacional.

Los sindicatos se oponen a la reducción de las juntas de personal en el SMS

MURCIA.- Los sindicatos que conforman la Mesa General de Función Pública abandonaron la negociación de la nueva Ley de Función Pública de la Comunidad Autónoma, según han informado fuentes de estos sindicatos. 

El abandono se produjo ante el intento de la Administración regional de recortar sus derechos en el Servicio Murciano de Salud (SMS), ya que han propuesto reducir de nueve a tres las juntas de personal de la Sanidad murciana, tal y como explicaron.
Las organizaciones presentes en la Mesa General son la Federación de empleados y empleadas de Servicios Públicos de UGT, el sindicato de enfermería, Comisiones Obreras, el sindicato médico de Murcia, el sindicato de profesionales de la Sanidad de la Región de Murcia La Intersindical y CSIF-sector de sanidad Intersindical han abandonado dicha negociación.

El ex director general del agua, imputado por la tubería del Carmolí

MURCIA.- Andrés Martínez Francés, antiguo director general del agua, declarará el próximo 2 de mayo en calidad de investigado por el caso de la conocida como 'tubería del Mar Menor', que partía desde la rambla del Albujón hasta la red de la Comunidad de Regantes Arco Sur atravesando el espacio protegido de La Marina del Carmolí, con el objetivo de derivar caudales de la rambla del Albujón a los regantes de Arco Sur. 

A Martínez Francés se le investiga por "presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra la ordenación del territorio", según las diligencias del caso, a las que ha podido tener acceso este diario.

El ingeniero técnico forestal de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente José Luis Manovel García, también investigado por las mismas causas, ya declaró por el caso, a cargo de la magistrada Miriam Marín e iniciado a raíz de una denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción.

La Policía cifra en 32 los implicados en la trama de la desaladora de Escombreras

MURCIA.- El caso de la desaladora de Escombreras, que está siendo investigado por el juzgado de Instrucción nº 5 de Murcia, ha tomado un nuevo impulso a raíz del informe que ha realizado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF). 

Estos expertos económicos revelan en el escrito enviado a los tribunales en enero pasado -que ha trascendido ahora- que hasta 32 personas habrían participado en un presunto fraude que conllevaría un pelotazo de 600 millones para la constructora ACS, que cobraría ese dinero del erario público por la citada planta.

El informe de la UDEF fue adjuntado a la causa por la jueza de instrucción nº 5, María del Mar Azuar, que levantó el secreto de sumario de este caso, denominado en los tribunales ´caso La Sal´, el pasado 7 de marzo. 

En ese auto judicial, la magistrada ya alude al documento policial, del que dice que «corrobora los indicios expuestos en la querella», denuncia que fue interpuesta hace dos años por el entonces fiscal de Medio Ambiente, José Luis Díaz Manzanera, actualmente fiscal superior de la Región. 

Manzanera en su querella indicaba que en la gestión y explotación de la desaladora de Escombreras se habrían cometido seis delitos, entre ellos, el de fraude, malversación de caudales públicos, falsedad en documentos públicos y fraude de subvenciones.

Los expertos de la Policía Nacional en delitos económicos consideran que el Gobierno regional de entonces y la constructora ACS se habrían puesto de acuerdo para licitar la desaladora sin tener en cuenta la Ley de Contratos del Estado y para burlar la Ley de Aguas, con el objetivo de impulsar 26 convenios urbanísticos para ordenar 180 millones de metros cuadrados y construir 250.000 casas (la Confederación Hidrográfica no daba la autorización para más casas, tal y como es preceptivo en la Ley de Aguas), según recogía el periódico digital El Confidencial.

Tanto la UDEF como el fiscal y la jueza del caso creen que la desaladora de Escombreras fue un proyecto preconcebido, contando desde el principio «con la connivencia activa y preconcebida de al menos, los responsables públicos que participaron en su desarrollo», afirma la magistrada en su auto. 

Así, ACS constituyó en enero de 2006 la empresa Desaladora de Escombreras y casi un mes después el Gobierno regional, entonces presidido por el actual vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, creó la empresa pública Hidronostrum SA para que adquiriera el 51% de las acciones de Desaladora de Escombreras, por lo que el proyecto de la planta desalinizadora estaba mayoritariamente participado por la Administración.

La compra de las acciones, que no contó con el aval de la Intervención ni de los servicios jurídicos regionales -indicó El Confidencial-, conllevó que la Comunidad asumiera todas las cargas a las que se había comprometido la empresa de Florentino Pérez previamente. 

Entre ellas, la obligación de abonar a la constructora y a los socios locales el arrendamiento de la planta y su producción hasta 2034. También debía comprar las instalaciones cuando concluyera ese periodo.

Posteriormente, ACS trata de salir de la sociedad, al empezar a tener la desaladora problemas financieros, y la Administración le compra el 49% de sus acciones. Poco después de salir del proyecto, ACS denunció en los tribunales al Ejecutivo regional por el presunto incumplimiento del plan de pagos, una demanda que si le sale bien le supondría unas ganancias de 600 millones pagadas por el erario público.

Los empresarios regionales que estaban en la sociedad inicial a la que después se unió ACS, que posteriormente creó la mercantil Desaladora de Escombreras, se desmarcaron ayer del caso y precisaron que la investigación judicial toma como punto de partida finales de 2005, quedando fuera la gestión anterior.

El Mar Menor recibe 42 hm3 anuales del acuífero del Campo de Cartagena

CARTAGENA.- Un estudio encargado a expertos por la comunidad de regantes Arco Sur ha concluido que la descarga real al Mar Menor de agua procedente del acuífero del Campo de Cartagena es de entre 38 y 46 hectómetros cúbicos (hm3) anuales, dependiendo de la pluviometría de ese año.

El informe, realizado por cuatro técnicos de empresas hidrogeológicas, cuantifica ese vertido subterráneo a la laguna salada mediante una modelización del acuífero superficial cuaternario de la comarca.
Otra conclusión es que el volumen de recarga anual del acuífero es de entre 12 y 200 hm3, dependiendo de la lluvia caída, y el promedio anual es de 74.
Se estima entre 63 y 83 hm3 al año, con un valor medio estimado de 71, el volumen de descarga potencial al Mar Menor sin contar las extracciones por bombeo en pozos y drenajes ni las transferencias de agua hacia capas inferiores del acuífero.
El promedio de descarga real entre 2000 y 2016 osciló entre 38 y 46 hm3 al año, con una horquilla de unos 10 según se consideren años húmedos o secos.
La mayor parte de la descarga a la laguna se concentra, según el informe, en los sectores próximos a la rambla de El Albujón y al norte del Campo de Cartagena, al tiempo que la llegada de agua al Mar Menor en el ámbito de esa comunidad de regantes es "apenas representativa" y se estima en un 5 por ciento como máximo.
Arco Sur ha señalado que hasta ahora no se había logrado "responder con certeza" a las preguntas sobre el volumen de recarga del acuífero, los caudales descargados y las principales áreas de descarga y de llegada de agua a la laguna.
Los regantes han indicado que el modelo de simulación generado integra toda la información disponible sobre el acuífero superficial que hasta ahora estaba "dispersa".
Ello permite conocer el estado actual de las aguas subterráneas y las aportaciones del acuífero al Mar Menor, con lo que resulta una herramienta "indispensable" para la gestión del acuífero, han añadido.
El informe sirve de base para un sistema de seguimiento y apoyo a la toma de decisiones y permite evaluar los "impactos ocasionados en el ecosistema derivados de la puesta en práctica de diferentes estrategias de gestión de los recursos hídricos en la zona", han concluido.

Los precios industriales bajan un 1% en marzo en Murcia

MURCIA.- Los precios industriales bajaron un 1 por ciento el pasado mes de marzo en la Región de Murcia respecto al mes anterior, una décimas más que en el conjunto nacional (-0,9 por ciento), según el Índice General de Precios Industriales publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Asimismo, en términos interanuales, los precios industriales en la Región de Murcia aumentaron un 1,4 por ciento y en lo que va de año descendieron un 1,1 por ciento.

La alcaldesa de Cartagena acusa a Fomento de soterrar el AVE en ciudades solo gobernadas por el PP

CARTAGENA.- La alcaldesa, Ana Belén Castejón, denuncia, tras conocer el proyecto para soterrar el AVE a su llegada a Lorca, que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, solo acomete las obras para que la alta velocidad llegue bajo superficie en Murcia y Lorca, donde gobierna el PP.

En un comunicado, Castejón aseguró que no va a «consentir de ningún forma», que Cartagena «salga perjudicada ni discriminada otra vez», por las decisiones en política ferroviaria, tras «demasiados años soportando la falta de concreción y definición» en los proyectos de esta índole.

La alcaldesa también achacó al ministro de Fomento que, con su anuncio en Lorca, haya dejado patente que Cartagena no es una prioridad para el Gobierno de España, y recalcó la importancia ahora de la unidad de todas las fuerzas políticas y sociales del municipio en este asunto. 

«Los ciudadanos de Cartagena no entenderían que el Gobierno del Partido Popular trabaje para conseguir el soterramiento en Murcia y Lorca, y eso mismo no se defienda en Cartagena», señaló.

La regidora recordó que los representantes municipales manifestaron en la última reunión de la Sociedad Cartagena Alta Velocidad a los técnicos de Adif y de la Comunidad Autónoma que la propuesta de Fomento dificultaría el desarrollo de Cartagena, especialmente del puerto, además de afectar a Alumbres y de los barrios Virgen de la Caridad y Torreciega e «hipotecar» el futuro desarrollo urbano en El Hondón. Pese a ello, dijo, el Ministerio ha hecho oídos sordos.

«Nuestra situación en estas zonas es similar, o incluso peor, a otras para las que el Ministerio está proponiendo soluciones soterradas en la Región, por lo que no quiero llegar a pensar que los gobiernos regional y central estén discriminando a Cartagena porque no es de su color político», destacó.

El Ayuntamiento considera que la opción más beneficiosa para los intereses de Cartagena es la alternativa oeste. Ésta permitiría conectar a Cartagena con la red de Alta Velocidad real y que se solucionara definitivamente cuestiones trascendentales para el futuro del municipio, como son la conexión ferroviaria del puerto con las ZAL de Los Camachos y Alcantarilla; la de cercanías con el resto de la Región; la de Cartagena con el aeropuerto de Corvera; y la consecución de un tráfico adecuado de trenes de media distancia con el resto del país y, sobre todo, con las regiones limítrofes. 

Por último, cree que esa opción daría la posibilidad de dar salida mediante ferrocarril a las mercancías desde el puerto de Cartagena hasta el Corredor Mediterráneo y en el Corredor Central proyectado.

El encargado argelino de una empresa murciana podría ir a la cárcel por explotar a sus trabajadores

MURCIA.- El fiscal ha pedido tres años de cárcel y multa de 1.800 euros para B. H., un hombre que ha sido convocado por la Audiencia Provincial de Murcia para este viernes por si reconoce que vulneró los derechos de los trabajadores que tenía a su cargo y que, además, al verse descubierto, amenazó, presuntamente, al dueño de la empresa.

Las conclusiones provisionales de la fiscalía solicitan también para el denunciado, natural de Argelia, una multa de 360 euros por las amenazas que vertió sobre el propietario de la empresa cuando este, tras una Inspección de Trabajo, decidió apartarle del puesto.

Señala el relato que hace el ministerio público que el acusado trabajaba como encargado de la empresa C., S.L., con sede en la pedanía murciana de Los Ramos y que dentro de esa función llamaba a empleados para la recogida de cítricos.

Y añade que exigía a los mismos seis euros por el traslado a las fincas donde se iba a realizar la recogida y que lo hacía en furgonetas de la empresa.

Además, siempre según la acusación estatal, distrajo cajas que habían recogido los trabajadores para atribuírselas a su esposa y a otros once trabajadores, de manera que estos habrían recibido en un mes 6.775 euros que corresponderían a quienes realmente habrían hecho la recogida.

El escrito de acusación añade que a raíz de la actuación de la Inspección de Trabajo, que intervino para investigar el presunto trato vejatorio del encargado y sus supuestos abusos, el dueño de la empresa lo cesó en el puesto, por lo que recibió amenazas de muerte.

B.H ha sido convocado por el tribunal de la Audiencia por si reconoce los hechos y se conforma con cumplir la pena que puedan acordar el fiscal y su defensa, lo que evitaría la celebración del juicio.

Mañana jueves seguirán las lluvias en la Región hasta la tarde

MURCIA.- La Agencia Estatal de Metereología prevé para este jueves cielos nubosos con chubascos, que ocasionalmente pueden ir acompañados de tormentas en la primera mitad del día, tendiendo a disminuir la nubosidad y las precipitaciones por la tarde en toda la Región. 

Temperaturas en descenso, localmente sin cambios para las mínimas. Vientos flojos de componente este en el interior y del noreste en el litoral, donde disminuirán por la tarde.

La lluvia ha vuelto este miércoles a la Región de Murcia y los pluviómetros reflejan datos de hasta 8 litros por metro cuadrado, como es el caso del situado en el Reguerón. 

Los medidores en el Rincón de Berniscornia, Beniel o Murcia también rondan los 7 litros. Más al sur, los datos reflejan menos cantidad de lluvia, con 6,5 litros en la rambla de Las Moreras o 6,2 en Perín, Cartagena. 

No se recogen precipitaciones en el Altiplano y Noroeste de la Region.

Educación convocará 506 plazas de profesores para la Región de Murcia este año

MURCIA.- Las administraciones educativas convocarán este año más de 22.000 plazas en total para maestros y docentes de enseñanza no universitaria, como resultado del acuerdo para la mejora del empleo público firmado en 2017 por el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos para reponer las bajas producidas. 

Para la Región de Murcia, el número de plazas convocadas para profesorado de educación secundaria, escuelas oficiales de idiomas y de arte, así como de Formación Profesional es de 506.

Así lo ha constatado el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que en un comunicado ha recordado que es el propio proyecto de presupuestos generales del Estado el que contempla este objetivo, en aras de preservar la «estabilidad del empleo de los docentes».

En lo que respecta al propio Ministerio, se han convocado 162 plazas en Ceuta y Melilla, que son de su propia competencia, así como otras 2.000 referidas al año 2017 en Cataluña, debido a la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española. 

Para el resto de autonomías, el número de plazas son: Andalucía (3.000), Aragón (763), Asturias (630), Baleares (607), Cantabria (406), Canarias (previsión en torno a las 2.000 plazas), Castilla-La Mancha (923), Castilla y León (1.200), Cataluña (2.000), Extremadura (1200), Galicia (1345), La Rioja (137), Madrid (1.624), Navarra (211), País Vasco (1.211) y Ceuta y Melilla (162). 

Además, en cuanto a plazas de maestros, se han convocado 401 en Baleares, 574 en Galicia, 69 en La Rioja y 3.000 en la Comunidad Valenciana.

Con esta convocatoria, el Ministerio de Educación «apuesta por la reposición de efectivos del 100 % de las bajas producidas» en el sector y por la «estabilización del empleo temporal del profesorado interino», ya que se prevé que la tasa de cobertura baje al 8 % en el período 2018-2020.

El fin de la 'happy hour' y las copas en los parques de bolas

MADRID.- La ley para retrasar el inicio del consumo de alcohol por parte de los menores tomó forma este martes en el informe que ha aprobado la Comisión Mixta del Congreso y Senado para el estudio del problema de las drogas, que incluye nuevas prohibiciones sobre consumo y exhibición de alcohol ante los menores de edad, tal como recuerda 20Minutos.

También recupera otras, como la prohibición a menores de 18 años de entrar a espectáculos y conciertos donde se venda alcohol y propone revisar la contabilidad fiscal de los impuestos especiales de todas las bebidas en relación con su cantidad de alcohol puro, con la idea de ir elevando "progresivamente" esta tasa.

Estas y otras medidas que, tras escuchar a 38 expertos, la comisión quiere que se refleje en una futura ley.

Fin de la "happy hour". El informe prohíbe las ventas reducidas en horarios específicos porque "fomentan el consumo de atracón". Los bares, además, deberán suministrar agua gratuitamente o a "precio reducido". Prohíbe la venta ambulante de bebidas alcohólicas, en gasolineras y venta online y recomienda prohibirlo también en máquinas autoexpendedoras, así como endurecer las medidas para el reparto a domicilio de bebidas alcohólicas, con el fin de asegurar que los compradores no son menores.

Botellón. El informe insta a las administraciones públicas, sobre todo a los ayuntamientos, a asegurar que no hay menores consumiendos en espacios públicos, haciendo botellón, y pide prestar "especial atención a la dispensación gratuita y la venta a menores en fiestas, festejos o eventos de gran confluencia".

Propone prohibir también el consumo en la vía pública, salvo terrazas o áeras autorizadas, y pide a las administraciones públicas que se pongan de acuerdo en las restricciones que se pueden aplicar los macrobotellones y botellódromos.

Lejos del niño. Para no promocionar la cultura del alcohol, la ponencia propone prohibir su venta en lugares donde haya menores de edad. Además de colegios e institutos, cita centros deportivos, parques temáticos, ludotecas, museos, biblotecas o cines. También pide que se revise "la densidad" de puntos de venta alrededor de lugares destinados a menores o frecuantados por ellos, un perímetro en el que tampoco se podrá publicitar.

Asimismo, propone prohibir la exposición de bebidas alcohólicas en los escaparates e insta a supermercados y grandes superficies, a aumentar la vigilancia sobre los productos alcohólicos y a colocarlos detrás del lineal de cajas para que "sea imposible su robo".

Tasa "0". Para los menores de edad, la tasa de alcoholemia debería reducirse de 0,25 a 0 y las fuerzas y cuerpos de seguridad deberían poder hacer controles de aire respirado a menores aun cuando no estén conduciendo o requistar envases con supuesto contenido alcohólico.

Por lo que respecta a la autoridad, el informe también propone dar potestad para que responsables de bares o de venta a domicilio puedan obligar a que se les muestre el DNI del cliente para comprobar su edad.

"Ni una gota" . La publicidad ocupa varios apartados de un informe que propone modificar la recomendación de "consumo moderado" o "es tu responsabilidad" por otro más taxativo como "tolerancia cero en menores", "menores sin alcohol" o "menores ni una gota". Propone campañas contra el consumo entre menores similares a las campañas de "circulación vial".

Cierre de bares. La ley contra el consumo de alcohol por parte de menores incluirá sanciones, entre ellas, el cierre de bares o comercios que les vendan alcohol"de manera reiterada". También, aumentar las sanciones para establecimientos que vendan fuera de los horarios permitidos, así como por consumir en la calle, en cuyo caso se contemplan más sanciones o su sustitución por "trabajos para la comunidad".

En este punto, el informe regresa a la responsabilidad de padres y tutores –a quienes dedica un capítulo anterior para que sean vigilantes– y para los que establece también sanciones "proporcionadas" y con "una clara orientación educativa".

Por eso, propone que los tutores puedan "condonar la sanción" con "actividades reeducativas" junto a los menores a su cargo. En caso de "reincidencia grave", el informe se remite a la ley de Protección del Menor.

Conciertos y espectáculos. Si obedece al informe, la futura ley contra el consumo de alcohol entre menores daría un paso atrás respecto a leyes autonómicas que, en la Comunidad Valenciana o Cantabria, permiten la entrada de menores a conciertos sin su tutor. La ponencia busca prohibir "la entrada  de menores de 18 años en establecimientos cerrados que sirvan  bebidas alcohólicas, como salas de fiesta, discotecas, eventos o espectáculos salvo que vayan acompañados".

Cada vez beben más y más pronto. En su introducción, la ponente del informe, la diputada Tania Sánchez (Unidos Podemos) dibuja un panorama alarmante sobre los hábitos de consumo de alcohol entre los menores de edad, que cada vez empiezan antes y entre quienes son frecuentes los "atracones". "Más de 700.000 menores admiten beber cinco o más copas en un corto espacio de tiempo", señala.

El informe alude a estadísticas que señalan que 14 años es la edad a la que empiezan los menores a consumir alcohol.

El "consumo de atracón", prosigue el informe, ha provocado en los últimos años  fallecimiento de niños y niñas por tomar excesivas cantidades de alcohol y, en algunos casos, importantes daños para su salud. Al menos 6.000 menores fueron ingresados por comas etílicos en el año 2016, dice el documento.

Plagio: por qué la Universidad es blanda con los tramposos

MÁLAGA.- Mientras las universidades cuentan cada vez con herramientas más eficaces para detectar plagios, siguen careciendo de un reglamento nacional y moderno que les diga a qué se enfrentan los que suelen trabajar con el copia y pega o los que directamente lo subcontratan, sobre todo trabajos de fin de grado o el de máster, como el polémico de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, recuerda El Mundo. 

En España, las sanciones al incumplimiento de los deberes académicos se recogen aún en un texto franquista de 1954 debido a que los distintos gobiernos han incumplido el plazo de un año para renovarlo que fijó en 2010 el decreto del Estatuto del Estudiante Universitario.
Entre los deberes de los universitarios está el "abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos fraudulentos en las pruebas de evaluación, en los trabajos que se realicen o en documentos oficiales de la universidad". 

Ahí estaría el uso del pinganillo, las chuletas digitales, el pasarse las respuestas por el móvil y el fusilar trabajos a gogó. Pero, pillados en esas actitudes, no suele caber más que el suspenso en la asignatura.
Sin embargo, universidades como la Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona han innovado en la interpretación de ese deber e incluyen en él "omitir conscientemente el reconocimiento de una persona en trabajos o actividades académicas, o falsear esta aportación. 

El plagio, la copia, las citas evidentemente incorrectas en los documentos y las demás carencias graves de respeto a la propiedad intelectual. La publicación duplicada de trabajos no autorizada, la supresión relevante de datos pertinentes o la inclusión de datos falsos". O sea, el plagio en sus muchas acepciones, con una sanción que puede llegar hasta la expulsión.
¿Qué ha pasado con el mandato para actualizar a Franco en 2018? Pues no mucho. El Ministerio de Educación informa de que está a la espera de que la Conferencia de Rectores (CRUE) mande sus aportaciones y, ésta, a su vez, reconoce que están en una fase "inicial" de diálogo con los representantes del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (Ceue). A su vez, fuentes de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (Creup), finalmente, confirman: "Muy inicial". Ocho años después de la aprobación del estatuto, no hay ganas de derogar un texto franquista que, en su ejecución, además, resulta de lo más farragoso de aplicar, como explica Benito Arruñada, catedrático de la UPF, quien sólo recuerda un expediente abierto a un alumno.

El 'Remedio Turnitin'

Mientras, surgen portales como nohagasnada.com, donde se pueden encargar los trabajos universitarios por número de páginas y referencias que se quieran incluir. Pero, a la vez, herramientas de software como Turnitin les obligan a ser muy sofisticados en los trabajos, porque el programa, usado en universidades de todo el mundo, es muy eficaz detectando plagios. 

Es otra de las batallas que se libran en el ciberespacio: plagiadores y detectores.
Mientras, según el director del Secretariado de Promoción de la investigación y Cultura Científica de la Universidad de Sevilla, Ricardo Chacartegui, en esta institución llevan ya un año de programa de prevención antiplagio, enseñando cómo usar Turnitin: "Tenemos campañas en todos los centros y los trabajadores de la biblioteca son muy buenos con ellas. Además, están todos muy conectados a redes de bibliotecarios por España y comparten buenas prácticas". 

El objetivo es que plagiar, copiar, esté muy mal visto, según Chacartegui. 

 Que nadie pueda ir presumiendo de lo que ha fusilado, además de ofrecer formación, porque hay ocasiones en las que los alumnos no saben cómo citar bien. 

Todavía parecemos estar algo lejos: hace sólo un año se ovacionaba a Fernando Suárez, ex rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, pese a las evidencias de que había copiado partes de trabajos en su trayectoria académica.
No obstante, debido al precio de las licencias de este programa, por ahora sólo se usa en Sevilla para los trabajos de fin de grado y máster, así como las tesis doctorales. De todos modos, dos profesores consultados confiesan no tener ni mucho tiempo (ni ganas) para comprobar los plagios en los trabajos de las asignaturas. 

En las tesis es imposible que haya plagio- afirma Chacartegui-, por cómo trabajan los profesores con sus alumnos. En fin de grado y de máster sí ha habido casos en los que se han echado para atrás los trabajos, lo que supone de facto no conseguir el título.
Mientras, en países donde se lleva años usando la herramienta, como en Reino Unido, sí que hay ya informes sobre la incidencia en las prácticas universitarias y el descenso de los plagios detectados. Porque la compraventa de trabajos, por ejemplo, no es algo que sólo ocurra en España.
La batalla en el ciberespacio no es nada comparada a la que podría surgir entre partidos, sindicatos de estudiantes y rectores si se decidieran finalmente a regular las sanciones por estas faltas graves en esa parte del Estatuto que quedó por desarrollar.

¿Una propuesta fascista?

Federico Morán, catedrático de Bioquímica y ex secretario general de Universidades con José Ignacio Wert, no es optimista sobre la actualización del texto de 1954: "En España, cualquier norma sancionadora no nos gusta. 

Unos dirán que las propuestas son fascistas, otros que son populistas y no vas a poner de acuerdo a todos" en una norma que debería dejar claro por qué se puede expulsar de la Universidad a un alumno o a un profesor. 

Por plagio, por ejemplo, como ocurre en las universidades anglosajonas, donde hay códigos de conducta en los que, como en Harvard, dicen que vender apuntes o realizar trabajos por encargo es una falta disciplinaria que puede acarrear la expulsión.
Jesús de Alba, recién elegido presidente de la Creup, sí cree que hace falta un texto nuevo "que proteja a estudiantes y sus derechos, así como garantice la adecuación al actual marco normativo del procedimiento sancionador, puesto que la normativa que sigue vigente es preconstitucional y hace referencia a preceptos y tipos penales ya derogados" e insiste en el mandato de 2010. 

Además, enfatiza que "los plagios son un acto inaceptable que ataca la credibilidad de quien lo ejecuta y de la institución que lo sufre, cuestionando la calidad de la misma".
Algo en lo que está de acuerdo Lluis Val, representante de Turnitin en España, que cree que ahora mismo "todas las universidades son conscientes de la amenaza que supone el plagio" y pone la lucha contra esa práctica como una de las condiciones para que España alcance la élite universitaria mundial.

 La CRUE explica que el plagio tendrá su "tratamiento específico en la normativa a la que se ha hecho referencia, sin excluir acudir al Ministerio Fiscal en aquellos casos en que se estime necesario".
En Reino Unido, hace un año, se encargó un informe sobre lo extendida que estaba la práctica de pagar por trabajos que, allí, está considerada "plagio masivo". El informe de la agencia de calidad de las universidades hablaba de cientos de sitios web donde se podían encargar los trabajos y recomendaba medidas legales contra ellos inspirados en Nueva Zelanda, donde se cerraron y congelaron activos. 

También se aconsejaba las sanciones para los alumnos. Ellos ya han dado la batalla contra el plagio por concluida, gracias al software, pero están en cómo combatir los trabajos por encargo.
En nuestro país, mientras tanto, aún seguimos dándole vueltas a un texto de Franco.

China, paraíso del copia-pega


China es otro de los países que no penalizan mucho socialmente el plagio. Medio millón de universitarios chinos estudian en el extranjero y, con ellos, llega una cultura donde está asentado el 'subcontratar' trabajos académicos. 

En EEUU, en 2015, 8.000 de ellos fueron expulsados, provocando una situación curiosa: por un lado, los estudiantes asiáticos siguen manteniendo una imagen de esfuerzo e inteligencia pero, por otro, las nuevas hornadas de hijos de ricos son muy distintas.

Ultimátum de Sanidad a los productos homeopáticos

MADRID.- El Ministerio de Sanidad dará tres meses de plazo a los fabricantes de productos homeopáticos para que los preparados sean sometidos a las pruebas de seguridad y calidad por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). 

En caso de no presentarse, tendrán que ser retirados de las farmacias y su venta quedará prohibida en España, según se acordó durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, explicó al término de la reunión que todos los productos homeopáticos que pasen las pruebas tendrán que llevar la etiqueta de 'medicina homeopática sin indicación terapéutica'. Y es que, según subrayó la titular de Sanidad, sobre estos artículos «no hay evidencias terapéuticas».

Sanidad al realizar la transposición de la directiva de la Comisión Europea que regula estos preparados da la oportunidad a los fabricantes para que presenten los productos que consideren oportunos a los controles médicos y ensayos clínicos que, una vez superados, les darían la categoría de medicamento. 

«Esos controles serán los mismos a los que se somete cualquier otra medicina», apuntó la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al término de una reunión que se prolongó ocho horas, en la que sobre este asunto concreto hubo unanimidad entre el Gobierno y los consejeros autonómicos.

La ministra de Sanidad recordó que España está obligada a trasponer esta legislación europea porque «de no hacerlo, no podríamos evitar la sanción». En todo caso, insistió en que la Aemps garantizará la transparencia y rigor en esta evaluación por lo que está previsto que, una vez determinados los productos de venta autorizada, el ministerio realizará una «campaña informativa sobre los que van a entrar en el mercado». 

Desde Sanidad insistieron en que no saben en este momento cuántos productos homeopáticos de las decenas de miles que actualmente están a la venta pasarán los exámenes.

Respecto a los profesionales de la medicina, el Consejo Interterritorial fue informado sobre el real decreto que creará la especialidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia. En este punto, los consejeros requirieron que también fuesen aprobados en el futuro los de Urgencias y Enfermedades Infecciosas, lo que, según Montserrat, será abordado por la comisión de recursos humanos.

También fue analizado el futuro real decreto de indicación enfermera, para que este grupo de profesionales sanitarios queden habilitados para prescribir medicamentos o realizar vacunaciones, competencias actualmente de los médicos. 

De entrada, durante la sesión se insistió en la acreditación para estas labores de los titulados universitarios en Enfermería. Varios consejeros destacaron que la acreditación es automática en el caso de los titulados superiores, no así para los antiguos auxiliares técnicos sanitarios (ATS) que tendrán que demostrarla.

Por otra parte, Montserrat anunció a los consejeros que la próxima reunión del Consejo Interterritorial, que se celebrará el 16 de mayo en Toledo, será dedicada exclusivamente a la financiación sanitaria.

Podemos pide explicaciones en la Asamblea sobre la derivación de abortos a clínicas privadas

CARTAGENA.- Podemos ha pedido la comparecencia del consejero de Salud, Manuel Villegas, en la Asamblea Regional de Murcia para que explique las derivaciones a centros privados para practicar abortos.

En un comunicado, ha acusado a esa consejería de poner "grandes dificultades" para que las mujeres "no tengan un acceso con garantías, transparencia informativa e igualdad" a la interrupción voluntaria del embarazo.

La diputada María Ángeles García ha denunciado que al no desarrollarse la ley orgánica que protege y regula este derecho, las mujeres acaban siendo las grandes perjudicadas por los "recortes" del Servicio Murciano de Salud (SMS).

García quiere que Villegas explique en la Cámara los criterios por los cuales se está derivando a las mujeres a dos clínicas privadas de la Región, cuando "no existe ningún concierto del SMS con ninguna para llevar a cabo estas intervenciones" ni existen evaluaciones de cómo se realizan.

Podemos quiere saber por qué las mujeres que solicitan abortar en el servicio público son derivadas a otras comunidades y "no se presta ese servicio aquí".

García ha concretado que 17 mujeres tuvieron que trasladarse fuera de la región en 2016 para ello, cuando el 20 por ciento de los médicos murcianos "no son objetores de conciencia" para practicar abortos.

Según la parlamentaria, la consejería "ha otorgado un derecho personal de los facultativos a toda una unidad de ginecología".

Ha avanzado que su grupo ha presentado una moción para implantar un programa de formación a los profesionales que vayan a estar implicados en los abortos y para introducir herramientas de apoyo a las mujeres para la toma de decisiones en este proceso y para que la objeción de conciencia médica se ajuste al marco legislativo.

El Congreso aprueba el desalojo exprés de viviendas de particulares okupadas

MADRID.- La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado una proposición de ley del PDeCAT que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para proteger la propiedad privada frente a la okupación ilegal. Esta comisión de la Cámara baja ha enviado la reforma de la ley al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y el texto no encontrará ningún obstáculo para salir adelante, aunque luego deberá volver al Congreso. 

La reforma ha sido aprobada por 19 votos a favor y 18 en contra —se han opuesto el PSOE, Unidos Podemos y ERC— y en cuanto entre en vigor tras su ratificación en la Cámara alta permitirá el desalojo exprés de las viviendas de propietarios que sean "personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas propietarias de viviendas social". Los tres partidos que se han opuesto mantienen que la modificación no garantiza el realojo de las familias vulnerables que hayan okupado un inmueble, según El País.

El grupo parlamentario confederal ya había alertado de que la proposición de ley para agilizar los procesos de desalojo ante ocupaciones de vivienda abre la puerta a que los bancos y fondos buitre pudieran acogerse a este procedimiento de desahucio exprés.

El PSOE finalmente se ha descolgado de un texto que, en buena parte, había acordado y respaldado en la fase de ponencia. Lo ha motivado en que el resultado "final no tiene medidas concretas contra los extorsionadores, sino contra los ocupantes". 

En la votación de enmiendas en la comisión se han excluido del proceso de desahucio exprés a las entidades privadas y gestoras de un fondo de viviendas destinadas al alquiler social, que venían incluidas en el texto aprobado por la ponencia, lo que abría la puerta a que entidades financieras o fondos buitre pudieran acogerse a estos procedimientos.

Podemos había denunciado que entre las entidades que pueden acogerse a este nuevo procedimiento figuran "entidades titulares o gestoras de un fondo de viviendas destinadas a alquiler social al que pertenezca el inmueble que no gocen de privilegios administrativos para recuperar la posesión". Es decir, "bancos y lo que haga falta", había denunciado este lunes la portavoz de En Comú, Lucía Martín.

La propuesta finalmente aprobada abre la puerta a pedir "la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento" las personas físicas propietarias de vivienda, entidades sin ánimo de lucro y "entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social".

En este caso, se trasladará una notificación a los ocupantes, extensible a aquellos que en ese momento no se encuentren en la vivienda. Desde entonces, se exigirá a estos ocupantes que justifiquen la situación de posesión. 

Ante esto, "exclusivamente" podrán fundamentar su oposición a la demanda en "la existencia de título suficiente para poseer la vivienda o en la falta de título" por parte del demandante. En caso de no aportarse "justificación suficiente, el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda". Contra este auto, señala la ley, "no cabrá recurso alguno y se llevará a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda". 

También se dictará sentencia "de inmediato" en caso de que el demandado no contestara al requerimiento en el plazo previsto de cinco días. La ley, además, posibilita la ejecución, si así lo solicitara el demandante, sin la necesidad de que transcurra el plazo de 20 días previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La ponente del PDeCAT, Lourdes Ciuró, ha asegurado que en ningún caso buscaban permitir "que puedan acogerse ni fondos buitre ni cualquier entidad que pueda especular con la vivienda". 

"No es nuestra intención", ha declarado. Ciuró ha confirmado que han trabajado en "un redactado para que no quede ni la más mínima duda de que únicamente puedan acogerse Administraciones públicas y ONG, tal y como constaba en la iniciativa original, y hasta en el propio título inicial de la propuesta, que mencionaba la disposición de viviendas a entidades sociales y Administraciones públicas. Ahora, se limita a hablar de la okupación ilegal de inmuebles".

La ley también contempla la comunicación "a los servicios públicos competentes en materia de política social" en diferentes fases del proceso "si procediera su actuación", aunque no de oficio sino una vez se obtuviera consentimiento de "los interesados". 

La primera de ellas, en caso de identificarse a los ocupantes al efectuar la notificación de la demanda, al acordarse la entrega de la posesión de la vivienda y el desalojo y también cuando se fije la fecha para ejecutar el desahucio. Al acordar la entrega de la posesión, se fija un plazo de siete días para que estos servicios públicos puedan "adoptar las medidas de protección que en su caso procedan".

Sin embargo, la proposición de ley no garantiza una alternativa para los desahucios de estas okupaciones y no tiene definidas medidas concretas para aquellos casos en los que las personas desahuciadas se encuentren en una situación de vulnerabilidad. 

Pero sí que establece la obligación de las Administraciones públicas de que incorporen en sus protocolos de vivienda "medidas ágiles de coordinación y cooperación al objeto de prevenir situaciones de exclusión residencial", con el fin de "dar respuesta adecuada y más lo más inmediata posible" a casos de vulnerabilidad.

Estos protocolos, subraya esta medida incluida en una disposición adicional, "garantizarán la creación de registros" donde incorporar "datos sobre el parque de viviendas sociales disponibles para atender a personas o familias en riesgo de exclusión".

La aprobación del desalojo exprés ha agrandado la brecha en Cataluña entre el PDeCAT y la CUP. La diputada autonómica de la CUP Natàlia Sànchez ha acusado al partido de Carles Puigdemont de facilitar los desahucios de viviendas con su propuesta para "blindar privilegios" de "la elite que especula con las propiedades" inmobiliarias. 

En ese sentido, ha considerado "gravísimo que el PDeCAT lidere políticas que van en contra de las clases populares para convertir las viviendas en material de beneficio y de especulación".

También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha denunciado que esta sea la única ley que se está planteando en materia de vivienda, que a su juicio acelerará los desahucios de viviendas ocupadas y "generará una nueva ola de desahucios". 

"Es muy fácil ir legislando a favor del desahucio y que después todas las consecuencias las tengan que gestionar los Ayuntamientos", ha criticado.

La mayoría de los jubilados no se ha financiado su pensión pública

MADRID.- Llama mucho la atención que la algarada callejera promovida por los sindicatos y los partidos de izquierda con los pensionistas en las últimas semanas, y que ha sido neutralizada con poco más que un aguinaldo del Gobierno, resista todavía en el País Vasco, sobre todo en Bilbao, según Cinco Días. 

Todas las semanas centenares de señores y señoras reclaman en la calle una “revalorización digna” de sus pensiones. Llama la atención hasta la sorpresa que la aristocracia de la Seguridad Social mantenga el pulso de manera tan vívida, cuando disponen de los mejores niveles de renta pública de todo el país. 

En el País Vasco la pensión media de jubilación es ahora un 23,5% más elevada que en el resto de España, pero esa ventaja llega al 26,3% si el perceptor es del mismo Bilbao, donde se cobran los retiros más elevados del Estado. Nada menos que un 53% más altas que las extremeñas o las gallegas.

Puede interpretarse su numantina reivindicación como un ejercicio de solidaridad con el resto del Estado, en el convencimiento de que su demanda se imponga y se extienda a todo el territorio. 

Pero sorprende descubrir que la solidaridad se manifiesta más bien al revés. Las cuentas de la Seguridad Social desagregadas por territorios revelan que uno de los mayores niveles de déficit de cotizaciones se registra precisamente en el País Vasco: en 2016, últimas cuentas plenamente cerradas por la Tesorería General del sistema de pensiones, las cotizaciones empresariales y sociales aportaron 5.951 millones de euros en el País Vasco, mientras que el gasto en pensiones contributivas (las que teóricamente deben costearse con cotizaciones) ascendió a 8.223 millones de euros; un déficit de 2.272 millones de euros, nada menos que del 27,6%.

 Un déficit de unos 4.139 euros por cada pensionista (y hasta 4.852 si se trata de los residentes en el mismo Bilbao), y que se incrementaría si su reivindicación de una “revalorización digna” fuese atendida. Por supuesto que todas las reivindicaciones son legítimas, pero algunas, y esta está entre ellas, son imposibles porque son infinanciables.

La solidaridad en la Seguridad Social viaja en todas las direcciones, y dado que se trata de un compromiso entre generaciones, entre niveles de renta y entre territorios, su tesorería debe estar unificada en una sola caja y sometida a un criterio de aportaciones y prestaciones unificado para todo el territorio que garantice la igualdad de todas las personas, vivan allá donde lo deseen. 

Una caja única que en ocasiones han pretendido descerrajar las demandas nacionalistas, pero que han sido neutralizadas por unas simples cuentas de entrada de recursos y salida de prestaciones. 

La hoja de ruta diseñada por los independentistas catalanes preveía la creación de su propia Seguridad Social, pese a que en Cataluña el sistema de pensiones tiene también un importante déficit de cotizaciones, de nada menos que 3.214 millones de euros, un 15,22% de los gastos en prestaciones contributivas. Debe ser por ello que entre sus planes estaba que España siguiese abonando las pensiones durante un tiempo después de creada la República Català. 

En el caso del País Vasco, también estuvo entre sus demandas en el pasado; pero hace ya mucho tiempo que ha desaparecido del catálogo de competencias por inconveniencia financiera. Ahora ha revivido por conveniencia parlamentaria, pero solo se reclama abonar las pensiones a los ciudadanos, pero que el dinero lo ponga Madrid.

Hoy, con un desfase financiero de unos 18.000 millones de euros, la Seguridad Social no dispone de recursos aportados por los trabajadores y los empresarios para satisfacer las prestaciones contributivas. 

Y un análisis regional de las cuentas revela que casi todas las comunidades tienen déficit contributivo, con las únicas excepciones de Madrid, Canarias, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y si las cuentas territorializadas de las pensiones registran abultados déficits con las citadas excepciones, es porque las cuentas de cada uno de los españoles con la Seguridad Social también son deficitarias. 

De hecho, nadie, ni el español que por más tiempo y por mayores cuantías haya aportado al sistema público de previsión se ha financiado la totalidad de la pensión que con la esperanza de vida actual va a llegar a su casa. Nadie.

Un cálculo de la prestación a cobrar por cualquier cotizante con la actual legislación demuestra que nadie ha puesto lo que se va a llevar en condiciones normales. La gente precisa cotizar durante al menos 15 años para acceder a una prestación contributiva de retiro, y la prestación será superior cuantos más años y por mejores cuantías haga las aportaciones. 

Dado que desde que comienza Juan Español a cotizar con su primer empleo hasta que percibe su última pensión cambian las condiciones de vida, la norma aplica coeficientes que corrijan los efectos destructivos de la inflación, tanto en las cotizaciones como en las pensiones.

Pero aplicando las fórmulas de cálculo recogidas en la norma como si no hubiese inflación en los 40 años que cotiza un trabajador y los 20 que de media percibe pensión para hacer un ejercicio lo más fiel posible de lo pagado y de lo cobrado, podemos aproximarnos al nivel de autofinanciación que cada cual tiene con su pensión.

Realizamos el cálculo de la pensión a percibir por seis individuos que se jubilan en enero de 2022, cuando haya culminado una parte importante del periodo transitorio de la reforma de 2011, cuando sean precisos ya 66 años de edad, 36 de cotización mínima para disponer del 100% de la base reguladora, y cuando se contabilicen los 25 últimos años de cotización para calcular las cuantía.

El Ciudadano A, un ingeniero industrial de carrera ininterrumpida de cotización, ha aportado siempre por la base máxima, pongamos los 3.751,2 euros actuales durante 36 años (recuerde que España ha vivido en el mejor de los mundos sin inflación durante seis décadas para hacer este simulacro), y con una aportación neta de 1.061,58 euros al mes (de los que la mayor parte los ha puesto la empresa, y no él), alcanza los 12.739 euros al año, o la nada despreciable cantidad de 458.604 euros durante los 36 años de activo.

Dado que tendría derecho a percibir el 100% de la base reguladora (base de cotización multiplicada por 300 y dividida por 350), cobraría una prestación de 3.215,29 euros al mes, que llegarían a los 45.014,06 euros con las 14 pagas. Como ya prácticamente ahora la esperanza de vida a la jubilación legal es de casi 20 años, el Ciudadano A se llevará a su casa 900.281 euros. 

Pero como una de las virtudes de la caja única para garantizar la solidaridad es topar la prestación máxima en 2.580 euros, el citado pensionista solo percibirá tal cantidad 14 veces al año, y 722.428 euros hasta el fallecimiento. El déficit personal con el sistema ascenderá a 263.824 euros, y sus aportaciones solo habrían financiado la pensión 12,69 años.

El Ciudadano B, con una vida laboral más dilatada, con 46 años de aportaciones, siempre en base máxima de cotización, habría cotizado 558.992 euros, su déficit personal llegaría solo a los 136.436 euros, y habría financiado 16,22 años de jubilación.

Veamos qué relación financiera tiene con el sistema un trabajador en el polo opuesto: un auxiliar administrativo que solo aportó los 15 años exigibles para disponer de retiro contributivo. Con la base estanca de 858,6 euros (la mínima), el Ciudadano C aporta 2.915,8 euros al año, y 43.737 durante los 15 años de cotización. 

Como solo tiene derecho a percibir el 50% de la base reguladora (base de cotización multiplicada por 180 y dividida por 210), cobrará una pensión de 367,97 euros 14 veces al año, que pueden llegar a los 103.031 durante todo su retiro. Pero la Seguridad Social, con la virtud de la caja única y solidaria entre niveles de renta, le abonará un complemento hasta llegar a la pensión mínima garantizada de 639,3 euros al mes. 

Así, percibirá 8.950 euros al año, y 179.004 durante los 20 años de media que vivirá como pensionista. Su déficit personal con el sistema será de 135.267 euros, y solo habría financiado la pensión de 4,88 años. Un hipotético Ciudadano D, con la mala suerte de aportar solo 15 años, pero con la buena fortuna de hacerlo por base máxima, solo podría financiarse la prestación de retiro durante 8,49 años.

Cotizar por bases medianas, que es lo más común, como hace el Ciudadano E, no mejora mucho las cosas respecto a su relación financiera con el sistema aunque se haya aportado durante 30 años: el déficit personal sería de 242.000 euros, la mitad de la prestación, y solo cubriría 9,83 años. Si se cotizan 36 años por la base mínima, como hace el Ciudadano F, donde se refugian autónomos y trabajadores manuales, el déficit es también de la mitad de la prestación cobrada, justo para 10,1 años.

Pero la Seguridad Social no son cuentas personales. Es un mecanismo de reparto que no es otra cosa que un sistema piramidal de adscripción obligatoria en el que con las aportaciones de los entrantes se les abona la pensión a los salientes, y siempre se necesitará una masa suficientemente elevada de ahorradores (cotizantes) para poder devolver lo ahorrado a los pensionistas. 

Con los actuales volúmenes de aportación y de pensión individual, siempre serán necesarios cerca de tres afiliados por cada prestación, al menos mientras el retorno de la primera pensión sea tan elevado como es (casi el 80% del último sueldo, el más generoso de Europa); ahora únicamente hay dos personas pagando por cada una cobrando, pero con grave desequilibrio para el mecanismo, que se agravará si no se modifican las cuantías a aportar (al alza) y las cuantías a cobrar (a la baja).

En marzo pasado cotizaban en su condición de ocupados 18,5 millones de personas (también lo hacen los desempleados con seguro contributivo, pero lo hacen de forma transitoria hasta que agoten la prestación), para sostener a 9,58 millones de pensiones públicas. Una ratio de dependencia de 1,93 cotizantes por pensionista. 

Y una vez más, solo Canarias (2,51), Baleares (2,38), Madrid (2,71), Murcia (2,31) y Navarra (2,05), junto con Ceuta y Melilla, superan el listón de lo aceptable. Cantabria (1,51), Asturias (1,18), Castilla y León (1,46) y Galicia (1,29) están en situación cuasi dramática, acuciadas por una despoblación y una desocupación crecientes.

Estas ratios tan desiguales tienen también bastante que ver con la movilidad demográfica tras el retiro, de tal forma que las regiones que concentran mayores niveles de empleo lo pierden en favor de las de mayor arraigo rural para acoger a los pasivos, un fenómeno que se manifiesta de forma intensa en Castilla, Extremadura y Galicia. En algunas provincias la ratio de dependencia es inferior a uno, con menos de un cotizante por cada pensionsta: Zamora, León, Orense, Soria, etc.

Este déficit territorial que empaña a casi todas las comunidades es el que convierte a la caja única de la Seguridad Social en sagrada, para atender las deficiencias allí donde se producen, ya sea de forma puntual (acogida de pasivos) o endémica (falta estructural de activos).

Las contradicciones de la Fiscalía ponen en peligro las investigaciones de la 'Púnica'

MADRID.- La decisión del fiscal Fernando Sequeros Sazatornil de pedir a la magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Ana María Ferrer que cierre la causa contra la senadora por la Región de Murcia, Pilar Barreiro, pone en tela de juicio al menos cuatro piezas separadas de la trama 'Púnica', en las que se investiga la mejora del posicionamiento en 'internet' con dinero público de otros políticos, según explican a Vozpópuli fuentes del caso, que alertan de las diferencias radicales entre las conclusiones de la Fiscalía del Supremo y de Anticorrupción.

Consciente de este posible efecto dominó, el propio fiscal del Supremo ya anunciaba en su escrito en el que pedía el archivo de la causa contra Barreiro la posibilidad de que la decisión de la magistrada Ana María Ferrer no tuviera que influir en las demás investigaciones seguidas en el marco de la denominada "Operación Púnica".

Un deseo que no es compartido por las defensas de los imputados, que están a la espera de que el Supremo, órgano judicial jerárquico de la Audiencia Nacional, cierre la investigación contra Barreiro, algo que les daría munición ya que los hechos por los que se le achacan a la senadora murciana guardan amplias similitudes con otras piezas separadas de la trama liderada por el ex secretario general del PP madrileño, Francisco Granados.

Cuatro piezas separadas

En la mencionada operación 'Púnica' se siguen cuatro procedimientos en los que políticos de otras tantas Comunidades Autónomas están imputados por utilizar fondos públicos para mejorar su reputación en internet.

Se trata de las piezas separadas de Murcia, León, Valencia (Gandía) y Madrid, tal y como explica la exposición razonada de la senadora Pilar Barreiro firmada por las fiscales de Anticorrupción, Carmen María García Cerdá y Teresa Gálvez Díez.

En los otros tres casos, Anticorrupción ve un mismo patrón de actuación que en Murcia de lo que denomina el "tándem Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa".

La Fiscalía Anticorrupción basa sus análisis en las grabaciones telefónicas, que según las fiscales permitieron conocer cómo Alejandro de Pedro y su socio José Antonio Alonso Conesa, "se infiltraban en las administraciones autonómicas y locales (Murcia, Madrid, Valencia, León) obteniendo indiciariamente, contratos menores en fraude de ley para dar cobertura a la prestación de los servicios de reputación 'on line' personales por la sociedad EICO en favor de los cargos públicos situados al frente de las mismas".

Región de Murcia

De esta forma, los hechos detectados en el Ayuntamiento de Cartagena y en la Consejería de Educación de la Región de Murcia, explican las fiscales, se repitieron en otras administraciones locales y autonómicas que son objeto de investigación en otras piezas de la causa además de la murciana: León, Valencia (Gandía) y Madrid.

En estos otros casos, completan las fiscales, los imputados De Pedro y Alonso Conesa también utilizaron sus influencias políticas para acceder a los gestores de las mismas: "En todas ellas Alejandro de Pedro se valió de la empresa Madiva con sus diarios y 'banners' (publicidades) de cobertura, pese a que los trabajos de reputación ocultados los realizaba la sociedad EICO", concluyen. 

Las fiscales Carmen María García Cerdá y Teresa Gálvez Díez consideran, por tanto, que los trabajos de reputación personal de Pilar Barreiro y Pedro Antonio Sánchez no debían ser soportados por los caudales públicos, ya que no satisfacían "una necesidad pública".

Así, las fiscales de Anticorrupción creen probado que Barreiro, "ante las noticias negativas" de su presunta implicación en el caso de corrupción denominado 'Novo Carthago', "se valió de su estrecha amistad con José Antonio Alonso Conesa [...] para entrar en contacto con Alejandro de Pedro, con la finalidad de que la empresa de dicho investigado le realizase trabajos dirigidos a limpiar y cuidar su reputación en las redes sociales".

Y estos trabajos se hicieron, siempre según las conclusiones de Anticorrupción, gracias a los presupuestos del propio Ayuntamiento dirigido por Barreiro, pero también con los de la Consejería de Educación, que entonces encabezaba Pedro Antonio Sánchez, que meses después consiguió ser presidente de la Región de Murcia, cargo del que tuvo que dimitir tras ser imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por los mismos hechos por los que la Fiscalía del Supremo quiere exonerar ahora a Barreiro.

El interés por parte de Barreiro, prosiguen las fiscales, de que se difundiese una imagen positiva suya en internet, "fue aprovechado por Alejandro de Pedro y por José Antonio Alonso Conesa para elaborar concordadamente con la misma un plan criminal (concierto) que permitiría que la mercantil EICO trabajase de manera confidencial la reputación de Pilar Barreiro, costeando el erario público los trabajos personales de la alcaldesa, a través de la contratación pública de servicios" con otra de las empresas de la trama, además de la creación de un diario digital.

Por todo ello, las fiscales de Anticorrupción concluyeron en su exposición razonada al Supremo que existían "indicios sólidos y datos objetivos" que demostraban la existencia de dos conciertos en pro de la realización de trabajos personales "confidenciales" a Pilar Barreiro, que perseguirían posicionarla entre los primeros puestos en buscadores de internet, "siempre reflejando una imagen que le fuese favorable, algo que evidenciaba el carácter personal y no institucional del servicio".

Por el contrario, el fiscal del Supremo Fernando Sequeros Sazatornil consideró en el escrito en el que pedía el archivo de la acusación contra Barreiro, tras declarar la senadora murciana en enero en el Alto Tribunal, que la creación de un periódico digital financiado por el Ayuntamiento de Cartagena, con la senadora de alcaldesa, así como la mejora de su imagen personal en internet a cargo del dinero público, "podría ubicarse perfectamente, sin desbordarlo, en el ámbito de la promoción, defensa y comunicación de las políticas públicas de interés general".

Fernando Sequeros Sazatornil, concluyó que de la actuación de Barreiro no se desprende que participara en hechos objetivos penalmente relevantes: "No se detectan, en contra del parecer del magistrado instructor del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, [Eloy Velasco], la existencia de indicios de responsabilidad suficientes que conlleven la necesidad de dirigir el procedimiento contra la aforada. Tampoco se han consolidado los principios de prueba que deberían dar vigor a las sospechas de corrupción contra ella", completó el fiscal del Supremo.

Además, el fiscal del Supremo asegura, también de forma contraria a sus colegas de Anticorrupción, que no hay datos incriminatorios que puedan revelar que Barreiro participó en la elaboración de un "plan criminal", para que el gasto personal de los trabajos de reputación anteriormente referidos, a efectuar por la sociedad EICO, fuera asumido por la Consejería de Educación de la Región de Murcia, a través de la adjudicación de un contrato de coberdura con el objeto simulado de formación.

Y como prueba de esta supuesta ausencia de pruebas, el fiscal destacó que no existía "documento alguno" que permitiera confirmar esa hipótesis. "Y en cualquier caso, porque la asunción de los gastos debería haber corrido, contrariamente, a cargo del Partido Popular de Cartagena, conforme a lo afirmado por la investigada y confirmado por el presidente de aquel, Francisco Celdrán Vidal, en su declaración ante la magistrada", asegura Sequeros Sazatornil.

La petición de archivo de la Fiscalía del Supremo se conoció días antes de que la exjefa de prensa de Esperanza Aguirre, Isabel Gallego, reconociera en una declaración que varios de los consejeros del Gobierno de la Comunidad de Madrid se pagaban la mejora en internet de su imagen con "chiringuitos" públicos.

Y por eso este testimonio de Gallego, en el que explica cómo actuaban los cargos públicos tras contratar al informático de la trama, ha sido enviado, tras reclamarlo la Fiscalía Anticorrupción, por el juez de apoyo del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, a la causa contra la senadora murciana.

Barreiro, que como senadora está aforada en el Tribunal Supremo, fue objeto de una exposición razonada del magistrado Eloy Velasco, que antes de abandonar su puesto de titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional pidió su imputación en el Alto Tribunal.

Velasco tomó esa decisión, con el apoyo de las fiscales de Anticorrupción, y después de que enviara a juicio a la denominada pieza separada de la Púnica murciana, aunque la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al nuevo juez del caso, Manuel García-Castellón a reabrir el procedimiento, según adelantó el diario La Verdad.

Entre los imputados en esta pieza murciana se encuentra el expresidente de esta Comunidad Autónoma Pedro Antonio Sánchez, que al dejar de ser diputado autonómico en la Asamblea de Cartagena ya no está aforado, por lo que su caso se investiga junto al resto de investigados de la Región de Murcia en la Audiencia Nacional.

El abogado de la senadora y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro José Pardo Geijo ha reclamado a la magistrada que investiga el caso que deduzca testimonio y denuncie la supuesta filtración al diario La Verdad de Murcia de su declaración como imputada.

El letrado Pardo Geijo basa su conclusión de que la declaración se ha filtrado en el contenido de un artículo de opinión escrito por el subdirector de este medio, Joaquín García Cruz, en el que alude al interrogatorio de Barreiro.

El letrado, que destaca que la única acusación popular que disponía de esa declaración era el Ayuntamiento de Cartagena, gobernado por un partido localista que desplazó a Barreiro de la alcaldía, reclama que la supuesta filtración a la prensa se traslade al Decanato de los Juzgados de Cartagena, "para que proceda al reparto al Juzgado que corresponda la investigación del delito de revelación de secretos que pueda constituir este hecho".

Una larga exposición al ruido puede afectar a la salud de las personas con muerte prematura

MADRID.- El ruido está considerado como un agente contaminante del mundo moderno y es "invisible". Sin embargo, hoy día los individuos y las comunidades no aceptan que el ruido sea un producto "natural" del desarrollo tecnológico, y en consecuencia se debe regular y controlar.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ruido es "una amenaza infravalorada". Convivimos con él, desarrollamos buena parte de nuestra actividad diaria rodeados de él, pero no somos demasiado conscientes de que una exposición prolongada puede afectar a nuestra salud a través de efectos en el sueño, enfermedades cardiovasculares o trastornos relacionados con la audición.
La Sociedad Española de Acústica este 25 de Abril como otros años, promoverá el cuidado acústico para conservar el medio ambiente, mejorar la audición de las personas y evitar las molestias típicas del ruido, concienciando a la población sobre este tema.
El ruido se encuentra entre los cuatro factores medioambientales con mayor impacto en la salud; provoca al menos 10.000 casos de muertes prematuras anuales en la Unión Europea, según datos de la Comisión Europea.
Casi un tercio de los españoles declara sufrir molestias por ruidos generados en el exterior de sus viviendas y, además, uno de cada cuatro está expuesto a niveles de ruido superiores al umbral establecido por la Unión Europea (55 dB durante el día y 50 dB por la noche, según recoge el informe DKV Seguros).La fuente principal de ruido en los ambientes urbanos sigue siendo el tráfico, que es el causante de más del 80 por ciento de la contaminación acústica que se registra en las ciudades españolas. A nivel europeo, alrededor del 40 por ciento de la población está expuesta a niveles de ruido por culpa del tráfico superiores a los 55 decibelios.
La recomendación de la OMS es no superar el tope de 65 decibelios de ruido durante el día y los 55 decibelios durante la noche. Una recomendación que no siempre se cumple. De hecho, el 20 por ciento de la población europea está expuesto a los niveles recomendados para el día y un 30 por ciento durante la noche, según la OMS.
En España estos niveles tampoco se cumplen en todos los casos, aunque es difícil comparar el grado de incumplimiento ya que, aunque existe una directiva europea que obliga a los estados miembros a medir y proponer soluciones para el ruido, en España los mapas estratégicos de ruido no son elaborados por un único organismo que realice las mismas mediciones en distintos lugares sino que la responsabilidad de hacerlos cae en una amplia variedad de administraciones.
Así, cada ayuntamiento es responsable de medir el ruido en su municipio, mientras que el Ministerio de Fomento lo hace para la Red de carreteras del Estado y para los grandes ejes ferroviarios, las comunidades autónomas y diputaciones para la red secundaria de carreteras y ferrocariles.
De acuerdo a la última comunicación del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente a la Comisión Europea, correspondiente a marzo de 2016, el concello de Vigo es, proporcionalmente, la aglomeraciones urbana de más de 100.000 habitantes más ruidosa de España.
El 53,6% de la población está expuesto a un nivel de ruido superior a lo recomendado por la OMS para el día y el 71% a lo recomendado por la noche. La gran mayoría de ese ruido en Vigo proviene del tráfico rodado, hasta el punto de representar el 85,67% de población expuesta a niveles superiores de 55 decibelios, según la última actualización de su mapa del ruido.
Le siguen en el ranking de aglomeraciones 'ruidosas' durante el día las comarcas de Gironés y Barcelona, Logroño, Castellón de la Plana, La Coruña y Getafe.  
La Ley del Ruido, aprobada en 2003, define unos objetivos de calidad acústica para toda España, establece la obligación de realizar planes de acción para combatir el ruido y define incumplimientos de manera genérica, aunque en último término son los ayuntamientos los encargados de fijar la cuantía de multas para esas infracciones mediante ordenanzas, ya que tienen la potestad sancionadora para imponerlas.
Pero las ciudades no son los únicos puntos que soportan elevados niveles de ruido. Las carreteras que cruzan de punta a punta la geografía española son un importante foco de ruido que afecta a los habitantes que viven cerca.
La mayoría de tramos de carretera que encabezan el ranking de ruido son vías secundarias que atraviesan núcleos de población, mientras que las autovías, en general más aisladas, ocupan puestos mucho menores.
En cuanto a los aeropuertos, lógicamente el ranking se ve afectado por el tráfico de vuelos. En el primer puesto aparece el aeropuerto de Madrid-Barajas, seguido del de Barcelona, Bilbao y Gran Canaria. Aunque si se tiene en cuenta los niveles de ruido recomendados para la noche la cosa cambia y el primer lugar pasa a ocuparlo el aeropuerto de Ibiza.