sábado, 23 de septiembre de 2017

Educación amplía los derechos de las docentes interinas embarazadas y en periodo de lactancia


MURCIA.- La Consejería de Educación, Juventud y Deportes amplía los derechos de las docentes interinas embarazas y en periodo de lactancia al reconocer el derecho a la remuneración y cómputo como días trabajados de los 28 días del periodo de lactancia posteriores a la baja por maternidad y previos a su contratación para la incorporación al centro educativo.

La consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá, explicó que "desde el Gobierno regional continuamos trabajando sobre los principios de diálogo y consenso para mejorar la calidad educativa y las condiciones laborales de los docentes".
"Así, apostamos por acuerdos de carácter social, como el reconocimiento de los días de baja maternal de las interinas docentes para el cómputo de días trabajados con los que se pagan las vacaciones correspondientes a julio y agosto o ahora el derecho de acumulación y remuneración del periodo de lactancia antes de su incorporación", subrayó.
De esta forma, a partir de ahora el periodo de tiempo en el que las docentes interinas embarazadas se les reserva del puesto de trabajo adjudicado, además de ser considerado a los efectos de antigüedad en las listas de interinos, se les computa como días trabajados para el abono de los meses de verano. Esta medida surge del trabajo conjunto con sindicatos de educación y pone a la Región de Murcia a la cabeza a nivel nacional en la ampliación de derechos de las interinas docentes.
Además, esta nueva medida beneficiará a cerca de un centenar docentes interinas que disfrutarán del periodo de lactancia a efectos de remuneración y cómputo como días trabajados.
Las docentes interinas podían elegir entre disfrutar de la lactancia acumulada sin retribución, durante cuatro semanas, o de la reducción de una hora diaria, durante los doce primeros meses del bebé, de conformidad con el Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Durante el tiempo de maternidad, la funcionaria podía solicitar la prestación económica por parte de la Seguridad Social, pero no durante la lactancia acumulada. A partir de ahora, la Consejería de Educación, Juventud y Deportes asumirá esta remuneración con la que se amplían los derechos de las interinas docentes.
Esta decisión, según precisó la consejera, "se traduce en mayor estabilidad para la funcionaria interina, ya que, además de la reserva de su derecho al puesto de trabajo adjudicado, esos días, mientras permanece con la licencia de lactancia, se le reconocerán los servicios a efectos del cómputo de 255 días necesarios para generar el derecho de retribución de los meses de verano".
La Consejería de Educación, Juventud y Deportes reconoció los días de baja por maternidad de las docentes interinas del curso 2016/2017 para que puedan percibir íntegras las retribuciones de julio y agosto. Esta medida ya ha beneficiado este verano a 30 interinas docentes.
Este compromiso de la Consejería de Educación se suma a los beneficios que ya se han aplicado para las interinas docentes, como es el permiso por riesgo en el embarazo o lactancia natural vinculado al puesto de trabajo y la flexibilidad horaria, para la lactancia de un hijo menor de doce meses, aunque no se esté desempeñando una jornada a tiempo completo, que podrá dividir en dos fracciones.
Igualmente, la Consejería recoge para las funcionarias en estado de gestación, un permiso retribuido, a partir del día primero de la semana 37 de embarazo, hasta la fecha de parto, a partir del cual la docente tendrá un nuevo permiso de 16 semanas ininterrumpidas de duración; derechos que se amplían con dos horas de ausencia del trabajo, retribuidas, por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados.
Las licencias y permisos para las funcionarias y funcionarios se complementan con otros como el disfrute de una reducción de jornada por cuidado de un hijo menor de 12 años o la posibilidad para el cumplimiento de deberes relacionados con la conciliación de la vida laboral y familiar y reducción horaria, retribuida, de hasta un 50 por ciento por cuidado de familiares de primer grado, hasta un máximo de un mes.

IU-Verdes denuncia la lentitud en la recuperación del embalse de la pedanía lorquina de Doña Inés


LORCA.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha denunciado la lentitud en la ejecución de las obras de reparación del estanque de la pedanía de Doña Inés, que deberían concluir antes de que empiece la temporada de lluvias.

Según ha explicado la edil, los trabajos comenzaron hace casi tres meses y, en todo este tiempo, apenas se han colocado 10 metros lineales de piedra decorativa. La dilación se debe a que el Ayuntamiento ha enviado una cuadrilla compuesta sólo por dos albañiles y un peón, que apenas dedican tres horas diarias al acondicionamiento del estanque. 
"Cuesta muy poco trabajo acercarse a Doña Inés y comprobar qué es lo que está fallando", dijo Martín, tras reunirse con un grupo de vecinos con el que inspeccionó la marcha de los trabajos.
Para la concejala de IU-Verdes esto es síntoma de que el equipo de Gobierno del PP no se está tomando en serio la recuperación de este espacio por lo que exigió un "refuerzo" en el número de operarios, de manera que se agilicen los trabajos y se les dote de más eficacia. En ese sentido, explicó que en julio se procedió al completo vaciado de la laguna artificial pero no se solucionaron los problemas de filtraciones por lo ahora tendrá que repetirse el proceso puesto que ha vuelto a llenarse de agua tras las lluvias de primeros de septiembre.
Gloria Martín también pidió que la actuación sea "integral" mediante labores de desbroce y limpieza en la Cañada y el Rollo a fin de facilitar que aflore el manantial que nutre al estanque. 
Al respecto, y tal y como demandan los vecinos, la edil de IU-Verdes volvió a solicitar la creación de un pequeño paseo en la zona mediante la plantación de arbolado y el acondicionamiento del camino, de apenas 100 metros. Además, insistió en la necesidad de recuperar el lavadero centenario ubicado junto al manantial y que se encuentra enterrado en la actualidad.
"Se trata de una actuación poco costosa y que redundaría en el bienestar de los vecinos y en el atractivo de la pedanía, aquejada por un grave problema de despoblación", aseguró la edil. Martín lamentó la "nula" visión estratégica del PP respecto a las zonas rurales del municipio. Lorca cuenta con diputaciones hermosas y pintorescas cuya puesta en valor de sus bienes naturales y patrimoniales podría atraer un turismo sostenible que reactivase la economía local y devolviese la vida a unos pueblos que amenazan con morir a la vuelta de una década", advirtió.

Se convoca a los afectados de la Línea de Alta Tensión por Totana para analizar modificaciones y consecuencias del nuevo trazado


TOTANA.- La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Totana convoca a los afectados de la Línea de Alta Tensión a una reunión el próximo lunes, día 2 de octubre, a partir de las 20:30 horas, en el Centro Sociocultural "La Cárcel" para analizar las modificaciones y consecuencias del nuevo trazado alternativo planteado.

Recientemente se ha publicado un nuevo expediente con modificaciones puntuales del trazado que viene a dar la razón a los ayuntamientos y a los afectados en que el trazado discurría y discurre cerca de muchas viviendas.
Al producirse modificaciones, se da la circunstancia de que existen nuevos afectados a los que la Concejalía va intentar convocar de manera individual.
La Plataforma de Afectados por la Línea de Alta Tensión, de la mano del Ayuntamiento de Totana, lleva casi dos años pidiendo un cambio del trazado de la línea que no afecte a viviendas y cultivos ni al medio natural; y que se realicen los preceptivos estudios de impacto ambiental que conllevaría dicha modificación.

El diputado Ruano entra en la comba de la propaganda electoral del PP sobre el AVE y se alinea con PAS/FER


MURCIA.- El diputado Ruano, pese a su preparación universitaria, también ha entrado ya en la comba de la propaganda electoral del PP sobre el AVE que emana del núcleo duro valcarcelista tan cuestionado ya abiertamente por la corrupción y que ha dado su último cante en torno al escándalo del Faro de Cabo de Palos con la aparición de ilustres correligionarios suyos de partido, como Ayala, Teodoro y Bernabé, a los que frecuenta y parece alinearse a la perfección desde hace ya algún tiempo.

El inexperto y ya menos imberbe diputado nacional del PP ha valorado hoy la pérdida económica que supondría un nuevo retraso de la llegada del AVE a la Región por lo que ha afirmado que "se perderían anualmente 2.000 empleos y 100 millones de euros", sin base documental aportada alguna para demostrar lo que dice.
No cabe duda, ha resaltado Ruano, que la llegada del AVE a la Región de Murcia "trae consigo la consolidadación de nuestro crecimiento económico y la creación de empleo", por lo que ha recordado el "importante impacto" de la puesta en funcionamiento del ferrocarril de Alta Velocidad que actuará, ha dicho, "como un auténtico revulsivo tanto desde el punto de vista económico como turístico".
Ruano considera que se trata de "una oportunidad única que debemos aprovechar pues supone superar de una vez el déficit ferroviario que se ha generado en nuestra Región en los últimos 100 años".
"La llegada de la Alta Velocidad a la capital murciana en los próximos meses significa dar un impulso a la desestacionalización y una palanca de crecimiento en sectores tan vitales para Murcia como son el turismo, el comercio o la restauración", ha remarcado Ruano para recordar que las inversiones en infraestructuras ferroviarias siempre se traducen en nuevas oportunidades para todos". 
En este punto ha insistido que se pasarían de los 500.000 turistas actuales que visitan nuestra Región a 1.400.000", también sin aportar documentación rigurosa y prospectiva que respalde su pronóstico.
En cifras, el diputado nacional del PP en la Cámara Baja ha precisado que desde los inicios de la puesta en marcha de la Alta Velocidad en España hasta abril de 2017 esta red de ferrocarril ha movido 357,5 millones de viajeros. Y ha destacado la cifra de 35 millones de viajeros que utilizaron el AVE en 2016.
"Murcia está a punto de vivir un momento trascendental que no debemos desaprovechar", ha remarcado Ruano quien ha garantizado que "el AVE no solo es rentable en términos económicos, sino también sociales dado que supondrá un importantísimo ahorro de tiempo y una mejora en la calidad del viaje de miles de murcianos", olvidando el rodeo por Cuenca y decir a que precio se nos va a poner el billete a los murcianos con tanto kilómetro de más.
Según sus estimaciones y en términos de generación de negocio, el diputado popular ha insistido en que la llegada del ferrocarril de Alta Velocidad a la Región "supondrá que la actividad económica se vea incrementeada en unos 100 millones de euros al año, lo que significará en los próximos cuatro años unos 400 millones en generación de actividad económica para la Región". Igualmente ha hecho referencia al aumento del empleo que lleva aparejado la llegada del AVE y que ha estimado en unos 2.000 por año para quedarse tan pancho.
El diputado del PP en el Congreso ha hecho referencia al número de pasajeros que harán uso del corredor Madrid-Murcia-Cartagena y que, según estimaciones, superará el millón en sus primeros años de funcionamiento, "lo que supone doblar la cifra actual, tal y como ha sucedido en las principales conexiones de nuestro entorno", olvidando mencionar el gran éxito de San Javier y Corvera en ese mismo plano.
En referencia a la opción de los trenes híbridos el diputado nacional del PP ha descartado que sea una buena solución porque, "disponen de peores equipamientos y prestaciones, circulan a una velocidad inferior que los AVE, porque lo hacen a 200 km/h frente a los 300km/h de la Alta Velocidad y continuaríamos con el aislamiento de la red ferroviaria electrificada nacional", hablando como si fuera un gran experto en transporte moderno.
"No hay duda que el AVE es una infraestructura clave, estratégica y esencial para el desarrollo de nuestra Región y retrasarla supondría un retroceso para el crecimiento económico regional", ha matizado Ruano, quien ha finalizado afirmando que entre los beneficios que aportará la llegada de la Alta Velocidad está el posicionar a la Región como "moderna, sostenible y transformadora", quedándose tan satisfecho con lo evacuado este nuevo fichaje de Valcárcel, PAS y FER.

Once noches de protestas

Más de mil manifestantes del sur de la ciudad de Murcia comenzaron esta noche a circular pacíficamente por undécimo día consecutivo, esta vez por la Ronda Sur (donde cortaron el tráfico durante una media hora) dirección al polígono Infante y, por primera vez desde que comenzaron las movilizaciones, convocados por la Plataforma Pro-Soterramiento, hicieron un alto en la rotonda cercana a la tienda de Media Markt para rodearla y empezar a realizar varias olas agarrados de la mano en un ambiente festivo y reivindicativo.

Posteriormente se dirigieron por la calle Pintor Almela Costa, dirección Torre de Romo, para finalizar la protesta, de nuevo, en el paso nivel de Santiago el Mayor, en torno a las diez de la noche y de donde habían partido pasadas las ocho de la noche para exigir el soterramiento de las vías del AVE a su llegada a Murcia, la desinstalación del muro de Adif y abierto el citado paso a nivel y todo enmedio de una recurrente presencia policial, habitual para evitar que quede interrumpida la circulación de trenes.

El PSOE pide soluciones para el «pésimo estado» del servicio de 'MuyBici'


MURCIA.- El concejal del Grupo Municipal Socialista, Enrique Ayuso, exigió este sábado al gobierno de Ballesta «que ponga soluciones sobre la mesa para asegurar que la empresa responsable del servicio público de alquiler de bicicletas en el municipio cumple con el mantenimiento y reposición que permita un servicio en condiciones y seguro».

Según explicó el edil, «el municipio está lleno de 'bancadas fantasma'. Los usuarios habituales de bicicletas públicas se encuentran bancadas vacías una detrás de otra con asiduidad. Cuando dan con una bancada en la que hay tres o cuatro bicis de las veinte o treinta que podría haber, con demasiada frecuencia alguna de éstas está inutilizable o en un estado de mantenimiento que resulta peligroso para el usuario».
Ayuso, quien recorrió las bancadas a diario durante los últimos días, lamentó «la grave falta de mantenimiento y reposición que sufren las bicicletas públicas» y denunció «la poca seguridad con la que circulan los usuarios que se atreven a coger algunas de las bicis que presentan problemas en manillares, sillines o frenos».
«Si a las bancadas fantasma le sumamos que muchas de las pocas bicicletas disponibles presentan problemas de frenado, sillines rotos, manillares desviados o cadenas que se salen con facilidad, nos encontramos un sistema de alquiler de bicicletas más que deficiente, nada propio de una ciudad que aspira a ser atractiva para los ciclistas», añadió el edil.
«Ballesta y su equipo tienen la obligación de ofrecer soluciones urgentes a este problema. El servicio municipal de alquiler de bicicletas debería ser cómodo y eficiente, y permitir a los usuarios coger y devolver las bicis sin problemas; además de poder encontrar un vehículo sin necesidad de recorrer varias bancadas y circular con seguridad», señaló.
Por ello, exigió a Ballesta respuesta a este problema. «Existe una empresa responsable que debe velar por el mantenimiento de las bicicletas y por su reposición. El gobierno del PP tiene la obligación de asegurar que se cumple con esa responsabilidad mirando siempre por el bienestar de los murcianos y murcianas».
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Antonio Navarro, respondió este domingo por la mañana al Grupo Municipal Socialista defendiendo la labor que desde el servicio MuyBici se viene realizando en los últimos meses para garantizar el servicio de alquiler de bicicletas a los usuarios. «Desde el Consistorio estamos exigiendo de manera permanente a la empresa su eficaz funcionamiento», destacó el edil.
Además, quiso recordar que hace solo unas semanas se incorporaron 150 bicicletas nuevas para sustituir a las deterioradas por actos vandálicos, procediendo a la realización de labores de mantenimiento y reparación de cara al inicio de curso. Así, el concejal 'popular' confirmó que ya son 600 las unidades que se encuentran en la calle «para dar un mejor servicio a los ciudadanos».
Asimismo, Navarro afirmó que «se incorporaron nuevos sistemas anti-vandálicos en las bicicletas y en las estaciones, y se instalaron mejoras en la web y en el software de gestión». El concejal informó, además, de la reapertura de una estación de bicicletas en San Juan de la Cruz, frente a la comisaría de la Policía Local, y la adición de una bancada de bicicletas en el Jardín de las tres copas, en la Flota. Por último, Antonio Navarro avisó que se colocarán cámaras de seguridad en las estaciones, previa autorización, «como mecanismo para evitar actos vandálicos».

La pródiga alcaldesa de Archena (PP) organiza un izado de bandera «por la unidad de España»

ARCHENA.- La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Archena aprobó este viernes la realización de un acto de «apoyo contundente a la unidad indiscutible de España», en palabras de la pródiga alcaldesa de Archena, Patricia Fernández (PP). La primera edil también aseguró que organiza este acto para mostrar su apoyo «al Gobierno, al Estado de Derecho y a la legalidad vigente».

El acto se llevará a cabo el sábado 30 de septiembre, a las 12 horas, y consistirá en un izado de la bandera española en la plaza de España del municipio, donde se ubica la casa consistorial. Antes, bandas de cornetas y tambores desfilarán por distintas calles de la localidad hasta llegar al ayuntamiento. En la misma plaza les esperará la Banda Municipal de Música, que será la que acompañará con el himno de España el izado final de la bandera en el mástil.
La alcaldía también prevé entregar más de 1.000 banderas españolas entre la población del municipio para que ese día puedan colgarlas en sus respectivos balcones.
La alcaldesa afirmó, además, que con este acto pretenden manifestar «un apoyo contundente a la unidad de España, así como el respaldo al Gobierno de la Nación en sus actuaciones para defender el Estado de Derecho».
Al acto está previsto que asistan responsables de los cuerpos y fuerzas de seguridad, el equipo del Gobierno Municipal y otros responsables locales.

La exalcaldesa socialista de Lorquí será juzgada el lunes por rebajar multas urbanísticas

LORQUÍ.- La exalcaldesa de Lorquí, la socialista Resurrección García, será juzgada este lunes por un supuesto delito de prevaricación continuada, en el que habría incurrido por haber rebajado de forma presuntamente arbitraria una serie de sanciones por infracciones urbanísticas. El Ministerio Público solicita que se le impongan diez años de inhabilitación para ocupar cargo público y una multa de algo más de 57.000 euros. 

Resurrección García ya tuvo que comparecer ante la Audiencia Provincial el pasado marzo, cuando fue citada para conocer si existía la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. 
Entonces rechazó cualquier negociación. «Creo que tengo razones suficientes para demostrar mi inocencia y en septiembre lo haremos», manifestó la antigua regidora.
El fiscal sostiene que García, alcaldesa de Lorquí entre los años 1995 y 2007, tenía entre sus competencias la resolución de los expedientes por infracciones urbanísticas, cuyas sanciones se pueden reducir en un 50% cuando el infractor admite su responsabilidad, tal como prevé la ley de suelo. 
Sin embargo, no se limitó a aplicar esa rebaja, pues «sin respaldo legal alguno» habría dictado resoluciones en las que «imponía multas de manera arbitraria». En concreto, habría bajado las multas en más de un 50%, con lo cual habría «ocasionado un perjuicio a las arcas municipales por 57.037 euros».

Más de 4.000 murcianos han registrado su testamento vital desde 2006


MURCIA.- Más de 4.000 murcianos han registrado su testamento vital en el Registro Murciano de Instrucciones Previas desde su puesta en marcha en enero de 2006.

El documento de instrucciones previas fomenta la autonomía del paciente para que cualquier persona mayor de edad, capaz y libre, pueda manifestar de forma anticipada sus deseos sobre los cuidados que desea recibir cuando se produzcan unas circunstancias clínicas que le impidan comunicar personalmente su voluntad.
La directora general de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano, María Teresa Martínez, subrayó la importancia de redactar un documento de instrucciones previas o testamento vital, regulado en la Región por el Decreto 80/2005, «para que se cumplan los deseos de los pacientes en asuntos relativos a su salud, como la donación de órganos, cuidados y tratamiento y el destino de su cuerpo».
En este sentido, Martínez reiteró que para ser donante de órganos no es suficiente con tener el carnet de donante, sino que es fundamental indicarlo en el texto de instrucciones previas.
Martínez precisó que son 4.073 los documentos de instrucciones previas registrados hasta el 1 de septiembre. De ellos, 419 se realizaron en los últimos doce meses, lo que supone un notable incremento respecto a otros años.
El testamento vital recoge los deseos de las personas sobre la donación de órganos, destino del cuerpo al fallecimiento y asistencia religiosa. Lo puede realizar cualquier persona mayor de edad, en sus plenas capacidades, ante tres testigos, también mayores de edad, y el funcionario del Registro de Instrucciones Previas o ante notario.
El documento se puede descargar en el portal sanitario www.murciasalud.es, y debe ser rellenado y formalizado en el registro específico o en el centro de referencia sanitaria del ciudadano. Este es archivado en una base de datos telemática a disposición de los profesionales del Servicio Murciano de Salud.
La directora explicó que este escrito posibilita nombrar a un representante que, en caso de no haber formalizado el documento, será el encargado de poner en conocimiento de los profesionales sanitarios la existencia de dicho documento.
Al respecto, recomendó que «siempre es aconsejable comunicar y hacer partícipes de este tipo de decisiones tan delicadas a los familiares o seres más allegados».
De los 4.073 documentos registrados, el 61% corresponde a mujeres y el 39%, a hombres. En cuanto a la nacionalidad, el 90% de los registrados son españoles, y el 10%, extranjeros.
En cuanto a los motivos de la declaración, el 99% de las instrucciones expresan los cuidados y tratamientos que desean recibir, mientras que la mitad también indican su voluntad respecto al destino de su cuerpo, y un 39% refleja su decisión sobre donación de órganos.
Una vez formalizada la ficha, puede entregarse en el Registro de Instrucciones Previas, dependiente de la Consejería de Salud, que se encuentra en la Calle Pinares, 6 de Murcia, para su inscripción, o en el centro sanitario donde sea atendido.

La Región es la segunda comunidad peor financiada de España


MADRID.- La Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía son las comunidades que cuentan con peor financiación autonómica con el actual sistema, al ser la cuantía que reciben por habitante inferior a la media de las de régimen común. También se encuentran en esta situación Madrid y Cataluña.

Así se refleja en el informe 'La evolución de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, 2002-2015', del experto Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que ha publicado esta semana el BBVA.
En este trabajo se determina la posición relativa de las distintas comunidades autónomas en términos de financiación por unidad de necesidad, al contemplar un conjunto de competencias homogéneas, comunes a todas ellas, por habitante ajustado.
Además, ilustra la evolución de la financiación a lo largo de todos los ejercicios, desde 2002 hasta el 2015, año en el que cinco comunidades autónomas cuentan con un cuantía por habitante ajustado inferior a la de la media.
Las que salen peor paradas son la Comunidad Valenciana, con 2.178 euros y Murcia, con 2.236, frente a los 2.354 del conjunto de comunidades de régimen común. En este grupo por debajo de la media también se encuentran Andalucía (2.272 euros), seguida de Madrid (2.308) y Cataluña (2.312).
Esta situación contrasta con la de Cantabria, con 2.906 euros por habitante, y La Rioja (2.844), que son las comunidades mejor financiadas, según este índice, seguidas de Extremadura (2.693), Baleares (2.553) y Castilla y León (2.515).
Unas diferencias "muy grandes" entre las comunidades de régimen común que son "difícilmente justificables", según Ángel de la Fuente, quien indicó que si el objetivo es que cada autonomía pueda prestar servicios similares lo lógico es que la financiación por unidad de necesidad "fuese muy parecida".
A su juicio, las desigualdades en el sistema parten desde el origen, al salir unas comunidades "con una posición mejor que otras" desde el momento en el que se descentralizaron las servicios que inicialmente prestaba el Estado.
También hay "un componente de negociación", ya que a la hora de negociar la valoración de los traspasos de competencias, unas comunidades "negociaron mejor que otras", explicó De la Fuente.
Después, esas diferencias iniciales "se van manteniendo, porque en cada renovación del sistema siempre ha habido una cláusula de 'statu quo' que tiende a congelar la distribución" de los fondos, a lo que se suman otros factores, como la evolución de las rentas de las comunidades.
Al final, el resultado de la financiación autonómica actual es "bastante discutible", aseguró, a la hora de garantizar la prestación igualitaria de los servicios públicos.
Por eso, como uno de los expertos designados por el Gobierno y las comunidades para revisar el actual modelo de financiación autonómica considera que uno de los objetivos es solucionar esta"dispersión demasiado grande" que hay entre lo que reciben unas comunidades y otras en función de sus necesidades poblaciones.
Las grandes diferencias de financiación que se observan entre autonomías "van en contra del principio de igualdad", advirtió De la Fuente, ya que el sistema ha evolucionado "poniendo parches" y ha mantenido la "desigualdad y arbitrariedad" que ya se observaba en un principio, aunque también ha habido "muchas mejoras puntuales". Por ejemplo, la introducción del Fondo de Garantía y la revisiónal alza de la financiación de Baleares con el sistema de 2009.
El modelo de financiación está pendiente de reforma y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ratificó su voluntad de hacerla este mismo año durante su reciente visita a Valencia.

Una nieta del empresario murciano Tomás Fuertes pierde las formas con la prensa en un alarde de mala educación

 
MURCIA.- Ocurría en un concierto que daba Maluma en Madrid el pasado día 20, antes de visitar anoche la ciudad de Murcia. Felipe Juan Froilán de Todos los Santos y la murciana Mar Torres acudieron al espectáculo y, según han contado varios fotógrafos, la chica empezó a increparles.

"Dejadnos en paz, sois unos desagradecidos y no valéis para nada", afirman los fotógrafos que les dijo la joven, de 19 años. Ellos se defendían diciendo que estaban haciendo su trabajo.
Según informan varios portales del corazón, la pareja abandonó el concierto cada uno por su lado para evitar la foto: ella se fue por el sitio de la prensa y a Froilán le metieron por el garaje. Además, siempre según testigos, se fue haciendo cortes de mangas.
A la pareja no le hizo demasiada gracia que los periodistas quisieran inmortalizar el momento.
La pareja de Froilán se "encaró con la prensa", según han asegurado varios periodistas en el programa que presenta María Patiño. Tal y como han desvelado en 'Socialité', la novia del nieto de Juan Carlos I entró al concierto advirtiendo a la prensa:"Que le dejéis en paz. No le dejáis hacer su vida".
A pesar de que los periodistas insistieron en que "solamente queremos hacer una foto" para que puedan entrar al "concierto tranquilos", Mar Torres se volvió a dirigir a la prensa para criticar su trabajo: "No valéis para nada. Menudo trabajo...". Viendo que los fotógrafos no desistían en su empeño, la novia de Froilán optó por llamar la atención de la Policía.
 "Estaba rodeada de Policías y se puso a gritar para que se acercara y dijeran: '¿Algún problema?'. La Policía pasó, nos vio las cámaras y se percató de que éramos fotógrafos", explicó uno de los periodistas a 'Socialité'.
La cosa no terminó ahí. Los periodistas han confesado a María Patiño que Froilán les dedicó una "afectuosa despedida".
"Salió corriendo desde lejos y empezó a realizar cortes de manga y a sacar los dedos con las dos manos", ha apuntado uno de los periodistas. La actitud de la pareja no ha gustado a los periodistas que han descrito a Mar Torres-Fontes como una "chula, violenta y prepotente".
Mar es hija de Juan Torres-Fontes Suárez y María del Mar Fuertes Quintanilla y descendiente directa del Conde de Roche por vía paterna. 
Su abuelo materno es el chacinero alhameño Tomás Fuertes, uno de los tres propietarios del Grupo Fuertes, uno de los holding empresariales españoles más importantes y cuyo buque insignia es ElPozo Alimentación.

El coronel yeclano Diego Pérez de los Cobos coordinará a los Mossos el 1-O desde el Ministerio del Interior


YECLA.-El yeclano Diego Pérez de los Cobos, director de Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y coronel de la Guardia Civil, es la persona designada como 'director técnico' por la Fiscalía para coordinar a los Mossos, Guardia Civil y Policía para impedir la celebración del referéndum.

Nacido en el Altiplano murciano en 1964, ha ocupado diversos puestos de responsabilidad dentro de las instituciones españolas en los diferentes gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.
Su padre, Antonio Pérez de los Cobos Cuadrado, fue candidato de la formación Fuerza Nueva a las elecciones generales de 1977 y su hermano, Francisco Pérez de los Cobos, también yeclano, fue presidente del Tribunal Constitucional.
Diego Pérez de los Cobos es, actualmente, uno de los hombres de la máxima confianza del actual secretario de Estado, José Antonio Nieto, -también lo fue del anterior, Francisco Martínez- y
se le atribuyen directamente, entre otras decisiones, el haber dado orden a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional de disolver la polémica Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), que elaboró, bajo mandato del exnúmero dos de este cuerpo Eugenio Pino, informes sobre el 11M, Marta del Castillo o el caso Faisán.

Quién es Diego Pérez

El director de Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, es la persona designada como “director técnico” por la Fiscalía para coordinar a Mossos, Guardia Civil y Policía para impedir la celebración del referéndum el 1 de octubre.
Así se lo ha comunicado el fiscal jefe del tribunal Superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, a los máximos responsables de estos tres cuerpos, a los que ha informado primero de que la Secretaría de Estado asumía la coordinación de las actuaciones de todas las fuerzas de seguridad por el 1-O.
Pérez de los Cobos, de 53 años, es coronel de la Guardia Civil y desde hace once años está vinculado al Ministerio del Interior. Es diplomado de Estado Mayor.
En julio de 2006 Diego Pérez de los Cobos se incorporó al Ministerio como asesor en el gabinete del entonces ministro Alfredo Pérez Rubalcaba. Cinco años después, en julio de 2011, cuando asumió la cartera Antonio Camacho, Diego Pérez de los Cobos fue designado para el puesto de director del Gabinete de Coordinación y Estudios que actualmente ocupa, habiendo permanecido en el mismo durante la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro y en la actual de Juan Ignacio Zoido.
 En este puesto tiene las funciones de “desarrollar los planes directores y operativos en materia de seguridad ciudadana, coordinando la actuación de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado en dicho ámbito, así como la de estos con las policias autonómicas y locales”, detalla ACN citando a Interior.
“El ejercicio de este cargo obliga a mantener una interlocución fluida con las policías autonómicas; no en vano, es uno de los cuatro representantes del Ministerio del Interior a la Junta de Seguridad de Catalunya, órgano de coordinación policial entre ambas administraciones”, añaden desde el ministerio.
Su padre fue parte de la candidatura en Murcia del partido de extrema derecha Fuerza Nueva para el Congreso de los Diputados en las elecciones generales de 1977.
Es hermano de Francisco Pérez de los Cobos, exmagistrado del Tribunal Constitucional entre 2011 y 2017 y presidente entre 2014 y 2017. Bajo la batuta de su hermano, el 2 de diciembre de 2015 el Constitucional dictó por unanimidad la sentencia clave de toda la ofensiva judicial contra el procés.
En ella declaró inconstitucional y nula la resolución del Parlament de Catalunya sobre el inicio del camino a la independencia. Esa sentencia es en la que se apoyan todos los incidentes de ejecución presentados posteriormente por el Gobierno central.

Cataluña en pie / Ramón Cotarelo *

No estamos asistiendo a la caída de un gobierno, sino al hundimiento de un régimen, el de la III Restauración borbónica. Hasta aquí ha llegado la Monarquía que se inventó Franco. No ha sabido esta desmarcarse de aquel estigma. O los franquistas no le han dejado. Y aquí está entre las tarascadas agónicas de un Estado represivo con una poderosa maquinaria de overkilling que no le sirve para nada. Los antidisturbios atracados en sus barcos de Looney Tunes, en espera de que haya unos disturbios que solo ellos pueden provocar porque el pueblo catalán está en un movimiento amplio, profundo, poderoso, pero al tiempo, pacífico, festivo.

Los jueces y los fiscales (ese nuevo Eliot Ness reprobado por el Parlamento en su lucha por la prohibición) despliegan una actividad intimidatoria, amenazadora, represiva. Multas, denuncias, querellas, con sus correspondientes debates sobre legalidad, procedimiento, abuso de poder, conculcación de derechos llueven sobre círculos cada vez más amplios de personas: cargos públicos, políticos, dirigentes sociales, manifestantes, alcaldes. 
 
Están a punto de caer en la aberración de una causa general contra el independentismo: todo aquel que lleve una estelada es perseguible. Un intento tan delirante como antiguo de eliminar la libertad de expresión y restablecer los "delitos de opinión". Ahora acusan de sedición a los responsables de los actos "tumultuarios" de protesta por los registros de hace dos días. Mañana pueden acusar de rebelión. Por acusar y procesar que no falte, a ver si los indepes deponen su actitud.

Los estudiantes se han echado a la calle. Los fuegos fatuos del 68 se unen con los rescoldos del 15M y confluyen en el proceso independentista, dándole un alcance y fondo imposibles de prever. Se han añadido los curas. La movilización social se ha hecho permanente. Total, quedan ocho días. Y el mundo entero vigilando. Está claro que el Estado no dispone de los medios para hacer frente a la situación en los términos que planeó en un primer momento: que los indepes muerdan el polvo. Dado que esto es ya imposible, el problema es cómo se da marcha atrás o se cambia el rumbo sin que parezca una derrota en toda regla.

Tanto si el referéndum se celebra como si el Estado consigue impedirlo por la fuerza bruta el independentismo habrá ganado. Lo razonable sería pactar el referéndum y dotarlo de esas garantías que tanto reclaman quienes no quieren darlas. Pero el gobierno no es razonable. ¿Podría ayudarlo a serlo la oposición, al menos esa oposición admitida en La Moncloa del PSOE? Sería difícil, aunque no imposible. El problema es que el PSOE participa de la misma ceguera y sinrazón del gobierno.

¿Que creen los dos partidos dinásticos que tendrán el dos de octubre con o sin referéndum? Una situación ingobernable porque la única forma de impedir que los indepes vuelvan a plantear su reivindicación es mantener a Cataluña en este estado oculto de excepción, cosa escasamente viable en Europa. El acopio de fuerzas de seguridad se complementa con la presencia de la Guardia Civil, ese cuerpo híbrido civil-militar que permite reprimir con contundencia sin dar impresión de intervención militar. Nunca, ni en los peores momentos del terrorismo etarra hubo tanta dotación en el País Vasco. Recuérdese cómo entonces se decía que, en ausencia de violencia, podría hablarse de todo. Según puede verse hoy mismo.

El nacionalismo español necesita el concurso del estamento pensante para reconstruir y fortalecer una legitimidad que le permita derrotar el independentismo. Se llama a capítulo a los intelectuales, hasta ahora silentes, y estos empiezan a firmar manifiestos contra el referéndum. En el primero, los intelectuales unionistas piden al pueblo catalán que no vote, que no caiga en la "trampa democrática". Un manifiesto de apostólicos, sin más alcance que este. "Lejos de nosotros, etc".

El segundo manifiesto, firmado por unos doscientos treinta profesores universitarios no solo se opone cerradamente a la celebración del referéndum sino que exige que el Estado haga uso de la violencia legítima. Tiene gracia que muchos de los firmantes fueran parte del movimiento estudiantil de los años sesenta, hoy se encuentren defendiendo lo mismo que atacaban de jóvenes. Lástima de máquina del tiempo. Pero, es cierto, siendo intelectuales, sus razones habían de ser más complicadas que la interpretación de una ley de vida del abuelo Juanito. Y lo son.

Casi todos ellos son creadores y defensores del relato que ha imperado en la esfera pública intelectual, mediática, académica: España ha dejado de ser una excepción en el concierto europeo; ahora es un Estado de derecho, una democracia consolidada en el estilo de la tradición liberal occidental. Lo han escrito, predicado, televisado, radiado. 

Pero no es verdad. Y la prueba es su manifiesto.

En Cataluña hay una revolución nacional y republicana. En España no hay nada. La derecha y la izquierda de orden solo ofrecen un "no" rotundo al referéndum y un vagaroso diálogo para las calendas. La izquierda "verdadera" hace más o menos lo mismo. Sería deseable el referéndum pactado y, antes de tener que pronunciarse sobre si apoyan el referéndum no pactado, el único que hay, se entretienen convocando mesas o asambleas por el diálogo que no son muy verosímiles mientras el PSOE siga uncido al carro de la derecha.

En Cataluña la cosa está clara: habrá referéndum salvo fuerza mayor, pero los indepes tienen una última bala en la recámara: la DUI.

En España no hay nada claro. Ninguno de los cuatro partidos estatales tiene nada en común con los otros como no sea un carácter dinástico más o menos confeso pero que dibuja el auténtico problema del Estado español en relación a Cataluña: la Monarquía. Cosa de cierto relieve por cuanto al Rey corresponde el mando supremo de las Fuerzas Armadas. 

¿Se entiende por qué la izquierda española no ha salido en defensa de los indepes y se niega a reconocer la validez de los resultados del 1/10.
 
 
 
No todo han de ser xerradas a palo seco. No haríamos honor a esta revolución de la alegría, esta transformación entre bromas y veras pero profundísima que está produciéndose en Cataluña, esta ocupación plena del escenario que hacen las multitudes (turbas las llama el fiscal general en prosa de legajo, desde la covacha en que cuece sus amenazas), arrinconando en mutis vergonzosos las flamantes fuerzas de ocupación en navíos atracados en los puertos como si estuvieran en cuarentena. Y en cuarentena están.

Abre el acto Carles Campuzano, portavoz del PDeCat en el Congreso que hablará de las pensiones en la nueva República Catalana. Cosa grata porque si tuviera que hacerlo sobre lo que quede en España, más que xerrada, serían duelos y quebrantos, que diría Cervantes.

Luego, Palinuro intentará hablar sobre la República Catalana desde fuera de Cataluña.Y digo intentará porque ya le es muy difícil hablar de Cataluña desde fuera de Cataluña y, desde luego, le resulta imposible hablar de la República Catalana desde fuera de ella misma, teniendo en cuenta que ese "fuera" sigue siendo una Monarquía que odia mirarse en el espejo de la República Catalana. 

Los españoles tuvieron una República. Los franquistas se la robaron a sangre y fuego. Ahora los catalanes la recuperan sin sangre y sin fuego. Y los españoles, ¿qué hacen? ¿A qué esperan? 

 
 
 (*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Anubis en Catalunya / Enric Juliana *

Anubis, el dios de la muerte en el Antiguo Egipto, ha sido la referencia escogida por la Guardia Civil para bautizar la operación policial desarrollada el pasado miércoles en Catalunya en relación a los preparativos del 1-O. 

Las detenciones y registros practicados han convertido en prácticamente imposible la celebración del referéndum, las autoridades catalanas harían bien en reconocerlo cuanto antes Las bases materiales para llevarlo a cabo con garantías han quedado mermadas y los miembros de la Sindicatura electoral han dimitido para evitar la multa de 12.00 euros diarios con la que amenazaba el Tribunal Constitucional.

El 1 de Octubre será, eso sí, una jornada de protesta a la que se sumarán no solo las fuerzas independentistas, sino también muchos ciudadanos descontentos por las actuaciones policiales de los últimos días. El caudal de la protesta se ha ensanchado en Catalunya y la prensa internacional mantiene una actitud crítica con el Gobierno español.


(*) Periodista

Por qué tanta gente se ha hecho independentista / Esteban Hernández *

Sometidos como estamos a la velocidad de los acontecimientos, entre detenciones y multas, con Guindos ofreciendo un mejor encaje fiscal a Cataluña si se retira el referéndum, gente en la calle y agitación en los medios, quizás esté bien analizar algunas de las causas que han generado este sentimiento independentista tan extendido. Aunque esta idea ya no sea muy apreciada, creo que sin conocer bien qué pasa es complicado ofrecer alguna solución. Aquí van algunas reflexiones en ese sentido.

1. Salir bien parados

El Brexit, el giro hacia dentro, más o menos frustrado, de EEUU y el crecimiento de los partidos nacionalistas que desean que su país salga de la UE son parte de un nuevo contexto en el que, vistas las desigualdades, mucha gente piensa que la identidad y la nación son los mejores instrumentos para salir bien parados en un entorno global. En Cataluña esto lo tienen muy claro, especialmente desde las clases medias altas, que se autoperciben como preparadas, con habilidades y posibilidades para triunfar en el exterior, y que entienden que si no están desarrollando del todo su potencial es porque los lazos con el Estado español les ponen demasiadas piedras en el camino.

2. La pérdida material

El sentimiento generalizado de que estamos yendo a peor también juega un papel importante. Es lógico: Cataluña, como otras zonas de España, está atravesando dificultades. Hay menos empleo y más paro, los salarios distan mucho de ser los adecuados y las perspectivas vitales se reducen. La red de pymes y pequeñas tiendas que resultaban esenciales en el tejido de sus ciudades y pueblos se fragiliza producto de la competencia, de la creciente concentración y de la irrupción de los actores globales. 

Entre los diversos efectos de estos factores se encuentra la caída del poder adquisitivo para el catalán medio: un 6% menos que en 2011. Y eso al mismo tiempo que se recortaban considerablemente las prestaciones sociales, a causa de una deuda creciente y de la tendencia gestora impuesta en lo público, que prioriza el ahorro sobre el servicio.

En ese contexto, se unen dos creencias. Una es bastante obvia, y se ha subrayado suficientemente, como es la sensación de que España les está restando recursos, y de que están pagando con un dinero que necesitan las cuentas de comunidades más atrasadas. Como consecuencia de esa idea, el independentismo cobra lógica: yendo solos, tendríamos más opciones.

En segundo lugar, una Cataluña libre aparece también como una solución a esos problemas materiales. El cierre identitario supone no solo la defensa de una lengua o de una cultura, sino de un mejor nivel de vida para todos quienes forman parte de la misma nación. Como ocurrió en Escocia, el independentismo tiene un claro componente transversal que queda reforzado por el carácter de sus medidas sociales. No es casualidad que sea un partido de la izquierda, ERC, el que haya canalizado los votos soberanistas. Ellos se muestran como una esperanza posible, en el sentido de que lograrán dar unos servicios públicos dignos, ayudarán a los ciudadanos que lo necesitan y garantizarán que ese mínimo indispensable que se requiere para vivir esté disponible para todo catalán.

3. El poder individual

El independentismo devuelve algo de poder a personas que se sienten con poca influencia en muchos de los acontecimientos que determinan sus vidas. El trabajo y el futuro parecen un poco fuera de control, pero al menos en la política sí se puede actuar de manera eficaz. La democracia no funciona demasiado bien, pero es posible que despliegue toda su potencia. Si una mayoría vota la salida de España y se lleva a efecto, significa que una voluntad común puede cambiar las cosas. En este sentido y desde su punto de vista, ser independentista es ser de verdad demócrata. Y esta sensación es poderosa cuando todo parece pensado para que nuestra voluntad importe entre poco y nada.

4. El agravio

El soberanismo responde también a una sensación de agravio, que no se subsume en el hecho de ser bien o mal tratados en el reparto fiscal. Existe la idea, que es cierta, de que Cataluña lleva años exigiendo una solución política, llamando a las puertas de Moncloa sin que nadie les dé otra contestación que el silencio. Ante el hecho de no ser escuchados, no queda más opción que la de marcharse. Desde esa mirada, la situación es como la de un matrimonio en el que uno le pide al otro que cambie sin resultado, y al tiempo se cansa y se va de casa.

5. El refuerzo

En este escenario, y cuando el soberanismo está instalado en una parte importante de la población, las posturas de fuerza no hacen otra cosa que alimentar la idea de que se está mejor fuera. Por una parte, se construye un contexto en el que la comunicación no es posible, porque existen solo dos partes, con pocos matices, que se enfrentan en una especie de ring. Por otra, las advertencias sobre las consecuencias de la separación tienden a ser negadas o ignoradas; como ocurrió en el Brexit, o con Trump, todos los avisos acerca del caos que llegará el día después ya no surten efecto. Y, por último, si se intenta recurrir a posiciones contundentes para sofocar a los separatistas, no se hace otra cosa que echar leña al fuego.

Esta suma de factores, un compendio de motivos culturales, económicos y sentimentales, explica por qué el independentismo está tan fuerte hoy en Cataluña. Sin embargo, entender el soberanismo como una solución para todas estas cosas tiene un punto de irrealidad. Son problemas que nos afectan a todos, catalanes, españoles, franceses o griegos, y tienen difícil solución, porque son estructurales. Salir fuera de España no acaba con ellos, y ni siquiera los hace menos potentes.
  
 
La debilidad de la democracia, la desigualdad, la pérdida de opciones vitales, la impotencia del ciudadano aislado, el enorme poder que se está concentrando en manos de unas pocas empresas, la financiarización y demás problemas serios de nuestra época carecen de una respuesta fácil. Desde mi punto de vista, la ruptura no es el mejor camino, por motivos ya expuestos. Pero, en todo caso, todas estas circunstancias construyen un magma al que el soberanismo da una salida. Hay soluciones que deberían darse desde España, pero otras, y muy importantes, solo pueden venir desde el entorno europeo. No parece que Bruselas quiera seguir ese camino que nos vendría bien a todos, por desgracia. Más bien, todo apunta a que estamos destinados a pelearnos los unos con los otros por los recursos que haya. Mala cosa.



(*) Periodista


Rajoy nos lleva a todos al desastre / Carlos Elordi *

Quienes ingenuamente creían que Mariano Rajoy podía rectificar y que el diálogo aún era posible no han tardado mucho en comprobar la vanidad de su sueño. No han pasado ni 48 horas desde la “razzia” de la Guardia Civil del lunes para que el fiscal general haya ordenado la apertura de una causa por sedición, seguramente contra los líderes de Omnium y ANC, y para que el ministro del Interior anuncie el envío de más policías a Catalunya. “Para poder poner bajo sus órdenes a los Mossos d’Esquadra” ha dicho el Gobierno catalán. Con el fin de reprimir a fondo la movilización popular. Y antes del 1-O pueden pasar cosas aún más graves. Y no digamos el día mismo de la consulta.

No es impensable que miembros del Govern, y Puigdemont mismo, estén para esas fechas en la cárcel. Tampoco que las calles de las principales ciudades catalanas estén tomadas por la Guardia Civil y los antidisturbios para impedir concentraciones y manifestaciones y la votación misma. Sobre todo esto último. Puede pasar de todo si eso ocurre. Habrá que ver qué hace la policía catalana. Una ley de 1986 podría ser invocada para ponerla a las órdenes de los cuerpos estatales. ¿Se negará el mayor Trapero a obedecerla? Si algo de eso se produjera, el conflicto ascendería a otro nivel: el de la confrontación entre fuerzas policiales distintas. Casi una guerra.

Más allá de hipótesis tremendistas, que desgraciadamente pueden verificarse, lo que está claro es que el Gobierno del PP no está dispuesto a permitir que se celebre nada que se pueda parecer a un referéndum. Y, por otro lado, también es evidente que los líderes independentistas no van ceder. No hay duda de que saben perfectamente lo que les puede caer encima. Pero mantienen su posición. La declaración de Puigdemont en la tarde del jueves tenía algo de anuncio de tragedia.

Y hay una tercera certeza. La de que después del 2 de octubre las cosas estarán peor que nunca. ¿Qué diálogo se puede entablar con los líderes de un movimiento que están en prisión o amenazados con largas condenas? Únicamente el de su amnistía. Muy improbable, además. Pero ninguno que permita abordar los problemas reales que han empujado al mundo independentista a emprender la vía de la ruptura. En la que hoy seguramente están muchos más catalanes de que los que lo estaban hace tan sólo una semana.

¿Había previsto Rajoy ese escenario sin salida? Seguramente sí. Tan tonto no puede ser. Pero ha sido incapaz de dirigir las cosas en otro sentido. Por su debilidad e inseguridad congénitas. Las de un líder que manda casi por casualidad y que desde hace más de una década ha dedicado lo fundamental de sus esfuerzos a evitar que los suyos le echaran del cargo. El problema que planteaban los independentistas catalanes, nacido de otros muchos, entre ellos de las barbaridades contra el nacionalismo cometidas por el PP, requería, para hacerle frente, de un político con otros registros además de ese. Y con más fortaleza y convicción de su papel como presidente del Gobierno de España. La que habría hecho falta para que se enfrentara al nacionalismo español más burdo. Para que le dijera que esta vez no se impondría. Por muchos votos que le dé. Por mucha capacidad de presión que pueda ejercer.

No se ha atrevido a enfrentarse a los duros, a Aznar en primer lugar. Y ha dejado pasar el tiempo. Porque no sabe hacer otra cosa. Y porque tampoco sabe negociar. No lo ha hecho nunca. Ha dejado correr las cosas haciendo creer, para eso estaban sus corifeos, que eso iba a resolver algo. La política es cruel: las cuentas pendientes siempre se terminan pagando. Y la de Catalunya no se iba a borrar por ensalmo. Al final, Rajoy ha terminado actuando como un gobernador civil del franquismo, que se limitaba a aplicar la brutal legislación del sistema y las órdenes que le venían desde arriba poniendo cara de que estaba haciendo algo importante.

Hay quien asegura que su deriva autoritaria le está produciendo buenas rentas electorales. Que su partido, con él a la cabeza, crecerá en las próximas elecciones, que todo indica que serán el año que viene porque el PNV no va a seguir cambiando cromos con el PP. Demasiado bonito para ser verdad. Porque si la crisis catalana deriva en lo que todo indica que va a derivar, en una rebeldía sin fin y cada vez más nutrida y dramática en defensa de sus derechos democráticos, Rajoy caerá, antes o después. Porque los influyentes de Europa sugerirán esa salida a quienes pueden propiciarla. Hoy por hoy se contienen. Pero los grandes diarios del continente condenan unánimemente la actuación el gobierno de Madrid y prevén lo peor en Catalunya. Y también porque llegará un momento en el que los poderes económicos exigirán que alguien distinto pare el desastre que en ese terreno puede provocar la citada rebeldía. 

Que el PSOE, por sus errores y su debilidad, esté entrampado con este hombre clama al cielo. Más que cualquiera de las crisis internas que ha padecido, y de la que sigue sufriendo, éste es el peor momento del Partido Socialista desde su refundación en 1972. Porque no tiene ni voz ni voto en el entuerto más serio que la democracia española ha conocido desde el intento de golpe de estado de 1981.  ¿Puede hacer algo Pedro Sánchez para salir de este agujero?

Su única opción es entenderse de una u otra manera con las fuerzas que están en contra de Rajoy. Con Unidos Podemos y las mareas en primer lugar. Y también con los nacionalistas, incluidos los catalanes. Para formar un frente en defensa de la democracia amenazada que ofrezca una alternativa a la inepcia autoritaria del PP. Lo de menos es cómo se formalice esa iniciativa e incluso tampoco importa si no se formaliza mucho. Lo fundamental es que desde España llegue otra voz a Cataluña. Cuanto antes mejor.

Puede que haya mucha gente en las izquierdas que, en principio, esté de acuerdo con la insensata dureza de Rajoy. Por atávicos antinacionalismos que seguramente van a seguir. Pero que en un momento como éste, y más si las cosas se ponen peor, se pueden ver durante un tiempo desplazados a un segundo lugar ante el espectáculo de una derecha que actúa como Franco. Ojalá.


(*) Periodista




Presos políticos en la España de Rajoy: nota para despistados / Juan Carlos Monedero *

Demasiadas opiniones sobre Catalunya están marcadas más por el miedo a que te coloquen en alguno de los bandos en disputa que por la voluntad de defender una idea y hacerla valer. Cuanto tanto pensamiento está siendo rehén del miedo a que te encasillen en uno de los lados de la trinchera, mal asunto para la democracia. 

Sin embargo, el grueso de la ciudadanía ha encontrado llenas de sensatez las opiniones conjuntas de las alcaldesas de Barcelona y Madrid, Ada Colau y de Manuela Carmena, pidiendo diálogo, democracia, votar y un proceso constituyente. Sobran políticos que monologan y sobran periodistas y tertulianos que repiten en una cacofonía chirriante esos monólogos en bucle.

La situación actual en el estado español, que va tomando tintes surrealistas, ha sido creada tanto por la decisión unilateral del gobierno de Puigdemont de desconocer las leyes, como por la cerrazón del PP desde, al menos, el momento en que Rajoy salió a la calle a recoger firmas contra el Estatut catálan, que había sido aprobado por el Parlament catalán, el Parlamento español y ratificado en referéndum.

Como ocurre siempre con las cosas de la patria (que es cosa religiosa), se ciega la razón y el vientre ocupa el espacio central a la hora de tomar de decisiones. Las tertulias y redes de opinión de Madrid están siendo responsables de buena parte del ruido que se crea. Hay periodistas (también hay mercenarios) e incluso profesores (a los que se les presuponen lecturas y capacidad de reflexión) que en vez de ayudar a poner sensatez, echan más gasolina, por las razones que sea, a un ambiente que otros querríamos más sosegado.

Entre las afirmaciones con poco fuste que se están sosteniendo está la de los que critican que se hable en España de “presos políticos”, un recordatorio hecho por Pablo Iglesias. Vaya, que si Junqueras o Puigdemont terminan en la cárcel es por idénticas razones por las que están entre rejas los ladrones de la Gürtel o la Púnica, los violadores o maltratadores, los violentos, enemigos de lo ajeno o irresponsables que matan a alguien por conducir borrachos. Es evidente que el Gobierno de Puigdemont está incumpliendo la ley. Igual que los que repartían panfletos en las fábricas durante el franquismo, los que militaban en partidos políticos en la clandestinidad o los que nos opusimos al servicio militar obligatorio y a la prestación social sustitoria. 

La diferencia es que quebrábamos la ley por razones políticas. Queríamos cambiar las cosas y el Estado no nos escuchaba. Negar la condición de presos políticos es una cuestión de ignorancia o de falta de respeto a las reglas de la democracia. Porque en democracia, la legalidad no es lo mismo que la legitimidad. Lo contrario lo defendía Carl Schmitt, el jurista nazi por excelencia. Para que dejes de sentarte como negra en la parte de atrás de los autobuses tienes que quebrar la legalidad.

Lo que no puedes hacer es ir contra la leyes vigentes cometiendo actos ilegítimos, principalmente usar la violencia. Gracias a la desobediencia hoy votamos, ha aumentado la igualdad de la mujer, tenemos educación y sanidad públicas, pensiones, los niños no trabajan y los patrones no pueden hacer lo que les de la gana con sus empleados. Aunque hay gente que también quiere dar marcha atrás a la historia en estos asuntos.

No soy independentista, porque creo que hay soluciones más luminosas para el encaje territorial en una España que es una nación de naciones. Los antepasados recientes de millones de catalanes y catalanas no pueden ser extranjeros en la tierra de sus hijos y sus nietos. No debiéramos ser tan obtusos. Vamos hacia fórmulas federales reales o nos vamos a romper. Y la principal culpa la tenemos los que no somos capaces de hacer valer esa España de Lorca, de Torrijos, de Manuela Malasaña, de María Zambrano, de las 13 Rosas, de Buñuel, Alberti, Manuel de Falla, García Pelayo, Riego, Cervantes y toda la gente que se levanta todos los días para trabajar, cuidar de su familia, ser decentes.

Sé que el gobierno de Puigdemont está fuera de la ley. Pero también sé que está fuera de la ley el Gobierno de Rajoy que ha ganado las elecciones con dinero negro provenientes de contratos públicos fraudulentos. Con una Constitución que fomentara más la participación, el gobierno de Puigdemont estaría dentro de la ley. Pero el PP seguiría fuera de una Constitución que garantizara el derecho de expresión, de reunión, la división de poderes, la limpieza de las elecciones y unas reglas de juego justas e iguales para todos. 800 cargos del PP están imputados por corrupción.

Para los que están negando que las detenciones de miembros del gobierno de la Generalitat son presos políticos, les recuerdo lo que decía la Ley de Amnistía de 1977. En su artículo primero sancionaba:

I. Quedan amnistiados:
a) Todos Ios actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis.
 
b) Todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis y el quince de junio de mil novecientos setenta y siete, cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España.
 
Y continuaba en el Artículo segundo:
 
En todo caso están comprendidos en la amnistía:
a) Los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ellos, tipificados en el Código de justicia Militar.
 
b) La objeción de conciencia a la prestación del servido militar, por motivos éticos o religiosos.
 
c) Los delitos de denegación de auxilio a la Justicia por la negativa a revelar hechos de naturaleza política, conocidos en el ejercicio profesional.
 
d) Los actos de expresión de opinión, realizados a través de prensa, imprenta o cualquier otro medio de comunicación.
 
e) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.
 
f) Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.
 
Es curioso, que en la recuperación de la democracia se amnistiaron precisamente los mismos delitos por los que hoy el PP está encarcelando a personas. En democracia. Con el PP en España vuelve a haber presos políticos. Se hace urgente una Transición que solvente todos los problemas que aún quedan abiertos. Antes de que el PP nos regrese a ese lugar de donde proviene.
 
 
 
(*) Profesor titular de Teoría del Estado en la UCM

Por un nuevo modelo de financiación para Cataluña y para España / Juan Ramón Rallo *


Una parte importante del descontento de muchos catalanes con su encaje dentro del Estado español deriva de la fortísima redistribución interterritorial con la que se les castiga. Según las balanzas fiscales elaboradas a instancias del propio Ministerio de Hacienda, los catalanes transfieren al resto de España 9.892 millones de euros anuales, esto es, el equivalente al 5% de su PIB. 

En contrapartida, otras regiones españolas más ricas que Cataluña, como el País Vasco, recibieron —merced a su ventajoso concierto económico— un monto equivalente al 5,3% de su PIB: es decir, el País Vasco recibe cada año 10 puntos más de su PIB que Cataluña por el hecho de seguir unido a España.

Tal vez con esta perspectiva se entiendan mejor las habituales reivindicaciones de un “pacto fiscal” entre Cataluña y el resto de España: reivindicación a la que suele oponérsele la innegociable necesidad de mantener una “solidaridad interterritorial” que permita la convergencia entre las regiones más ricas y las más pobres. La idea de fondo es que, con las adecuadas transferencias de renta entre autonomías, lograremos que las disparidades en el nivel de vida de los españoles vayan estrechándose hasta desaparecer. Algo así como los fondos de cohesión europeos, pero dentro de España: una ayuda extraordinaria dirigida a una región relativamente infradesarrollada para agilizar su crecimiento.

Y, desde luego, la evidencia —si bien escasa en número— sí parece apuntar a una cierta eficacia de estas transferencias: por ejemplo, Ángel de la Fuente estima que, sin la redistribución interterritorial, las divergencias en la renta per cápita entre las distintas regiones españolas habrían aumentado en el periodo 1985-1995. Recientemente, Sergio Puente ha publicado un artículo en el Banco de España donde muestra que la convergencia de renta que se ha vivido entre 1980 y 2015 entre las distintas regiones españolas se debe, en parte, a una inversión pública relativamente más intensa en las regiones más pobres.

Así pues, la evidencia disponible respecto a la “solidaridad interterritorial” parecería apuntar a que esta sí está funcionando y que, por consiguiente, los catalanes deberían seguir prestándose a volcar parte de sus ingresos a promover el desarrollo del resto de regiones españolas. Sin embargo, no deberíamos ir tan rápido. 

La reciente estimación de Sergio Puente para el Banco de España también apunta a un resultado desesperante: al ritmo actual —con el presente modelo de convergencia interregional—, tardaríamos 70 años en conseguir que la disparidad de renta entre las distintas regiones españolas se redujera a la mitad. ¿Cuántas generaciones de catalanes deben sacrificar su bienestar para sufragar una tan exigua y lentísima convergencia interterritorial? ¿Deberían soportar durante siete décadas una extracción anual del 5% de su PIB para apenas conseguir una mejoría tan marginal?

Habría de resultar evidente que el actual modelo de convergencia regional dentro de España no funciona o, al menos, funciona de un modo tremendamente ineficiente. ¿Cómo es posible que, con las descomunales transferencias anuales de recursos, la convergencia durante los últimos 35 años haya sido tan escasa y que todo apunte a que seguirá siéndolo durante los próximos 70? Recordemos que la renta per cápita de una economía depende de tres factores: el porcentaje de población que trabaja (tasa de empleo), el capital disponible por trabajador y la tecnología (productividad total de los factores). Por consiguiente, para que se produzca convergencia de renta per cápita, es necesario que estas tres variables crezcan más rápidamente en las regiones pobres que en las regiones ricas.

Tanto los estudios de Ángel de la Fuente como los de Sergio Puente constatan que, entre 1965 y 2015, el estrechamiento de los diferenciales de renta per cápita se ha debido esencialmente a la mayor acumulación de capital por trabajador en las regiones pobres: en parte, en esta rúbrica se encuentra la inversión pública, pero el propio Sergio Puente constata que “tiene más importancia [la acumulación de capital privado] a la hora de explicar la convergencia regional observada”. Por consiguiente, ni siquiera el principal factor de convergencia real entre las regiones españolas —la acumulación de capital por trabajador— ha sido mayoritariamente motivado por las transferencias estatales entre regiones, sino por los flujos de inversión privada.

Sucede, sin embargo, que los otros dos elementos que explican la renta per cápita —la tasa de empleo y la productividad total de los factores— no han contribuido prácticamente en nada a la convergencia. Más bien al contrario: la evolución de la tasa de empleo ha sido más bien un factor de divergencia (es decir, el empleo ha aumentado relativamente más en las regiones ricas) y la productividad total de los factores ha evolucionado de manera plana (no ha contribuido a la convergencia). 

¿A qué se debe que las regiones pobres no hayan aumentado tanto su empleo como las regiones ricas y que, a su vez, tampoco hayan sido capaces de emular su superior organización tecnológica? Sergio Puente se aventura a emitir una hipótesis preliminar que requeriría ulterior investigación: “Los resultados apuntan a posibles barreras económicas e institucionales que impiden la convergencia en la productividad total de los factores —a pesar del marco regulatorio común—.”

Permítanme desarrollar esta hipótesis: son las propias transferencias interterritoriales las que desincentivan a las administraciones públicas de las regiones pobres a que mejoren su calidad institucional de tal modo que aumente el empleo así como la absorción tecnológica. A la postre, si se transfieren enormes cantidades de recursos a las administraciones autonómicas por el hecho de ser relativamente más pobres que el resto… por necesidad se promoverá la renuencia de sus gobernantes a impulsar reformas de su marco regulatorio que promuevan el crecimiento.

En particular, la existencia de un amplio y generoso sostén financiero para los desempleados o subempleados de las regiones pobres no solo desalienta la activa búsqueda de ocupación, sino que sobre todo desincentiva que el Gobierno central y las administraciones territoriales reformen sus marcos laborales para facilitar la empleabilidad de sus ciudadanos (por ejemplo, con el establecimiento de diferentes salarios mínimos entre regiones o con mayor flexibilidad contractual). 

Asimismo, la inyección de fondos al presupuesto autonómico potencia la hipertrofia de la burocracia regional (el empleo público) y abarata el coste de las políticas públicas intervencionistas y mercantilistas (razón por la cual ninguna de las regiones más pobres de España ha apostado por una decidida política de liberalización económica y de recortes tributarios capaz de atraer inversiones externas). En lugar de fomentar la apertura comercial de las regiones más pobres, las transferencias interterritoriales han subvencionado el Estado clientelar y parasitario.

Por eso deberíamos apostar decididamente por un nuevo modelo de financiación para todas las administraciones públicas españolas: un nuevo modelo muchísimo más descentralizado donde se pusiera fin a esa mal llamada solidaridad interterritorial, que no es más que un pretexto para alimentar la hipertrofia del sector público allí donde es más dañina (en las regiones más pobres). Debemos cambiar de rumbo no solo para contentar a los independentistas catalanes, sino para dejar de subsidiar las políticas públicas pauperizadoras en las regiones pobres y para, en definitiva, responsabilizar a los ciudadanos del desarrollo de sus propias comunidades.


(*)  Economista