MADRID.- Los casos que se investigan en nuestro país sobre redes de tráfico de drogas y prostitución que explotan a menores tutelados se han convertido en el resorte para que las familias afectadas salgan a las calles a denunciar un sistema de protección a la infancia
que, como señalan las organizaciones convocantes de una manifestación
celebrada este fín de semana en Madrid, «demuestran que algo está muy podrido en los Servicios Sociales y la red privada de centros que se reparten miles de millones de euros de los fondos europeos», según recoge Diario16.
El sufrimiento de niñas y niños apartados de sus progenitores tiene diversas formas, sostienen. «Violencia
vicaria, adolescentes en situación de calle, expedientes que tardan
años en resolverse, escasas horas de visita al mes en los centros,
informes sesgados de las inspecciones de los técnicos a las viviendas
cuando se acepta el plan de reintegración, miles de arrancamientos
injustos, separación de hermanos de por vida» y una larga carrera de obstáculos. Todo con el denominador común, denuncian, de «un
sistema de atención a la infancia que es un fiasco y un entramado para
el lucro a costa de menores encubierto por la Administración y la
legislación».
Según Fernando Barredo, presidente de la Fundación democraciActiva,
esta situación es fruto de «leyes injustas e infames que, además, se
aplican de forma torticera por personas sin escrúpulos, tanto dentro de
los Servicios Sociales, a todos los niveles de la Administración -local,
regional y estatal-, como por parte de personas intermediarias en esto
que podemos llamar privatización de los servicios públicos y que no es
nada más que un buitreo que permite que se estén arrancando miles de
menores a sus familias indefensas, en momentos de vulnerabilidad, cuando
la propia Constitución en su artículo 39 dice que habría que
auxiliarlas legal y económicamente. Lo que hacen es aprovecharse de esa
coyuntura, destrozar familias, maltratarlas y para colmo, muchos de
estos menores, sabemos, que acaban en redes de prostitución y drogas».
Silencio cómplice
Barredo explica que se desconoce la magnitud de esta situación en España
«por un silencio que hace cómplice a gran parte de la población, por la
inacción de los políticos y por la implicación de jueces, policías,
fiscales, abogados y todo tipo de profesionales, sin duda también
técnicos de los Servicios Sociales. Cuando algún día se sepa, va a haber
mucha gente que no va a saber explicarlo. Y sólo esperamos que haya
posibilidad de adoptar todo tipo de acciones penales contra ellos.
Porque esto es un auténtico robo organizado de niños en nuestro país».
Herencia del franquismo
Detrás del negocio de los menores y adolescentes tutelados dice que se esconden «las
mismas sectas del poder, de orientación nacional-católica y de la
Administración, que ya robaban niños en la Dictadura, y que son las
propietarias de más del 80% de los centros privados donde se está
maltratando a los niños y, a veces, incluso, no se les deja ver
nada más que media hora al mes a una madre o un padre que no paran de
llorar. Esto es execrable.
Hay toda una organización para desarraigar a
los menores de forma que, cuando los consiguen recuperar, ya no se
reconocen entre hermanos, ni padres e hijos. Esto es lo mismo
que hacían Sor María, aquella repugnante señora vestida de monja. O el
doctor Vela del Opus Dei. Ahora lo están haciendo encubiertos por la
Administración y leyes obscenas. Y por supuesto, tapándose los ojos aquellos que tienen que tapárselos», concluye.
Por su parte, José Borja, de la Asociación Nacional del Menor Tutelado
ha expresado su preocupación por el futuro de los menores. «Queremos
tabicar esos centros, porque ni son centros ni son nada. Ahí lo que
consiguen es que las criaturas salgan más rebeldes y que el día de
mañana sean delincuentes. Tienen que estar con sus familiares. No
sabemos cómo los Servicios Sociales tienen tanto poder. La Constitución
dice que España es un Estado social, democrático y de derecho, y que
proclama fundamentalmente en su ordenamiento jurídico la libertad y la
igualdad. Para estos niños no hay ni libertad, ni igualdad, ni
democracia».
Aumento de casos en los juzgados
El manifiesto hecho público por los colectivos apunta que las cifras
de niñas y niños tutelados no dejan de crecer, aumentando los casos en
los juzgados. «Dicen los jueces y fiscales que no tienen tiempo para
atender a tantos, y cubren los expedientes por la ley del mínimo
esfuerzo de instrucción, dando siempre por válidos los informes de los
Servicios Sociales, sin mirar siquiera los presentados por las familias,
ni sus certificados médicos aunque sean de la Seguridad Social».
Si bien reconocen que «hay casos extremos en los que es
necesario apartar a los menores de sus padres, son muy pocos comparados
con los flagrantes secuestros institucionales que terminan con las niñas
y los niños encerrados en centros sórdidos en los que son mal atendidos
por personal poco o nada preparado, que en demasiadas ocasiones les
presionan, amenazan, golpean y hasta violan».
Son muchas las sentencias a pesar de que la mayoría de las familias afectadas tienen pocos recursos y no pueden denunciar «salvo con abogados de oficio frente a jueces, en gran porcentaje de beneficio para las castas del poder».
Primero te tratan de loca y luego te mandan al psiquiatra
Rosa Aguilera portavoz de las asociaciones ADENI e Infancias Robadas
relata cómo puede ser el punto de partida para terminar en la espiral
del sistema de protección a la infancia. «Ha llegado un momento en el
que denuncias violencia de género, sufres un desahucio o has decidido
ser madre soltera como yo y, cuando pides una beca de comedor, pasas a
ser un expediente. Y empiezas a ser investigada sin que tú sepas nada.
Eres culpable mientras no se demuestre lo contrario.
Las
trabajadoras sociales tienen presunción de veracidad y eres tú, que esto
no pasa en ningún tipo de delito, la que tiene que demostrar que no
eres culpable, enfrentándote a todas las instituciones, que lo
primero que hacen es tratarte de loca y luego te mandan al psiquiatra.
Tienes que aceptar el desamparo, porque si no lo aceptas dicen que no se
puede trabajar contigo, con lo cual no te dan visitas.
Pero claro, si
yo he puesto una demanda judicial, cómo voy a aceptar el desamparo.
Porque además, si lo aceptas, luego te dicen que lo has aceptado.
Entonces, es una impotencia…Te sientes tan maltratada y humillada, tan
pequeñita. Yo me he leído mi expediente y no me reconozco en él. Son
todo mentiras».
Cambio de paradigma
En palabras de Victoriano Fernández de la Asociación de Familias para el Siglo XXI,
el modelo alternativo al actual sistema «pasa por que los Servicios
Sociales en vez ver qué explicación hay para llevarse a las niñas y los
niños, fueran servicios ambulatorios. Es decir, deberían entrar en las
casas a ayudar. Ahora no se sabe cuales son los protocolos, que no los
dicta la autoridad municipal, que es la que inicia los expedientes».
Y
añade que para aflorar las irregularidades que se detectan en los
centros «siempre ha sido necesario que personas que están dentro
conecten con personas que estamos en el activismo, porque si no,
sencillamente, los directores de los centros y todo el aparato que hay
alrededor lo tapan y no sale».
Por el bien superior del menor
Por ello, las organizaciones reclaman un Pacto de Estado que revise el actual modelo, así como que se depuren las responsabilidades civiles y penales en
los casos que están siendo investigados por graves vulneraciones de los
derechos fundamentales de los menores tutelados.
Exigen también los ceses inmediatos de las personas con cargos de responsabilidad en el sistema de protección a la infancia de los territorios en los que se han evidenciado graves negligencias, irresponsabilidades, incumplimientos o complicidades.
Asimismo, demandan la implicación de los políticos de todos los partidos
«que se esconden para no ver lo que ya es evidente: las tutelas no son
un beneficioso servicio público sino un negocio privado».
Y por último, piden «a los directores de los medios
hegemónicos de comunicación que dejen de obedecer a sus dueños, que no
desvíen la atención del público ni mantengan silencio cómplice cuando
son niños españoles las víctimas».
