MADRID.- La oleada de jubilaciones de funcionarios está desbordando todas las previsiones. Las cifras hechas públicas por el Gobierno en su proyecto de Presupuestos del Estado para 2018 revelan que el año pasado dejaron su puesto de trabajo en la Administración para irse a sus casas más de 210.000 empleados públicos
con derecho a pensión, 85.000 más de los que preveía el Ejecutivo, según publica www.lainformacion.com.
Este
año la tendencia se acentuará. Respecto a lo presupuestado en 2017 el
número de pensiones a funcionarios civiles que tendrá que pagar el
Estado se incrementará en 275.000 lo que hará que la factura por este
concepto supere por primera vez los 10.000 millones.
Las previsiones elaboradas
por el Gobierno para su proyecto presupuestario parecen haberse
adaptado, al cabo, a un fenómeno sobre el que los sindicatos han venido
advirtiendo en las últimas semanas: el incremento significativo de las solicitudes de jubilación
de los empleados públicos en los últimos meses ante el temor de que la
entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad el próximo 1 de enero de
2019 reduzca la prestación de jubilación a la que son acreedores.
El asunto viene alimentado por la singularidad del Régimen de Clases Pasivas que regula la jubilación de buena parte de los empleados públicos y que permite a éstos a retirarse voluntariamente a los 60 años sin ningún tipo de penalización en su pensión,
al contrario de lo que sucede con los trabajadores asalariados que o
bien tienen bloqueada esa posibilidad o bien pueden acceder a ella con
fuertes penalizaciones.
Los sindicatos han
advertido al Gobierno también de que el tema puede tener una incidencia
muy negativa sobre los servicios de la Administración. Uno de cada seis
funcionarios civiles del Estado en ejercicio tiene más de 60 años y hay
algunas dependencias, particularmente en el ámbito de la Seguridad
Social, que ya están siendo atendidas con programas de contingencia por
las carencias de personal.
Un problema creciente
Un vistazo a los
presupuestos de los últimos años (ver gráfico) permite vislumbrar las
consecuencias de este régimen especial para empleados públicos sobre
las plantillas de la Administración. Tras la reducción media del 5% del
salario de los funcionarios en la era Zapatero y la supresión de la paga de Navidad de 2012
por parte del Gabinete Rajoy la cifra de funcionarios civiles jubilados
no dejó de desbordar las previsiones oficiales hasta el año 2015,
precisamente el ejercicio en que Cristóbal Montoro empezó a devolver una
porción de esa paga extra. Ese año se jubilaron 'solo' 43.000 empleados públicos de los cerca de 200.000 que el Gobierno previó que se irían a su casa.
Al año siguiente, en el que el Ministerio de Hacienda devolvió la otra mitad de la paga extra de diciembre de 2012 pendiente,
la diferencia entre la previsión gubernamental y la realidad fue
también inapreciable. En 2017, con la paga extra de 2012 ya en el
bolsillo y una subida salarial del 1%, las jubilaciones de funcionarios
se volvieron a disparar por encima de las previsiones generando al
Ejecutivo una factura extra de más de 50 millones de euros.
El balance final subraya
que desde 2012 cerca de un millón de funcionarios han accedido a la
jubilación y la factura por este concepto ha pasado de menos de 7.000
millones a los más de 10.000 millones que el Gobierno prevé gastar en
2018. Este año, por cierto, la cifra de funcionarios civiles jubilados
con derecho a prestación desde el régimen de clases pasivas superará también por primera vez los cuatro millones.
La secuencia no pasó desapercibida al Gobierno y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, incluyó la revisión del sistema de jubilaciones anticipadas
del Régimen de Clases Pasivas dentro del catálogo de materias a tratar
que el Gobierno trasladó a la Comisión del Pacto de Toledo.
Lo hizo no
sólo por la factura que le supone a las arcas públicas sino también por
la situación de desigualdad de trato en la que sitúa a los empleados
públicos adscritos al Régimen General frente a los encuadrados en el
Régimen de Clases Pasivas.
Según fuentes del Pacto de Toledo, este
asunto todavía no ha sido tratado en la Comisión y no hay ninguna
decisión al respecto.
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