MADRID.- La Audiencia
Nacional ha decretado hoy la apertura de juicio oral a los ocho
exdirectivos de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)
acusados de varios delitos societarios, entre ellos estafa y falsedad
documental, a quienes ha impuesto una fianza conjunta de 1.592,4
millones de euros.
En su auto, la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3,
Carmen Lamela, señala también a la Fundación CAM y a Banco Sabadell -que
adquirió la entidad en diciembre de 2011 por el simbólico precio de un
euro- como responsables civiles subsidiarios, y a la aseguradora Caser
como responsable civil directo.
Los ocho acusados, entre los que se encuentran el expresidente de la
entidad Modesto Crespo y los ex directores generales Roberto López Abad y
María Dolores Amorós, disponen ahora de 24 horas para depositar "de
forma civil y solidaria" los cerca de 1.600 millones de fianza
solicitada por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) en su escrito de
acusación.
El ministerio público pide siete
años y medio de cárcel y multa de 180.000 euros para López Abad, Amorós,
Sogorb y Martínez García como autores de falsedad contable y estafa.
Más flexible se muestra con los presuntos cómplices, Sabater Navarro y
Ochoa Pérez, para quienes solicita un año y dos meses de prisión y
multa de 9.000 euros; mientras que pide para Soriano Terol diez meses de
cárcel y 12.000 euros por delito de estafa.
De cara a las vistas orales, el fiscal propone la comparecencia de
más de una decena de testigos, entre ellos varios peritos aportados por
el Banco de España.
Por su parte, el FGD atribuye también al expresidente Crespo, a la
exdirectora Amorós y a Teófilo Sogorb un delito de estafa a inversores y
manipulaciones informativas, por lo que solicita nueve años de cárcel y
multa de 144.000 euros.
Una cantidad idéntica para López Abad y Martínez por falsedad
societaria, para quienes pide tres años de prisión frente a los dos años
de cárcel y multa de 81.000 euros que el fondo solicita para Sabater
Navarro por falsedad societaria.
Además, requiere a los peritos que realizaron los informes sobre los
estados financieros de la caja antes y después de su intervención por el
Banco de España en julio del 2011.
La apertura de juicio llega semanas después de que Lamela archivase
la causa por la comercialización de las cuotas participativas de la CAM,
vendidas a 55.000 minoristas desde 2008 y que aportaron 292 millones a
la entidad; en diciembre de 2011 dejaron de tener valor y se suspendió
su cotización en bolsa.
Sin embargo, pese a este archivo, las cuotas comercializadas entre
las 13:03 horas del 1 de marzo de 2011 y el 22 de julio de ese año,
fecha en que se hizo público el inicio del proceso de reestructuración
de la CAM, siguen bajo investigación en la pieza principal.
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