Carmina Fernández (PSRM-PSOE): "El Gobierno de España es el único que está invirtiendo en la Región de Murcia"

 MURCIA.- La vicesecretaria general y portavoz del PSOE de la Región de Murcia, Carmina Fernández, ha asegurado este lunes que "el Gobierno de España es el único que está invirtiendo en la Región", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

"Concretamente, en infraestructuras ferroviarias, en seis años de Gobierno del PSOE, se han licitado 500 millones de euros al año, unos 3.000 millones de euros, lo que nos permitirá tener los mejores Cercanías de España y conectar la Región con el Corredor Mediterráneo", ha indicado Fernández.

La dirigente socialista ha explicado que, en la actualidad, "están en marcha muchísimas obras ferroviarias en la Región de Murcia", al tiempo que ha asegurado que "hay unos 1.600 millones de euros en ejecución y ha reiterado que nunca antes se había invertido tanto como ahora, unos 750.000 euros diarios".

En este sentido, ha indicado que todos los tramos de la línea entre Murcia y Almería" están en marcha, con las obras muy avanzadas; toda la plataforma ferroviaria está en ejecución, y por primera vez, hay obras para llevar la Alta Velocidad a Cartagena".

Respecto a las obras en la línea entre Cartagena y Murcia, Fernández ha concretado que ya se está construyendo la plataforma de Alta Velocidad entre las estaciones de Riquelme y Sucina.

"Además, el pasado 15 de julio, se licitaron las obras de construcción del tramo Torre Pacheco-Cartagena, integrado en la conexión de alta velocidad Murcia-Cartagena, por un importe de 155 millones de euros", ha apostillado.

Asimismo, ha afirmado que, con la licitación de estas obras, se da un impulso decisivo a este corredor ferroviario entre las dos principales ciudades de la Región de Murcia, lo que posibilita la conexión de Cartagena al Corredor Mediterráneo.

"Lo único que hizo el Partido Popular fue sentenciar de muerte la línea Cartagena-Chinchilla, cuando pactó la llegada del AVE a la Región por Alicante", ha añadido.

En materia de carreteras, Fernández ha asegurado que "ya están finalizando las obras del Arco Noroeste y se abrirá a finales de 2025; el tercer carril de la A-7 se ha iniciado en la provincia de Alicante e irá avanzando progresivamente en dirección sur".

"Mientras, el Gobierno regional del PP no ha hecho ni un solo kilómetro de autovía en 12 años y, además, tiene completamente abandonadas las carreteras regionales, que son su responsabilidad", ha señalado.

Además, ha dicho que la autovía del Norte, que es competencia de la Comunidad Autónoma, "es un ejemplo de las muchas promesas incumplidas del PP y de la inacción del Gobierno regional en materia de infraestructuras".

"En 2009, el PP presentó a bombo y platillo esta autovía, que serviría para unir Caravaca de la Cruz con Jumilla en una primera fase, pero, 15 años después, no ha hecho absolutamente nada", ha sostenido

"Lo que tiene que hacer López Miras es dejar de confrontar y ponerse a trabajar para resolver los problemas de comunicación y transporte que tiene nuestra Región, que son muchos. Todos los años el PP miente a los vecinos, prometiendo inversiones que nunca realizan", ha concluido.

La Región de Murcia es la tercera comunidad con mayor tasa de litigiosidad en el segundo trimestre del año

 MURCIA.- La Región de Murcia fue la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de litigiosidad en el segundo trimestre del año, con un total de 44,42 asuntos por cada 1.000 habitantes, solo inferior a las cifras anotadas por Canarias (56,96) y Madrid (46,25).

Los órganos judiciales de la región ingresaron entre abril y junio un total de 69.962 asuntos, lo que representa un incremento interanual del 51,8%, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) en un comunicado.

En el mismo periodo, los tribunales murcianos resolvieron 62.552 asuntos, un 61,4% más, y estaban en trámite al final del trimestre un total de 192.122 asuntos, lo que supone un incremento del 21,6% respecto al segundo trimestre de 2023.

Estos datos se recogen en el informe estadístico titulado 'Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2024', que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho público este lunes.

Como ya adelantó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, los asuntos en trámite al cierre del primer semestre "son casi 13.000 más que los que teníamos a principios de este año y 40.000 más que los pendientes hace un año, lo que supone que crezcan más del 20% los asuntos pendientes en solo 12 meses".

Del Riquelme explicó entonces que "la infradotación de medios que sufre la Justicia de nuestra Región tiene efectos negativos, reales y directos sobre nuestros conciudadanos". Quienes sufren el atasco judicial "son personas con nombres y apellidos", dijo.

"Trabajadores y empresarios concretos, consumidores, propietarios, familias en crisis, menores y personas vulnerables, víctimas de delitos y también los acusados soportan los retrasos derivados de las carencias de medios que padece nuestra Justicia regional", agregó.

En la jurisdicción Civil ingresaron 33.893 asuntos, un 88,5% más que un año antes; se resolvieron 25.346 asuntos, un 82,6% más, y quedaron en trámite 120.527, un 30,1% más que al final del segundo trimestre de 2023.

Los asuntos registrados en la jurisdicción Penal ascendieron a 30.393, cifra que supone un incremento del 23,6% con respecto al mismo trimestre de 2023. En el mismo periodo, se resolvieron 31.402 asuntos, un 44,9% más, y quedaron en trámite 48.909 asuntos, un 8,2% más.

En la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo se registraron 1.746 nuevos asuntos, lo que equivale a ascenso del 10,3%. Los asuntos resueltos fueron 1.994, un 68,1% más que el año anterior, y los que quedaron en trámite sumaron 6.981, un 4,9% más.

En la jurisdicción Social ingresaron 3.930 nuevos asuntos, lo que supuso un crecimiento del 103,6% respecto al año anterior. Los resueltos aumentaron un 90% al alcanzar la cifra de 3.810 asuntos y los pendientes al final del periodo (15.705), aumentaron un 16,1%.

La tasa de litigiosidad media en el conjunto de España ha sido de 41,92 asuntos por cada 1.000 habitantes, cuatro puntos más que en el mismo trimestre de 2023. Las comunidades autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (56,96), Madrid (46,25), Murcia (44,42), Asturias (43,99) y Andalucía (43,34).

Firmado el Protocolo General de Actuación para la ampliación de la línea 1 del tranvía hasta el barrio de El Carmen

 MURCIA.- El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y el alcalde de Murcia, José Ballesta, han suscrito el Protocolo General de Actuación para la ampliación de la línea 1 del tranvía hasta el barrio de El Carmen, que contará con dos kilómetros y cinco paradas, y duplicará el número de viajeros de este medio de transporte hasta rozar los 15 millones al año.

En el acto de la firma, que ha tenido lugar este lunes en el Ayuntamiento de Murcia, han participado, además, la delegada del Gobierno en la Región, Mariola Guevara; el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro; y concejales de los grupos municipales de PP y PSOE, además de presidentes de varias juntas municipales de la ciudad.

Ballesta ha explicado que, a partir de ahora, las tres administraciones implicadas cuentan con dos años para diseñar un convenio que recoja el presupuesto necesario para poner en marcha la infraestructura --92,7 millones de euros--, que será financiado por el Gobierno central, que aportará un tercio, el Ejecutivo regional y el Consistorio capitalino.

El regidor murciano ha agradecido a Santano su disposición para sacar adelante el Protocolo y ha señalado que este documento es fruto de un trabajo "riguroso", "conjunto" y "sobre todo discreto" entre sendas administraciones, en el que han primado como principios fundamentales "la lealtad institucional y el bien común", buscando siempre "el interés general de los murcianos".

En la misma línea, ha agradecido la labor desarrollada por la anterior Corporación, que estuvo presidida por el socialista José Antonio Serrano, "por haber puesto las bases del protocolo que ahora estamos firmando", al tiempo que ha puesto en valor "el compromiso" del equipo de Gobierno actual por la movilidad sostenible y la descarbonización a través de diferentes acciones.

 Asimismo, ha sostenido que el objetivo de la ampliación del tranvía es "garantizar un servicio básico para los murcianos como es la movilidad", a través de la apuesta por un medio de transporte "sostenible" y de una obra que obedece al "sentido de Estado".

Aunque ha evitado dar plazos para la ejecución de la infraestructura, sí ha comentado que el protocolo tiene un periodo de vigencia de dos años en los que se tenderá que diseñar el convenio y, a partir de ahí, sacar a licitación la obra. No obstante, ha avanzado que las administraciones implicadas están trabajando desde "ya mismo" para que "cuanto antes sea una realidad".

Además, el primer edil ha comentado que, según las estimaciones técnicas, la ampliación del tranvía podría duplicar el número de viajeros de este medio desde los 7,3 millones registrados en 2023 a los 14,9 millones el año en que entre en funcionamiento.

Por su parte, Santano ha indicado que el protocolo es "un muy buen ejemplo de cómo se puede colaborar" entre administraciones públicas, con independencia del color político que las presida, y responde a un "compromiso" del Ejecutivo central por impulsar la sostenibilidad, combatir el cambio climático y favorecer el transporte público.

A este respecto, ha destacado el papel de las grandes ciudades del país, como es el caso de Murcia, para que España cumpla con el objetivo de reducir los gases de efecto invernadero un 35% en 2030.

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible ha sostenido que el volumen de inversión del Gobierno de la Nación en Murcia en materia de ferrocarril asciende a 1.800 millones de euros, una cifra que ha aumentado hasta los 3.000 si se suman las licitaciones.

Preguntado sobre si el Ministerio prevé la extensión del tranvía hasta El Palmar, la pedanía más poblada de Murcia, Santano ha comentado que él y el alcalde no han llegado a hablar de este tema, aunque ha querido aclarar que en el departamento gubernamental "siempre" están "dispuestos a analizar" las propuestas.

También se ha referido, a instancias de los medios de comunicación, a las licitaciones del Arco Norte y el tercer carril de la A-7, sobre las que ha dicho que "dependen de la disponibilidad presupuestaria".

Una vez terminado el acto, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ginés Ruiz Maciá, ha comentado, en declaraciones a los medios de comunicación, que se une a "la alegría" por la firma del protocolo, del que ha dicho que es una "muestra del compromiso firme del Gobierno de España con el municipio", aunque ha instado al equipo de Gobierno a hacer "un ejercicio de memoria".

"Se ha hablado mucho de lealtad institucional y creemos que eso no es incompatible con la memoria, y creemos que hoy era momento de hacer un ejercicio de memoria y de celebrar que el PP haya vuelto a defender también el tranvía", ha comentado Ruiz Maciá, tras lo que ha señalado que los 'populares' concurrieron a las elecciones de 2019 "habiendo eliminado el tranvía de su programa electoral".

En este sentido, ha subrayado que "fue el trabajo de la oposición" durante ese mandato el que "volvió a poner sobre la mesa la importancia del tranvía para la movilidad sostenible en este municipio", a lo que ha añadido que "fue después el equipo de Gobierno del PSOE el que consiguió firmar este protocolo en 2023".

Ha sostenido que el actual equipo de Gobierno "puede contar con la lealtad institucional de este grupo", pero eso, ha insistido, "no es incompatible con la memoria". 

Y es que "cuando se suscribió este mismo protocolo en 2023 quienes hoy lo han firmado y lo celebran --en referencia a los concejales del PP-- poco menos que se rieron de él y dijeron que esto era una maniobra y que no iba a llegar a ningún lado".

Además, el portavoz socialista ha dicho que espera que en los presupuestos de la Comunidad y del Ayuntamiento se reflejen las partidas correspondientes para que "este protocolo no se quede metido en un cajón durante dos años como ya tuvieron al anterior, sino que salga adelante y veamos por fin llegar el tranvía a los barrios del sur".

Por último, ha querido recalcar que esa llegada "será posible gracias a ese soterramiento que hizo el Gobierno de España" en la zona.

Meteorología activa el aviso amarillo por tormentas y lluvias a partir de la medianoche en varias comarcas de la Región

 MURCIA.- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo, que significa riesgo, por tormentas y lluvias que pueden alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora a partir de la próxima medianoche en las comarcas del Noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y Campo de Cartagena y Mazarrón.

En concreto, los avisos amarillos por tormentas y lluvias que pueden alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora estarán activos en estas comarcas desde las 00.00 horas hasta las 19.59 horas de este martes, con una probabilidad que oscila entre el 40 y el 70%.

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región ha recordado que un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectada se prevén tormentas fuertes. Dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.

El Ayuntamiento de Cartagena ha añadido que, como es habitual ante esta previsión meteorológica, ha activado sus servicios municipales en fase de pre-emergencia y ha recordado a la población los consejos habituales ante este tipo de episodios.

Por ejemplo, ha recordado la importancia de revisar las bajantes de cubiertas y terrazas, mantener limpios los imbornales de sótanos y garajes, evitar aparcar en ramblas, o vadear con vehículos zonas inundadas o cauces de ramblas.

'Manos Limpias' denuncia a la murciana Bárbara Rey ante los juzgados de Madrid por presunta revelación de secretos

 MADRID.- El sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia contra la murciana Bárbara Rey en los juzgados de Madrid por un presunto delito de revelación de secretos por los audios vinculados al rey emérito.

En el escrito, Manos Limpias explica que actúa después de que OK Diario publicara "unos audios de conversaciones entre el entonces Jefe del Estado, el Rey Juan Carlos I, y la denunciada Bárbara Rey".

El sindicato defiende que en dichos audios "no solo se reflejan conversaciones íntimas, sino también conversaciones que afectaban a cuestiones de Estado". 

Sostiene, además, que las mencionadas grabaciones "fueron objeto de una especie de chantaje o extorsión presuntamente por parte de la denunciada", que habría acordado "percibir unas retribuciones a cambio del silencio y de su no difusión".

Sobre este extremo, Manos Limpias incide en que "la posible malversación de caudales públicos efectuada por los servicios del Estado como pago al silencio obviamente ha prescrito", por lo que ahora se limita a denunciar "unos hechos que pueden ser constitutivos de un delito de revelación de secretos (delitos contra la intimidad)".

Con todo, el sindicato recuerda que el Código Penal castiga con penas de uno a cuatro años de prisión a quienes "para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus comunicaciones o utilice artificios técnico de escucha, transmisión grabación o reproducción del sonido o de la imagen".

En el marco de la denuncia, presentada ante el Juzgado Decano de Madrid el 10 de octubre, Manos Limpias apunta que "desconoce si el domicilio de la denunciada está ubicado en Madrid o en Marbella", según recoge la denuncia. Así las cosas, señala que "se debería oficiar a la Policía Judicial" para que "aporte" información sobre el domicilio de Bárbara Rey.

Cómo acertaron los «no vacunados» / Robin Koerner *

Scott Adams es el creador de la famosa tira cómica Dilbert. Es una tira cuya brillantez deriva de la observación minuciosa y la comprensión del comportamiento humano. Hace algún tiempo, Scott volcó esas habilidades en comentar con perspicacia y notable humildad intelectual la política y la cultura de nuestro país.

Como muchos otros comentaristas, y basándose en su propio análisis de las pruebas de que disponía, optó por ponerse la «vacuna» contra COVID.

Recientemente, sin embargo, publicó un video sobre el tema que ha circulado por las redes sociales. Era un mea culpa en el que declaraba: «Los no vacunados fueron los ganadores» y, para su gran crédito, «Quiero averiguar cómo tantos [de mis espectadores] acertaron con la ‘vacuna’ y yo no».

Lo de «ganadores» quizá fuera un poco irónico: parece que se refiere a que los «no vacunados» no tienen que preocuparse por las consecuencias a largo plazo de tener la «vacuna» en sus cuerpos, ya que han aparecido suficientes datos sobre la falta de seguridad de las «vacunas» como para demostrar que, sopesando los riesgos, la elección de no ser «vacunado» ha sido reivindicada para las personas sin comorbilidades.

Lo que sigue es una respuesta personal a Scott, en la que se explica cómo la consideración de la información disponible en aquel momento llevó a una persona —yo— a rechazar la «vacuna». 

No pretende implicar que todos los que aceptaron la «vacuna» tomaran la decisión equivocada ni, de hecho, que todos los que la rechazaron lo hicieran por buenas razones.

1. Algunas personas han dicho que la «vacuna» se creó con prisas. Esto puede ser cierto o no. Gran parte de la investigación sobre «vacunas» de ARNm ya se había llevado a cabo durante muchos años, y los corona-virus como clase son bien conocidos, por lo que era al menos factible que solo una pequeña fracción del desarrollo de la «vacuna» se hubiera precipitado. El punto mucho más importante es que la «vacuna» se lanzó sin pruebas a largo plazo.

Por lo tanto, se aplicaba una de dos condiciones. O bien no se podía hacer ninguna afirmación fiable sobre la seguridad a largo plazo de la «vacuna», o bien existía algún argumento científico asombroso para tener una certeza teórica única en la vida sobre la seguridad a largo plazo de esta «vacuna». Esto último sería tan extraordinario que podría (por lo que sé) ser incluso una primicia en la historia de la medicina. Si así fuera, los científicos solo hablarían de eso, pero no fue así.

Por lo tanto, se obtuvo el estado de cosas más obvio, el primero: no se podía afirmar nada con confianza sobre la seguridad a largo plazo de la «vacuna». Dado, pues, que la seguridad a largo plazo de la «vacuna» era un juego de azar teórico, el riesgo incuantificable a largo plazo de tomarla solo podía justificarse por un riesgo seguro extremadamente alto de no tomarla.

En consecuencia, solo se podía argumentar moral y científicamente a favor de su uso por parte de las personas con alto riesgo de enfermedad grave si se exponían al COVID. Incluso los primeros datos mostraron inmediatamente que yo (y la inmensa mayoría de la población) no pertenecía a ese grupo. La insistencia continuada en extender la «vacuna» a toda la población cuando los datos revelaban que las personas sin comorbilidades corrían un riesgo bajo de enfermedad grave o muerte por COVID era, por tanto, inmoral y acientífica a primera vista.

El argumento de que la reducción de la transmisión de los no vulnerables a los vulnerables como resultado de la «vacunación» masiva solo podría sostenerse si se hubiera establecido la seguridad a largo plazo de la «vacuna», cosa que no se ha hecho. Dada la falta de pruebas de la seguridad a largo plazo, la política de «vacunación» masiva ponía claramente en peligro vidas jóvenes o sanas para salvar vidas viejas y enfermas.

Los responsables políticos ni siquiera lo reconocieron, ni expresaron preocupación alguna por la grave responsabilidad que estaban asumiendo por poner en peligro a las personas a sabiendas, ni indicaron cómo habían sopesado los riesgos antes de llegar a sus posiciones políticas. 

En conjunto, era una razón de peso para no confiar en la política ni en las personas que la establecían. Como mínimo, si la apuesta por la salud y la vida de las personas que representa la política de «vacunación» coercitiva se hubiera tomado tras un análisis adecuado de costes y beneficios, esa decisión habría sido una decisión difícil de tomar.

Cualquier presentación honesta de la misma habría implicado el lenguaje equívoco del equilibrio de riesgos y la disponibilidad pública de información sobre cómo se sopesaron los riesgos y se tomó la decisión. 

De hecho, el lenguaje de los responsables políticos fue deshonestamente inequívoco y el consejo que ofrecieron sugería que no había riesgo alguno de tomar la «vacuna». Este consejo era sencillamente falso —o, si se prefiere, engañoso— según la evidencia de la época, en la medida en que carecía de matices.

2. Los datos que no apoyaban las políticas de COVID fueron suprimidos de forma activa y masiva. Esto elevó el listón de las pruebas suficientes para tener la certeza de que la «vacuna» era segura y eficaz. Según lo anterior, el listón no se cumplió.

3. Análisis sencillos incluso de los primeros datos disponibles mostraron que la clase dirigente estaba dispuesta a hacer mucho más daño en términos de derechos humanos y gasto de recursos públicos para prevenir una muerte por COVID que cualquier otro tipo de muerte. ¿Por qué esta desproporcionalidad?

Era necesaria una explicación de esta reacción exagerada. La conjetura más amable sobre lo que la impulsaba era «el viejo y honesto pánico». Pero si una política está impulsada por el pánico, el listón para seguirla sube aún más. Una suposición menos amable es que había razones no declaradas para la política, en cuyo caso, obviamente, no se podía confiar en la «vacuna».

4. El miedo había generado claramente un pánico sanitario y un pánico moral, o psicosis de formación masiva. Eso puso en juego muchos sesgos cognitivos muy fuertes y tendencias humanas naturales contra la racionalidad y la proporcionalidad.

Las pruebas de esos prejuicios estaban por todas partes: la ruptura de relaciones estrechas de parentesco, el maltrato de personas por parte de otras que solían ser perfectamente decentes, la voluntad de los padres de causar daños en el desarrollo de sus hijos, los llamamientos a la violación de derechos a gran escala realizados por un gran número de ciudadanos de países anteriormente libres sin ninguna preocupación aparente por las terribles implicaciones de esos llamados, y el cumplimiento sincero, incluso ansioso, de políticas que deberían haber provocado la risa de individuos psicológicamente sanos (incluso si hubieran sido necesarias o simplemente útiles).

En las garras de tal pánico o psicosis de formación masiva, el listón probatorio para afirmaciones extremas (como la seguridad y necesidad moral de inyectarse uno mismo una forma de terapia génica que no ha sido sometida a pruebas a largo plazo) se eleva aún más.

5. A las empresas responsables de la fabricación y, en última instancia, de los beneficios de la «vacunación» se les concedió inmunidad legal. ¿Por qué haría eso un gobierno si realmente creyera que la «vacuna» es segura y quisiera infundir confianza en ella? Y ¿por qué iba yo a poner en mi cuerpo algo que el gobierno ha decidido que puede perjudicarme sin que yo tenga ningún recurso legal?

6. Si los escépticos de la «vacuna» estuvieran equivocados, seguiría habiendo dos buenas razones para no suprimir sus datos u opiniones. En primer lugar, somos una democracia liberal que valora la libertad de expresión como un derecho fundamental y, en segundo lugar, se podría demostrar que sus datos y argumentos son falaces. El hecho de que el poder decidiera violar nuestros valores fundamentales y suprimir el debate invita a preguntarse «¿Por qué?».

La respuesta no fue satisfactoria más allá de: «Es más fácil para ellos imponer sus mandatos en un mundo en el que la gente no disiente», pero ese es un argumento en contra del cumplimiento, más que a favor. Suprimir información a priori sugiere que la información tiene fuerza persuasiva.

Desconfío de quien desconfía de mí para determinar qué información y qué argumentos son buenos y cuáles son malos cuando lo que está en juego es mi salud —especialmente cuando las personas que promueven la censura actúan hipócritamente en contra de sus creencias declaradas en el consentimiento informado y la autonomía corporal.

7. La prueba PCR [reacción en cadena de la polimerasa] se presentó como la prueba de diagnóstico «de referencia» para el COVID. Basta con leer un momento cómo funciona la prueba PCR para darse cuenta de que no es tal cosa. Su uso con fines diagnósticos es más un arte que una ciencia, por decirlo amablemente.

Kary Mullis, que en 1993 ganó el Premio Nobel de Química por inventar la técnica del PCR, arriesgó su carrera al decirlo cuando se intentó utilizar como prueba diagnóstica del VIH para justificar un programa masivo de administración de fármacos antirretrovirales experimentales a los primeros pacientes de sida, que acabó matando a decenas de miles de personas. 

Esto plantea la pregunta: «¿Cómo manejan la incertidumbre en torno a los diagnósticos basados en la PCR las personas que están generando los datos que veíamos en las noticias cada noche y que se estaban utilizando para justificar la política de «vacunación» masiva?».

Si no tienes una respuesta satisfactoria a esta pregunta, tu listón para asumir el riesgo de la «vacunación» debería volver a subir. (A título personal, para obtener la respuesta antes de tomar mi decisión sobre si someterme a la «vacunación», envié exactamente esta pregunta, a través de un amigo, a un epidemiólogo de la Johns Hopkins.

Ese epidemiólogo, que participó personalmente en la generación de los datos actualizados sobre la propagación de la pandemia a escala mundial, se limitó a responder que trabaja con los datos que le dan y no cuestiona su exactitud ni los medios de generación. En otras palabras, la respuesta a la pandemia se basó en gran medida en datos generados por procesos que los generadores de esos datos no comprendían o ni siquiera cuestionaban).

8. Para generalizar el último punto, debe descartarse una afirmación supuestamente concluyente de alguien que demostrablemente no puede justificar su afirmación. En el caso de la pandemia de COVID, casi todas las personas que actuaron como si la «vacuna» fuera segura y eficaz no tenían ninguna prueba física o informativa de las afirmaciones de seguridad y eficacia más allá de la supuesta autoridad de otras personas que las hicieron.

Esto incluye a muchos profesionales de la medicina, un problema que estaba siendo planteado por algunos de ellos (que, en muchos casos, fueron censurados en las redes sociales e incluso perdieron sus trabajos o licencias).

 Cualquiera podía leer la infografía de los CDC [Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades] sobre las «vacunas» de ARNm y, sin ser científico, generar preguntas obvias del tipo «Pero, ¿y si…?» que se podían hacer a los expertos para comprobar por sí mismos si los impulsores de las «vacunas» responderían personalmente de su seguridad.

Por ejemplo, los CDC publicaron una infografía que decía lo siguiente: «¿Cómo funciona la vacuna? El ARNm de la vacuna enseña a las células a hacer copias de la proteína de espiga. Si más tarde te expones al virus real, tu cuerpo lo reconocerá y sabrá cómo combatirlo. Después de que el ARNm entrega las instrucciones, tus células lo descomponen y se deshacen de él».

Muy bien. Aquí hay algunas preguntas obvias que hacer, entonces: «¿Qué ocurre si las instrucciones entregadas a las células para generar la proteína de espiga no se eliminan del cuerpo como estaba previsto? ¿Cómo podemos estar seguros de que nunca se producirá una situación así?». Si alguien no puede responder a esas preguntas, y está en una posición de autoridad política o médica, entonces se muestra dispuesto a impulsar políticas potencialmente dañinas sin considerar los riesgos que implican.

9. Teniendo en cuenta todo lo anterior, una persona seria al menos tenía que estar atenta a los datos publicados sobre seguridad y eficacia a medida que avanzaba la pandemia. El «Estudio de seguridad y eficacia de seis meses» de Pfizer fue notable. El gran número de sus autores era notable y su afirmación resumida era que la vacuna probada era eficaz y segura. Los datos del documento mostraban más muertes por cabeza en el grupo «vacunado» que en el grupo «no vacunado».

Aunque esta diferencia no establece estadísticamente que la inyección sea peligrosa o ineficaz, los datos generados eran claramente compatibles con (digámoslo amablemente) la seguridad incompleta de la «vacuna» —en desacuerdo con el resumen de portada. (Es casi como si incluso los científicos y clínicos profesionales mostraran sesgos y razonamientos motivados cuando su trabajo se politiza).

Como mínimo, un lector lego podría ver que las «conclusiones resumidas» estiraban, o al menos mostraban una notable falta de curiosidad por los datos —especialmente teniendo en cuenta lo que estaba en juego y la impresionante responsabilidad de conseguir que alguien pusiera algo no probado dentro de su cuerpo.

10. Con el paso del tiempo, quedó muy claro que algunas de las afirmaciones informativas que se habían hecho para convencer a la gente de que se «vacunara», especialmente por parte de políticos y comentaristas de los medios de comunicación, eran falsas. 

Si esas políticas hubieran estado realmente justificadas por los «hechos» alegados anteriormente, entonces la determinación de la falsedad de esos «hechos» debería haber dado lugar a un cambio de política o, como mínimo, a expresiones de aclaración y arrepentimiento por parte de las personas que anteriormente habían hecho esas afirmaciones incorrectas pero fundamentales.

Las normas morales y científicas básicas exigen que las personas hagan constar claramente las rectificaciones y retractaciones necesarias de declaraciones que puedan influir en decisiones que afectan a la salud. Si no lo hacen, no se debería confiar en ellos, especialmente dadas las enormes consecuencias potenciales de sus errores informativos para una población cada vez más «vacunada». Sin embargo, eso nunca ha ocurrido.

Si los promotores de la «vacuna» hubieran actuado de buena fe, entonces, tras la publicación de nuevos datos a lo largo de la pandemia, habríamos escuchado (y quizás incluso aceptado) múltiples mea culpa. No hemos oído nada parecido por parte de los responsables políticos, lo que revela una falta casi generalizada de integridad, seriedad moral o preocupación por la exactitud. El consiguiente descarte necesario de las afirmaciones hechas anteriormente por los funcionarios no dejó ningún caso digno de confianza en el lado pro encierro y pro «vacuna».

Por poner algunos ejemplos de afirmaciones que los datos demostraron que eran falsas, pero que no se retractaron explícitamente:

«No vas a contraer COVID si te vacunas… Estamos en una pandemia de no vacunados» -Joe Biden

«Las vacunas son seguras. Se los prometo…» -Joe Biden

«Las vacunas son seguras y eficaces». -Anthony Fauci

«Nuestros datos de los CDC sugieren que las personas vacunadas no portan el virus, no enferman… y no solo en los ensayos clínicos, sino también en los datos del mundo real». – Dra. Rochelle Walensky.

«Tenemos más de 100,000 niños, lo que nunca habíamos tenido antes, en … estado grave y muchos con respiradores». -Justice Sotomayer (durante un caso para determinar la legalidad de los mandatos federales de «vacunas»).

… y así sucesivamente.

La última es especialmente interesante porque la pronunció un juez en un caso de la Corte Suprema para determinar la legalidad de los mandatos federales. Posteriormente, el ya mencionado Dr. Walensky, director del CDC, que previamente había hecho una declaración falsa sobre la eficacia de la «vacuna», confirmó bajo interrogatorio que el número de niños hospitalizados era solo de 3.500, y no de 100.000.

Para insistir aún más en el hecho de que las afirmaciones y políticas anteriores son desmentidas por hallazgos posteriores, pero no por ello revocadas, el mismo Dr. Walensky, director de los CDC, afirmó que «la inmensa mayoría de las muertes —más del 75 por ciento— se produjeron en personas que tenían al menos cuatro comorbilidades. Así que en realidad se trataba de personas que no estaban bien desde el principio».

Esa afirmación socavó tan completamente toda la justificación de las políticas de «vacunación» masiva y los cierres patronales que cualquier persona intelectualmente honesta que las apoyara tendría que reconsiderar su posición en ese momento. Mientras que el ciudadano de a pie bien podría haber pasado por alto esa información de los CDC, se trataba de la propia información del gobierno, por lo que el presidente Joe (y sus agentes) ciertamente no podrían haberla pasado por alto.

¿Dónde estaba el cambio radical en la política para que coincidiera con el cambio radical en nuestra comprensión de los riesgos asociados con COVID, y por lo tanto el equilibrio coste-beneficio de la «vacuna» no probada (a largo plazo) frente al riesgo asociado con la infección por COVID? Nunca llegó. Claramente, ni las posiciones políticas ni su supuesta base factual eran de fiar.

11. ¿Cuál era la nueva ciencia que explicaba por qué, por primera vez en la Historia, una «vacuna» sería más eficaz que la exposición natural y la consiguiente inmunidad? Por qué la urgencia de hacer que una persona que ha tenido COVID y ahora tiene cierta inmunidad se «vacune» después del hecho?

12. El contexto político y cultural general en el que se desarrollaba todo el discurso sobre la «vacunación» era tal que el nivel de evidencia sobre la seguridad y eficacia de la «vacuna» se elevaba aún más, al tiempo que se reducía nuestra capacidad para determinar si ese nivel se había cumplido.

En cualquier conversación con una persona «no vacunada» (y como educador y profesor, participé en muchas), siempre se ponía a la persona «no vacunada» en una postura defensiva de tener que justificarse ante el partidario de la «vacuna» como si su postura fuera de facto más perjudicial que la contraria. En tal contexto, la determinación precisa de los hechos es casi imposible: el juicio moral siempre inhibe el análisis empírico objetivo.

Cuando la discusión desapasionada de un tema es imposible porque el juicio ha saturado el discurso, sacar conclusiones lo suficientemente precisas y con la suficiente certeza como para promover la violación de derechos y la coerción de tratamientos médicos, es casi imposible.

13. En cuanto a la analítica (y el comentario de Scott sobre «nuestra» heurística superando a «su» analítica), precisión no es exactitud. De hecho, en contextos de gran incertidumbre y complejidad, la precisión está negativamente corelacionada con la exactitud. (Una afirmación más precisa tiene menos probabilidades de ser correcta).

Gran parte del pánico al COVID comenzó con la modelización. La modelización es peligrosa en la medida en que pone números a las cosas —los números son precisos, y la precisión da una ilusión de exactitud—, pero en contextos de gran incertidumbre y complejidad, los resultados de los modelos están dominados por las incertidumbres de las variables de entrada, que tienen rangos muy amplios (y desconocidos), y por los múltiples supuestos que en sí mismos solo garantizan una baja confianza. 

Por lo tanto, cualquier precisión que se pretenda obtener de los resultados de un modelo es falsa y la exactitud aparente es solo eso: aparente.

Lo mismo ocurrió con el VIH en los años ochenta y noventa. Los modelos de entonces determinaban que hasta un tercio de la población heterosexual podía contraer el VIH. Oprah Winfrey ofreció esa estadística en uno de sus programas, alarmando a toda una nación.

El primer sector que se dio cuenta de que se trataba de una absurda exageración fue el de los seguros, cuando no se produjeron todas las quiebras que esperaban a causa de los pagos de las pólizas de seguros de vida. Cuando la realidad no coincidió con los resultados de sus modelos, supieron que los supuestos en los que se basaban esos modelos eran falsos y que el patrón de la enfermedad era muy distinto del que se había declarado.

Por razones que escapan al ámbito de este artículo, la falsedad de esos supuestos podría haberse determinado en su momento. Sin embargo, lo que hoy nos interesa es el hecho de que esos modelos ayudaron a crear toda una industria del sida, que lanzó fármacos antiretrovirales experimentales a personas con VIH, sin duda con la sincera creencia de que podrían ayudarles. Esos medicamentos mataron a cientos de miles de personas.

Por cierto, el hombre que anunció el «descubrimiento» del VIH desde la Casa Blanca —no en una revista revisada por pares— y luego fue pionero en la enorme y mortal reacción al mismo fue el mismo Anthony Fauci que ha estado adornando nuestras pantallas de televisión en los últimos años.

14. Un enfoque honesto de los datos sobre COVID y el desarrollo de políticas habría impulsado el desarrollo urgente de un sistema para recopilar datos precisos sobre las infecciones por COVID y los resultados de los pacientes con COVID. 

En lugar de ello, los poderes fácticos hicieron todo lo contrario, tomando decisiones políticas que reducían a sabiendas la exactitud de los datos recopilados de forma que sirvieran a sus fines políticos.

En concreto, 1) dejaron de distinguir entre morir de COVID y morir con COVID y 2) incentivaron a las instituciones médicas a identificar las muertes como causadas por COVID cuando no había datos clínicos que respaldaran esa conclusión. (Esto también ocurrió durante el mencionado pánico del VIH hace tres décadas).

15. La falta de honradez de los partidarios de las «vacunas» se puso de manifiesto en los repetidos cambios de las definiciones oficiales de términos clínicos como «vacuna», cuyas definiciones (científicas) han sido fijas durante generaciones (como debe ser para que la ciencia haga su trabajo con precisión: las definiciones de los términos científicos pueden cambiar, pero solo cuando cambia nuestra comprensión de sus referentes).

¿Por qué cambiaba el Gobierno el significado de las palabras en lugar de limitarse a decir la verdad con las mismas palabras que había utilizado desde el principio? Sus acciones en este sentido fueron totalmente falsas y contrarias a la ciencia. El nivel de las pruebas vuelve a subir y nuestra capacidad para confiar en ellas, baja.

En su video (que mencioné al principio de este artículo), Scott Adams preguntó: «¿Cómo podría haber determinado que los datos que [«los escépticos de las vacunas»] me enviaron eran los buenos?». No tuvo que hacerlo. Los que acertamos o «ganamos» (por usar sus palabras) solo tuvimos que aceptar los datos de quienes impulsaban los mandatos de «vacunación».

Como ellos eran los más interesados en que los datos apuntaran en su dirección, podíamos poner un límite superior de confianza en sus afirmaciones contrastándolas con sus propios datos. Para alguien sin comorbilidades, ese límite superior seguía siendo demasiado bajo para asumir el riesgo de la «vacunación», dado el bajísimo riesgo de daños graves por contraer COVID-19.

En esta relación, también vale la pena mencionar que bajo las condiciones contextuales adecuadas, la ausencia de evidencia es evidencia de ausencia. Esas condiciones definitivamente se aplicaron en la pandemia: había un incentivo masivo para que todos los medios que estaban impulsando la «vacuna» proporcionaran pruebas suficientes para apoyar sus afirmaciones inequívocas a favor de la vacuna y las políticas de bloqueo y para denigrar, como lo hicieron, a los que no estaban de acuerdo.

Simplemente no aportaron esas pruebas, obviamente porque no existían. Dado que las habrían aportado si hubieran existido, la falta de pruebas presentadas evidenciaba su ausencia.

Por todas las razones anteriores, pasé de considerar inicialmente la posibilidad de inscribirme en un ensayo de vacunas a realizar una diligencia debida de mente abierta para convertirme en escéptico de la «vacuna» COVID. 

En general, creo que nunca hay que decir «nunca», por lo que estaba esperando a que se respondieran y resolvieran las preguntas y cuestiones planteadas anteriormente. Entonces, estaría potencialmente dispuesto a «vacunarme», al menos en principio.

Afortunadamente, no someterse a un tratamiento deja a uno la opción de hacerlo en el futuro. (Dado que lo contrario no es el caso, por cierto, el valor de opción de «no actuar todavía» pesa un poco a favor del enfoque cauteloso).

Sin embargo, recuerdo el día en que mi decisión de no tomar la «vacuna» se convirtió en firme. Un punto concluyente me llevó a decidir que no tomaría la «vacuna» en las condiciones imperantes. Pocos días después, le dije a mi madre en una llamada telefónica: «Tendrán que atarme a una mesa».

16. Independientemente de los riesgos asociados a una infección por COVID, por un lado, y a la «vacuna», por otro, la política de «vacunación» permitió violaciones masivas de los derechos humanos. 

Los «vacunados» se alegraron de ver cómo se suprimían libertades básicas a los «no vacunados» (la libertad de hablar libremente, trabajar, viajar y estar con sus seres queridos en momentos importantes como nacimientos, defunciones, funerales, etc.) porque su condición de «vacunados» les permitía aceptar de nuevo como privilegios de los «vacunados» los derechos que se habían suprimido a todos los demás.

De hecho, muchas personas admitieron a regañadientes que se «vacunaron» por esa misma razón, por ejemplo, para conservar su trabajo o salir con sus amigos. Para mí, eso habría sido ser cómplice de la destrucción, por precedente y participación, de los derechos más básicos de los que depende nuestra pacífica sociedad.

Ha muerto gente para garantizarnos esos derechos a mí y a mis compatriotas. Cuando era adolescente, mi abuelo austriaco huyó a Inglaterra desde Viena y enseguida se unió al ejército de Churchill para derrotar a Hitler. 

Hitler fue el hombre que asesinó a su padre, mi bisabuelo, en Dachau por ser judío.

Los campos empezaron como una forma de poner en cuarentena a los judíos, considerados vectores de enfermedades a los que había que suprimir sus derechos para proteger a la población en general. En 2020, todo lo que tuve que hacer en defensa de esos derechos fue aguantar que me limitaran los viajes y me prohibieran el acceso a mis restaurantes favoritos, etc. durante unos meses.

Incluso si yo fuera un extraño valor estadístico atípico, de modo que COVID pudiera hospitalizarme a pesar de mi edad y buena salud, que así fuera: si fuera a llevarme, no dejaría que me arrebatara mis principios y derechos mientras tanto.

¿Y si me equivocara? ¿Y si la abrogación masiva de derechos que fue la respuesta de los gobiernos de todo el mundo a una pandemia con una tasa de mortalidad ínfima entre los que no estaban «mal para empezar» (por usar la expresión del director del CDC) no iba a terminar en unos pocos meses?

¿Y si fuera a durar para siempre? En ese caso, el riesgo que COVID supondría para mi vida no sería nada comparado con el riesgo que corren nuestras vidas cuando salimos a la calle con la última y desesperada esperanza de recuperar las libertades más básicas de un Estado que hace tiempo que ha olvidado que solo existe legítimamente para protegerlas y que, en cambio, ahora las considera obstáculos incómodos que hay que sortear o incluso destruir.

 

 (*) Consultor, instructor y escritor en el campo de la comunicación política y la psicología. También es decano académico del Instituto John Locke y miembro del profesorado de la Fundación para la Educación Económica.

¿Qué porcentaje de españoles tiene estudios universitarios?

MADRID.- En la actualidad, la formación universitaria se ha convertido en una de las principales vías para acceder al mercado laboral y conseguir un empleo estable y bien remunerado. Por ello, resulta interesante conocer la situación actual en España en cuanto al porcentaje de población que ha cursado estudios universitarios.

Según los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2020 el 41,3% de la población española entre 25 y 64 años tenía estudios universitarios. Este porcentaje ha ido aumentando progresivamente en los últimos años, debido a la importancia cada vez mayor que se le otorga a la formación académica.

No obstante, este porcentaje varía considerablemente según la comunidad autónoma. Por ejemplo, en el País Vasco el 59,9% de la población cuenta con estudios universitarios, mientras que en Extremadura esta cifra se reduce al 29,2%.

En este artículo se profundizará en los datos relativos al porcentaje de españoles con estudios universitarios, así como en las diferencias regionales y las posibles causas que explican estas discrepancias. Además, se analizarán las perspectivas de futuro en cuanto a la formación universitaria en España.

Si te preguntas ¿Qué porcentaje de españoles tienen estudios universitarios?, aquí te presentamos las estadísticas actualizadas. Según datos de Eurostat, en el año 2020, el 29,9% de la población española entre 30 y 34 años tenía estudios universitarios, superando la media europea que se sitúa en el 40,3%.

Aunque el porcentaje de españoles con estudios superiores ha ido aumentando en los últimos años, aún existe una brecha entre hombres y mujeres. Según el informe «La educación en España 2021» elaborado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, en el curso 2018-2019, el 35,4% de los hombres tenía estudios superiores, mientras que en el caso de las mujeres este porcentaje se situaba en el 32,2%.

Además, el mismo informe destaca que el porcentaje de españoles con estudios superiores varía según la comunidad autónoma. En el curso 2018-2019, las comunidades con mayor porcentaje de población con estudios superiores eran Madrid (el 45,3% de la población entre 30 y 34 años tenía estudios universitarios), País Vasco (44,1%) y Navarra (43,4%). Por el contrario, las comunidades con menor porcentaje eran Extremadura (20,6%), Andalucía (22,9%) y Canarias (23,4%).

En España, la educación superior es una de las principales áreas de desarrollo en la formación profesional y personal. Por ello, es importante conocer ¿Qué porcentaje de españoles tienen estudios universitarios?.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 2021, el 26,1% de la población española cuenta con estudios universitarios. Esto significa que más de uno de cada cuatro españoles ha completado una carrera universitaria.

Es importante destacar que este porcentaje ha ido aumentando progresivamente en los últimos años, lo que demuestra una mayor conciencia sobre la importancia de la formación académica. Además, según los datos del INE, el porcentaje de mujeres con estudios universitarios es ligeramente superior al de los hombres, con un 27,1% frente al 25,2%.

Es interesante también tener en cuenta que existen diferencias significativas en cuanto a la distribución de los estudios universitarios por comunidades autónomas. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid y Cataluña son las que presentan un mayor porcentaje de población con estudios universitarios, con un 36,1% y un 33,9%, respectivamente.

Este dato refleja una mayor conciencia sobre la importancia de la formación académica y su impacto en la vida profesional y personal.

Si te preguntas ¿qué porcentaje de españoles tienen estudios universitarios?, es importante conocer primero la tasa de acceso a la universidad en nuestro país.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el curso 2018-2019 el porcentaje de españoles que accedieron a la universidad fue del 43,8%.

Este porcentaje ha ido en aumento en los últimos años, ya que en el curso 2008-2009 la tasa de acceso a la universidad era del 35,7%.

Es importante destacar que el acceso a la universidad en España no es homogéneo, ya que existen diferencias significativas entre las distintas comunidades autónomas. En Cataluña, por ejemplo, la tasa de acceso a la universidad es del 57,4%, mientras que en Ceuta y Melilla es del 21,8%.

En cuanto a la formación universitaria de la población española, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2021, el 42,9% de las personas mayores de 16 años tienen estudios universitarios.

En la actualidad, la formación universitaria se ha convertido en una necesidad para muchos jóvenes españoles que buscan mejorar sus oportunidades laborales y aumentar su nivel de conocimientos. Pero, ¿cuál es el porcentaje de población española que cuenta con un título universitario?

Según los últimos estudios realizados en el año 2021, se estima que alrededor del 43,9% de la población española tiene estudios universitarios, lo que representa un incremento del 2,5% con respecto al año anterior.

Este aumento se debe en gran medida a la creciente demanda de formación universitaria por parte de los jóvenes españoles, así como a las políticas educativas que buscan fomentar la formación y la empleabilidad en el país.

Si analizamos los datos por comunidades autónomas, encontramos que algunas regiones como Madrid, Cataluña y País Vasco presentan un porcentaje de población con estudios universitarios superior al 50%, mientras que otras como Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias presentan porcentajes inferiores al 30%.

En cualquier caso, lo importante es seguir fomentando la formación universitaria y la educación en general en España, ya que esto no solo beneficia a los jóvenes sino que también contribuye al desarrollo del país y su economía.

En conclusión, el porcentaje de españoles con estudios universitarios ha aumentado significativamente en los últimos años, aunque aún queda mucho por hacer para alcanzar la media europea. 

La educación superior es cada vez más importante en un mundo globalizado y competitivo, y es necesario seguir trabajando en políticas educativas que fomenten la igualdad de oportunidades y la accesibilidad a la universidad para todos. Solo así podremos asegurar un futuro más próspero y equitativo para nuestra sociedad.

 En resumen, el porcentaje de españoles que tienen estudios universitarios ha ido aumentando en las últimas décadas y actualmente se sitúa en torno al 40%. Aunque aún queda camino por recorrer para llegar a los niveles de educación superior de otros países europeos, es un indicador positivo del valor que se da a la formación académica en España. 

Sin embargo, es importante seguir trabajando para garantizar el acceso a la educación superior a todos los ciudadanos y fomentar la excelencia académica en nuestro país.

ANSE pide al alcalde de San Javier que acate una sentencia sobre 'Collados Beach' y cumpla con la ley

CARTAGENA.- El decano de la prensa regional murciana se ha hecho eco de una sentencia del Juzgado nº 1 de lo Contencioso-Administrativo que afea la actitud del Ayuntamiento de San Javier por negarse a la revisión de oficio de la licencia de actividad del establecimiento Collados Beach, situado en las Encañizadas, tal y como solicitaban los vecinos. La sentencia declara nula la citada licencia e impone las costas al Ayuntamiento de San Javier.

La Asociación de Naturalistas del Sureste ha venido señalando diversas irregularidades del citado establecimiento e indica que no le resulta sorprendente el contenido de la misma, ya que existía tanto un informe del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, como del arquitecto municipal que señalaban la nulidad de tal licencia al ser incompatible con las Normas Subsidiarias vigentes.

Por el contrario, sí causa sorpresa la actitud del ayuntamiento de San Javier que, en lugar de actuar de forma diligente para garantizar la conservación del medio ambiente y proteger la salud de los vecinos, decidió favorecer los intereses particulares del establecimiento y no resolver la revisión solicitada por los vecinos, obligándoles a estos a recurrir a la Justicia. 

Más inconcebible aún resulta las pretensiones de recurrir la citada sentencia cuando todos los argumentos legales son contrarios a la legalidad de la licencia.

Además, la Asociación señala que el juez no ha entrado en los argumentos medioambientales de protección de la zona. Así conviene recordar que el establecimiento opera bajo la figura de Beach Club para prestar servicios a una playa colindante, la cual es zona de conservación prioritaria del Parque Regional de Salinas y Arenales de San Pedro y en la que está prohibido el uso público. El citado establecimiento arrastra diversas sanciones por afección al Dominio Público y al Parque Regional.

Por todo lo anterior, la Asociación pide al alcalde de San Javier que desista de sus pretensiones de recurrir dicha sentencia, ya que los argumentos jurídicos son tan claros que un recurso sólo conllevará unos mayores costes al Ayuntamiento y un incremento del colapso de la Justicia. Por no hablar de un mayor descrédito del funcionamiento del Ayuntamiento de San Javier en la protección del medio ambiente y de la salud de los vecinos.

Igualmente, ANSE pide al resto de administraciones públicas implicadas, la Demarcación de Costas en Murcia y la Consejería de Medio Ambiente, que intervengan de forma diligente para garantizar la conservación del Dominio Público y del Parque Regional colindante al establecimiento y que se está viendo afectado por su funcionamiento.

La nulidad de la licencia en modo alguno resulta sorprendente ya que el Consejo Jurídico ya advirtió de su ilegalidad. Además, recientemente un informe del arquitecto municipal señala igualmente en la misma dirección. No existen, pues, dudas jurídicas sobre la situación del asunto.

ANSE añade que, hasta la fecha, no se ha tenido en cuenta el impacto sobre la Red Natura 2000 y Parque Regional de Salinas y Arenales de San Pedro.

El IV Congreso sobre la Hispanidad bate record con la asistencia de más de mil quinientas personas en CT

CARTAGENA.- Por cuarto año consecutivo, la Asociación Cultural Héroes de Cavite ha celebrado, del 9 al 13 de octubre, el “Congreso Internacional sobre la Hispanidad” que, en esta cuarta edición, ha llevado por título "Uniendo la Hispanidad: construyendo futuro".

Según Ángel Benzal, presidente de Héroes de Cavite, “este año hemos batido todas las expectativas que habíamos puesto en el congreso. Han asistido más de 1.500 personas, cuando en el 2023 vinieron 1.000. Asimismo, las conferencias y actividades las han visto más de 200.000 personas por el canal Youtube”.

En este cuarto congreso se ha abordado la Hispanidad desde una perspectiva de futuro concibiendo la Hispanidad como pasaporte para el futuro de Hispanoamérica y España, estudiando la historia que compartimos todos los países que conformamos la Hispanidad y el renacimiento de la Hispanidad que se está viviendo actualmente.

El principal día del evento ha sido el sábado 12 de octubre, Día de la Hispanidad, en el que han impartido ponencias la pintora, historiadora y académica Pilar de Aristegui; el periodista y escritor José Javier Esparza; la cónsul de España en El Paso (Tejas) Martha Vera; el historiador estadounidense Jorge Luis García; el escritor, especialista en geopolítica y coronel Pedro Baños; y el politólogo argentino Marcelo Gullo.

Uno de los momentos más emotivos del congreso ha sido cuando ha leído un manifiesto Juan José Marcilla de Teruel-Moctezuma y Valcárcel, VI Duque de Moctezuma, primogénito de la estirpe Moctezuma y actual representante de una de las figuras más emblemáticas de la historia hispana.

En el mismo, Moctezuma ha llamado al hermanamiento de todos los pueblos que conforman la Hispanidad. Un gesto cargado de simbolismo que busca superar desavenencias sobre el pasado y enfocarnos en conquistar el futuro.

En los cuatro días que ha durado el congreso los ponentes, procedentes tanto de diversos puntos de España como de Hispanoamérica, han tratado  sobre multitud de temáticas hispánicas: desde el estudio de personajes como Cristóbal Colón o Isabel de Castilla y episodios históricos como la primera vuelta al mundo, la batalla de Trafalgar o el galeón de Manila.

También se ha hablado de la herencia hispana en la conquista y civilización de los Estados Unidos, las verdades no contadas de la llegada de los españoles al suroeste de Estados Unidos, el legado español en Norteamérica y se ha desmontado con multitud de argumentos la “Leyenda Negra”.

Junto a las ponencias, el programa del congreso ha estado enriquecido por actuaciones teatrales, demostraciones gastronómicas, muestras de cuadros de temática hispana, exhibición de esgrima histórica, una visita empresarial privada así como un festival de música hispanoamericana.

Las conferencias han tenido acceso libre y gratuito y la gran mayoría se han impartido en el Salón Isaac Peral de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

Noelia Arroyo pedirá al secretario de Estado que asegure la conexión de mercancía ante la amenaza de que Adif no la financie

 CARTAGENA.- La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, va a pedir al secretario de Estado, José Antonio Santano, un compromiso claro con la variante de mercancías que debe unir el puerto y la zona logística de Los Camachos con el Corredor Mediterráneo de mercancías, después de que el Gobierno haya manifestado por escrito su intención de no financiarla.

Arroyo, que participa con Santano el martes en el consejo de administración de la sociedad Cartagena Alta Velocidad, pedirá la gratuidad en la conexión con Murcia, entre otras medidas para compensar la precariedad del servicio ferroviario.

"El gobierno tiene que cumplir su compromiso de integrar el puerto de Cartagena en el corredor Mediterráneo de mercancías y debe hacerlo construyendo la variante de Alumbres y conectando la ZAL de Los Camachos. Si no lo hace así, no habrá integración", ha dicho Arroyo, que ve amenazado el proyecto tras conocer que el gobierno se limitará a tramitar las solicitudes de conexión.

En respuesta a una pregunta presentada en el Senado por Francisco Bernabé y otros parlamentarios regionales sobre el estado actual del proyecto de acceso a la alta velocidad para la ZAL, el gobierno ha contestado que "desde Adif se prestará y facilitará la tramitación de la solicitud de conexión a la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG), cuando sea realizada por el organismo promotor de la misma, siendo éste el alcance de participación previsto en el desarrollo de esta terminal".

Arroyo insistirá ante Santano en la necesidad de acelerar los plazos para la integración de la alta velocidad ferroviaria para pasajeros y pedirá medidas para compensar "los retrasos en las conexiones ferroviarias y el aislamiento de Cartagena".

Entre esas medidas, destaca, "debe estar la gratuidad en el transporte entre Murcia y Cartagena que tiene que mantenerse más allá de enero del año que viene y prolongarse hasta que exista una auténtica conexión de cercanías entre las dos principales ciudades de la Región. Hay que recordar que el ministerio ha prometido cercanías gratis en Cantabria y Asturias por el retraso en sus cercanías. Nosotros tenemos derecho a lo mismo".

La alcaldesa trasladará también al secretario de Estado la petición de que se aplique la gratuidad de manera progresiva en las conexiones de la AP-7 de Cartagena, siguiendo el modelo aplicado este verano en Alicante.

Ortega (PSRM) acusa a López Miras de "quebrar el estado de derecho" al incumplir las leyes de vivienda "conscientemente"

 CARTAGENA/MURCIA.- El diputado regional socialista, Miguel Ortega, ha afirmado que López Miras "ha quebrado el estado de derecho en la Región de Murcia e incumple las leyes de vivienda conscientemente".

 "Casi el 50 por ciento de los artículos de la ley regional recogen que tienen que ser desarrollados por reglamentos para que sean aplicables, y López Miras lleva ocho años sin desarrollar ninguno", ha añadido.

En este sentido, ha denunciado también que el presidente regional "no escucha a las organizaciones sociales, ni a los colectivos, ni a los sindicatos, ni a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que llevan mucho tiempo reclamándole medidas concretas para solucionar el problema del precio desorbitado del alquiler y la subida del precio de la vivienda en la Región".

Ortega ha destacado que el Gobierno regional no ha construido "ni una vivienda pública en ocho años; no ha llegado a acuerdos con las entidades bancarias para poner a disposición de personas en situación de vulnerabilidad viviendas vacías, que hay más de 100.000 en la Región y, de las pocas viviendas con las que contaba el parque público, la mayoría han pasado a manos privadas sin que el Gobierno regional haya hecho nada".

"López Miras está aislado y en minoría, no escucha a la PAH ni a las organizaciones sociales en este tema, pero tampoco escucha a los constructores cuando le piden que necesitan agilización de los trámites para tener más suelo donde construir", ha señalado el socialista.

Por ello, ha explicado que el Grupo Parlamentario Socialista apoyará la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ha presentado la PAH en la Asamblea Regional para que el Gobierno regional cumpla la ley de vivienda.

"Si la sigue quebrando, las personas demandantes de vivienda pública deberán ser indemnizadas con 300 euros al mes por los meses que estén los reglamentos sin desarrollar". 

"López Miras tiene que trabajar por solucionar los problemas reales de la Región y dejar a un lado sectarismos ideológicos y su obsesión con confrontar con el Gobierno de España", ha concluido.

Concentración en Murcia

El secretario general de Juventudes Socialistas en la Región de Murcia, Miguel Ortega, ha participado esta tarde en la concentración convocada en la plaza de La Merced, de Murcia, para exigir medidas frente a la subida de los alquileres.

Desde allí ha subrayado que "la vivienda es el principal problema que tenemos hoy los jóvenes. Necesitamos la colaboración de todas las administraciones", aunque ha lamentado "la parálisis y el quiebro de las leyes regional y nacional a las que nos tiene sometidos López Miras, que por cierto es quien tiene el 100% de las competencias en materia de vivienda".

Ortega ha defendido que "mientras no se cumplan las leyes y se ataje de manera valiente este problema, estaremos apoyando las manifestaciones y reivindicando políticas efectivas. No puede ser que el Gobierno de España haga una ley de vivienda o del bono alquiler joven y que López Miras ni aplique la ley y boicote las ayudas que nos tienen que ayudar".

"El sistema está fallando para toda una generación y es hora de dar una respuesta. Necesitamos y exigimos que se tope el precio de los alquileres", ha concluido el secretario general de Juventudes Socialistas en la Región de Murcia.

El PPRM exige al Gobierno central que inicie la ejecución del proyecto del acuartelamiento de la Guardia Civil en Cartagena

 CARTAGENA.- El Grupo Parlamentario Popular exige al Gobierno de la Nación, a través de una moción a la Asamblea Regional, que inicie, de manera inmediata, la ejecución del proyecto del Acuartelamiento de la Guardia Civil en Cartagena, tal y como se contempló y prometió en un principio, es decir, con infraestructuras mejoradas y con 96 viviendas para los Guardias Civiles.

La diputada María Luisa Casajús Galvache ha recordado que, en un principio, el proyecto recogía la demolición y la reconstrucción de 11 bloques, así como la reparación del bloque 9, y la ejecución de los trabajos tendría una duración de 30 meses.

Según explica, a principios de año concluyeron los trabajos iniciales de demolición, pero, a finales de febrero, tras una inspección realizada al mencionado bloque 9, se decide proceder a su derribo de acuerdo a criterios técnicos "por presencia en el mismo de humedades y filtraciones, paralizándose los trabajos de forma indefinida".

Por ello, la diputada regional del PP ha denunciado que el expediente de urgencia para la reconstrucción del acuartelamiento ha sido "paralizado y calificado como un simple expediente ordinario", lo que conlleva un nuevo proceso administrativo que, "dada la escasa diligencia de quienes hoy día dirigen la Dirección General de la Guardia Civil puede eternizar el procedimiento de reconstrucción y dejar a una ciudad como es Cartagena y a sus ciudadanos sin Cuartel de la Guardia Civil durante años".

Además, ha añadido, "a este despropósito se suma que, de las 96 viviendas planteadas en el proyecto para alojar a los guardias civiles y sus familias, ahora, la directora general de la Guardia Civil ha manifestado que solo se construirán 40".

Esto es, en palabras de Cajasús, "una auténtica vergüenza que muestra, una vez más, las mentiras del Ministerio de Interior con las familias damnificadas por el derribo de las casas que ocupaban y con toda la ciudadanía cartagenera".

"Esto es, sin duda alguna, una muestra más del menosprecio del actual Gobierno de España a nuestra tierra, un Gobierno que nos dice que para que haya un nuevo Cuartel de la Guardia Civil en Cartagena deberá ser incluida una nueva partida presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado de 2025", es decir, que "habrá dinero para la reconstrucción siempre y cuando Puigdemont quiera, pues solo de él depende que salgan adelante los próximos presupuestos generales del Estado", ha finalizado la diputada regional.

El coronel murciano Pérez de los Cobos dice adiós: "Me marcho con la cabeza alta y la conciencia tranquila"

MADRID.- El próximo 13 de diciembre, el coronel murciano de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos cumplirá 61 años. Una edad a la que, según dicta la normativa interna de la escala de oficiales del Instituto Armado, tendrá que pasar a situación de reserva. Y si bien es cierto que podría haber estirado los plazos hasta los 65 años, siempre que hubiese ascendido a general, las trabas y obstáculos a los que le sometió el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en concreto el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, han impedido que así fuera, recuerda La Razón.

Por todo ello, el yeclano Pérez de los Cobos, pese a sus victorias judiciales, dejará la comandancia de Madrid a finales de año. Y lo hará, "con la cabeza alta y la conciencia tranquila", en clara alusión a Marlaska. Pero, antes de que eso suceda, el coronel quiso dejar constancia de lo que ha supuesto su paso por la Benemérita. Y qué mejor momento que este sábado, en Tres Cantos, durante la celebración del Día del Pilar, patrona de la Guardia Civil. Allí, pronunció un emotivo discurso, que recibió el aplauso unánime de los allí presentes.

Especialmente emotiva fue la última parte de ese discurso, donde pudo atisbarse el pesar del coronel por tener que abandonar la Comandancia de Madrid, más aún cuando la justicia le ha dado la razón en distintas ocasiones. 

"Hoy es para mí un día muy especial por ser la última vez que, como Jefe de la Comandancia de Madrid, tengo el honor y la satisfacción de compartir con ustedes esta celebración", comenzó Pérez de los Cobos su intervención. Un discurso en el que también quiso recordar cómo tomó posesión de su cargo hace seis años y medio, el 12 de abril de 2018. 

Así, recordó que tras jurar su cargo aseguró que su objetivo no sería otro que "servir a España y a nuestros ciudadanos desde el más estricto cumplimiento de la legalidad".

Alejado de la "sumisión y el servilismo"

El coronel de la Guardia Civil, se comprometió ya entonces a "cultivar y exigir los valores que han sido seña de identidad de esta benemérita institución: el honor, la disciplina, el espíritu de sacrificio y la lealtad". 

Y en aquel momento, al igual que durante toda su carrera, señaló Pérez de los Cobos, tuvo muy presente la fórmula del juramento que prestó a la bandera hace ya 42 años en la Academia General Militar: "Obedecer y respetar al Rey, defender la soberanía e independencia de la Patria, su unidad, su integridad territorial y el ordenamiento constitucional".

Y en este punto, emocionado, admitió que por "causas ajenas a mi voluntad", ya que "este intermitente mandato de la Comandancia de Madrid ha sido bastante más convulso de lo que inicialmente podía intuir", tiene que decir adiós. 

Sin embargo, afirmó "sin falsa modestia" que se marcha con "la convicción de haber sido fiel a aquellos compromisos adquiridos: fiel al cumplimiento de la legalidad, a la defensa de nuestra constitución, de la unidad y la integridad territorial de la Patria, leal con mis subordinados, y disciplinado en lo que la verdadera disciplina -tan alejada de la sumisión y el servilismo- puede y debe abarcar".

En definitiva, Pérez de los Cobos quiso dejar un recado a Grande-Marlaska: "Me marcho con la cabeza alta, con la conciencia tranquila y con la más alta recompensa que puede atesorar un militar, la mirada de los hombres y mujeres que ha tenido bajo su mando".

Por eso, sus últimas palabras fueron para los guardias civiles de la Comandancia de Madrid a quienes felicitó por el Día del Pilar y le transmitió un mensaje breve, pero conciso. 

"Sólo cinco palabras que resumen perfectamente el sentimiento de su coronel en su última intervención pública como Jefe de la Comandancia: Señores, muchas gracias, misión cumplida".

María Concepción Roig es la magistrada-ponente de la sentencia que deja en libertad a quienes prostituyeron menores

MURCIA.- La jueza María Concepción Roig Angosto ha sido la magistrada-ponente de la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia que ha dejado en libertad a todos los empresarios que pagaron por tener sexo con menores de 13 ó 14 años en 2014.

Es la misma jueza que hace dos años puso una pena mínima de 24 meses a otro empresario de 67 años que violó a una jornalera en Mula, incluso opinando públicamente que "la sentencia es legal, pero es una pena demasiado baja para la gravedad de los hechos cometidos".

Concepción Roig consideraba entonces que la pena, a pesar de que se ajustaba a la ley, no era proporcional a la gravedad de los hechos.

Concepción Roig ha llegado a presidir la Junta Electoral de la Región. 

La magistrada es miembro de "Juezas y Jueces para la Democracia", donde forma parte de su Secretariado y ejerce de coordinadora en la Región de Murcia.

Podemos exige a López Miras declarar zonas tensionadas las principales ciudades de la Región para bajar los alquileres

 MURCIA.- Las movilizaciones para exigir que bajen los precios de los alquileres han llegado también a la Región de Murcia. Acompañando a los más de dos centenares de jóvenes concentrados en la plaza de la Universidad en Murcia, el diputado de Podemos en la Asamblea Regional, Víctor Egío, se sumó a las principales reivindicaciones de los convocantes.

"Hoy es un día histórico, la juventud vuelve a las calles y empieza la revolución de las llaves", ha declarado el diputado morado, que asegura que "frente a la agenda del odio de la derecha y la ultraderecha, los jóvenes de todo el país han dado un golpe en la mesa para que la política se ocupe de los verdaderos problemas del país, empezando por la vivienda".

Para Egío, "López Miras podría bajar los precios mañana mismo si quisiera, aplicando la ley Belarra de Vivienda". 

En concreto, Egío reclama al gobierno regional que "declare de forma inmediata zonas tensionadas las principales ciudades de la Región de Murcia", una herramienta que la ley 12/2023 por el derecho a la vivienda deja en manos de la Comunidades Autónomas y que impide a los propietarios subir el alquiler más de un 3 por ciento en aquellas zonas donde las familias dedican más del 30 por ciento de la renta media a pagar el alquiler.

"Con la ley en la mano se podrían limitar ya mismo los precios en la mayor parte del municipio de Murcia, Molina de Segura, Cartagena, San Javier y Mazarrón", asegura Egío. "Si eso no se está aplicando es porque tenemos un gobierno regional al servicio de los rentistas y los grandes fondos buitre que especulan con la vivienda", añade.

Por otra parte, Egío también ha acusado de "inacción" al actual gobierno de PSOE y Sumar, señalando a la actual ministra de Vivienda socialista, Isabel Rodríguez, cuya dimisión han pedido expresamente los manifestantes en todo el Estado.

"Podemos y especialmente Ione Belarra se dejaron la piel en la pasada legislatura para sacar adelante la Ley de Vivienda, mientras que el PSOE intentó siempre bloquear cualquier avance y ahora retrasa su aplicación con excusas", sostiene Egío, que ha calificado de vergonzosas las declaraciones de la ministra en las que llamaba a la "solidaridad" de los propietarios. 

"Un gobierno no está para pedir empatía a los fondos buitre, está para gobernar y aplicar las leyes".

Analizando el flagelo del analfabetismo funcional / Lisandro Prieto *

“Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir,

sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender”

Alvin Toffler

Hoy quisiera invitarlos a reflexionar en torno a un fenómeno que, aunque es menos visible que el analfabetismo absoluto, tiene profundas consecuencias para los individuos y la sociedad. El analfabetismo funcional podría definirse por la capacidad de saber leer y escribir, sin poder comprender o interpretar adecuadamente lo que se lee y se escribe. 

Pues bien, en un mundo donde la información y el conocimiento están, supuestamente, al alcance de la mano de cualquiera, esta incapacidad para procesar y reflexionar sobre los textos podría convertir el juicio de los ciudadanos en algo endeble, susceptible de manipulación. 

En ese sentido, José Saramago, reconocido escritor, Premio Nobel de Literatura, abordó este problema en la sociedad moderna, destacando cómo el simple hecho de saber leer no significa tener una comprensión profunda. 

Para Saramago, esta falta de comprensión se convierte en un obstáculo para el desarrollo de la democracia puesto que afecta directamente a una ciudadanía, cada vez más inactiva e inconsciente del panorama político en el que está inmersa. 

En sus propias palabras, aludió a la existencia de “analfabetos que saben leer”, un término que resuena hoy más que nunca en un contexto mundial donde la manipulación informativa y la desinformación intencional están a la orden del día moldeando conciencias cada vez más abúlicas. 

Pues bien amigos, lo que hoy queremos intentar junto a ustedes es explorar el problema precitado, no sólo desde una perspectiva analítica y educativa, sino también como un obstáculo para el desarrollo de una sociedad políticamente consciente y capaz de ejercer una democracia real.

Para que podamos comprender la magnitud del analfabetismo funcional, es esencial que revisemos algunas estadísticas recientes: a nivel global, el problema afecta a millones de personas, y aunque los números varían por país y región, los datos son alarmantes. 

De acuerdo con la UNESCO, cerca de 773 millones de adultos en el mundo, todavía carecen de habilidades básicas de lectura y escritura, y mucho más son considerados analfabetos funcionales, es decir, pueden seguir la lectura en textos simples, pero no comprenden plenamente el sentido de los mismos. 

En Hispanoamérica, los datos también son preocupantes: según el informe de la “Encuesta Nacional de Lectura y Escritura”, elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), un alto porcentaje de los estudiantes de Nivel Secundario no es capaz de comprender textos de nivel de dificultad “medio”. 

De igual manera, el estudio PISA (Programme for International Student Assessment) del año 2018 reveló que más del 50% de los estudiantes de 15 años de edad en los países hispanoamericanos evaluados tienen dificultades significativas para comprender textos complejos, un indicador de analfabetismo funcional a nivel estudiantil que con frecuencia se traslada a la vida adulta. 

Además, algunos datos del Banco Mundial sugieren que este tipo de analfabetismo repercute en múltiples aspectos del desarrollo social y económico, puesto que las personas que no comprenden completamente lo que leen tienden a tener menos acceso a oportunidades de empleo, como también un menos compromiso cívico y social, y una mayor vulnerabilidad a la manipulación mediática. 

Estas cifras y conclusiones subrayan que el analfabetismo funcional no es solamente un problema individual, sino un desafío colectivo que afecta la capacidad de los ciudadanos para participar activa y coherentemente en la sociedad y en la toma de decisiones.

A la luz de lo precedentemente expresado, es preciso que analicemos las consecuencias sociales y políticas del analfabetismo funcional porque tiene un profundo impacto en la vida social y en la política de cualquier comunidad. 

Como bien señalaba José Saramago, cuando las personas no pueden comprender el contenido de lo que están leyendo, se vuelven susceptibles a la manipulación y al engaño.

 Esto es especialmente preocupante en el ámbito político, ya que un pueblo que no comprende cabalmente lo que lee carece de la capacidad de tomar decisiones informadas, de evaluar críticamente a sus líderes y de comprender las complejidades de los asuntos públicos que los afectan.

“Nosotros hemos creado una especie de analfabetismo de vuelta. Hoy tenemos personas que saben leer pero no entienden lo que leen. Ese es un analfabetismo peligroso, porque tienen la ilusión de saber, cuando en realidad no saben nada.” Saramago, J. (2007). 

Entrevista con Jesús Quintero en "El Loco de la Colina". RTVE.

En este sentido, el filósofo y pedagogo brasilero Paulo Freire en su obra “Pedagogía del oprimido”, analizó cómo la falta de educación crítica y reflexiva perpetúa sistemas de opresión vigentes, es decir, que si una persona que no ha desarrollado la capacidad de interpretar y cuestionar los textos que lee está en desventaja para comprender la realidad política y social en la que vive. 

La educación, según él, debe ser un acto de libertad, y sólo mediante una alfabetización crítica es posible que los ciudadanos se empoderen para transformar su entorno y ejercer sus derechos cívicos. 

En otras palabras, queridos lectores, lo ideal sería que los cambios, las transformaciones e incluso las revoluciones las lleven a cabo personas que no sean idiotas.

“La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. En ese sentido, el analfabetismo funcional se convierte en una herramienta de opresión; las personas que no pueden interpretar lo que leen son fácilmente manipulables.”

Freire, P. (1970). “Pedagogía del oprimido”. Siglo XXI Editores.

 

Por su parte, Hannah Arendt reflexionó sobre la importancia de una ciudadanía informada y educada en el marco de su análisis del totalitarismo. Para ella, la ignorancia y la incapacidad de comprensión hacen que los individuos sean más vulnerables a los regímenes totalitarios y opresivos. 

Un pueblo que no entiende los fundamentos de sus propios derechos y obligaciones es menos probable que los defienda activamente o que reclame ante alguna irregularidad. 

Así, el analfabetismo funcional representa un obstáculo para la democracia, ya que limita la capacidad de las personas para poder tomar decisiones correctas, participar activamente en el debate público sin agredir y cuestionar a las autoridades cuando éstas no estén cumpliendo con sus obligaciones correspondientes.

La verdadera impotencia radica en la ignorancia, en la imposibilidad de pensar críticamente. En sociedades sin educación cívica, las personas no ven ni entienden los signos de su opresión.”

Arendt, H. (1951). “Los orígenes del totalitarismo”

También, la filósofa Martha Nussbaum ha destacado la importancia que tiene la educación para el desarrollo de una ciudadanía empática y responsable. 

En su libro “Sin fines de lucro: por qué la democracia necesita de las humanidades”, Nussbaum sostiene que una educación orientada exclusivamente a la adquisición de habilidades técnicas, sin promover el pensamiento crítico y la comprensión de textos complejos, genera individuos que pueden ser altamente especializados, pero carentes de una verdadera conciencia cívica. 

Asimismo, argumenta que se debe permitir a las personas desarrollar la empatía y el razonamiento crítico, herramientas fundamentales para la vida en democracia y para evitar el aislamiento intelectual y emocional.

“Una democracia que no fomenta en sus ciudadanos la capacidad de pensar críticamente y de comprender lo que leen, está destinada a fracasar. La educación en humanidades es, por tanto, una condición necesaria para una ciudadanía informada.”

Nussbaum, M. C. (2010). “Sin fines de lucro: Por qué la democracia necesita de las humanidades”

Hasta aquí, creo que ha quedado claro cuál es el problema. Ahora bien, es necesario que nos preguntemos ¿cómo fue que llegamos hasta aquí? Hasta donde yo sé, los analfabetos funcionales no nacieron con esa “incapacidad”, sino que fue fruto de una decadencia política, cultural, educativa y moral que progresivamente fue licuando, poco a poco, nuestra capacidad de pensar.

 El crecimiento del analfabetismo funcional en las últimas décadas puede atribuirse a diversos factores y, aunque existen múltiples hipótesis, algunas de las causas más destacadas incluyen, en primer lugar, las desigualdades en el acceso a una educación de calidad, puesto que en muchos países, especialmente en comunidades de bajos recursos, el sistema educativo enfrenta problemas como la falta de financiamiento, infraestructura deficiente y escasez de docentes capacitados: todo esto, da lugar a una enseñanza que se centra en aprender mecánicamente a leer y escribir, sin fomentar ningún desarrollo de habilidades críticas y de comprensión profunda.

En segundo lugar, los enfoques educativos decadentes y totalmente desactualizados que revelan métodos de enseñanza centrados en la memorización de datos, dejando de lado la interpretación de los mismos. 

A esto se refería Freire cuando hablaba de la “educación bancaria”, en la cual los estudiantes son tratados como recipientes vacíos y pasivos: este modelo no permite que los chicos interactúen con el contenido, lo que lleva a una comprensión banal y superficial, dificultando su capacidad para analizar textos complejos o desarrollar opiniones informadas y bien argumentadas.

En tercer lugar, tenemos que volver a destacar la influencia de los medios de comunicación y la cultura digital, en los que el consumo masivo de información fragmentada de dudosa procedencia proyectada con rapidez ha modificado radicalmente la manera en que las personas interactuamos con el conocimiento mismo. 

Los seres humanos ahora tienden a leer titulares y a consumir información ya masticada y simplificada, lo cual contribuye a la superficialidad en la comprensión y a la reducción de la capacidad de análisis: este cambio de hábitos lectivos y cognitivos afecta la profundidad de la lectura y contribuye al crecimiento del analfabetismo funcional porque busca la inmediatez de la imagen antes que la comprensión cabal de cualquier problema digno de solución.

En cuarto lugar, tenemos que mencionar al nefasto desinterés y la falta de estímulos en pos de aprender desde la infancia. Cuando los niños no tienen acceso a libros o a espacios de discusión que fomenten la interpretación y el análisis, es más probable que crezcan con escasas habilidades de comprensión: es tan triste saber que la gran mayoría de los hogares cuentan con más dispositivos móviles que libros. 

En línea con ello, los sistemas educativos en los que se descuida la literatura y las humanidades, tal como señaló Nussbaum, limitan el desarrollo integral y crítico de los estudiantes, convirtiendo a la educación en un simple medio de transmisión de habilidades básicas, pero no de construcción de ciudadanos pensantes.

En quinto y último lugar, también tenemos que considerar el impacto de la globalización y la cultura del consumismo, que ha promovido una mentalidad utilitaria de la educación, priorizando las habilidades técnicas por sobre las humanísticas: este enfoque nos ha llevado a la minimización de materias como filosofía y literatura en espacios curriculares, promoviendo una formación orientada a la productividad técnica en lugar de la comprensión. 

Esta tendencia, además de limitar severamente la capacidad crítica, ha reforzado el analfabetismo funcional al reducir la enseñanza a lo estrictamente pragmático, excluyendo temas que podrían inspirar una comprensión más profunda y compleja de la sociedad.

Las causas precedentemente enunciadas, no sólo contribuyen al analfabetismo funcional, sino que también dejan en evidencia una crisis de valores y objetivos que los sistemas educativos actuales han decidido abandonar sin tapujos. 

En lugar de formar ciudadanos comprometidos y pensantes, muchos de estos sistemas producen individuos con habilidades precarias de lectura, pero sin la capacidad de cuestionar ni de participar enérgicamente en la sociedad en la que viven. 

Este contexto patético nos lleva a cuestionar qué tipo de educación es la que queremos para las futuras generaciones, y a intentar pensar sobre las reformas necesarias para revertir esta preocupante tendencia que no ha hecho otra cosa que generar zombies con titulaciones.

Dicho esto, queda claro que combatir el analfabetismo funcional es, en última instancia, una tarea de empoderamiento y emancipación, ya que al proporcionar herramientas que permitan a los individuos interpretar el mundo que los rodea, no solo mejoramos sus oportunidades personales, sino que fortalecemos el tejido social y fomentamos una cultura democrática más sólida y consciente. 

Lejos de hacernos los indignados para la foto, es hora de reconocer el papel fundamental de una educación que enseñe a pensar de verdad, no a repetir como loritos contenidos que en breve se olvidan, puesto que eso exige el desarrollo de una ciudadanía libre, empática y capaz de hacerse cargo de la realidad que construye a diario y que merece ser radicalmente transformada para abandonar el actual paradigma de la reproducción sistemática de esclavos funcionales.

 

(*) Filósofo, profesor y escritor