MURCIA.- El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional de Murcia, el ultra Rubén Martínez Alpañez, ha advertido hoy de que “la Región de Murcia está al borde del colapso”, y ha señalado como principales responsables al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al Partido Popular, “que lleva 30 años gobernando esta Región sin ideas, sin proyectos y sin saber gestionar”.
Martínez Alpañez ha denunciado que el Gobierno de Sánchez “solo está centrado en mantenerse en La Moncloa y tapar sus múltiples casos de corrupción”, mientras abandona a la Región de Murcia, sin avances en infraestructuras, inversiones ni compromisos cumplidos.
Pero también ha apuntado directamente al Partido Popular regional, al que ha acusado de llevar a la Región a una situación crítica “en la que en apenas dos meses los sanitarios, los bomberos y los trabajadores sociales podrían quedarse sin cobrar si no se aprueban los presupuestos”.
Ante este escenario, Vox ha dado un paso adelante “para evitar el colapso de la Región” y ha alcanzado un acuerdo de presupuestos para 2025 que incluye medidas clave “para garantizar la viabilidad de los servicios públicos, la seguridad, la protección de las familias y la defensa del campo de la Región”.
Entre los compromisos firmados por el Partido Popular, destaca la modificación definitiva de la Ley del Mar Menor en octubre de 2025, una exigencia histórica de Vox. “Esa ley está hundiendo económicamente a todos los municipios ribereños. Ya no valen más rodeos: hay que cumplir la palabra dada”, ha afirmado Martínez Alpañez, quien ha recordado que “el compromiso del presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, fue claro durante la campaña: esa ley se va a modificar”.
Asimismo, el acuerdo incluye la reactivación de los proyectos impulsados por Vox antes de su salida del Gobierno, como el convenio con los bomberos por 5,5 millones de euros, la construcción de un nuevo centro de FP en Yecla, una partida de 5,5 millones para un centro de formación ligado a la FREMM en Cartagena, y el desarrollo del tranvía hacia el área metropolitana, incluyendo Molina de Segura.
Vox también ha logrado incorporar 10 millones de euros en inversiones para mejorar el saneamiento en el entorno del Mar Menor, así como la creación de un fondo de contingencia agrícola para hacer frente a fenómenos climáticos adversos.
En materia de inmigración ilegal, el acuerdo recoge “el cierre del centro de menas de Santa Cruz, la creación de partidas para la repatriación de ilegales y la retirada de subvenciones a cualquier ONG que colabore con las mafias de tráfico de personas”.
Además, se incluye una sustancial rebaja fiscal, el impulso de una nueva Ley de Familias, la rebaja del 25% adicional en las subvenciones a patronal y sindicatos, y la eliminación del precepto legal que obliga a la Comunidad Autónoma a otorgarles ayudas simplemente por su condición.
También se han pactado medidas para mejorar la seguridad, permitiendo a la Policía Local el uso de armas largas, pistolas Táser y de gas pimienta, así como una profunda revisión de la política de vivienda mediante la modificación de la Ley del Suelo.
Por último, Martínez Alpañez ha subrayado que el Partido Popular se ha comprometido a eliminar cualquier contenido ideológico en las aulas, respondiendo a otra de las exigencias prioritarias de Vox.
“Vox ha actuado con responsabilidad. Pusimos un borrador en enero y hoy, seis meses después, el acuerdo es prácticamente el mismo. Lo importante ahora es que se cumpla. Nosotros siempre diremos la verdad, siempre cumpliremos nuestra palabra, y siempre defenderemos el bienestar de las familias murcianas”, ha concluido.
El acuerdo para los Presupuestos
Así aparece recogido en el acuerdo suscrito este viernes por ambas formaciones políticas y dado a conocer por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Joaquín Segado, y el portavoz adjunto de Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez.
En concreto, en materia de inmigración, el PP manifiesta en el acuerdo su "contundente rechazo" a las "políticas de asentamiento y reparto de inmigrantes ilegales impuestas por el Gobierno de España a las comunidades autónomas" y a las medidas puestas en marcha que suponen un "efecto llamada" para la "inmigración ilegal".
Asimismo, en base a este pacto, el Gobierno regional "no aceptará el reparto arbitrario de inmigrantes ilegales llegados a otras regiones de España". Aunque se compromete a cumplir las "obligaciones legales vigentes en cada momento", el pacto establece que la Comunidad "ejercerá las acciones judiciales oportunas ante los pactos suscritos entre el Partido Socialista y los partidos independentistas para el reparto de inmigrantes".
De la misma forma, el PP se compromete a poner en marcha con carácter "inmediato" un protocolo para la "determinación de la edad de los inmigrantes ilegales que se autoperciben como menores, que incluirá, entre otras, la realización de pruebas médicas".
Por otro lado, el Partido Popular se compromete a cerrar y dar un nuevo uso sociosanitario al Centro de Menores de Santa Cruz antes del inicio del curso escolar 2025/2026; al tiempo que se compromete a la "eliminación y tramitación de devolución por incumplimiento de todas las subvenciones que reciban ONG que colaboren o se lucren con la inmigración ilegal, el tráfico ilegal de personas, la trata de blancas o explotación infantil".
Igualmente, el Gobierno de la Región de Murcia se compromete a que, en el ámbito de sus competencias, no desarrollará "ningún programa en los centros educativos de fomento de la lengua árabe y cultura marroquí tal y como sucede en otras comunidades autónomas".
"Para el PP y Vox la recuperación del Mar Menor es una prioridad" y, por esta razón, ambas partes se comprometen a "desarrollar las modificaciones legislativas necesarias para su protección, con la construcción de nuevas infraestructuras que contribuyan a su conservación e iniciando el procedimiento de revisión y reforma de la Ley de recuperación y protección del Mar Menor antes de octubre de 2025".
En este acuerdo, el PP se compromete a "continuar con las acciones impulsadas por el anterior Gobierno de coalición con Vox" y que se materializa a través de la incorporación a los Presupuestos de 2025 de una serie de partidas presupuestarias.
En primer lugar, el acuerdo exige la inclusión de una partida destinada a la contratación del proyecto de construcción del nuevo Centro Integral de Respuesta a Emergencias y Seguridad dotado con 1,5 millones de euros y cuyo proceso de licitación deberá realizarse dentro del 2025.
En segundo lugar, el Presupuesto debe incluir una partida de 5,5 millones de euros para la firma de un nuevo acuerdo marco en el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, que deberá formalizarse en 2025.
Asimismo, el acuerdo incluye la presentación de una propuesta de protocolo para la ampliación del tranvía a toda el área metropolitana de Murcia, que ofrezca a los municipios implicados y al Gobierno de la nación la posibilidad de cofinanciar dicho proyecto, incluyendo la posible financiación con fondos europeos.
"Para ello, se establecerá una partida en los Presupuestos 2025 para la redacción de los estudios informativos necesarios para la puesta en marcha del proyecto de ampliación del tranvía desde el municipio de Murcia hasta el de Molina de Segura y hasta Alcantarilla de, al menos, 1 millón de euros", según el acuerdo, que establece que dicho proyecto deberá ser impulsado antes de la finalización del 2025.
En cuarto lugar, el pacto recoge incorporar 5,5 millones de euros para la puesta en marcha del Centro de Formación Industrial de Cartagena (FREMM); así como la puesta en marcha de un nuevo modelo de gestión para el Parque Público Regional de Viviendas Sociales que "permita primar el uso de estas viviendas entre los ciudadanos que más las necesitan, así como la lucha contra las mafias de la ocupación que será dotado con, al menos, 1,5 millones de euros".
Igualmente, el acuerdo pide incluir 10 millones de euros para la regeneración de aguas residuales; y partidas para la implantación de un Centro de Formación para la Industria del Mueble en Yecla.
Por otro lado, el PP se compromete a que "se incorporen partidas presupuestarias específicas, con fondos propios, para nuestra agricultura y ganadería, tanto de secano como de regadío, por valor de al menos 8 millones de euros, ampliables en al caso de que fuera necesario".
Igualmente, los 'populares' adquieren el compromiso de "no incrementar ni autorizar incrementos de ningún impuesto, tasa o precio público en el 2025"; al tiempo que incluirá en los Presupuestos la reducción progresiva del tipo impositivo del Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales del 8% actual al 7% en 3 ejercicios presupuestarios consecutivos.
De igual modo, el tipo impositivo para la adquisición de vivienda habitual para jóvenes menores de 40 años (inclusive) se mantendrá en el 3%, tal y como recoge el convenio.
Asimismo, el acuerdo recoge la reducción del tipo agravado del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados para transmisiones sujetas a IVA del 2% actual al 1,5% a partir de la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos.
En materia de vivienda, "se perseguirá la ocupación ilegal" y se colaborará con los Ayuntamientos para la detección de los "empadronamientos ilegales".
Igualmente, los Presupuestos contemplarán una "reducción" de las aportaciones dirigidas a las organizaciones sindicales y empresariales; al tiempo que PP y Vox se comprometen a la modificación de la Ley de Participación Institucional de la Región "eliminando la obligatoriedad de consignación de partidas presupuestarias nominativas".
En el acuerdo, el PP también se compromete a la "reducción de las partidas presupuestarias destinadas a publicidad institucional, no pudiendo dotar durante el ejercicio a dichas partidas mediante transferencias de crédito".
Ambas formaciones se comprometen también a impulsar durante 2025 el Proyecto de Ley de Universidades de la Región de Murcia y de una nueva Ley de Familias.
Igualmente, se comprometen a que las policías locales "puedan acceder a armas largas policiales, pistolas táser y de gas pimienta así como otros dispositivos que mejoren sus condiciones de seguridad y la de los ciudadanos".
El PP también se compromete a que todas las partidas de gasto respeten el principio de igualdad "garantizando especialmente, que en la educación se consagren los principios de neutralidad ideológica, libertad de elección de los padres y ausencia de adoctrinamiento".
Toda norma que emane del Consejo de Gobierno o de la Asamblea deberá incorporar, con carácter preceptivo, "un informe de impacto familiar"; y el PP "se compromete a seguir incrementando las partidas presupuestarias correspondientes a los programas de apoyo a las familias numerosas y las mujeres que tengan partos múltiples hasta alcanzar la cifra de, al menos, dos millones de euros en el presupuesto 2025".
