MADRID.- El Ministerio de Justicia que dirige Rafael Catalá lleva desde el pasado jueves tratando de solucionar el fallo de seguridad de LexNET,
la plataforma que usan abogados y procuradores para recibir
notificaciones judiciales. Más allá de la enorme grieta que ha dejado al
descubierto miles de documentos, la crisis ha reabierto el debate sobre
el control que tiene el Gobierno y las distintas administraciones de
las aplicaciones judiciales. Son sus técnicos los que acceden a las
plataformas para repararlas, con acceso a documentación judicial,
cuestionando el principio de separación de poderes, se escribe en eldiario.es.
El control no se limita a las aplicaciones. Emilio
Fernández, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), alerta
del riesgo que supone que los técnicos de Justicia accedan a los
terminales de jueces y fiscales cada vez que tienen que hacer una
reparación: "comprobamos cómo en los accesos remotos, los técnicos del
Ministerio entran en nuestros ordenadores para repararlos y hacen lo que
quieren, eso lo vemos, entras y ves que el ordenador no estaba como el
día anterior y esto supone una perturbación".
Es
habitual que en las administraciones, como en las empresas privadas, los
informáticos accedan por control remoto a los ordenadores que deben
reparar. El problema surge cuando esos ordenadores manejan información
sensible que afecta a quienes integran esas administraciones, sean el
Ministerio de Justicia o las Comunidades Autónomas que tienen
transferidas las competencias.
"Hay muchos asuntos,
como los que maneja la Fiscalía Anticorrupción y otros, que sería mejor
que estuviesen gestionados por la Fiscalía, por una entidad
independiente, o incluso por el Congreso", asegura Fernández. Otros
fiscales comentan lo mismo: los técnicos del Ministerio acceden por
control remoto a sus ordenadores cuando tienen que hacer reparaciones y
en ocasiones les solicitan sus claves. Algunos se han negado a dárselas.
La tentación de "cotillear"
"El Ministerio controla los medios materiales, las aplicaciones, los
navegadores que podemos utilizar, además del grueso denuesto trabajo",
denuncia Fernández, que advierte sobre el peligro de que alguien quiera
enterarse sobre los detalles de un procedimiento aprovechando ese
control: "puede haber interés de cotillear por parte de quien no está
personado en una causa".
Ese control es consecuencia
de la digitalización de la Justicia, un camino tortuoso que se inició
hace años y que no termina de cuajar. La cruzada del Gobierno para
eliminar el papel en la administración de justicia se sustenta sobre una
diversidad enorme de plataformas que sustituyen los trámites clásicos
de la administración judicial.
Hay una para las
notificaciones a abogados, otra para jueces, una de documentación y
gestión para fiscales y otra para acceder a expedientes judiciales
completos. A eso hay que añadir una herramienta para firmar digitalmente
los documentos y por el camino se han quedado algunas aplicaciones
desarrolladas que nunca llegaron a funcionar correctamente. Las
comunidades autónomas que tienen competencias en Justicia han
desarrollado sus propias aplicaciones.
"Vulnera el principio de separación de poderes"
El esfuerzo tecnológico y económico, que por ahora no ha conseguido
eliminar el papel, lleva años provocando recelos sobre el control que
tiene el Ministerio de todas esas aplicaciones. Solo Justicia conoce el
código y son sus técnicos quienes se ocupan de reparar las plataformas
cuando surgen
grietas de seguridad como la de LexNET.
Iniciativas como Denuncia LexNET, tras la que está el colectivo Brigada
Tuitera, alertan de que "el diseño del Sistema LexNET vulnera el
principio de la separación de poderes, la independencia judicial, el
derecho a la defensa y la privacidad de los ciudadanos".
José Muelas, abogado vinculado a Denuncia LexNET y quien detectó el fallo de seguridad,
ha denunciado públicamente que
"con frecuencia, quienes controlan los expedientes son precisamente las
personas de quienes deberíamos defender esos expedientes". "Ahora que
es electrónico el expediente ya no está en el juzgado, está en
servidores cuyo último responsable es el ministro", dice en referencia a
Rafael Catalá.
"Si la crisis de LexNET demuestra
algo es que, en este tipo de materias, cuando se abusa del interés
político propio el sistema entero puede acabar quebrando", escribía
Muelas hace unos días. Javier de la Cueva, abogado y también miembro de
Denuncia LexNET, se expresaba en los mismo términos en su cuenta de
Twitter, insistiendo en la necesidad de desvincular al Ministerio del
control de estas aplicaciones judiciales.
"El problema son los hackers"
Juan Antonio
Lozano, de Jueces para la Democracia (JpD), discrepa y no ve riesgo en
el acceso a sus ordenadores o en que el Ministerio esté encargado del
funcionamiento de las aplicaciones judiciales. Defiende que sea Justicia
quien debe ocuparse de reparar las grietas de LexNET porque "es suyo,
lo hizo el Ministerio". "Justicia tiene sus competencias" sobre un
sistema "de archivos compartidos, por lo que a través de él no pueden
acceder a expediente judiciales completos", explica.
Lozano recuerda que la doctrina del Tribunal
Constitucional establece que "el poder administrativo gestiona los
medios materiales de la administración", y que así sucede en el caso de
la Justicia. No descarta que pueda abrirse un debate sobre si debería
continuar este sistema, pero duda de que el Ministerio vaya a
desprenderse del control de las aplicaciones. "El poder público se va a
resistir a hacer dejación de esas competencias", añade.
Además, discrepa de que ese control suponga un riesgo, porque el
técnico que accede solo podría mirar unos pocos documentos, los últimos
que se encuentre en la bandeja de entrada: "controlará un documento, si
es que lo controla, ¿de verdad un funcionario se va a dedicar a rastrear
miles de documentos?".
Para Lozano los riesgos van
más por el apartado de un posible ataque externo: "el problema son los
hackers, si han entrado en el Pentágono, cómo no van a entrar en
LexNET". "Desde JPD estamos a favor de este tipo de sistemas porque
agiliza, siempre nos quejamos de que la Justicia no está informatizada,
no entiendo por qué nos ponemos en contra de un avance tecnológico",
añade. Comenta también que los abogados "están encantados con LexNET" y
que si a los fiscales no les gusta es porque "les obliga a cumplir los
plazos".
Este medio ha intentado recabar la posición
del Ministerio de Justicia, qué les parece las advertencias sobre el
riesgo que implica que ellos controlen estas plataformas y si estarían
dispuestos a debatir un posible traspaso de esas competencias a un ente
independiente. Desde su departamento de prensa han asegurado "en estas
fechas" no puede hacer una valoración como esta, de carácter político.
