MADRID.- Sumar ha registrado una proposición de ley en el Congreso para crear
una oficina de prevención de la corrupción, con potestad de aplicar
multas de hasta un millón de euros en los casos más graves a empresas y
organismos que incurran en las infracciones más graves o la prohibición
de recibir fondos públicos durante cuatro años.
El nuevo
organismo, que tendría estatus de autoridad independiente con un
director no militante en partidos y con personal sacado de oposiciones,
podría tambien impedir a empresas contratar con la administración
pública durante tres años. En el caso de personas físicas la sanción más
alta es de 400.000 euros.
Así lo han explicado este jueves el portavoz de Sumar en el
Congreso, Íñigo Errejón, junto a los diputados del grupo plurinacional
Enrique Santiago y Verónica Martínez, para presentar en rueda de prensa
dicha proposición de ley, ya anunciada en su día por la vicepresidenta
segunda, Yolanda Díaz.
En este sentido, Errejón ha indicado que la corrupción implica el
"secuestro del Estado por los comisionistas y las tramas corruptas" y
que, ante su gravedad, optan por tomar medidas frente a la "pelea de
gallos de PP y PSOE.
Asimismo, ha avanzado que enviarán el texto a todos
los grupos y ha lanzado que esta ley debería "salir por unanimidad" y
se quiere "rescatar a la política de la corrupción".
Mientras,
Santiago ha avanzado que Sumar traerá al Congreso una batería de 40
medidas contra la corrupción y que la oficina que plantean vela por el
buen manejo de los recursos públicos, sobre todo cuando se estima que la
corrupción en España ha costado unos 100.000 millones de euros.
De esta forma, el dirigente de IU ha defendido que este organismo
pretende acabar con todos estos "espectáculos" empresas constituidas
"exprofeso" de "comisionistas" para "cometer crímenes", que facturan
"millones de euros y no tienen personal".
"Tienen un ordenador y muchos
coches de lujo", ha censurado.
Según explica, la creación de
esta oficina resulta pertinente ya que España tiene obligaciones legales
pendientes desde la aprobación de la Ley de Protección de Denunciantes
de Corrupción, como establecer una Autoridad Independiente que vele por
los informantes.
Así, su iniciativa ahonda en los apartados que ya
contiene la norma aprobada el año pasado y cree que la oficina de
prevención podría estar aprobada si hay unanimidad a finales de año.
De esta forma, la filosofía de la propuesta de ley es que esta
oficina, que tendrá rango de agencia independiente, es prevenir el uso
correcto de todo el dinero público de origen estatal, por lo que se
atañe directamente a la administración central y de forma indirecta a
comunidades y ayuntamientos cuando hagan empleo de fondos estatales.
En este sentido, el texto impulsado por Sumar concierne también al
sector público estatal en su conjunto, las Cortes Generales, la
Defensoría del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, las
Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales, cualquier entidad con una
participación mayoritaria del Estado.
En el apartado
sancionador, se recoge el impedir las funciones de dicha oficina, no
entregar la información requerida, ocultar documentación sobre la
investigación abierta o manipular la información demandada, denuncias
falsas, entre otros supuestos.
De esta forma, se estipula en
las infracciones más graves multas que oscilan entre 30.001 a 400.000
euros si las responsables son personas físicas y de 600.001 hasta un
millón de euros si son personas jurídicas.
Adicionalmente,
podrá imponer la prohibición de concesión de subvenciones públicas o
cualquier tipo de ayuda, así como beneficios fiscales, durante un plazo
máximo de cuatro años; o la prohibición de contratar con el sector
público durante tres años. Y con independencia de las sanciones, los
responsables de tramar un posible caso de corrupción deberán "restituir
los daños producidos e indemnizar a los perjudicados".
También a
personas individuales y sociedades que sean perceptoras de
subvenciones, créditos, avales y ayudas públicas, incluidos partidos,
sindicatos y organizaciones empresariales, unido a cualquier contratista
o sub-contratista de concesiones estatales.
La iniciativa de Sumar recoge que el director de este organismo no
podrá estar afiliado a ningún partido, sindicato o asociación
empresarial o profesional, tendrá un mandato de cinco años y será
elegida por el Congreso por mayoría de tres quintos de la cámara en
primera votación; o por mayoría absoluta pasados seis meses del primer
intento.
Asimismo, la propuestas que se elevan procederán tanto de los
grupos parlamentarios como de la sociedad civil.
Uno de los
elementos destacados es que este organismo tendrá funciones de
investigación sobre posible destino irregular de fondos públicos,
pudiendo indagar su el uso privado o a tercero si hay sospechas de
presuntas corruptelas. Por ejemplo, se pauta la tramitación de denuncias
ante actos u omisiones que lleven a fraude, conflicto de intereses u
otra actividad ilegal.
Así, los funcionarios al servicio la
potestad de inspección pudiéndose personales en entidades del sector
público para examinar expedientes y registros, acometer entrevistas a
sus miembros con los debidos derechos que guarda la ley (incluidos la
obligación de guardar silencio y asistencia letrada) o requerir
documentación tanto a instituciones como a entidades y personas que
manejen fondos públicos.
Otro apartado es poder requerir a entidades
bancarias información de movimientos de cuentas y operaciones
financieras.
De esta
forma, el cuerpo de inspección de la oficina será seleccionado por
oposición y tendrán la consideración de autoridad estatal, con
presunción de veracidad, además de poder contratar peritajes.
Todo ello, precisa el texto, sin perjuicio de las actuaciones propias de
entidades como el Tribunal de Cuentas, la Intervención General del
Estado, la Fiscalía o la autoridad judicial, de colaborar aportando
información y suspender sus actuaciones si se inicia un procedimiento
penal.
Por otro lado, se recoge el deber de colaboración con
la oficina de todo cargo público y que la oficina, aparte de su régimen
sancionador, deberá informar de la justicia de hechos presumiblemente
constitutivos de delito.
Entre las funciones de prevención, el
texto normativo elevado por Sumar al Congreso concede a esta oficina la
labor de detectar riesgos de corrupción y crear un sistema preventivo de
alerta temprana ante posibles irregularidades o malas prácticas
administrativa.
De esta forma, entre sus funciones se
encuentran la elaboración de un código de conducta a personal con altas
funciones ejecutivas y obligar a que el sector público disponga de un
sistema interno de prevención de corrupción.
Dichas entidades tendrán
que remitir esas medidas con carácter bi-anual a la oficina y detallar
los mecanismos puestos en marcha. Por otro lado, podrá requerir a
administraciones, entidades perceptoras de fondos públicos y personas
físicas información sobre su actuación interna ante la corrupción.
Otra de las disposiciones es la creación de un buzón destinado a
recibir denuncias o quejas, para decidir si abre expediente informativo
sobre autoridades o altos cargos. A su vez, se establece que las
actuaciones de investigación no podrá exceder de seis meses, con
posibilidad de extenderlos otro semestre si la complejidad del caso lo aconseja.
