CARTAGENA.- El portavoz del grupo parlamentario de Podemos, Oscar Urralburu, la 
diputada en la Asamblea Regional, María Jiménez acompañados del Decano 
del colegio de Abogados de Cartagena,  José Muelas, han presentado la 
moción que se debatirá mañana en la Asamblea para la derogación de tasas
 judiciales a Pymes, ONGs y entidades sin ánimo de lucro.
Urralburu ha explicado que el acceso a la justicia es un derecho 
básico en cualquier sistema democrático, que se vio mermado con la 
reforma del Ministro Gallardón y que aunque ha tenido modificaciones, 
como la de que las personas físicas se encuentren exentas de ellas, las 
organizaciones no gubernamentales y las pymes también deben de estarlo y
 ha puesto como ejemplo el hecho de que si estas tasas hubiesen estado 
vigentes en algunos procesos judiciales, estos no hubiesen salido 
adelante.
"¿Qué hubiese pasado si en procesos como cuando se recurrió el 
proyecto de Marina de Cope o del Algarrobico, Ecologistas en 
Acción hubiese tenido que abonar las tasas? Esos recursos no podrían 
haber prosperado por el alto encarecimiento del proceso judicial"
Por su parte la diputada regional María Giménez, que será la ponente 
de la moción, ha explicado que "derechos fundamentales como el derecho a
 la Justicia y el acceso a ella, está en el ADN de Podemos, y la 
vigencia de las tasas lo único que ha producido hasta el momento son 
trabas, y el acceso a la justicia no puede negársele a nadie con estos 
métodos disuasorios".
Giménez ha expresado su deseo de que "mañana impere el sentido común y
 todos los grupos parlamentarios voten a favor de esta moción para 
instar al Gobierno central a que introduzca la exención de las tasas 
judiciales a pymes y Ongs y que destine a la Comunidad de Murcia lo 
recaudado en las tasas judiciales desde el periodo 2013-2014, para 
destinar esta cuantía a la  asistencia jurídica gratuita en la Comunidad
 Autónoma".
En caso de que la moción de Podemos salga adelante y se eleve a 
estatal, tendrán que ser devueltos 450 millones de euros a los 
diferentes territorios, que ha sido lo recaudado con la política de 
tasas judiciales.
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