lunes, 9 de abril de 2018

El joven periodista murciano Manuel Ureste gana el 'Ortega y Gasset 2018' por un reportaje realizado en Méjico


MADRID.- El joven periodista murciano Manuel Ureste (1982), junto a sus compañeras mexicanas Miriam Castillo (1984) y Nayeli Roldán (1982), ha sido premiado con el galardón más importante en el ámbito del periodismo en España: el Ortega y Gasset.

El trabajo por el que han sido reconocidos es la investigación gracias a la cual consiguieron destapar alrededor de 130 empresas fantasma con las que el Gobierno mexicano desvió más de 400 millones de dólares.
Han sido elegidos ganadores en la categoría de Mejor Historia o Investigación Periodística por 'La estafa maestra', que ha sido publicado por el periódico digital Animal Político y posteriormente convertido en libro por la editorial Temas de hoy.
El jurado ha destacado el esfuerzo de los tres periodistas que destaparon "los sofisticados mecanismos de corrupción del país".
Manuel Ureste, en declaraciones a la Cadena Ser, ha explicado que para el equipo el premio supone una gran satisfacción porque "el periodismo independiente en México vive momentos muy difíciles, con muchos compañeros asesinados por ejercer su profesión".
Ureste, que vive desde hace diez años en México, ha lamentado que, a pesar de haber descubierto esta "mega estafa, nadie ha sido juzgado ni encarcelado por este gran fraude".
También Inger Díaz Barriga, de Univisión Noticias, los fotógrafos David Armengou y Marcela Miret y la periodista Soledad Gallego-Díaz han sido distinguidos con los Premios Ortega y Gasset 2018, convocados por El País.
En su trigésimo quinta edición, los galardones han reconocido en la categoría de Mejor Historia o Investigación Periodística un trabajo sobre el sistema de desvío de dinero público del Gobierno mexicano, publicado en Animal Político bajo el título 'La estafa maestra'.
El jurado del premio ha destacado «el valor y la profundidad de la investigación, realizada a lo largo de nueve meses en seis estados diferentes, y que detalla los sofisticados mecanismos de corrupción del país».
El jurado de esta edición ha estado presidido por el juez Baltasar Garzón y formado por el periodista Jon Sistiaga, la escritora Almudena Grandes, el presidente de El País, Juan Luis Cebrián, y el director del periódico, Antonio Caño, entre otros.
Los Premios Ortega y Gasset, creados en 1984 por el diario El País y que llevan el nombre del filósofo español, pretenden resaltar la defensa de las libertades, la independencia y el rigor como virtudes esenciales del periodismo y dar reconocimiento a aquellos trabajos que a lo largo de un año hayan destacado por su calidad.
Cada uno de los premios, que se entregarán el próximo 7 de mayo en Madrid, está dotado con 15.000 euros (15.958 dólares) y con una obra del artista donostiarra Eduardo Chillida.



MANUEL URESTE: MIGRANTE, REPORTERO, ANIMAL POLÍTICO 

Por Guadalupe Jimarez Martínez


CIUDAD DE MÉXICO.- Barba tupida. Al menos un metro con ochenta centímetros de estatura. Porta lentes, cuyas micas impiden conocer a ciencia cierta cuál es el color de sus ojos. Sus pestañas tampoco ayudan. Sin embargo, su acento delata que es un extranjero nacido en Murcia, España.

Manuel Ureste o “Manu”, como le conocen en Animal Político, se desempeña como periodista desde que terminó su licenciatura en 2004, en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) donde también obtuvo una maestría en Estudios Europeos. Ureste posee otras más en Relaciones Internacionales y en Prensa Internacional por la Universidad de Staffordshire, de Reino Unido.

Pide rotundamente que se le hable de tú. Al hablar, lo hace con desenfado y utiliza frases cortas y coloquiales. No desea formalismos. Su caminar es lento, pero los pies de plomo le hacen ver a cualquiera que la falta de alguna encorvadura en su espalda es síntoma de la seguridad del éxito, de los años, quizás de la vida.

Ureste es periodista porque escribir siempre fue su vocación. Lo tuvo claro desde muy joven, cuando escribió su primera crónica acerca de Miguel Indurain, un ciclista español, y su intento por batir el récord de la hora en 1994. Tenía 13 años. Su opinión sobre sus pininos se resume en un desenfadado “me quedó bien”, frase acompañada por una sonrisa pícara.

Uno más de los “animales políticos”

Manuel relata cómo se fue fraguando su llegada a México, país en el que se ha desarrollado como profesional del periodismo.

“Siempre tuve un interés por el continente americano y estudiaba en Inglaterra, así que comencé a preguntarme dónde iba a trabajar. Salió la oportunidad de laborar en el periódico El Mundo de Córdoba (editado en Veracruz) y así fue como llegué a México, hace 10 años. Ahí estuve trabajando dos años como editor de las secciones Local y Regional. Tiempo después, ya estuve en Animal Político”.

Ureste considera que es difícil consolidarse en el medio, pues éste representa una carrera de largo aliento.

“El periodismo es un mundo complejo y llegar a un sitio como Animal Político, que te da una independencia y libertad para poder escribir e investigar, es realmente difícil. Soy muy afortunado de trabajar en este medio”.

El entrevistado comenta que Animal Político ha sido y es un medio fundamental en su carrera periodística, en el que no existe la imposición de líneas editoriales o la exigencia de ocultar ciertas cosas.

“Es un medio independiente, el cual, pienso, está haciendo cosas importantes. No ocupamos un edificio entero, sólo somos una sala y compañeros, así que cada quien es talentoso en su campo. Para mí, es un privilegio poder trabajar con gente profesional con la cual puedo hacer un buen periodismo”.

Sobre las características particulares del trabajo hecho por el portal de noticias, Ureste explica.

“Un distintivo sería que en las investigaciones siempre hay un estándar de calidad. Ofrecemos el más alto: tratamos de ser lo más precisos, puntillosos y excelsos. Cada una de nuestras investigaciones está fuertemente contrastada, documentada y revisada. La prueba está en que nunca nos han podido ‘tirar’ ninguna”.

Manuel detalla que la dinámica de trabajo en este medio busca que sus colaboradores hagan de todo un poco, para evitar encasillarse en un tópico. Sin embargo, cada uno de ellos va haciendo sus temas con el paso del tiempo.

“Hubo un momento, no sé si me encasillé, pero le dediqué mucho tiempo al tópico de la migración indocumentada. Actualmente, estoy enfocado a otros temas, por ejemplo, la corrupción mediante empresas fantasmas. No obstante, disfruto muchísimo del periodismo narrativo, de la crónica por ejemplo. También he trabajado bastante con coberturas sobre derechos humanos, desapariciones forzadas, crimen organizado”.

La violencia constante contra los periodistas

Los ataques dirigidos a quienes ejercen el periodismo en México han sido, lamentablemente, una constante desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, puesta en marcha por Felipe Calderón. En lo que va de este año seis periodistas han sido asesinados siendo Javier Valdez, del seminario Ríodoce en Sinaloa, la víctima más reciente.

El entrevistado considera que debido a este entorno, las agresiones contra los periodistas ya no pueden calificarse como una “ola de violencia”.

“Pienso que no se trata de una ‘ola’ porque es ya una violencia constante. Evidentemente ahora se ve más. Sin embargo, 2016 fue el año con más periodistas asesinados en México que se tiene registrado. Artículo 19, que es nuestro referente, documentó alrededor de 11 casos. Por ello, entiendo que pueda parecer que es una ola, pero lo que sí debemos tener claro es que hay una violencia periódica hacia los periodistas”.

“El detonante es la impunidad, no sólo en el ámbito del periodismo, sino en todos los males del país. Pero si el asesinato se da en una ciudad, sí causa ruido; no obstante, si se lleva a cabo en un ‘pueblito’, no despierta mayor interés, y ¡vamos!, a lo que sigue”.

Una prueba impactante de dicha impunidad es el número de ataques a periodistas sin resolver por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).

“A partir del asesinato de la compañera Miroslava Breach, en Animal Político hicimos una investigación en la cual descubrimos que desde 2007, la PGR tiene documentadas alrededor de 800 agresiones contra periodistas, y sólo hay dos condenas, de las cuales sólo hay detenido por agredir a un periodista. Es un dato que te dice mucho del nivel de impunidad existente en México”.

Estas cifras están presentes en las mentes de los colaboradores de Animal Político. No obstante, en el portal consideran que su cuerpo de lectores, entre los cuales se encuentran periodistas reconocidos a nivel nacional, les brinda cierta protección.

“El reconocimiento limita cualquier clase de ataque. A pesar de eso sabemos que debemos ir con cuidado. El nivel de riesgo siempre lo tenemos presente en nuestras coberturas”.

Cuando alguno de los miembros del medio realiza una cobertura en un estado de riesgo –como Veracruz, Sinaloa o Chihuahua– se ponen en marcha mecanismos de prevención pensados entre los mismos periodistas.

“No es nada sofisticado: hacer un chat de whatsapp, reportar cada lugar donde estamos, decir con quiénes vamos, confirmar las placas de los automóviles donde vamos. Así es como intentamos protegernos. Pero la mejor herramienta es el sentido común: si vemos que en una zona no hay condiciones o hay una amenaza, suspendemos la investigación porque no hay ningún reportaje que valga la vida de una persona”.

En sus 10 años de trabajo en México, Ureste aclara que no ha sido víctima de violencia directa o de amenazas contra su persona. Empero, eso no significa que no tome precauciones.

“He tenido suerte, porque sé que lo es. Tengo compañeros que han sufrido amenazas y otros de Veracruz que han sido asesinados. A la violencia la he tenido de cerca. No me autocensuro. Hasta la fecha, nunca lo he hecho, pero sí te hace repensar las cosas”

Sobre si este clima de trabajo pone al periodismo de investigación en vías de extinción, Manuel Ureste opina.

“Hacer periodismo ya es un riesgo y hacer periodismo de investigación es mayor riesgo porque tocas intereses de gente poderosa, con mucho dinero. Realmente es muy sencillo matar a cualquier persona, no cuesta nada. No solamente hablo del narco, quien es un agente agresor de periodistas, pero no es el único. De hecho, de acuerdo a Artículo 19, los mayores agresores resultan ser funcionarios públicos. Ellos se alinean muy fácil con el ámbito del narco”.

Ante este contexto hostil, el entrevistado afirma que los periodistas deben continuar su exigencia por un clima de seguridad para la realización de su trabajo, cuestión que el Estado mexicano debe cumplir.

“Yo sé que el Estado no puede ir contigo de la mano, pero platicaba con compañeros y puedo concluir: los elementos de protección que nos da el gobierno son inservibles. Ellos desean proteger al periodista, pero igual nos violentan. Además, es necesario tener en cuenta la cantidad de periodistas en México”.

“Por otro lado, lo que sí debería garantizarse es la no impunidad de los asesinatos. Así el delincuente, ya sea ‘de corbata’ o perteneciente al crimen organizado, se la pensaría dos veces antes de transgredir nuestra seguridad. La falta de castigos ante esta clase de violencia pone en peligro al periodismo de investigación, porque si no hay trabajos de averiguación extenuante, seguirán existiendo las injusticias y los atropellos en todos los ámbitos”.

El papel de la prensa como foro de denuncia de las injusticias que ocurren a lo largo y ancho del país es uno de los motivos por los cuales su labor debe ser fomentada, no amedrentada.

“No somos los ‘salvadores de la patria’, ni nuestras investigaciones eliminarán totalmente la corrupción en el país, pero sí somos una especie de mantenimiento y equilibrio importante”.

“Amigos de Animal” para un periodismo independiente

El periodismo de investigación no sólo enfrenta al crimen organizado. La compra de líneas editoriales para evitar la investigación de temas o personas particulares también representa un peligro para la integridad de este trabajo.

“Si un medio recibe millones de pesos para publicidad y saca una nota negativa sobre su proveedor, le cerrará el flujo de capital, o bien puede ser una vía para decir ‘igual no lo publico, así me va bien’. Por eso para medios independientes o pequeños en infraestructura como Animal Político es difícil encontrar vías de mantenimiento”.

Como respuesta a dicho problema, en este sitio nació la iniciativa “Amigos de Animal”, cuyo objetivo es otorgarle al medio un apoyo económico libre de cualquier nexo con empresas, partidos u otros intereses.

“Queremos vivir bien, pero no somos idiotas. Por ello nace ‘Amigos de Animal’, conformada por socios quienes dan una pequeña aportación mensual. Con ese dinero, financiamos las investigaciones. También nos afiliamos a asociaciones universitarias que apoyan este trabajo. Nunca nos ha pasado que una fundación nos condicione para indagar en un determinado tema o ‘golpear’ a alguien”.

“Plan Frontera Sur: cacería de migrantes”

En octubre de 2015, Manuel Ureste se hizo acreedor al primer lugar de la categoría multimedia del Premio Nacional Rostros de la Discriminación por su trabajo “Plan Frontera Sur: cacería de migrantes”. Producto de un esfuerzo en equipo, el entrevistado platica su experiencia con esta investigación.

“Definitivamente, fue un trabajo de un equipo de profesionales, pero a la investigación fui solo. No importa si somos 10, 20 personas, si quieren hacerte algo, lo hacen y ya, saben que da igual. Te seré sincero, cuando voy a realizar una cobertura, no voy a la aventura. Antes contacto a gente que pueda ver en el lugar”.

Desde su perspectiva, las organizaciones civiles son las mejores aliadas y parte fundamental de la construcción de redes de contactos.

“En Oaxaca y Tabasco contactamos con el padre Solalinde y fray Tomás, pues sabemos que a donde vayamos, estaremos seguros con ellos. Si te vas sin conocer (el lugar de la investigación), aumenta el riesgo; es necesario pedir opinión a personas que saben. No se trata de ser aventurero”.

Para Manuel, el origen de este reportaje data desde sus primeros días en Veracruz, cuando en un viaje dentro del Estado vio, por primera vez, la cruda realidad de los migrantes ilegales.

“Siempre he estado interesado en el tema de la migración. Supongo, se debe a que en cierto sentido, subrayando las colosales distancias, soy migrante. La idea de salir de casa está muy arraigada en mí. He vivido poco tiempo en ella. Cuando llegué a México en junio del 2008, exactamente a Córdoba, tenía un conocimiento del país nulo, más allá de las canciones rancheras y películas”.

“Una semana después de mi llegada, una amiga me llevó en su vocho al puente de Metlac. Llegamos y mientras veíamos la barranca, vi un ferrocarril viejísimo. ¡En mi vida lo había visto! En Europa son diferentes. Me llamó mucho la atención. Cuando se acerca, veo gente encima de él, al menos 800 personas, todos gritaban y saludaban. Cuando le pregunté a mi compañera sobre todo ello, ella me respondió: ‘pues son migrantes, van a Estados Unidos’. Yo le respondí incrédulo: ‘¿así hasta Estados Unidos?’ y ella, sarcástica, dijo: ‘pues si papá. ¿Qué creías? ¿Que se iban en avión o qué?’. Le cuestioné sobre su lugar de origen”.

Ese primer encuentro, con miles de migrantes indocumentados que buscan alcanzar “el sueño americano”, llevó a Ureste a contactar con “las patronas”, un grupo de mujeres dedicadas a dar de comer a los ilegales, sobre las que haría un reportaje.

“Me dejó impactado ese tema y comencé a reportear cada vez más sobre el mismo. No me quedé con la parte bonita, aquella referente a la solidaridad. Investigué y supe del asesinato y secuestro del que son víctimas, del infierno representado por México para los migrantes”.

Estos primeros trabajos sobre la migración indocumentada acercaron al entrevistado a una asociación civil estadounidense que impulsa a jóvenes periodistas, la organización Round Earth Media

“Ellos nos financiaron una investigación sobre niños migrantes y se dio el ‘boom’ de la migración infantil en Estados Unidos. Fue entonces cuando comencé a escuchar sobre el Plan Frontera Sur y el anuncio de Peña Nieto. Tuve curiosidad por saber de qué se trataba e investigamos y vimos las lagunas y carencias de dicho postulado. Descubrimos el alza en la cifra de detenciones de migrantes ilegales en el sur, en las cuales participaba el ejército federal. Supe que ahí había algo”.

Llegaría después el apoyo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que financió a Ureste para escribir un reportaje más extenso sobre migración.

“Había notas periodísticas acerca del incremento en las detenciones, pero no existía un trabajo cuyo contenido explicara a fondo la problemática que significa el Plan Frontera Sur. En 3 meses, ya teníamos el trabajo”.

A pesar de que buscaron una declaración o respuesta oficial del gobierno mexicano sobre el reportaje, Manuel y su equipo de trabajo no encontraron réplica.

“Lo único que conseguimos fue que el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas, diera una rueda de prensa justo antes de publicar el reportaje. Acudimos con muchas preguntas y sólo hicimos tres. Las grabamos y eso fue todo. Sabíamos de la nula respuesta. Las usamos para hacer el contraste entre el discurso político y el del migrante ilegal, pues el primero está muy alejado de la realidad”.

Todo este trabajo para la realización de “Plan Frontera Sur: cacería de migrantes” tuvo como resultado el Premio Nacional Rostros de la Discriminación. Al respecto, Ureste cuenta.

“Evidentemente, todos los periodistas tenemos un nivel de vanidad bastante importante, algunos más que otros. No sé cómo estaré yo. Fue una gran satisfacción, por Animal Político, por los compañeros y por mí. Todo un esfuerzo de meses y riesgos es reconocido por un premio. Fue una satisfacción personal, pero, sobre todo, a nivel periodístico”.

“Me gusta creer, a lo mejor y soy un poco romántico, que ese premio contribuyó a magnificar el mensaje emitido a través del reportaje: el gobierno mexicano no está protegiendo a migrantes, los está persiguiendo como animales. Por ende, se han incrementado las redadas. No decimos que la solución sea dejar vía libre a los migrantes sin documentos, hay leyes y normas. Sin embargo, lo que se hace aquí es la “chamba sucia” de Estados Unidos”.

Con el dinero del premio, el entrevistado compró una cámara nueva que utilizará en próximos trabajos. Manuel, ante todo, aclara que premios de este tipo brindan al reportero una satisfacción laboral y personal, nada más.

“Es como el fútbol, el hecho de hoy ganar, no significa que ya en los demás partidos también lo harás. Tienes que seguir trabajando, luchando, buscando nuevas propuestas y retos”.

“El periodista no trabaja por premios. Qué bueno que existan y nos den esa clase de reconocimientos. Hace poco, nos dieron (a Animal Político), la mención honorífica en el Premio Ortega y Gasset y aquí la gente sigue igual, continuamos trabajando de la misma forma. No trabajamos para ganar premios, más bien, una consecuencia de nuestro trabajo es obtenerlos. Eso nos indica que vamos por el buen camino”.

“Siempre hay temas, sólo hay que buscarlos”

Como parte de los objetivos a largo plazo de "Plan Frontera Sur: cacería de migrantes", Ureste y su equipo continúan dándole seguimiento al tema. En cada aniversario del Plan Frontera Sur, su equipo hace una serie de preguntas a las procuradurías de varios estados, entre ellos Chiapas y Veracruz, que sigue arrojando una luz sobre un problema en crecimiento.

“Analizamos el número de denuncias por agresión a migrantes y vemos un aumento constante. Chong se aventó una declaración bastante fuerte: los migrantes ilegales ya no padecen ningún delito.

“En suma, el objetivo es continuar monitoreando las acciones del gobierno mexicano ante este problema latente. ¿Qué hará México ante Trump y sus políticas migratorias? Asimismo, evaluamos el éxito de campañas de protección al migrante por agresiones”.

Para Manuel, el objetivo principal de su reportaje en la frontera sur fue intensificar el valor de la situación migratoria a través de la exposición en los medios de comunicación.

En el futuro de su trabajo se asoma otros temas que investigar y denunciar con el mismo ahínco demostrado durante su carrera.

“Siempre hay temas. En todos lados, sólo hay que buscarlos. Estamos trabajando siempre. Hay unos en puerta, no puedo revelarlos, pero pronto los verás”.

Manuel Ureste se marcha, pues el hambre puede esperar, pero el periodismo no.  



'Ecologistas en Acción' muestra su rechazo tras la corrida de toros de este fin de semana en Cieza

CIEZA.- Ecologistas en Acción de Cieza, a través de un comunicado de prensa, ha expresado su más absoluto rechazo a las corridas de toros, lamentando que este fin de semana volviese a repetirse en nuestra localidad. Un espectáculo que califica de “cruel y sangriento, que busca la diversión a través de la tortura y el ensañamiento con el toro, evidenciando un absoluto desprecio por los derechos de los animales”. 

La organización ecologista condena especialmente el que se siga permitiendo la asistencia de menores a este tipo de espectáculos.
Explica que las corridas de toros son un espectáculo que “trasmite y exalta los valores más negativos de una sociedad, como el uso injustificado de la violencia, el desprecio hacia los derechos de los animales, o el disfrute con la tortura y el maltrato animal”. Y condenan especialmente el que se siga permitiendo la asistencia de menores a este tipo de espectáculos.
La organización ecologista no logra entender por qué Cieza fue reconocida por Unicef Murcia como Ciudad Amiga de la Infancia en noviembre de 2016, cuando organizaciones como la ONU aseguran que la tauromaquia contraviene la Declaración de Derechos del Niño. 
Y recuerda que otros ayuntamientos, como el de León o Palma, comienzan a preocuparse por las repercusiones que en las niñas y niños pueden tener la contemplación de un espectáculo tan sangriento y aberrante y han dictado normativas para prohibir su entrada, e incluso impuesto sanciones cuando no se cumplían, con el fin de proteger a la infancia.
Desde estos y otros ayuntamientos además se ha decidido eliminar, retirar las subvenciones a las corridas de toros o incluso las ha sometido a consulta resultando en una eliminación final de las mismas dando voz al pueblo.
Por otra parte, un informe llevado a cabo por AVATMA (Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y el Maltrato Animal) hace un año, registró que en 2016 se celebraron 1.598 festejos taurinos, lo que supone 2.053 menos que hace 11 años. Así pues, y de forma porcentual, entre 2007 y 2016 se ha producido un descenso del 56,24%, lo que indica que es un claro sector en declive. 
Además, el número de personas aficionadas a este cruel espectáculo también ha descendido en los últimos años, por ello, Ecologistas en Acción atribuye la relativa frecuencia de las corridas de toros y los festejos taurinos en algunas regiones, como es el caso de Murcia, al apoyo político y económico de las administraciones locales, autonómicas, estatales y europeas que son las que realmente están manteniendo esta actividad. 
Por otra parte, la ganadería de lidia también se halla en claro descenso, y además el 77,2% de las ganaderías de lidia registradas en el Ministerio de Agricultura no vendió ni un sólo animal en un festejo taurino durante 2016 para su lidia posterior. Este dato es de gran importancia, ya que uno de los argumentos más rancios y usados desde el mundo de la tauromaquia incide en que si esta desaparece, también lo harán las ganaderías que se dedican a la crianza de esta raza de vacuno. Los datos indican que la gran mayoría no vive de la venta de estos animales para festejos taurinos en general.
La organización ecologista quiere dar voz a la conclusión a la que llegó el informe realizado por AVATMA “podemos decir que la tauromaquia es negocio para unos pocos toreros, rejoneadores y ganaderías, como ha quedado demostrado en este análisis, a los que sumaremos unos pocos empresarios que se hacen con la explotación de algunos cosos taurinos, en la mayoría de los casos por muy poco dinero, y subvencionados por los ayuntamientos e incluso por las Diputaciones. 
Lo cierto es que en este mundo, el del toro de lidia, se da la paradoja de que hay toreros que además son ganaderos, incluso empresarios taurinos e incluso apoderados de otros toreros y de novilleros. Del mismo modo, algunos ganaderos son empresarios de plazas de toros y apoderados. Un sector endogámico donde los haya, que resiste a duras penas el cuestionamiento social desde hace algunos años.”
Finalmente, Ecologistas en Acción concluye que un espectáculo cruel, sangriento y violento no puede ser considerado “Fiesta nacional” de ningún país que se considere civilizado, y mucho menos financiado con dinero público. Los impuestos que todos pagamos, explican, “no pueden seguir alimentando una fiesta basada en la crueldad y tortura hacia los animales”. 
Por ello solicitan que desde el ayuntamiento de Cieza debe dejarse de colaborar con cualquier espectáculo que contribuya al mantenimiento de la tortura animal, sea desde la Concejalía que sea, ya que proveer de seguridad, darles publicidad o ayudar en la limpieza es también colaboración, una colaboración que sale del bolsillo de la ciudadanía, mucha de la cual no apoya y quiere ver extinguirse este arcaísmo sangriento.

El alcalde de Alicante renuncia por su doble procesamiento por delitos administrativos

ALICANTE.- El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, renunció finalmente este lunes por su doble procesamiento por delitos administrativos, lo que deja un incierto futuro en la Alcaldía, que por tercera vez en diez años se queda sin regidor por causas judiciales, tras la salida de Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del PP, por presunta corrupción urbanística.

Echávarri fue procesado por el fraccionamiento de contratos por valor de 144.000 euros en el área de Comercio y por el despido de una interina, cuñada del portavoz local del PP, Luis Barcala, caso por el que la fiscalía ha pedido 10 años de inhabilitación.
El fiscal le acusa de un presunto delito de prevaricación administrativa al entender que despidió en abril del pasado año a Catalina Rodríguez para vengarse del portavoz del PP después de que éste le hubiera denunciado en el llamado caso Comercio.
La causa judicial sobre la cuñada de Barcala ha seguido adelante pese a que el alcalde la readmitió al poco tiempo, empujado por una declaración institucional unánime del pleno en ese sentido que consideró el despido como arbitrario.
Estas dos causas judiciales han complicado sobremanera a Echávarri, que vio como en otoño le abandonaban sus dos socios de gobierno, Guanyar (EU-IU, Podemos e independientes) y Compromís, y que ha sufrido presiones de todo tipo para irse hasta que el pasado 23 de marzo anunció su renuncia tras reunirse con la dirección del PSPV-PSOE, en Valencia.
A través de una persona cercana, Echávarri ha presentado a las 9.28 horas un escrito de cuatro líneas ante la Secretaría General del Pleno en el que comunica su renuncia al cargo de alcalde-presidente del ayuntamiento y al acta de concejal que ostentaba desde el 13 de junio de 2015.
Una vez que dimite y hay que elegir de nuevo alcalde, la situación en el Ayuntamiento es de incertidumbre, ya que, del total de 29 concejales, el PSPV tiene 6, mientras Guanyar cuenta con 5 y Compromís con 3, lo que hace que sume 14 votos.
De retomar esta alianza, el PSPV debería contar con otro procedente de Ciudadanos o de los no adscritos para evitar que la vara de mando recaiga en el partido minoritario más votado: el PP, que tiene 8 concejales.
Aunque Echávarri, que desde noviembre gobierna solo con sus 6 concejales, anunció el pasado 23 de marzo que dejaba el cargo, la renuncia ha sido «en diferido» y no la ha cumplido hasta hoy para dar tiempo a negociar que le reemplace su número dos, la también socialista Eva Montesinos.
Montesinos ha explicado que está «pendiente» de la negociación con Ciudadanos (C's) y del resultado de las conversaciones con los dos concejales no adscritos y, sin entrar en pormenores, ha asegurado que las conversaciones «siguen su camino» y que es «optimista».
Los exsocios de gobierno, Guanyar y Compromís, no ocultan su deseo de que la alcaldesa sea Montesinos, y a partir de ahí estudiarán su implicación en el futuro gobierno mientras que Ciudadanos ya ha advertido de que el apoyo que dio en 2015 a Echávarri como señal de buena voluntad ha sido «desperdiciado», y que «sería de ingenuos embarrarse de nuevo en el mismo fango».
Con los dos no adscritos, Montesinos tiene previsto reunirse mañana, y el apoyo de uno de ellos sería suficiente para que la Alcaldía siguiera siendo socialista.
Por su parte, el portavoz local del PP, Luis Barcala, ve a Echávarri como «un mal alcalde», seguramente «el peor de la historia».

Los opositores de Educación se podrán inscribir a partir de este martes

MURCIA.- El plazo de presentación de instancias a las oposiciones a los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño estará abierto del 10 al 30 de abril, según la orden publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

En concreto, así aparece en la orden de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de los procedimientos selectivos para ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en estos cuerpos de profesores a celebrar en el año 2018, y por la que se regula la composición de las listas de interinidad en estos cuerpos para el curso 2018-2019.
En este sentido, el plazo de presentación de las solicitudes y, en su caso, de presentación telemática de la documentación será de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, esto es, entre el 10 y el 30 de abril, según la orden.
En el caso de que una incidencia técnica imposibilitara el funcionamiento ordinario de la aplicación de presentación de solicitudes establecido al efecto, la Consejería de Educación, Juventud y Deportes podrá determinar una ampliación del plazo de solicitudes, conforme se establece en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Las tasas de inscripción en el caso de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño será de 79,40 euros; mientras que para el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional se elevará a 71,42 euros.

La jueza pospone la declaración de Fuentes Zorita en el caso 'Topillo' ante argumentos formales de su abogado

MURCIA.- La titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Murcia, Miriam Marín, ha aplazado la declaración prevista para hoy por el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), José Salvador Fuentes Zorita, imputado en el caso 'Topillo', que investiga la contaminación del Mar Menor.

Según informaron fuentes cercanas al caso, la decisión ha sido adoptada porque la defensa de uno de las empresas investigadas no podía comparecer hoy al tener otra vista y porque el abogado de Fuentes Zorita ha alegado que no había recibido la documentación anexa al escrito de la acusación del fiscal, por lo que no podía conocer los detalles del caso.
Por tanto, la jueza ha aplazado la comparecencia del expresidente de la CHS entre 2004 y 2010, que debían haber comenzado la ronda de declaraciones ante Marín de los seis ex altos cargos y funcionarios del organismo de cuenca investigados.
Las mismas fuentes no descartan que tampoco se celebren las declaraciones de la sucesora de Fuentes Zorita al frente del organismo de cuenca, Charo Quesada, prevista para mañana, así como las del ex comisario de Aguas, Manuel Aldeguer, el ex director técnico, Joaquín Ezcurra, y los jefes de servicio José Manuel Ruiz y Blas Mirete, que iban a comparecer entre el próximo miércoles y el martes 17 de abril.
Los investigados de la CHS están incluidos en la segunda de las tres causas en las que Marín ha despiezado la instrucción, mientras que siete excargos del Gobierno regional, entre ellos el exconsejero Antonio Cerdá, están dentro de la primera pieza, mientras que juzgados de Cartagena y San Javier llevarán la instrucción de una veintena de causas contra agricultores y responsables de grandes explotaciones agrarias.
La jueza quiere determinar si los responsables de la CHS y del Gobierno regional no tomaron ninguna decisión para evitar los vertidos de nitratos y salmueras en el Campo de Cartagena, que ocasionaron la contaminación de la laguna.

Ciudadanos ya le saca casi un millón de votos y 9 escaños de ventaja a un PP en caída libre


MADRID.- Las convulsiones políticas y los grandes escándalos relacionados con el Partido Popular –de Catalunya a Cifuentes, pasando por Gürtel– tienen un impacto decisivo sobre la aritmética electoral, que apunta a un fenómeno inédito en España: cuatro formaciones situadas en 'fila india' entre los 60 y los 100 escaños. Ciudadanos ya supera al PP en cuatro puntos y también lo adelanta por vez primera en número de diputados, según las estimaciones de Jaime Miquel para 'Público'.

Ya no hay vuelta de hoja: el Partido Popular se desploma, incapaz de sobreponerse a su cascada de escándalos y fracasos, entregando el liderazgo electoral de la derecha a un Ciudadanos que capitaliza las carencias del PP pese a no demostrar muchas más virtudes. El panorama político español está a punto de cambiar para siempre.
Si en este momento se celebrasen unas elecciones generales, la formación de Albert Rivera aventajaría a la de Mariano Rajoy en casi un millón de votos y –pese al injusto sistema electoral impuesto tras la muerte del dictador– por vez primera batiría también en escaños al hasta ahora partido hegemónico de la derecha, según las estimaciones del gabinete demoscópico de Jaime Miquel y Asociados (JM&A) –basadas en el desk research de los más importantes sondeos recientes, incluido el del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)– para el Observatorio Continuo de Público.
La caída libre del PP parece no tener fondo, y ahora C's no sólo obtendría nueve diputados más (batiéndolo por 97 a 88 escaños), sino que le arrebataría dos millones de sus fieles votantes... igual que le quitaría tres cuartos de millón de votos al PSOE.
El fenomenal ascenso de Ciudadanos en los sondeos podría ser un espejismo, pero la unanimidad de todos los estudios demoscópicos, durante los últimos meses, sobre el descenso en picado del partido en el poder, a causa de un trasvase masivo de votantes hacia su nuevo rival derechista, augura una debacle de las huestes de Rajoy en beneficio de los seguidores de Albert Rivera.

C's ganaría hoy 65 escaños y el PP perdería 49

Tan espectacular es el crecimiento de C's que JM&A prevé que obtendría hoy un inédito aumento de 65 escaños –hasta rozar el centenar–, a costa de la drástica reducción de los diputados del PP (-49) y de otros 20 parlamentarios que ganaría al PSOE (-8) y a Unidos Podemos (-12).
"Estamos dando nuestras posiciones electorales actualizadas ahora que se está realizando el trabajo de campo del barómetro de abril del CIS [Centro de Investigaciones Sociológicas del Gobierno] para así poder comparar ambas estimaciones" cuando el CIS anuncie sus resultados, explica Jaime Miquel.
"Dadas las características de la LOREG [Ley Orgánica del Régimen Electoral General] y de la distribución de los apoyos populares de los partidos, Ciudadanos necesita casi tres puntos de votos válidos de ventaja sobre el PP para empatar en escaños", detalla Miquel. "La misma ventaja que necesitan Unidos Podemos y sus  confluencias para empatar con el PSOE".
Así que lo que se produciría si hoy se celebrasen elecciones generales sería una división de los votantes entre cuatro opciones: "Se trata de una aritmética electoral inédita en España, con cuatro candidaturas en fila india entre sesenta y cien escaños", afirma el analista electoral de Público.
Por tanto, el fin del bipartidismo está más que garantizado, pero no hay que lamentarlo en demasía, según Miquel: "Lo que sucumbe es una cultura política autoritaria e irreflexiva que llamamos postfranquista. Y el PSOE está atenazado por el mismo problema: o aterrizan ahora donde despegaron, que es en la comprensión plurinacional de España y en la moción de censura a Rajoy, al lado de Podemos para hablar con ERC y los demás –cosa que no creo que vayan a hacer– o lo harán en las próximas generales con un hundimiento como los del PASOK griego, del PS francés o del Partido Democrático italiano de Renzi".
Ante este panorama, la caída prevista de 2,3 puntos del PSOE e incluso la de tres puntos justos de Unidos Podemos parecen una minucia, ya que la catarata de votantes derechistas que fluye a borbotones desde el PP hasta C's hace palidecer cualquier otro flujo electoral de cara a las próximas elecciones generales.
En cuanto al factor territorial,  se aprecian claramente las comunidades que dan el vuelco electoral decisivo para el hundimiento del PP en toda España: C's gana 11 escaños en Andalucía, 8 en Castilla y León, 7 Castilla-La Mancha y Madrid; y 6 en València y Catalunya... la gran mayoría arrebatándoselos a los populares.

El ascenso meteórico de C's no tiene precedentes

Y ese ascenso meteórico de Ciudadanos no tiene precedentes en la mayor parte de las comunidades: salta de 0 a 7 diputados en la comunidad manchega; de uno a 9 en Castilla la Vieja; de 7 a 18 en Andalucía, de 6 a 13 en Madrid, de 5 a 11 en València y de 0 a 4 en Galicia. Un despegue que roza lo inverosímil y que, de producirse, puede llegar a sentenciar la muerte del partido que hoy gobierna.
"Lo que se destruye son expresiones políticas con las que convivimos que son imposibles en la Unión Europea del siglo XXI, como las banderas a media asta por Jesús de Nazaret o el somos novios de la muerte del Gobierno", opina Jaime Miquel.
El Partido Popular ha entrado en un torbellino autodestructivo, con la corrupción y Catalunya como ejes de su naufragio, que se acelera con su empeño en mantener posiciones insostenibles, como el falso máster de Cifuentes.
Si Rajoy logra resistir hasta el final de la legislatura, podría ser no sólo su último mandato de gobierno sino también el último del PP.

Fomento y su plan estrella en carreteras chocan con Hacienda

MADRID.- La historia se repite y el Ministerio de Fomento vuelve a tener aparcado un importante plan de inversiones en el departamento de Hacienda, mientras se escuchan argumentos críticos contra distintas medidas desde la Abogacía del Estado. El programa en cuestión es el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), que fue presentado en julio del año pasado como una palanca de estímulo por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que aún está por ver aprobado el pliego base de licitación de los proyectos, revela hoy Cinco Días.

Con un presupuesto global de 5.000 millones, las dos peculiaridades del PIC residen en que serán las empresas privadas quienes inviertan, tras años sin que Fomento recurra al sistema concesional, y que se busca reanimar la obra civil en carreteras tras legislaturas de claro foco en el desarrollo de la infraestructura ferroviaria de la alta velocidad. Pero la puesta en marcha no está siendo un camino de rosas.
Las empresas (ya hay 17 consorcios interesados) intentan eludir el riesgo del coste de las expropiacion de suelo más allá del presupuesto estimado por Fomento y expresado en los pliegos. Y es que tienen muy presente el precedente de las autopistas radiales de Madrid. 
Los 400 millones previstos en compra de terrenos se encarecieron en 1.800 millones por justiprecios otorgados por los tribunales a los propietarios, lo que hizo quebrar a las concesionarias y motiva el actual rescate de esas infraestructuras.
Ante esta posición del capital privado, que comparten los potenciales fondos y banca financiadora de las concesiones del PIC, Fomento ha buscado fórmulas para suavizar el riesgo expropiatorio y facilitar la captación de interés por la decena de carreteras que saldrán a concurso. Pero Hacienda y la Abogacía del Estado están mostrando disconformidad.
Consultados por este periódico, distintos altos cargos del Ministerio que lidera Íñigo de la Serna se han limitado a reconocer que los pliegos del PIC están en revisión y “se hará lo que marque la ley”. Eso implica buscar la cuadratura del círculo, a juicio de fuentes jurídicas.
El Gobierno busca lanzar inversión extrapresupuestaria siempre que no suponga un impacto negativo en el déficit. Para ello debe atender la norma de contabilidad de Eurostat en lo referente a las asociaciones público-privadas. Esta permitiría clasificar como no públicos los activos del PIC, y por tanto dejarlos fuera del balance de las Administraciones Públicas, si el consorcio privado que se adjudica la carretera asume el riesgo de construcción y al menos el de disponibilidad (garantizar el buen estado de la infraestructura) o el riesgo de demanda (asumir las caídas de tráfico). 
En el caso del Plan apadrinado por Rajoy, las concesionarias corren con los citados riesgos de construcción y disponibilidad. Pero Eurostat también suele ser taxativa derivando el riesgo expropiatorio para acometer las obras al socio privado.
Así fue en 2010, cuando las constructoras ya trataton de esquivar cualquier posibilidad de sobrecoste expropiatorio en los proyectos del Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI), y tanto ellas como Fomento se toparon con la negativa de la oficina estadística de la Comisión Europea (CE).
Técnicos conocedores de las entrañas del PIC explican que "la penúltima versión de los pliegos buscaba una conciliación entre los intereses del Gobierno y los del capital privado", eliminando el riesgo de expropiación en las concesiones urbanas y dejando en manos de los inversores el 100% en las carreteras interurbanas. 
Pero esta fórmula habría sido rechazada y se tantea otra alternativa mixta en la que los inversores asumen hasta el 150% del presupuesto de expropiación, si es que este se ve sobrepasado a la hora de comprar el suelo; del 150% al 250% respondería la Administración, y a partir del 250% volvería a ser la concesionaria privada la que cargaría con el coste.
El hecho es que la Abogacía del Estado se ha mostrada crítica, a través de un informe, con el reparto de riesgos recogido en el borrador de los pliegos del PIC. Bajo su puento de vista, las constructoras y operadoras de las carreteras proyectadas apenas tendrían riesgo operacional.
Respecto a otros puntos que arrojan incertidumbre al inversor figura el canon a percibir. Este permite cubrir la inversión en obras, el gasto en mantenimiento y la rentabilidad del negocio. Entre las interesadas en el PIC se habla de la indexación -a parámetros distintos al IPC- del tramo de mantenimiento, lo que solo representa alrededor del 15% del citado canon y amenaza con encarecer los pagos iniciales.
Otra cuestión crítica es la de la aplicación de la conocida como cláusula de progreso (artículos 259.4 de la Ley de Contratos), por la que que las concesionarias están obligadas a la continuada incorporación de innovaciones técnicas en la infraestructura según evolucione la normativa. El sector privado quiere conocer los casos en que se produciría un reequilibrio económico de la concesión por inversiones extra, aunque ya dan por descontado que esta incertidumbre motivará el encarecimiento de las ofertas.

Cuatro proyectos anunciados

2.000 millones en 2018. Fomento prevé licitar proyectos del PIC este año por 2.000 millones, dejando un volumen de 3.000 millones para 2019. Según la agenda del Ministerio, las dos primeras carreteras deben salir a concurso este mes.
Las dos primeras, en Murcia. Se espera que el Eje Norte-Sur de la autovía murciana A-30 (305 millones) y el Eje Este-Oeste de la A-7 entre Alicante y Murcia (626 millones) estrenen el PIC. En rampa de salida también están la prolongación de la A-7 en Castellón (432 millones) y el tramo Vigo-O Porriño de la A-52 (367 millones).
El PIC, totalmente independiente del presupuesto de Fomento y sin cómputo en el déficit, será financiado en un 40% por el BEI, las constructoras deben aportar otro 20% y levantar financiación de la banca comercial por el 40% restante.

Hacienda afronta una factura histórica por la ola de jubilaciones de funcionarios

MADRID.- La oleada de jubilaciones de funcionarios está desbordando todas las previsiones. Las cifras hechas públicas por el Gobierno en su proyecto de Presupuestos del Estado para 2018 revelan que el año pasado dejaron su puesto de trabajo en la Administración para irse a sus casas más de 210.000 empleados públicos con derecho a pensión, 85.000 más de los que preveía el Ejecutivo, según publica www.lainformacion.com

Este año la tendencia se acentuará. Respecto a lo presupuestado en 2017 el número de pensiones a funcionarios civiles que tendrá que pagar el Estado se incrementará en 275.000 lo que hará que la factura por este concepto supere por primera vez los 10.000 millones.
Las previsiones elaboradas por el Gobierno para su proyecto presupuestario parecen haberse adaptado, al cabo, a un fenómeno sobre el que los sindicatos han venido advirtiendo en las últimas semanas: el incremento significativo de las solicitudes de jubilación de los empleados públicos en los últimos meses ante el temor de que la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad el próximo 1 de enero de 2019 reduzca la prestación de jubilación a la que son acreedores. 
El asunto viene alimentado por la singularidad del Régimen de Clases Pasivas que regula la jubilación de buena parte de los empleados públicos y que permite a éstos a retirarse voluntariamente a los 60 años sin ningún tipo de penalización en su pensión, al contrario de lo que sucede con los trabajadores asalariados que o bien tienen bloqueada esa posibilidad o bien pueden acceder a ella con fuertes penalizaciones.
Los sindicatos han advertido al Gobierno también de que el tema puede tener una incidencia muy negativa sobre los servicios de la Administración. Uno de cada seis funcionarios civiles del Estado en ejercicio tiene más de 60 años y hay algunas dependencias, particularmente en el ámbito de la Seguridad Social, que ya están siendo atendidas con programas de contingencia por las carencias de personal.

Un problema creciente
Un vistazo a los presupuestos de los últimos años (ver gráfico) permite vislumbrar las consecuencias  de este régimen especial para empleados públicos sobre las plantillas de la Administración. Tras la reducción media del 5% del salario de los funcionarios en la era Zapatero y la supresión de la paga de Navidad de 2012 por parte del Gabinete Rajoy la cifra de funcionarios civiles jubilados no dejó de desbordar las previsiones oficiales hasta el año 2015, precisamente el ejercicio en que Cristóbal Montoro empezó a devolver una porción de esa paga extra. Ese año se jubilaron 'solo' 43.000 empleados públicos de los cerca de 200.000 que el Gobierno previó que se irían a su casa.
Al año siguiente, en el que el Ministerio de Hacienda devolvió la otra mitad de la paga extra de diciembre de 2012 pendiente, la diferencia entre la previsión gubernamental y la realidad fue también inapreciable. En 2017, con la paga extra de 2012 ya en el bolsillo y una subida salarial del 1%, las jubilaciones de funcionarios se volvieron a disparar por encima de las previsiones generando al Ejecutivo una factura extra de más de 50 millones de euros.
El balance final subraya que desde 2012 cerca de un millón de funcionarios han accedido a la jubilación y la factura por este concepto ha pasado de menos de 7.000 millones a los más de 10.000 millones que el Gobierno prevé gastar en 2018. Este año, por cierto, la cifra de funcionarios civiles jubilados con derecho a prestación desde el régimen de clases pasivas superará también por primera vez los cuatro millones.
La secuencia no pasó desapercibida al Gobierno y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, incluyó la revisión del sistema de jubilaciones anticipadas del Régimen de Clases Pasivas dentro del catálogo de materias a tratar que el Gobierno trasladó a la Comisión del Pacto de Toledo. 
Lo hizo no sólo por la factura que le supone a las arcas públicas sino también por la situación de desigualdad de trato en la que sitúa a los empleados públicos adscritos al Régimen General frente a los encuadrados en el Régimen de Clases Pasivas. 
Según fuentes del Pacto de Toledo, este asunto todavía no ha sido tratado en la Comisión y no hay ninguna decisión al respecto.

La Región debe al Estado el 77% de su pasivo e incumple el déficit con un riesgo muy elevado de insostenibilidad


MADRID.- Después de un sexenio financiándose a través de préstamos del Ministerio de Hacienda, los bajos tipos de interés están animando a las autonomías a plantearse una vuelta en masa a los mercados. Andalucía y Baleares actúan de avanzadilla, y ya han pedido permiso al Gobierno para endeudarse. El objetivo que persiguen es el de "desligarse progresivamente" de los mecanismos de liquidez y eludir así "el excesivo control" que ejerce el ministro Cristóbal Montoro a quienes se benefician del FLA y la Facilidad Financiera (FF), según avanza elEconomista.

Andalucía, con vencimientos de 4.556 millones este año, ha trasladado al Ejecutivo la intención de emitir en los mercados hasta 1.000 millones, ahora que "los deberes se han hecho" y se ha cumplido el déficit -lo dejó en el 0,22 por ciento en 2017 frente al límite del 0,6 por ciento al que estaba obligada-. El Consejo de Ministros aún no ha dado luz verde a la operación.
Desde la Consejería de Hacienda andaluza se argumenta que el objetivo es el de ir abandonando los mecanismos de liquidez, porque si bien éstos "permitieron acceder a financiación cuando los mercados estaban cerrados", su uso impuso "límites a la autonomía financiera" de las regiones y "duras condiciones" en ocasiones "claramente recentralizadoras".
Baleares, por su parte, ha sido menos ambiciosa y ha pedido al Ejecutivo poder endeudarse por valor de 162 millones, cantidad que le correspondería recibir de la Facilidad Financiera en el cuarto trimestre de este año. 
Según la consejera del ramo, Catalina Cladera, el objetivo es el mismo que el andaluz: una "desvinculación gradual" de la tutela de Hacienda. El Gobierno de Francina Armengol reconoce que los mecanismos han permitido a la región ahorrarse intereses, pero también ha provocado que se acumulen amortizaciones y que no se pueda gestionar el calendario de vencimientos con más flexibilidad.
El gesto andaluz y balear llega en un momento clave, con el debate de la financiación autonómica encallado en un órgano secundario del Consejo de Política Fiscal y Financiera y pocas posibilidades de pacto a corto plazo entre los dos partidos que deben acordar el futuro marco, el PP y el PSOE.

La reestructuración, clave

El propio Montoro confirmaba hace solo unos días el interés de varias autonomías por desligarse del FLA y la Facilidad Financiera, aunque añadía que, para la clausura de los mecanismos, esas administraciones exigían una reestructuración de la deuda que mantienen con el Estado. Nada que oculten las peticionarias, por cierto. 
A día de hoy, sobre un pasivo total de más de 280.000 millones, las autonomías deben a la Administración Central 157.000 millones por los préstamos recibidos (que por otro lado ascienden a 261.000 millones.
Un asunto, el de la quita o reestructuración, que levanta una enorme polvareda en el seno de los partidos, sobre todo en el seno del PP. Porque esta formación gobierna en autonomías saneadas como Galicia y Madrid, que no están dispuestas a un perdón selectivo de deuda; y en otras como Murcia, que debe un 77 por ciento de su pasivo al Estado, incumple el déficit y presenta un riesgo de insostenibilidad "muy elevado", según la AIReF.
En el PSOE el debate está algo más soterrado, dado que, a excepción de Asturias, en mejor posición, el resto de autonomías en las que gobierna se beneficiarían de manera importante de un alivio pilotado por Montoro. 
Valencia, en manos de Ximo Puig, presenta el porcentaje de deuda sobre PIB más elevado de España (más del 41 por ciento) y debe un 78 por ciento de ese pasivo al Estado. Andalucía, a su vez, debe el 70; Castilla-La Mancha el 72; y Baleares el 68.
Montoro se muestra dispuesto a estudiar el fin de los mecanismos, y por eso sugiere que es favorable a una reestructuración a la griega, con perdón de intereses y alargamiento de plazos, incluso para regiones saneadas. 
Pero la realidad es otra: sin el concurso del PSOE, Hacienda no está dispuesta a dar ningún paso. Menos aún sabiendo que, con el FLA y la FF, puede mantener a raya los plazos autonómicos del pago a proveedores y el cumplimiento del déficit, políticas que han constituido la gran prioridad política del ministro.

Nueve sanitarios del SMS, seleccionados para actuar en emergencias humanitarias

MURCIA.- Nueve profesionales sanitarios del Servicio Murciano de Salud han sido seleccionados para formar parte del Equipo Técnico Español de Ayuda y Respuesta en Emergencias (Start), promovido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y liderado por la Agencia Española de Cooperación (Aecid), para actuar en caso de emergencias humanitarias.

Este grupo técnico, bautizado como 'chalecos rojos' por su indumentaria, estará formado por 48 profesionales del Sistema Nacional de Salud capaz de intervenir en menos de 72 horas en los casos de emergencia humanitaria en los que Cooperación Española decida actuar.
El consejero de Salud, Manuel Villegas, se ha reunido este lunes con el grupo de sanitarios de la Región seleccionados, liderado por Amparo Cerón, del Hospital Morales Meseguer, con el objetivo de coordinar las actuaciones que se deriven de la cesión de estos profesionales que, de forma voluntaria, se incorporarán a este equipo de élite nacional.
El grupo lo integran seis enfermeros del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia y del Centro de Salud Mariano Yago de Yecla, un anestesista del Hospital Santa Lucía de Cartagena, así como un traumatólogo y un internista del Hospital Morales Meseguer de Murcia.
Manuel Villegas ha destacado que la Región de Murcia "tiene excelentes profesionales sanitarios de gran nivel que, desde la vocación y entrega hacia los demás, están preparados y acreditados para atender cualquier situación crítica y de emergencia humanitaria que se presente".
A su juicio, la Región "está totalmente implicada en este proyecto que sitúa a España como referencia en el ámbito europeo e internacional en acción humanitaria y del que estoy convencido que sus profesionales, por su experiencia y preparación, serán de gran ayuda para contribuir de modo eficaz a la hora de asistir, proteger y salvar vidas".
El responsable de Salud ha asegurado que "esta cesión es esencial para la constitución de este colectivo médico internacional", y ha señalado que "el personal sanitario que lo integra estará operativo todos los días del año dentro de este mecanismo de reacción rápido, capaz de desplegarse en tiempo récord".
La creación del equipo médico internacional, que se inició con el acuerdo de 26 de marzo de 2015 del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, supone la cesión necesaria de profesionales por parte de las comunidades autónomas, de la que surge una base de datos formada por profesionales sanitarios dispuestos a participar en las tareas de intervención frente a emergencias de salud pública de importancia internacional.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Aecid llevan tiempo colaborando para la creación de este mecanismo formal de movilización para la cooperación española. El proyecto sitúa a España como una referencia tanto en el entorno europeo como en el ámbito internacional, junto a países como Australia, Japón o Bélgica.
Start está conformado por profesionales que acreditan amplia experiencia. Tendrá un sistema logístico propio y disponible todos los días del año, y contará en sus intervenciones de emergencia con un hospital de campaña de nivel 2, con capacidad quirúrgica.
Además de médicos y enfermeros, estará compuesto por ingenieros expertos en agua y saneamiento, logistas o expertos en electricidad y electrónica, entre otros.

La oposición critica a 'Urbamusa' por no dejar que auditen sus cuentas

MURCIA.- La empresa municipal urbanizadora de Murcia (Urbamusa) tuvo unos beneficios de unos 47.000 euros en 2017, según las cuentas aprobadas hoy en su consejo de administración, que han recibido las críticas de la oposición por no estar auditadas por la intervención local.

En el consejo y la junta general de la sociedad reunida esta mañana, su director gerente, Alberto Pérez-Albacete, ha defendido sin embargo que se llevaron a cabo el año pasado 8 auditorías externas en materia laboral, contable, de contratación y de transparencia para avalar que la empresa cumple con la legislación.
Ciudadanos, Ahora y Cambiemos han votado en contra de las cuentas y el PSOE se ha abstenido, lo que finalmente ha permitido su aprobación.
El concejal de Ciudadanos Carlos Peñafiel ha hablado de falta de fiscalización y de cumplimiento con los compromisos de destinar los beneficios obtenidos en 2017 y en 2016 a fines sociales y de vivienda, pues se han incorporado a los fondos propios de la sociedad.
Para la edil de Ahora Ángeles Moreno recurrir a auditorías externas en lugar de a los propios servicios municipales es un ejercicio de "oscurantismo" que puede ocultar practicas contrarias a la ley de contratos, por lo que ha pedido que la empresa sea liquidada.
El concejal de Cambiemos Sergio Ramos ha exigido un mayor "rigor" en el control financiero de las empresas públicas locales.
En cuanto a las actuaciones de Urbamusa, uno de sus principales cometidos es la explotación de aparcamientos, pues gestiona hoy 1.318 plazas, 1.075 de ellas públicas municipales.
Sobre este punto, los concejales socialistas Sebastián Peñaranda y Maite Espinosa han reivindicado un plan de viabilidad de los públicos para evitar las importantes pérdidas que generan cada año a las arcas municipales.
Pérez-Albacete ha puesto en valor la recuperación de la actividad de gestión de cooperativas de Urbamusa y ha destacado que en 2017 se pusieron en marcha tres nuevas cooperativas vinculadas a ella, las primeras desde 2004.
Asimismo, se han presentado los principales proyectos municipales que gestiona, como son el Plan Especial de Protección del Sitio Histórico de Monteagudo y el de Cabezo de Torres, así como varios de los de Murcia Río y la rehabilitación de los pabellones 1 y 2 del antiguo cuartel de Artillería, entre otros.

Los servicios jurídicos de la Asamblea tumban la proposición de ley sobre ITV

CARTAGENA.- La Mesa de la Asamblea Regional de Murcia no ha admitido hoy a trámite en virtud del informe de los servicios jurídicos de la Cámara la proposición de ley consensuada por el PP y el PSOE sobre el nuevo modelo de estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV).

Fuentes de la Asamblea han señalado que el informe de los letrados del Parlamento remarca que el reglamento impide admitir una proposición de ley en el mismo periodo de sesiones cuando haya sido tramitada y votada anteriormente en pleno una iniciativa similar.
El pleno de la Cámara rechazó el pasado 28 de marzo con los votos del PP, el PSOE y Podemos la proposición de ley sobre el régimen jurídico de las ITV propuesta por Ciudadanos, que apostaba por la liberalización.
Por ello, los servicios jurídicos han dictaminado que no se puede admitir a trámite la nueva iniciativa hasta el siguiente periodo de sesiones, que comenzará el próximo septiembre.
De esta forma, el régimen jurídico de las ITV en la Región de Murcia vive un nuevo episodio tras los ocurridos anteriormente, que comenzaron el 4 de septiembre de 2017 cuando la oposición derogó el decreto ley aprobado por el Gobierno murciano sobre esta materia.
Semanas más tarde, el PP y el PSOE comenzaron las negociaciones para consensuar un texto que contara con la mayoría parlamentaria, mientras que Ciudadanos registró en la Asamblea una proposición de ley que fue rechazada el pasado marzo.
La intención del PSOE y el PP era tramitar de urgencia su iniciativa para que el hemiciclo la aprobara a finales de este mes, de forma que la región tuviera de nuevo una legislación autonómica en la materia, lo que no ocurrirá al menos hasta septiembre.
El texto de estos dos partidos, registrado el mismo día que tumbaron la propuesta de Ciudadanos, apuesta por el sistema de licencia condicionada, que permitirá la libre entrada de operadores siempre que "no se ponga en riesgo la viabilidad" de la red existente.
De esta forma, las solicitudes que se presenten a partir de la aprobación de la nueva norma deberán incluir un plan de viabilidad económica realizado por un organismo de derecho público independiente y basado en las inspecciones que realizan las tres estaciones más cercanas al lugar donde quieren ubicarse las nuevas.
En el caso de que haya varias solicitudes en trámite que afecten a las mismas instalaciones ya establecidas o en curso de autorización, la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera comprobará la viabilidad de la primera petición presentada y cuya documentación esté completa.
El Ejecutivo murciano, señala el texto, desestimará la solicitud de una nueva apertura cuando estime que las inspecciones realizables por la ITV proyectada generen menos del 95 % de los gastos que tendrá la instalación.
También rechazará la petición cuando incida o altere la oferta y demanda de servicio de las estaciones autorizadas, es decir, su viabilidad económica.

La bomba política que amenaza al Gobierno por caducar el peaje de la autopista AP-7

MADRID.- Primero será entre Burgos y Álava; después, entre Tarragona y Alicante y, por último, entre Sevilla y Cádiz. En apenas año y medio, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Castilla, las 'cuatro Españas', van a vivir el vencimiento de concesiones estatales que pasan por sus territorios, obligando así al Gobierno, y a todo el Parlamento, a tomar una decisión sobre qué van a hacer con estos peajes, tal como recuerda www.elconfidencial.com.

Sobre la mesa está un debate que va más allá de estas tres carreteras, ya que está en juego definir qué modelo económico queremos para nuestras vías de alta capacidad, con el añadido de que, si no se adopta una solución uniforme en todo el país, se seguirá hurgando en la herida de las diferencias entre regiones, con el agravante que supone cuando afecta, directamente, a las dos regiones más nacionalistas.
Una patata demasiado caliente para el momento político actual, seriamente marcado por las tensiones independentistas y los problemas presupuestarios, y con un calendario electoral que invita a hacer electoralismo en un tema que debe abordarse como un asunto de Estado.
La pelota está en el tejado del Ministerio de Fomento, que por el momento se ha limitado a señalar que buscará un gran pacto con toda la oposición, buenas palabras todavía pendientes de cristalizar, difíciles de poner en práctica cuando la región más afectada, Cataluña, sigue sin Gobierno, y con el tiempo jugando en contra.
Dentro de apenas siete meses, caerá la primera carta de este castillo de naipes con el vencimiento de la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava), una vía marcada por su proximidad con la frontera francesa, lo que se traduce en mucho tráfico pesado (el que más estropea las carreteras y tiene mayores costes de siniestralidad), y turismos extranjeros.
Estos dos elementos están sobre la mesa de la propuesta que ha hecho Seopan, la patronal de las constructoras, a Fomento, en la que defiende seguir cobrando peaje una vez venza la concesión, pero bonificando al máximo el tránsito de los vecinos de la zona.
Según sus cálculos, si esta carretera pasa a ser gratis, el tráfico medio diario se incrementará un 36% y un tercio del mismo serán camiones, muchos procedentes de diferentes países europeos, donde mayoritariamente se les obliga a pagar por utilizar sus vías de alta capacidad.
En términos fiscales, las arcas públicas dejarán de recibir 23 millones al año, al tiempo que deberán asumir 6 millones por costes de mantenimiento cada ejercicio, según los cálculos de Seopan, cifras que la patronal eleva a 1.000 millones si se considera toda la red de pago.
"La decisión que adopte el Gobierno para esta concesión deberá mantenerla en el resto, porque no puede tener un modelo en Burgos y otro en Cataluña", señala un empresario del sector. Desde Seopan, descartan pronunciarse sobre si apoyarían una solución como la propuesta para la AP-1 en la AP-7, cuya concesión vencerá en noviembre de 2019 en el tramo que une Alicante y Tarragona.
Precisamente, una parte de este trazado, el que circula entre Vilafranca del Penedès Sur y la localidad de Ulldecona, casi en la frontera con Castellón, acaba de ver como Fomento, Generalitat y los alcaldes de los municipios afectados se han puesto de acuerdo para bonificar al 100% a los vecinos de la zona, mientras se mantiene el peaje para el resto del tráfico.
Félix Alonso, portavoz de Podemos en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados y alcalde de Altafulla, una de las localidades beneficiadas por esta media, defiende este tipo de soluciones, que corrigen la situación de inequidad existente, en la que unos españoles pagan por salir de su casa en coche, y otros no.
De cara al debate nacional, reconoce que Unidos Podemos todavía carece de una postura definida, ya que existen sensibilidades diferentes —en Comú Podem, por ejemplo, defiende implantar la viñeta—, pero, aunque sea como medida transitoria hasta que haya un gran acuerdo de Estado, sostiene que soluciones como la pactada para el citado tramo de la AP-7 van en la buena dirección.
En Ciudadanos, su portavoz en la Comisión de Fomento, Fernando Navarro, reconoce carecer de una posición definitiva, e insta al ministro Íñigo de la Serna a tomar la iniciativa y hacer una propuesta. Donde sí se muestra tajante es a la hora de afirmar que "estamos en contra de seguir prorrogando las concesiones a cambio de más obras" y que "la solución que se adopte, debe ser para todos", lo que convierte a la AP-1 en la piedra de toque de todo el debate.
A este deberá añadirse también el hecho de que la Diputación de Guipúzcoa sí que ha implantado ya el sistema de cobro para camiones en dos de sus carreteras de alta capacidad que estaban libres de pago, la N-1 y la GI-632, mientras que Álava prevé seguir los pasos de su vecino y empezar a cobrar al transporte pesado.
Por el momento, Fomento ha dejado entrever que su postura pasa por no prorrogar la gestión a los actuales concesionarios, pero sin determinar si en un futuro estaría dispuesto a volver a licitar estas carreteras. Además, el debate de cobrar o no puede resolverse también manteniendo el control público y que sea el propio Estado el que cobre, ya sea solo a pesados, a turismos no residentes en la zona o a todos.
En el supuesto de que terminasen adoptándose fórmulas de bonificación máxima a los vecinos, y cobros en función del uso y/o la contaminación, fuentes del sector explican que, si la explotación de la carretera es pública, corresponde al Estado financiar los peajes de los turismos exentos; mientras que si vuelve a sacarse a concurso la concesión, con la exigencia de bonificaciones, estas corresponden a la empresa privada.
La más afectada de todas ellas por el inminente vencimiento de los peajes es Abertis, que acaba de protagonizar una controvertida guerra de opas, y que además se enfrenta al vencimiento, en 2021, del trazado de la AP-7 que une Barcelona con La Junquera y Tarragona; y el de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo.

El Gobierno apuesta por un Estado de Bienestar más reducido que en la UE

MADRID.- Durante la presentación de los Presupuestos, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó que el objetivo del Gobierno a medio plazo es que la recaudación permanezca en el entorno del 38% del PIB. Dado que tiene el compromiso con Bruselas de bajar el déficit a cero, eso implica que el gasto público acabará en ese 38%, lejos del 48,1% que se alcanzó en 2012, cuando se disparó por las ayudas bancarias, el paro, la caída del PIB, los intereses de la deuda y las pensiones. Si se compara el 38% con cifras europeas, la decisión del Gobierno es una apuesta clara por un Estado de Bienestar más reducido que en la UE, publica El País.

De las palabras de Montoro se infiere que la estrategia del Ejecutivo consiste en seguir aumentando los gastos pero menos de lo que crezca el PIB. El gasto per cápita podrá incluso subir. Pero de esta forma el Estado de Bienestar irá perdiendo tamaño respecto a la tarta de la riqueza nacional, incluso si el envejecimiento de la población exige en el futuro más recursos para las pensiones o incluso si España es uno de los países de la UE que menos ayudas brinda a las rentas bajas.
En relación al PIB, los desembolsos públicos quedarían en cotas similares a los de países anglosajones o del Este de Europa. Se situarían incluso al mismo nivel que EE UU, que tiene mucho gasto militar pero no recoge en sus Presupuestos una parte sustancial del gasto sanitario, de educación o de pensiones, ya que en buena medida se financian de forma privada. Pero con unas diferencias sustanciales en contra de España: una natalidad peor, una productividad más baja, menos población trabajando y menos pensiones privadas.
En esas circunstancias, España se colocaría lejos de la media de la UE, que alcanza el 46,3%, y de la media de la zona euro, en el 47,6%. Y se encontraría aún a mayor distancia de los países del Centro y Norte de Europa. 
Como explica José Ignacio Conde-Ruiz, profesor de la Universidad Complutense, los países que optan por un Estado más pequeño también pueden disfrutar de unos estándares de vida elevados. Sin embargo, eso requiere una sanidad y una educación mayoritariamente privadas. 
“España debería tener un debate abierto sobre qué Estado de Bienestar quiere tener, qué es lo que se pretende proveer y cómo se financia”, dice. Algunos economistas apuntan que la presión creciente de las pensiones hará que esta estrategia del Gobierno se derrumbe. Y el límite del 38% se antoja todavía más estricto cuando se soporta una deuda de casi el 100% del PIB.

Menos para la pobreza y las familias

Según datos de Eurostat, España gasta en la actualidad lo mismo en pensiones que la media de la UE, un 12,8% frente a un 12,9%, y algo por debajo del 13,5% de la zona euro. Destina casi el doble a desempleo. En cambio, dedica mucho menos a las familias con hijos a su cargo, los servicios sociales, las ayudas para atajar la pobreza y el acceso a la vivienda.
Al tener un desembolso en pensiones similar al de la UE pero una partida para protección social incluyendo sanidad más pequeña (un 25% del PIB de gasto social frente a un 29% de la UE), el resultado es que España está entre los países de Europa que más dedican de sus presupuestos a las pensiones. 
Las prioridades se fijan en función de una población que envejece y cuyo voto cuenta. Pedro Saura, portavoz de Economía del PSOE, señala que, sin subir poco a poco la presión fiscal, el ajuste se centra en las partidas que modernizan la economía como la inversión o el I+D. O en aquellas que deberían paliar la desigualdad.
Los expertos también destacan que se emplea bastante poco para la formación de parados si se tiene en cuenta el elevado desempleo. Por eso, muchos defienden que hace falta elevar algo más la recaudación sobre PIB. Si bien la mayoría admite que no se puede hacer de un día para otro sin hacer daño a la economía y que, por mucho que sea necesario, tampoco cabe esperar que esto se consiga simplemente combatiendo el fraude fiscal.
De hecho, la cifra del 38% de ingresos que escoge Montoro no sale al azar. Se trata de la media de recaudación de España desde 1995. La media del gasto entre 1995 y 2017 ha sido del 41,9%. Entre 2000 y 2007, permaneció en el 39%. Pero con la crisis se disparó, tocando en 2009 el 45,8%, el peor año sin ayudas financieras. 
El informe de los expertos para una reforma tributaria que se presentó en 2014 recordaba que España siempre generó déficit y deuda cuando el gasto superó el 38-40%. ¿Quiere eso decir que España no puede recaudar más?
Como sostiene un ex alto cargo de Hacienda, uno de los problemas es que los españoles parecen sufrir una suerte de esquizofrenia fiscal: “Reclaman más servicios pero tienen la impresión de que pagan muchos impuestos”, afirma.
Otro serio inconveniente es que el sistema tributario se ha convertido en una especie de Frankenstein, montado a fuerza de parches que dejan muchos agujeros por los que escapa la recaudación y que tienen poco que ver con una redistribución eficiente y equitativa. Entre deducciones, exenciones, tipos reducidos, módulos, planificaciones fiscales o contribuyentes que se fugan a sociedades, el sistema acaba como un queso gruyer, subrayan los expertos.

Las jubilaciones anticipadas bajan por primera vez en tres años

MADRID.- Una de las recomendaciones más escuchadas de expertos y organismos internacionales a España para garantizar la sostenibilidad futura del sistema de pensiones es que desincentive lo más posible la jubilación anticipada (aquella que implica que el trabajador se jubile antes de cumplir la edad legal de retiro), recoge hoy Cinco Días.

El pasado año se registraron en España 309.157 nuevos jubilados, un 0,7% más que el año anterior. Y de todos ellos, 134.329 se jubilaron de forma anticipada, antes de haber cumplido la citada edad legal (65 años y cinco meses en 2017; 65 años y seis meses en 2018).
De esta forma, el 43,5% de todos los retiros fueron anticipados el pasado año, frente al 44,6% del total que representó esta modalidad en 2016.
Se trata, por tanto, de la primera vez en tres años que descienden las jubilaciones anticipadas, que desde que se inició la recuperación habían aumentado consecutivamente un 3,1% en 2014; un 3,5%, en 2015; y un 7,8% en 2016.
El motivo por el que se recomienda a España restringir estas jubilaciones anticipadas no es otro que su mayor coste para el sistema. Esta modalidad de retiro es más cara para la Seguridad Social que la jubilación ordinaria, porque el pensionista deja antes de cotizar y cobra más años pensión.
Según los últimos datos disponibles de febrero de 2018, la pensión media de los nuevos jubilados anticipados es de 1.573 euros al mes, un 40% superior a la cuantía media que reciben los que acceden al retiro con más de 65 años y cinco meses, que cobran 1.125 euros al mes de media.
Este mayor coste se produce a pesar de que, por lo general, la cuantía de la pensión de los jubilados anticipados se recorta con los denominados coeficientes penalizadores, que suponen una disminución de alrededor del 6% por cada año de anticipación respecto a la edad legal de jubilación. En concreto, casi siete de cada diez jubilados anticipados ve recortada su pensión para el resto de su vida por el efecto de estos coeficientes. En términos generales, casi un tercio de todas las nuevas pensiones de 2017 (el 29,3%) se vieron aminoradas por estos ajustes.
Pese a ello, el elevado uso de esta modalidad de retiro–que llegó a suponer la mitad de todas las nuevas jubilaciones de 2004– llevó al primer Gobierno de Mariano Rajoy a adelantar a 2013 el endurecimiento del acceso a todo tipo de jubilaciones anticipadas (ordinarias y parciales), algo que estaba previsto para 2024, según la reforma de pensiones socialista de 2011.
Si bien, en 2013 no se endureció el acceso a la jubilación anticipada en todos los casos, sino que se estableció un periodo, hasta el 1 de enero de 2019, en el que se permitía a muchos trabajadores seguir accediendo al retiro anticipado con las condiciones más ventajosas previas a la reforma de 2011. De hecho, el pasado año la mitad de las jubilaciones anticipadas aún se produjeron con estas condiciones más beneficiosas para el jubilado pero más caras para el sistema.
Pero a partir del próximo 1 de enero ningún trabajador se podrá jubilar anticipadamente con estas condiciones más ventajosas previas a 2011. Esto podría hacer que el descenso de las jubilaciones anticipadas que se ha producido en 2017 se interrumpiera en 2018. Esto ocurriría por un efecto anticipación de jubilaciones para poder beneficiarse de las condiciones más ventajosas que dejarán de existir en enero del próximo año.
No obstante, de momento, antes de saber si se producirá o no un nuevo repunte de las jubilaciones anticipadas, lo único cierto es que la caída de esta modalidad en 2017 ha hecho repuntar la edad media real a la que se jubilan los españoles.
En febrero pasado esta edad era de 64,3 años de media, la mayor registrada nunca y que ya se dio en 2013, cuando por efecto del endurecimiento del acceso a la jubilación parcial esta modalidad pasó de representar el 42,2% del total de nuevos retiros en 2012 al 38,2% al año siguiente.
Según estas cifras, la edad media de jubilación de los asalariados es más baja que la media, ya que se retiran a los 63,9; mientras que son los autónomos quienes presionan al alza de la edad media del sistema, ya que se retiran en promedio a los 65,9 años. Sus peores carreras de cotización justifican que se retiren más tarde para elevar la cuantía de su pensión.

Cocido, albóndigas o leche condensada: la dieta de un «súper» soldado español


MADRID.- Los soldados del Ejército de Tierra se enfrentan a exigentes jornadas que incluyen sesiones de entrenamiento, formación militar o guardias en la base en la que están destinados. Un esfuerzo que debe verse compensado en su alimentación, especialmente en los casos de aquellos militares que se encuentren destinados en misiones o de maniobras. Una tarea que, desde hace años, recae en empresas externalizadas que deben acogerse a una extensa lista de requisitos y hacerse cargo de todo el proceso, según publica Abc

«Desde la contratación de su personal y su formación, a la adquisición de sus ingredientes o la elaboración de los menús, entre otras cosas», explica Blas Juan Vita, teniente coronel médico del Ejército de Tierra.
«Los menús los hacen estas empresas, que proponen al Ejército una lista mensual para su aprobación. Además de los requisitos nutricionales tienen que ajustarse a nuestra cultura o nuestras costumbres», señala Vita. 
En la comida de los soldados nada queda al azar. Ni siquiera la cantidad de kilocalorías ni nutrientes que debe incluir, que se recogen en los llamados Pliegos de prescripciones técnicas (PTT) y en el Manual técnico: Alimentación en el ET, que recoge todas las normas relativas a la alimentación del Ejército. «Para las bases y cuarteles, el PTT indica que se debe asegurar un mínimo de 2.900 kilocalorías diarias dispuestas de la siguiente forma: 12-15 % proteínas, 55-60 % hidratos y un 30-35 % grasas», especifica este militar.
«En condiciones normales, el aporte es de 3.000 calorías diarias. Si hay un trabajo físico intenso y bajas temperaturas, 3.500. Y en el caso de las operaciones especiales, por ejemplo tropas de montaña, 4.000 calorías», apunta Luis Arcarazo, médico militar en la Academia de Zaragoza.
Vita asegura que, pese a que el Ejército debe tener planificación para un uso permanente de la cocina, salvo en los casos de las guardias de 24 horas o las misiones, los soldados solo suelen hacer una comida en las bases.

Las raciones individuales de combate

La situación cambia cuando, desde el cobijo de un cuartel, el Ejército despliega a los soldados. En estos casos, la alimentación se enfrenta a un doble reto: el de dar de comer a personas cuya «actividad física es superior a la media de la población» pero, en muchas ocasiones, «en entornos adversos».
Para ello, las Fuerzas Armadas (los tres Ejércitos y la UME) cuentan con las raciones individuales de combate (RIC). Unas cajas verdes, de pequeño tamaño, que esconden tres paquetes para cubrir las comidas de un día. Su origen se remonta a las guerras napoleónicas, aunque con el paso del tiempo se han modernizado y estandarizado de forma que en ellas todo está regulado. 
Desde los ingredientes al color, pasando por el la tipografía de su envoltorio. En total, están sometidas a 77 leyes nacionales y de la OTAN. 
La comandante Olga Serrano es la encargada de redactar los pliegos de prescripción técnica en los que se recogen estas especificaciones. Ella es la jefe del Laboratorio de la Unidad de Estudios Proyectos y Laboratorio del PCAMI (el centro de abastecimiento del Ejército de Tierra), desde donde se elaboran los menús de estas raciones, así como su control de calidad y las investigaciones de nuevos productos, debido a que una de las preocupaciones de este laboratorio para adecuarse a las necesidades tácticas de los militares. Situado en Villaverde (Madrid) alberga una nave de almacenamiento de las RIC, con capacidad para 2.300 palets.
Su misión no es la de fabricarlas, de ello se encargan empresas externas que ganan un concurso abierto y firman un acuerdo marco (de 2+2 años). En la actualidad, y desde 2016, es una UTE española la encargada de hacer estas raciones (a las que se les exige que la materia prima sea nacional), aunque puede postularse cualquier compañía sin importar su origen, explica la comandante Serrano a Abc. El importe estipulado fue de 16.715.760 euros y, para 2017, se fabricaron hasta 180.000 raciones individuales de combate, además de otros tipos.
«Tenemos cinco tipos de menús, y dos para personal musulmán con el sello de garantía Halal de la Junta Islámica de España», explica la comandante. «Esta es una de las peticiones que nos hicieron desde Ceuta y Melilla porque, al no tener la certificación, no se comían las raciones», apunta. 
La comandante Serrano insiste en la importancia de que este tipo de alimentación se ajuste a lo que cualquier soldado come en su hogar. Para conocer el nivel de satisfacción utilizan encuestas y catas, y cuando un producto del menú no gusta, lo cambian. 
«Por ejemplo, los callos», recuerdan esta militar y la jefa del laboratorio de Bromatología. Otros, en cambio, se sustituyen si presentan algún tipo de complicación. «Con el pulpo nos pasó. Quizá era la calidad u otro factor...pero se deshacía, y se quitó», apuntan.

Otra parte fundamental del trabajo de este equipo, compuesto por militares y civiles, son los controles de calidad de los alimentos, en los que someten a múltiples pruebas los envases de estas raciones. Algunas para medir su aguante a temperaturas extremas; otras, para ver cómo reaccionan al peso y si, por ejemplo, cuando se apilan unas sobre otras se abollan. Y, por último, un estudio microbiológico.
En él, primero se incuban los alimentos durante 7 días a 55 grados; después, durante otros a 32 grados para así estudiar si existen alteraciones como un cambio en el PH de la comida, que esta se salga del envase o que se hayan desarrollado microorganismos en la lata.
Desde este laboratorio también se estipulan las fechas de caducidad de este tipo de raciones especiales. En el caso de las comidas, hasta 4 años. En los desayunos, 18 meses debido a la presencia de lácteos (la leche condensada) y azúcares que facilitan la aparición de organismos.
«Estamos intentando encontrar una alternativa para estos productos para aumentar estos tiempos», reconocen a Abc. Sin embargo, inciden en que desde el Ejército «se estima a la baja» la fabricación de estos productos. «Se tiende a ajustar las peticiones a las necesidades reales existentes. Por ello, si existieran excedentes, se redistribuye a otras Unidades que puedan necesitar esas raciones», explica la comandante Serrano. Lo que en ningún caso se puede hacer es distribuir un paquete caducado o a punto de perecer. Tampoco se puede comercializar con ellos. 
Además de las raciones individuales, existen las raciones colectivas, que se usan para abastecer a 10 personas y tienen una caducidad de 36 meses. Estas cuentan con 10 menús diferentes, que incluyen ensalada de pasta, cocido madrileño o fabada asturiana, entre otros platos. 
Desde este laboratorio también se controlan las raciones individuales de emergencia, que solo pueden usarse en situaciones desesperadas o bajo orden. A estas se suma la ración de refuerzo, que aporta más calorías en escenarios especiales (como pueden ser los rescates de montaña).
 Por último, las Fuerzas Armadas cuentan con el llamado batido equilibrado de valor energético, al que se recurre en escenarios nucleares, ataque biológico, químico o radiológico. Este producto de sabor fresa o chocolate, cuenta la comandante Serrano, se mezcla con agua y se ingiere a través de una cánula que va a la máscara que portan los militares.