CARTAGENA.- El Pleno de la Asamblea Regional pedirá al Gobierno central "que cree y active una unidad de intervención de emergencias de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que dé respuesta a las dificultades que puedan plantearse de forma coordinada con los distintos servicios de emergencias".
Así se ha decidido, con los votos a favor de Vox y PP,
tras rechazar la moción del Grupo Parlamentario Mixto de crear una
Unidad de Emergencias de la Región de Murcia.
Durante la
defensa de su moción, el diputado de Podemos, Víctor Egío, ha criticado
que "desde 2019 se ha hecho muy poco en materia de prevención de
inundaciones" ya que en 2022 el Gobierno regional se comprometió a un
aumento de la plantilla del Consorcio de Extinción de Incendios y
Salvamento (CEIS) con 120 efectivos y se han incorporado 30, no tienen
convenio marco y continúan sin director gerente.
Por su parte,
el diputado del PP, Fernando Cerón, cree "necesario" que a partir de
cierto nivel de emergencia se constituya un comité de crisis y de
expertos de cada administración u organismo afectado en contacto
permanente por videoconferencia. Así como que antes del nivel 3 de
alerta la UME esté preparada para actuar.
Para los socialistas
el sistema existente es efectivo y culpa de la "mala gestión" a López
Miras como responsable de la falta de personal tanto en el sistema
telefónico del 1-1-2 como en el servicio de bomberos CEIS.
El
Pleno de la Asamblea ha rechazado una moción del PSOE para garantizar la
no privatización de suelo público. Durante su exposición, Juan Andrés
Torres, ha pedido al Gobierno regional "incrementar el parque público de
vivienda, garantizar por ley que la vivienda protegida sea siempre
protegida y complementar los recursos y las ayudas que vienen del
Gobierno de España".
Así, ha criticado que en los últimos 30 años el
Gobierno regional "no ha calificado ni una sola vivienda protegida en
este curso, ni ha construido una sola vivienda pública en los últimos
ocho años".
Esta moción, que había contado con el apoyo de
Podemos después de que se aceptara su enmienda de adición porque hace
una semana, según su portavoz María Marín, presentaron una moción
similar, no ha salido adelante y sí lo ha hecho la enmienda a la
totalidad del PP, con la abstención de Vox y el voto en contra de los
demás grupos.
Esta enmienda, presentada por Antonio Landaburu,
pide "reformar la legislación urbanística, implementar un sistema
estatal que controle los plazos de licencia y permisos urbanísticos,
crear una Ventanilla Única Nacional, eliminar el control de precio de
alquiler y reforzar la protección de la propiedad privada", así como
"desarrollar un marco nacional contra la ocupación y fomentar la
colaboración público-privada con los incentivos para construir viviendas
asequibles en suelo público".
Por su parte, Vox, ha votado en
contra de la propuesta del PSOE y se ha abstenido en la enmienda
aprobada ya que considera que la moción original es una "farsa" y que se
trata de "una expropiación de los derechos de propiedad privada para
que sean los españoles los que remedien la emergencia habitacional que
se han inventado con sus casas y sus pisos".
La Asamblea
pedirá al Gobierno central "una estrategia que permita invertir los
Fondos Next Generation de manera más rápida y eficiente y que agilice su
distribución a través de una revisión y simplificación de los procesos
administrativos", así como sus requisitos de acceso.
Esta moción del PP
ha salido adelante con un enmienda parcial de Vox que pide al Consejo de
Gobierno que continúe trabajando la nueva Ley de Simplificación
Administrativa que unifique, agilice y simplifique la carga burocrática
en las relaciones con los administrados.
Por su parte, la
diputada socialista Virginia Lopo ha afirmado que esta moción se debe a
la "estrategia de desinformación" de López Miras que, ha afirmado,
"esconde y retiene los fondos y retrasa los pagos". Desde Podemos había
presentado una enmienda para que las oficinas especializadas en fondos
europeos se extiendan a Molina de Segura y Lorca.
Además, la
Asamblea ha aprobado una moción de la diputada de Vox María José Ruiz,
que ha incluido una enmienda de adición del Grupo Mixto, para la
creación de un censo de personas con alzheimer en la Región y el aumento
de la dotación dedicada a respiro familiar para personas con demencia.
Ha indicado que el objetivo de la iniciativa es conocer "la dimensión
real" de esta enfermedad, que padecen unas 35.000 personas en la
comunidad, para diseñar propuestas que contribuyan al abordaje integral
de las demencias.
La parlamentaria ha destacado la necesidad
de mejorar el sistema del respiro familiar y de que aquellos que lo
necesiten por su diagnóstico puedan usar dispositivos móviles de
geolocalización permanente.
Por parte de Podemos, la diputada
María Marín ha presentado una enmienda parcial para incorporar que todas
las áreas de salud cuenten con unidades especializadas en demencia,
como ya existen en los hospitales de La Arrixaca y Virgen del Rosell.
La parlamentaria socialista Lola Jara ha considerado "imprescindible"
incrementar las unidades de demencia y poner en marcha un programa
preventivo que permita intervenir ante los primeros síntomas y un
protocolo de seguimiento multidisciplinar. A su juicio, es
"imprescindible" que las Administraciones Públicas garanticen la
dotación económica y las infraestructuras para ofrecer "una ayuda
adecuada y eficaz" a estas personas.
Desde el PP, Miguel Ángel
Miralles ha pedido la votación separada de la moción parcial de
Podemos, al estar a favor solo del punto 2, que ha salido adelante por
unanimidad.
Miralles ha sostenido que ya existe un centro de referencia
estatal de autonomía personal y ayudas técnicas, el CEAPAT que, ha
precisado, "pagamos todos y se dedica, con profesionales cualificados
desde 1989, a lo que ustedes piden".
Asimismo, ha comentado
que el resto de puntos no cuenta con el apoyo del PP porque "nuestro
grupo no puede votar a favor de iniciativas que no se pueden implementar
por impedirlo la normativa o por no ser competencia de la Comunidad, o
porque los técnicos lo consideran inviable".
Por otro lado, el
parlamento ha dado luz verde a una moción del PP para solicitar al
Gobierno central la habilitación de una comisaría de Policía Nacional en
Totana. La iniciativa ha contado con el apoyo de Vox, la abstención de
Podemos y el voto en contra del PSOE.
La diputada del PP
Isabel María Sánchez ha denunciado el incremento de los delitos
registrados en el municipio. "Ni el Gobierno de España, ni el Ministerio
del Interior, ni la Delegación del Gobierno se están tomando en serio
este problema", ha sostenido.
El PSOE ha presentado una
enmienda de totalidad a la moción. Durante su defensa, el diputado
socialista Alfonso Martínez ha señalado que la propuesta del PP
"obligaría a cambiar la distribución territorial de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado".
"No es posible crear una
comisaría de Policía Nacional en Totana manteniendo la presencia de la
Guardia Civil", ha dicho Martínez Baños.
Por parte de Vox,
Pascual Salvador ha criticado la "inseguridad" que sufren los municipios
de la Región, que ha achacado a "la política de puertas abiertas que se
está haciendo colaborando con las mafias de trata de personas para
atraer inmigración ilegal".
Vox ha presentado una enmienda
parcial que el PP ha incorporado para dotar de más recursos materiales y
personal al cuartel de la Benemérita de Totana, "y no tanto tener una
comisaría de Policía Nacional que significaría anular a la Guardia
Civil".
Egío, de Podemos, ha criticado al PP por impulsar
"teorías alarmistas" y ha insistido en que su moción es "un brindis al
sol" porque "las tasas de delincuencia en España y en la Región están a
años luz de las que teníamos, por ejemplo, en los años 90, cuando no
había prácticamente inmigrantes".
