El anunciado rechazo del recurso presentado por el PSOE contra la LOMCE,
más conocida como ley Wert por el ministro del PP que la promulgó, por
el Tribunal Constitucional, que se hará público hoy martes, confirma la
actual involución política dirigida por la derecha española. Un puntapié
jurídico contra el consenso social en el espacio educativo.
El claro
mensaje que Rajoy y Rivera envían a la oposición, a través de los
magistrados constitucionales, es claro: que pierdan toda esperanza en
cualquier pacto educativo. Puestos a tener que pactar, los estrategas
del Partido Popular y de Ciudadanos prefieren hacerlo con la Iglesia
Católica, que puede contribuir muy mucho a que hoy se vote, en expresión
jesuítica del cura Camilo de la novela de Giovanni Guareschi, a los
“partidos demócratas y cristianos”; o sea, al PP y a C's.
Del artículo 14 de la Constitución, que señala que los
españoles son iguales ante la ley sin discriminación por razón de
religión o de sexo, no quedan ni siquiera las raspas en la ley
Wert, ahora ratificada por el Tribunal Constitucional. Los criterios de
la Iglesia Católica, en materia de enseñanza de religión o de
segregación de sexos, se imponen sobre las restantes orientaciones de
los ciudadanos españoles, que quedan relegados en función de los
beneficios de la enseñanza privada.
Toda una puñalada certera sobre la
enseñanza pública bien envuelta en oportuna retórica democrática.
Conviene no equivocarse. No se puede hablar de una vuelta al franquismo.
Por el contrario, ahora asistimos, bajo una democracia parlamentaria, a
que se vuelve a oficializar un estatus privilegiado a la Iglesia
Católica.
De aquel lodo del 78, el estado aconfesional, estos lodos de 2018, el nacionalcatolicismo.
Al no reconocerse entonces al Estado español como laico, el francés lo
es desde 1905, se avanzaba de hecho hacia una confesionalidad solapada
como la que ahora mismo se consagra constitucionalmente.
Con un texto
constitucional que obligaba a los poderes públicos a tener muy en
cuenta”las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las
consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y demás
confesiones”, que ni siquiera se enumeraban, sólo hacía falta que
llegaran a la Moncloa, en el momento adecuado, estos políticos
eclesiásticos para darle la vuelta a la Constitución.
Una vez más el Tribunal Constitucional sirve como Tercera Cámara de los intereses de la derecha,
cuando todos los magistrados del PP y PSOE, nombrados por ambos
partidos, reflejan todos los postulados opuestos de los partidos que los
eligieron. Así, la actual mayoría absoluta del PP en el Senado y su
mayoría relativa en el Congreso de los Diputados, se ven reforzadas con
el absoluto control del Tribunal Constitucional.
Tanto si están de
acuerdo, como en lo referente a la cuestión nacional catalana, como si
no lo están, sobre la controvertida interpretación de la libertad de
enseñanza recogida por el artículo 17 de la Constitución del 78. Basta
comprobarlo en las hemerotecas. De hecho, fue uno de los preceptos más
polémicos, si no el más, durante el proceso constituyente.
Es la consagración del nacionalcatolicismo de la derecha española.
Ayer, sancionado en las sentencias sobre Cataluña; hoy, ensalzado con
el privilegio educativo de la enseñanza católica. Esa concepción
reaccionaria, basada tanto en el centralismo madrileño como en el
clericalismo religioso, cabalga ahora con el viento a favor por los
cuatro rincones de nuestra geografía y se configura como el principal
eje ideológico de la mayoría de la sociedad.
La sólida alianza entre la
rojigualda y el hisopo no es una novedad en nuestra historia, pero sí
lo es que su actual hegemonía no vaya enmarcada hoy en un cuadro
dictatorial. Desde la legalidad constitucional vigente, es impecable
tanto el protagonismo democrático de un Rajoy revestido de Santiago
Apóstol como el de Rivera encarnado en don Pelayo.
Previsiblemente, no veremos a Rajoy ni al monaguillo Rivera bajo palio,
pero sí a la Iglesia Católica dándole al César lo que es del César,
después de que desde la Moncloa se haya dado a Dios lo que, según el
episcopado, es de Dios. Este imparable avance del nacionalcatolicismo
conduce, más bien pronto que tarde, a que España sea la Polonia bis de
la Unión Europea.
Pese a que Berlín denuncia abiertamente esa involución
de la derecha polaca, elogia la involución de la derecha española. Esa
combinación del más pétreo nacionalismo hispano con el beaterío
religioso, que es un pecado mortal en Varsovia, no llega ni a ser venial
en Madrid. Nada le satisface más a la Merkel que el Trono vaya de la
mano del Altar, en una España azotada por los vendavales de las
revueltas sociales.
(*) Periodista
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