
(Se puede leer su última entrevista en: http://murciaconfidencial.blogspot.com/2008/09/garca-violas-entre-mis-compaeros-del-no.html)
murciaconfidencial@gmail.com / "La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio" (Cicerón) "Toda verdad pasa por tres fases: primero, es ridiculizada. Segundo, se le oponen violentamente. Y tercero, es aceptada como auto-evidente." (Schopenhauer) * Newsletter de opinión e influencia, sin ánimo de lucro ni subvencionado con dinero público o privado, fundado en enero de 1984 por Francisco Poveda, periodista profesional licenciado en la Universidad Complutense desde 1976.
El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, calificó de "simplista" y "distante de la realidad" la actitud del Gobierno de escudarse en el parón inmobiliario para justificar el desplome de la recaudación total por IVA de más de 23.000 millones de euros registrada entre 2007 y 2009.
Según el informe de Gestha, en el año 2007, momento en el que se registró el mayor número de compraventa de viviendas nuevas en la historia, los ingresos por IVA fruto de estas operaciones ascendieron a 5.219 millones de euros, lo que supuso el 8,3% del total de lo recaudado por este tributo.
En 2009, con el desplome del sector inmobiliario, los ingresos por IVA asociados a la compraventa de viviendas cayeron hasta los 2.976 millones de euros, lo que supuso una pérdida de 2.243 millones en dos años, es decir, menos del 2% del déficit público correspondiente a dicho año.
La calificadora de riesgos considera que el "Acuerdo marco sobre sostenibilidad de las finanzas Públicas" ayudará a las CC.AA. en la consolidación fiscal mediante recortes de gastos y una supervisión más estricta de los objetivos financieros.
Asimismo, la agencia destaca el compromiso de las regiones para destinar el ahorro derivado de las medidas de austeridad del Gobierno a cumplir los objetivos fiscales en vez de invertir en otras áreas.
En este sentido, S&P señala que dicho acuerdo cuenta con objetivos presupuestarios más ambiciosos que los contemplados en el plan de estabilidad para España, enviado por el Gobierno a Bruselas en enero de 2010, al pretender reducir el déficit presupuestario de las comunidades en 12.600 millones de euros adicionales entre 2010 y 2013.
Además, para vigilar más de cerca el endeudamiento, el Gobierno central autorizará el recurso a la deuda mediante un proceso gradual, que sólo será autorizado si la región demuestra que cumple los objetivos fiscales acordados.
"Pensamos que el acuerdo refleja un cambio significativo de actitud por parte de los gobiernos regionales (...) A diferencia de intentos anteriores, este acuerdo recibió la aprobación unánime por parte del Consejo de Política Fiscal y Financiero", destaca la agencia, que sugiere que los gobiernos regionales han comprendido los desafíos impuestos por la consolidación fiscal y la necesidad de una mejor coordinación con el Gobierno central.
No obstante, S&P advierte de que estos esfuerzos de consolidación fiscal resultarán positivos para la solvencia de las regiones, aunque advierte de que existen desafíos para cumplir los objetivos, como la rigidez de los gastos operativos, la tentación de mantener el gasto en inversiones y la posibilidad de que los ingresos no cumplan las expectativas.
Así, la agencia señala que los gastos operativos de las regiones han crecido un 9% de media desde 2003 y apunta que la voluntad de recorte del gasto por parte de las CC.AA. quedará reflejado al cierre del presente ejercicio y en los presupuestos de 2011.
En una reunión mantenida hoy en la sede del Ministerio de Fomento, las asociaciones acordaron por unanimidad transmitir al Gobierno su "más enérgica oposición" a cualquier incremento de la fiscalidad que soporta el sector de transporte por carretera y, en concreto, en lo que se refiere al proyecto que está estudiando el gabinete dirigido por José Blanco de exigir a los transportistas una tasa por cada kilómetro recorrido en las actuales autovías y carreteras libres de pago, informó la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer).
En concreto, la asociación estimó que la recaudación obtenida de los transportistas por este tributo superaría los 2.000 millones de euros anuales.
A juicio de la institución gobernada por Miguel Angel Fernández Ordóñez, los tres procesos cumplen los criterios de solidez y racionalidad económica que se han de exigir a este tipo de operaciones.
Una vez obtenida la aprobación por parte de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, los tres proyectos de integración han sido examinados y aprobados a su vez por la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ya que en los tres casos se requiere la aportación de ayudas públicas con el fin de reforzar los recursos propios de las entidades resultantes.
Así, el SIP que lideran Caja Madrid y Bancaja incluye la suscripción por parte del FROB de participaciones preferentes convertibles por valor de 4.465 millones de euros, mientras que el SIP encabezado por CAM y Cajastur requerirá también la suscripción de 1.493 millones en preferentes convertibles. Por su parte, la fusión de las cajas gallegas precisará también la suscripción de 1.162 millones en preferentes. En conjunto, los tres procesos apelarán al FROB por 7.120 millones de euros.
Las condiciones de las tres operaciones se comunicarán "inmediatamente" al a Comisión Europea, y serán notificadas al Ministerio de Economía y Hacienda. Los tres procesos de integración deberán ahora ser ratificados por las respectivas asambleas generales de cada una de las entidades y obtener las autorizaciones pertinentes.
Según informó el Banco de España en un comunicado, la reestructuración del sector de cajas de ahorros se está articulando a través de 12 procesos de integración en los que participan 38 de las 45 cajas españolas, de los que siete se han planteado con petición de ayudas al FROB por importe total de 10.189 millones de euros, y otros cinco se abordan sin ayudas públicas.
El Banco de España aprobó el pasado 25 de marzo las dos primeras fusiones de las cajas catalanas, la de Caixa Manlleu, Sabadell y Terrasa, y la de Caixa Catalunya, Manresa y Tarragona, así como la integración de Caja Duero y Caja España.
"CajaGranada tiene que tomar una decisión en su momento sobre este proceso" con la libertad que tienen sus órganos de gobierno, indicó el consejero de Economía.
Preguntado sobre si una gran caja andaluza puede tener tal consideración sin CajaGranada, Ávila recalcó que se está hablando de un reforzamiento del sistema financiero andaluz a partir de las dos grandes cajas que por dimensión hay ahora en Andalucía y que no están inmersas en ningún proceso de integración, apuntando que el Gobierno valora que el conjunto de partidos políticos estén "conformes" con que se produzca un pronunciamiento por parte de los órganos de gobierno de dichas entidades "en un sentido de integración".
En rueda de prensa, Arenas indicó que entre las coincidencias con el presidente de la Junta se encuentran que las cajas queden fuera de la "batalla político-partidista", la necesidad de que Andalucía cuente con entidades financieras "sólidas y solventes"; la despolitización de las cajas; que los procesos de fusión estén acompañados del "consenso social", y que desde la política no se dirijan a los consejos de administración, mostrándose siempre un "escrupuloso respeto" a cada una de las decisiones adoptadas.
El vicesecretario general del PSOE-A, Rafael Velasco, manifestó en la rueda de prensa posterior a su reunión con el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que "lo fundamental" en estos momentos es la fusión entre Unicaja y CajaSol y una oferta conjunta por CajaSur, de manera que esta entidad pueda seguir vinculada a la comunidad.
"Eso es una gran caja", sentenció el dirigente socialista, para quien, sin duda, se trataría de consolidar el sistema financiero andaluz y dar un paso de gigante para la recuperación económica.
Rafael Velasco expresó que a su partido le "encantaría", si así lo estimara el consejo de administración de CajaGranada, que dicha entidad estuviera también en ese proyecto, si bien insistió en que sus órganos de gobierno son los que tienen que sopesarlo y tomar una decisión.
Recalcó que, por parte de CajaGranada, ya ha habido unos pasos (en referencia a su proceso con entidades de fuera de la comunidad) que no se pueden obviar, pero apuntó que tampoco son "irreversibles", pero "condicionan".
De ahí, según añadió, que el consejo de administración tenga que adoptar una decisión, que los socialistas respetarán. "¿Eso es fundamental para la gran caja de Andalucía?. No lo es", sentenció Rafael Velasco.
Los órganos de gobierno de la entidad granadina, según recalcó el número dos del PSOE-A, son los que tendrán que decidir si quieren seguir con el camino ya emprendido o "si tienen a bien incorporarse a la posibilidad andaluza". Insistió en que los socialistas respetarán lo que decidan dichos órganos acerca de lo que es mejor para la entidad.
"CajaGranada va a tener una opción y seremos sumamente respetuosos con lo que decidan sus órganos de gobierno", recalcó el dirigente socialista.
De otro lado, en referencia a una posible oferta conjunta de CajaSol y Unicaja, Rafael Velasco manifestó que no tiene dudas de que se están "dando pasos" en ese sentido.
El presidente de esta compañía, Antonio Brufau, ha acompañado al ministro en su visita a las instalaciones y en el recorrido por la zona donde se realizan las obras, que permitirán que la refinería cartagenera pueda duplicar su capacidad de producción y alcanzar los 11 millones de toneladas anuales, es decir los 220.000 barriles diarios, de las que la mitad serán gasóleos.
El ministro ha podido comprobar el desarrollo de las obras, que, según Repsol, llevan el ritmo previsto con 10 millones de horas trabajadas y en la actualidad con más de 5.000 personas dedicadas a la construcción de nuevas unidades, a las que hay que sumar otro millar de personas destinadas a las ingenierías y otras 300 en talleres de prefabricación.
Repsol ha informado a Miguel Sebastián que lo previsto es que este proyecto, que representa la mayor inversión industrial realizada en la historia de España, se ponga en marcha en la segunda mitad de 2011.
Este proyecto supone una inversión de 3.200 millones de euros, y permitirá mejorar la balanza comercial de España reduciendo considerablemente la importación de combustibles de automoción, fundamentalmente gasóleos. Con la ampliación, la refinería de Cartagena duplicará su capacidad de producción hasta alcanzar los 11 millones de toneladas anuales (220.000 barriles al día), el 50 por ciento de las cuales serán destilados medios, sobre todo gasóleos, según informaron fuentes de la compañía. Las nuevas instalaciones permitirán la producción de combustibles limpios para el transporte, impulsando el uso de biocarburantes (biodiesel), y maximizarán la eficiencia energética en el proceso de producción. Con la puesta en marcha de las nuevas unidades, la refinería de Cartagena se convertirá en una de las más modernas y con mayor capacidad de conversión del mundo. Sebastián pudo comprobar el desarrollo de las obras de ampliación, que siguen el programa previsto, habiendo superado los 10 millones de horas trabajadas. En la actualidad, más de 5.000 personas trabajan en la construcción de las nuevas unidades, a las que hay que sumar 1.000 en ingenierías y 300 en talleres de prefabricación de la zona.
Hernández, quien fue elegido alcalde en 1999 y gobernó durante las dos legislaturas posteriores, es decir, durante ocho años, ha sido detenido junto a Santiago Martínez Esparza así como J.V.N.A. y A.J.S.R., en el marco de un procedimiento abierto por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias y malversación, entre otros.
Igualmente, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, esta mañana se practicaron siete registros en domicilios particulares y profesionales de los detenidos en Murcia, Cartagena y San Javier.
El ex-edil José Hernández, del PP, y el promotor inmobiliario Martínez Esparza ya declararon como imputados en 2006 ante el fiscal encargado de delitos urbanísticos, Juan Pablo Lozano, tras la denuncia interpuesta por el Grupo Independiente de San Javier, entre otros asuntos, por un convenio firmado entre ambos para la cesión de unos terrenos del promotor, donde estaba prevista la construcción del hospital comarcal del Mar Menor, a cambio de "aprovechamiento" urbanístico.
La actual alcaldesa de San Javier, la socialista Pepa García, quien se encuentra fuera del municipio, reconoció no tener información oficial de las detenciones, y confirmó que las dependencias del Ayuntamiento no han sido objeto de ningún registro, de momento.
Este procedimiento se inició en 2008, tras una querella de la Fiscalía y ya se produjeron, también, seis detenciones en diciembre de ese año, entre ellas el arquitecto municipal de San Javier, Miguel Botella; y su homólogo de Fuente Álamo, José Mariano Sánchez, debido a supuestos delitos fiscales y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.
Los arrestos, que se produjeron de forma paralela a los registros de dependencias de los ayuntamientos de San Javier y Fuente Álamo, fueron ordenadas por el Juzgado de Instrucción nº 1 de San Javier y respondían a unas diligencias abiertas en enero de 2008 en el marco de la denominada operación 'Valhalla'.
Los arquitectos municipales de los ayuntamientos de San Javier y Fuente Álamo eran socios de un estudio de arquitectura, denominado Gruparq 3 S.L., ubicado en San Pedro del Pinatar y fueron detenidos por sus trabajos dentro de este despacho, según confirmó entonces la alcaldesa de San Javier, Pepa García.
El tercer detenido en aquella ocasión, Juan Pedro Sánchez, era también socio de la empresa y familiar directo de José Mariano Sánchez Martini, arquitecto municipal del Ayuntamiento de Fuente Álamo, mientras que los otros dos detenidos eran las esposas de los tres arquitectos, María Teresa Fernández, Isabel Valderrey y María Ángeles Espeso.
La jueza, que investigaba presuntos delitos contra la Hacienda Pública, falsificación de documentos, blanqueo de capitales, cohecho y asociaciones ilícitas, acordó dejar en libertad a las tres mujeres, mientras que decretó libertad con cargos para los tres arquitectos.
Al parecer, la detención del ex alcalde del PP de San Javier, José Hernández, efectuada hoy por la Guardia Civil, también está relacionada con aquella otra investigación del fiscal delegado de Delitos Urbanísticos y Medio Ambientales de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano.
En diciembre de 2006, el fiscal tomó declaración a Hernández como imputado por una presunta irregularidad en la cesión de un solar para la construcción del futuro Hospital Comarcal del Mar Menor.
En concreto, el fiscal investigaba si el alcalde, por aquel entonces, dispensó trato de favor al propietario de Urdemasa, Santiago Martínez Esparza --detenido hoy por la Benemérita-- cuando firmaron el convenio de cesión de terrenos para la construcción de un nuevo Hospital Comarcal, tal y como denunció el Grupo Independiente de San Javier en su día.
Con motivo de esa investigación y de cara a las elecciones municipales de 2007, el PSOE de San Javier reprochó a Hernández su vinculación con esta empresa adjudicataria, y criticó que él mismo "reconoció" esta relación. Así, recordaban que Urdemasa había sido "adjudicataria única de obras tan importantes como el Ayuntamiento, la Biblioteca o el Aparcamiento, entre otras".
En aquel momento, el PSOE consideraba que "la cesión de la parcela del hospital no era 'tan gratis' como se dijo, sino que llevaba el compromiso de la recalificación de tres millones de metros cuadrados".
Esta investigación también le valió a Hernández críticas del coordinador regional de IU y entonces candidato de IU+LV a la presidencia de la Comunidad Autónoma, José Antonio Pujante, quien tildó de "inadmisible" que se presentara como candidato a la Alcaldía, ya que había, a su juicio, indicios "más que suficientes que indicaban la situación de amistad con el dueño de Urdemasa".
Sin embargo, en las elecciones municipales de 2007, Hernández volvió a presentarse como candidato por el PP de San Javier, aunque su partido obtuvo sólo nueve escaños, por lo que perdió la mayoría absoluta de 11 escaños que había mantenido desde 2003.
Hernández fue relevado en el cargo por la actual alcaldesa del municipio, Pepa García, gracias a la coalición que formó su partido, el PSOE, con siete escaños, el CDL con un escaño y el Grupo Independiente con cuatro escaños.
El primer edil de San Javier, José Hernández, fue investigado por su propio partido, según anunció el secretario general y alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, después de conocerse nuevas conexiones societarias entre él, su concejala de Urbanismo, Eva María Pérez, familiares de ésta y algún funcionario con las constructoras Peinsa, de Juan Gracia, y Urdemasa, Santiago Martínez Esparza.
Ya en abril, al conocerse esas relaciones del alcalde con Peinsa y Urdemasa en el proyecto Nueva Valencia al Mar, en la capital del Turia, el mismísimo presidente regional del PP y de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, le solicitó un informe sobre sus actividades empresariales, al tiempo que la Fiscalía del TSJ de Murcia abría diligencias sobre el asunto en mayo de 2006.
Sin embargo, en febrero de 2007 el comité electoral regional del Partido Popular designó a José Hernández como candidato a la alcaldía de San Javier en las elecciones del 27 de mayo, cerrando así las especulaciones sobre su continuidad o no en el cargo tras conocerse sus relaciones societarias con dos empresarios que realizan importantes obras en el municipio: Santiago Martínez Esparza (Urdemasa) y Juan Gracia (Peinsa).
El alcalde de San Javier ya estaba siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, que trataba de averiguar si había existido un presunto trato de favor del primer edil a los empresarios con los que ha compartido sociedades, tal y como denuncian el PSOE y del Grupo Independiente de San Javier. La dirección regional del PP llevó a cabo en 2006 la citada investigación interna sobre la gestión de José Hernández, en la que se concluyó que la actuación del entonces regidor había sido totalmente legal.
El propio alcalde compareció dos semanas antes frente a los medios de comunicación para informar de que todas las denuncias presentadas hasta el momento contra él en los juzgados habían sido archivadas por los jueces.
Comunicado del PPRM
El PP de la Región de Murcia afirmó hoy, a través de un comunicado, que ex alcalde de San Javier, José Hernández, "no ostenta ninguna responsabilidad ni orgánica ni pública en representación del partido".
Fuentes 'populares' expresaron su respeto a la Justicia y a las decisiones judiciales, al tiempo que dijo esperar que el ex regidor de dicha localidad "pueda demostrar su inocencia como un ciudadano más en los derechos que consagra la Constitución Española".
Los hechos se produjeron sobre las 00.45 horas, cuando los agentes fueron comisionados para que se dirigieran a una sucursal bancaria de la carretera del Barrio Peral, donde un individuo estaba golpeando un cajero con un martillo.
Una vez en el lugar, los agentes encontraron al individuo introduciéndose en el interior de la entidad, después de haber fracturado un cristal, informó el Consistorio en un comunicado.
"Hay un mecanismo de comprobación muy complejo", dijo Espinosa en declaraciones a la prensa tras presentar los resultados de la presidencia española de la UE ante la comisión de Agricultura de la Eurocámara. "Muchas veces, desde que se hace una denuncia hasta que esto tiene sus efectos, a lo mejor tarda 8 o 10 días porque es el periodo de comprobación que se necesita actualmente", explicó.
"Queremos trabajar, lo estamos ya haciendo, con aduanas de otros Estados miembros para que seamos nosotros los que a lo mejor le propongamos a la Comisión un mecanismo de comprobación más sencillo que el actual", anunció la ministra de Agricultura.
La UE y Marruecos cerraron el pasado 27 de noviembre las negociaciones sobre un nuevo acuerdo agrícola que contempla una mejora sustancial de las cuotas de importación al mercado europeo de productos marroquíes a tarifas preferentes, especialmente tomates. El acuerdo todavía está pendiente de ratificación de la Eurocámara. Los productores han denunciado reiteradamente que Rabat incumple el acuerdo vigente y exporta a la UE más de lo permitido.
Por otro lado, Espinosa defendió la reanudación de las negociaciones entre la UE y Mercosur para lograr un Acuerdo de Asociación ante las críticas de un gran número de eurodiputados, que sostuvieron que el pacto perjudicará a los agricultores europeos.
Espinosa alegó que si este acuerdo se negocia "bien" se abrirá "un inmenso mercado de consumidores" para los productos agrícolas europeos. "El acuerdo puede ser un buen acuerdo si es un acuerdo equitativo a todos los niveles. Ninguna actividad económica puede ser ni perdedora ni ganadora", afirmó.
"Hay que tratar de que ese acuerdo, si llega a madurar, sea un acuerdo que beneficie a todos y no perjudique a nadie", dijo.
Espinosa aseguró que España ya ha pedido a la Comisión ayudas para compensar el impacto sobre los productores de plátano de Canarias de los acuerdos comerciales suscritos con países terceros como Colombia o Perú. "Nosotros seguiremos hablando con la Comisión para ver el seguimiento que ellos van haciendo y ver si se pueden activar las ayudas o no", dijo.
El comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, afirmó en una reciente respuesta parlamentaria que no ve razón para aumentar estas ayudas porque considera que los 141 millones de euros al año que reciben ya los productores canarios contemplan el posible impacto de acuerdos comerciales.
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Manuel Navarro hizo estas declaraciones hoy en Alicante, durante una rueda de prensa en la que destacó que Cajastur "ha buscado una posición dominante de manera irregular" tras beneficiarse de "una inyección de dinero público" al fusionarse con Caja Castilla La Mancha (CCM) a través del Banco Liberta, algo que "le ha permitido contar con el 40 por ciento de la participación" en el nuevo banco que se creará, donde CAM tendrá un 40 por ciento, un 11 por ciento Caja Extremadura y un 9 por ciento Caja Cantabria.
Para SICAM el peso que Cajastur recibirá en la nueva entidad es "injusto", al considerar que los 1.300 millones destinados por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de las cajas de ahorros para facilitar la compra de Caja Castilla-La Mancha por Cajastur "supone un fraude", ya que implica que "el Banco de España saneara CCM" para que después se la quedara Cajastur.
Navarro calificó la operación entre Cajastur y CCM como "chollo" que permitió a Cajastur "adquirir un tamaño mucho mayor que le ha permitido contar dentro del SIP con un 40 por ciento de participación", e indicó que ,"a pesar de que CAM aporta al SIP más del 50 por ciento del volumen de negocio", esta entidad "sólo tiene el 40 por ciento de participación en el nuevo banco".
Para Navarro, que Cajastur adquiera el 75 por ciento del negocio bancario de CCM, "saneado a cargo del Estado, sin pagar ni un solo euro por esos activos", es un hecho que "distorsiona la competencia", por lo que solicita a la CNC que "inicie e instruya los correspondientes procedimientos".
El secretario general SICAM señaló, además, que este requerimiento se dirige "contra el Banco de España" por "forzar el SIP" de CAM al utilizar la "intervención de la caja" como medida de coacción, y contra la Generalitat Valenciana "por incumplimiento de la Ley de Cajas de la Comunitat Valenciana" por el SIP.
Por otra parte, Manuel Navarro Bracho, aseguró que el sindicato se muestra "contrario a los SIP" y al "Real Decreto Ley 6/2010" puesto que suponen "un ataque a las Cajas de Ahorros" encaminado a "convertirlas en entidades privadas que seguramente pasarán a manos de la banca".
Por este motivo, SICAM, junto a la Asociación Sindical Independiente de Profesionales del Ahorro (Asipa) y la Federació d'Estalvi de Catalunya (FEC), ha presentado un contencioso administrativo en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional al entender que los SIP "son contrarios al Derecho Comunitario europeo y a la Constitución Española" puesto que "no están regulados de modo exhaustivo, ni en su régimen jurídico, ni sus condiciones y procedimientos", generan una "lagunas legales grandísimas", "son contrarios a las Leyes de Cajas de las Comunidades Autónomas" y vulneran "la libre competencia, puesto que pretenden crear grandes grupos bancarios", lo que provoca una menor presencia de agentes en el mercado.
Carbonero, que prevé que la reunión tenga lugar este jueves, aunque el día exacto no está cerrado, consideró que "es perfectamente posible crear una gran caja entre Cajasol y Unicaja y lograr que desde esa gran caja se tenga capacidad para gestionar CajaSur, aunque eso sólo es posible por la decisión de los partidos y sindicatos, que somos quienes nos sentamos en los consejos de administración de las cajas".
En ese sentido, expresó su deseo de que tanto el Banco de España como el Ministerio de Economía "apuesten por que exista una gran caja potente en Andalucía", ante lo que pidió que ambos organismos nacionales "no jueguen en contra de los intereses de Andalucía y la Comunidad tenga un sector financiero fuerte y potente que ayude a salir de la situación de crisis que padecemos".
Carbonero abogó por una gran caja andaluza, algo que ve "absolutamente claro" y sobre la que recordó que CCOO-A "ha apostado siempre y desde hace mucho tiempo por una gran caja andaluza y por una caja única, siempre con la premisa de preservar la viabilidad financiera, el modelo de cajas y la defensa del empleo".
"Es absolutamente necesario no dejar pasar esta oportunidad", aseveró Carbonero, quien recordó que "desde la autonomía e independencia de las cajas, quienes se sientan en los consejos de administración son partidos y sindicatos, por lo que las formaciones políticas deben dejar de dar vueltas a las cosas y apostar por una gran caja".
Recordó que el sindicato es partidario de "profesionalizar la gestión de las cajas, aunque recordó que actualmente quien se sienta en los consejos de las cajas es el resultado de un proceso electoral democrático".
A su juicio, "sería muy lamentable que se dejara pasar la oportunidad de conformarse una gran caja en Andalucía por cuestiones localistas o conveniencias electorales".
En ese sentido, consideró que "quien está el frente" de CajaGranada "teniendo en cuenta la experiencia previa de CajaSur debe pensar en los intereses de los granadinos, de los impositores y de los andaluces y no pensar desde una perspectiva localista y de vía estrecha, pensando en cajas pequeñas y pensando desde la perspectiva reduccionista y localista".
Carbonero, quien recordó que CCOO "siempre ha sido coherente y por eso se salió del Pacto del Saray en Granada y fue la única que no votó a favor del SIP", consideró que los partidos y sindicatos "deben pensar en global y no de forma reduccionista".
Asimismo, lamentó que la opción que ha tomado CajaGranada "es además una postura de eliminación de las cajas, pues apostó por SIP y por un banco de cajas, por una bancarización de las cajas", frente a lo que recordó que el sindicato "está a favor de fusiones que garanticen el sistema de cajas y en Granada, sindicatos y partidos deben apostar por el sistema de cajas y fortalecer el sistema financiero andaluz".
"Sería mucho más sensible con los intereses de los granadinos tener una caja desde el ámbito andaluz que desde Madrid", agregó Carbonero, que espera que ese SIP de CajaGranada "no sea sólo consecuencia de estrategias electorales y localistas".
El vicesecretario general del PSOE-A, Rafael Velasco, que mañana se reunirá con el presidente en la ronda de contactos que éste ha iniciado con los partidos para abordar el objetivo de la gran caja, manifestó en rueda de prensa que los socialistas acuden a esa reunión "con la mejor voluntad" para lograr el consenso porque es bueno para los andaluces contar con una gran caja que aglutine, a ser posible, a todas las entidades que hay en la comunidad, incluida CajaSur, que sería bueno que "siguiera teniendo su vinculación" con esta comunidad.
"Tenemos una voluntad de diálogo permanente y constante con todos los partidos para lograr ese objetivo", sentenció Rafael Velasco, para quien también son una pieza fundamental los consejos de administración y los presidentes de las cajas, que tienen que ponerse manos a la obra y hacer una propuesta interesante al resto de agentes implicados.
Además de trabajar en todo lo que haga falta para que el objetivo de la gran caja llegue a buen puerto, Rafael Velasco manifestó que los socialistas defenderán también el actual modelo de cajas en el conjunto del país.
Expresó que comparten con el Banco de España que hacía falta una reflexión en torno a las entidades financieras y la reestructuración del sistema que ha planteado. Dijo que los socialistas tienen además la esperanza de que el conjunto del Estado comparta que Andalucía merece tener una gran caja de ahorro.
Esa gran caja, según recalcó, es un instrumento más para fortalecer a Andalucía en el proceso de recuperación económica y apuntó que ahora que se habla tanto de inversión, también debe ser un instrumento muy importante para la inversión en su conjunto, de manera que se consoliden las empresas del sistema productivo y se contribuya a la creación de empleo.
De otro lado, Rafael Velasco manifestó que no ha escuchado a nadie de CajaGranada --embarcada en una fusión fría con entidades de fuera de la Comunidad--, hablar de "desmarque" ante este objetivo de la gran caja.
"Han pedido una hoja de ruta, que ya está marcada", señaló el dirigente socialista, que agregó que dicha entidad tendrá que posicionarse una vez que está marcada esa hoja de ruta.
Según indicó Secar en una nota, este sindicato emitió una circular informativa a la plantilla de Unicaja, donde tiene representación, "ante la inminente realidad de la gran caja andaluza, con una previa fusión entre Unicaja y Cajasol y en paralelo una posible incorporación de CajaGranada".
En el documento, de 220 folios, la Administración andaluza acusa a Roca de los delitos de cohecho, prevaricación, malversación, falsedad, alteración de precios de concursos, tráfico de influencias, desobediencia, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, algunos continuados. Además, se solicitan 67 años de inhabilitación para empleo público.
Asimismo, para el ex alcalde Julián Muñoz se piden 14 años de cárcel, 32 de inhabilitación y multa de 600.000 euros por los delitos continuados de cohecho, malversación y otro de prevaricación; mientras que para la ex alcaldesa Marisol Yagüe se piden 17 años y medio de prisión, 39 de inhabilitación, seis de suspensión de empleo y 4,8 millones de multa por cohecho, malversación, prevaricación y alteración de precios.
Esta acusación considera que Roca supuestamente se valió "del poder de hecho que ostentaba sobre la institución municipal como consecuencia del sometimiento a su voluntad de miembros del Gobierno municipal y de determinados funcionarios municipales, que conscientemente renunciaron a ejercer las funciones de control a que legalmente estaban obligados".
Señala que de los hechos presuntamente cometidos por los acusados "ha resultado un grave perjuicio para el patrimonio municipal de tal entidad que determinó la incapacidad financiera del municipio de Marbella abocando, entre otras causas, a la disolución de la Corporación en fecha 8 de abril de 2006". En este punto, explica varios convenios urbanísticos.
Así, la administración andaluza precisa el dinero que supuestamente recibió Roca de varios empresarios y que luego habría repartido presuntamente entre varios miembros del equipo de gobierno como Yagüe o Isabel García Marcos, para la que pide seis años de cárcel, 27 de inhabilitación, tres de suspensión de empleo y multa de más de un millón por presunto cohecho, cohecho continuado y prevaricación.
Asimismo, nombra a los empresarios que supuestamente pagaron, entre ellos varios responsables de Aifos, a los que acusa de los delitos de cohecho y malversación, por los que pide 12 años de cárcel y multa de 21 millones para cada uno; Cristóbal Peñarroya, para el que pide cuatro años de prisión por cohecho; o Rafael Gómez, para el que solicita la misma pena por el mismo delito, aunque también 10 años de inhabilitación al acusarlo además de prevaricación.
En el escrito se analizan otras operaciones en las que habrían participado supuestamente promotores como Carlos Sánchez, para el que piden 19 años de cárcel y multa de unos 25 millones; o José Ávila Rojas, para el que se piden 21 años de prisión, multa de 55 millones e inhabilitación para el ejercicio del comercio durante tres años. Además se especifican las adjudicaciones para la explotación de la estación de autobuses y el servicio de grúa.
Esta acusación considera también que el que fuera jefe de la Policía Local Rafael del Pozo "omitió conscientemente la ejecución de ordenes de paralización y precinto de obras que venían ordenadas por la Alcaldía en cumplimiento de resoluciones judiciales", por lo que le acusa de delitos de cohecho, tenencia ilícita de armas, prevaricación, desobediencia, malversación y solicita nueve años de cárcel y 24 de inhabilitación.
También se explica la operación supuestamente llevada a cabo por el ex primer teniente de alcalde Pedro Román junto al presunto cerebro de la trama y otros acusados, de forma que se le acusa de blanqueo, inducción de un delito de malversación y de un delito continuado contra la Hacienda Pública, solicitando 14 años de cárcel e inhabilitación para ejercer el comercio por tres años, entre otras penas.
Asimismo se analizan las transmisiones de propiedades que presuntamente realizó Roca "con el objeto de ocultar el origen de los bienes obtenidos", apartado por el que acusa de blanqueo de capitales a varios supuestos testaferros, entre otros, a Montserrat Corulla, para la que pide siete años de prisión, multa de 43,8 millones e inhabilitación para ejercer la abogacía por cuatro años.
Además, la Junta considera que también "para ocultar el origen de los bienes y efectivo obtenidos ilícitamente así como para rentabilizarlos económicamente", Roca presuntamente compró boletos de juego de azar premiados, por lo que se acusa a la hija y la mujer de éste por un delito de blanqueo; además de supuestamente valerse de determinados marchantes de arte.
En el escrito se señala que con el mismo fin de "ocultar" estas propiedades o "los efectos y bienes obtenidos ilícitamente del Ayuntamiento de Marbella por lo que ha sido condenado ejecutoriamente en sentencia de la Audiencia Nacional", Roca "configuró una organización" para lo que se valió supuestamente de varias personas, como los principales miembros del bufete Sánchez Zubizarreta- Soriano Pastor.
Éstos, según esta acusación, "pusieron a disposición del acusado Juan Antonio Roca Nicolás los servicios de su despacho profesional, radicado en Madrid, facilitándole la constitución de sociedades con las que ocultar el patrimonio ilícitamente obtenido, y prestándose a que profesionales y empleados de su despacho figuraran formalmente como titulares o administradores de dichas sociedades".
La Abogacía del Estado también ha realizado escrito de acusación por este caso 'Malaya' contra cuatro personas, como son Roca, Román, Florencio San Agapito y el abogado Juan Germán Hoffman. A estos cuatro los acusa por un delito contra la Hacienda Pública con la agravante de utilizar a personas interpuestas para ocultar la identidad en relación con la operación denominada 'Crucero Banús'.
Por dicha operación, según las conclusiones iniciales de esta parte, Román supuestamente dejó de ingresar en el IRPF en 2002 la cantidad de 1,9 millones de euros; Roca, 465.505 euros, San Agapito, 191.464 euros y Hoffman, 232.752 euros. Cada acusado se enfrenta a una petición de dos años y medio de prisión y multa del duplo de lo presuntamente defraudado.
Pero, además, acusa a Román de otros cuatro delitos contra la Hacienda Pública, puesto que la investigación "ha puesto de manifiesto ganancias patrimoniales que no se corresponden con la renta o el patrimonio declarado" de forma que supuestamente dejó de ingresar varias cantidades en 2001, 2003, 2004 y 2005. Por esto, se solicita dos años de cárcel por cada delito.
También acusa a San Agapito por otro de estos delitos porque supuestamente "existen indicios de una ganancia patrimonial no declarada en 2001", solicitando dos años de cárcel. En cuanto a la responsabilidad civil, se insta a que paguen las cantidades que supuestamente defraudaron a la Hacienda Pública.
Así lo anunciaron en rueda de prensa el presidente y el director general de Sa Nostra, Fernando Alzamora y Pau Dols, quienes remarcaron que esta fusión tampoco supondrá la desaparición de las oficinas que la principal caja de Baleares tiene en el archipiélago, dado que no se producirá ningún tipo de duplicidad de red con las entidades firmantes, puesto que ninguna de ellas tiene presencia en las islas.
No obstante, en los próximos meses la sociedad central del SIP, ubicada en Madrid, decidirá la integración de determinados servicios, lo que podría afectar a las doce oficinas que Sa Nostra controla en Madrid (de las 57 con las que cuenta el grupo), que pasarán a formar parte de la sociedad central, mientras que por otro lado está pendiente de decidirse el futuro de las dos oficinas con las que Sa Nostra cuenta en Cataluña y las ocho en la Comunidad Valenciana, teniendo en cuenta que en estas dos comunidades ya operan Caixa Penedès y Caja Murcia.
Dols garantizó la continuidad de las tres oficinas que la entidad tiene en Islas Canarias, debido a que la mayor parte de los clientes pertenecen al sector hotelero y turístico de Baleares.
Por su parte, Alzamora remarcó que la fusión no afectará ni al logo de la entidad, ni a la Obra Social de la entidad financiera, que para 2010 cuenta con un presupuesto de 8,8 millones de euros, aprobados hoy en la Asamblea General. Añadió, de este modo, que con la fusión se logrará una entidad "más solvente y más eficiente" y aseveró que el cliente "no notará el cambio", y en todo, caso, percibirá "mejoras en beneficio suyo".
Dols reveló que el grupo, en el que Sa Nostra cuenta con una participación del 14 por ciento, ya ha realizado la solicitud formal al Banco de España para obtener 915 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
En rueda en prensa, tras finalizar el encuentro que ambos mantuvieron para abordar un pacto político en materia de cajas, González dijo que la defensa de una caja única "se entronca con la defensa de la autonomía andaluza".
La líder andalucista, que dijo haberle pedido al presidente una hoja de ruta "clara" sobre este proceso, indicó que su formación está "muy interesada" en que este proyecto se lleve finalmente a cabo y que cuente con el consenso de todos los grupos políticos, puesto que contribuirá a "fortalecer el sistema financiero".
González afirmó que la "gran caja" debe ser pública y que, en ningún momento debe perderse el "interés social".
"Mucho menos en época de crisis económica", apuntó la secretaria general del PA, quien también se mostró a favor de la presencia política en las cajas, siempre y cuando no sean políticos en activo o con cargos públicos.
En esta línea, subrayó que la caja única debe servir para impulsar un nuevo modelo económico en Andalucía basado en el uso sostenible de los recursos endógenos de la comunidad. "En ningún momento apoyaremos intereses ajenos a Andalucía que frustren la posibilidad de fortalecer nuestro sistema financiero", detalló González quien advirtió de que su formación será "muy beligerante" en este aspecto.
González destacó que el presidente de la Junta le manifestó durante el encuentro que está "decidido" a que la entidad cordobesa CajaSur se quede en Andalucía tras el proceso de saneamiento acometido por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Sobre la participación de CajaGranada en este proyecto, la secretaria general del PA dijo haberle mostrado su preocupación a Griñán por la posibilidad de que esta entidad pudiera quedarse fuera. "Debería integrarse aunque fuera a otro ritmo", apuntó.
Valderas dijo haber compartido con Griñán el hecho de que Andalucía cuente con más "músculo financiero" y con una gran caja que sea capaz de sumar "cuanto más, mejor". Si bien, le ha traslado que mantendrá el respaldo de su formación en la consecución de este objetivo siempre que la caja no sirva a intereses privados.
De otro lado, el líder de IULV-CA mostró su disposición a mantener una serie de encuentros bilaterales con los presidentes de Unicaja, Cajasol y CajaGranada, Braulio Medel, Antonio Pulido y Antonio Jara, respectivamente, con el objetivo de trasladarles el posicionamiento de IULV-CA respecto a la conformación de una gran caja andaluza.
En declaraciones a Punto Radio, Griñán expuso que antes de este momento se han producido una serie de acontecimientos que hay que conocer, como son el hecho de que Cajasol tenía un avance de lo que se llama fusión fría con otras cajas y, "de repente, de la mañana a la noche, sin comerlo ni beberlo, las cajas que estaban a punto de hacer esa fusión fría se fueron con Caja Madrid y dejaron a Cajasol sin esa fusión fría; que simultáneamente, Unicaja estaba tratando de fusionar a CajaSur y no sabemos por qué ésta dijo que no a la fusión, como ha dicho el subgobernador del Banco de España, se suicidó, y simultanénamente a eso, CajaGranada, que había quedado suelta, miró a otra fusión fría que iría por el Mediterráneo".
"Ha ocurrido que Cajasol ya no tiene esa fusión fría, que Unicaja no ha hecho la fusión con CajaSur y, al mismo tiempo, CajaGranada sigue en esa fusión fría, pero se le abren otras perspectivas", indicó el presidente, para quien, el panorama ahora mismo es que Unicaja y Cajasol, "probablamente se encontrarán en el camino de encontrar una caja de mayor dimensión", mientras que queda la subasta de CajaSur, ante la que hay una oferta de Cajasol y una de Unicaja y, "probablemente, puedan unir esfuerzos en esa puja", y queda CajaGranada, que tiene como alternativas o la que ya tenía prevista, fuera de Andalucía, u otra dentro de Andalucía.
Este concurso, organizado por las consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, Formación y Empleo, junto a la Fundación Cajamurcia, tiene como objetivo difundir entre los alumnos el conocimiento de la Unión Europea y la repercusión de los Fondos Europeos en el crecimiento de la Región de Murcia.
Los ganadores de la final del concurso han sido Rosa María Campillo Guillen, Claudia Marin Parra, Ángela Báguena Perez-Crespo y Alberto González Rodríguez, integrantes del equipo del citado colegio.
El premio para los ganadores ha sido un ordenador portátil para cada uno de ellos y también para su profesora, María José Castejón López, además de un viaje a Bruselas con un acompañante, en el que conocerán las instituciones europeas y cómo participa en ellas la Región de Murcia.
La final de este concurso, en el que han participado este año más de 4.300 estudiantes de ESO de toda la Región, fue disputada por los equipos de los institutos Arzobispo Lozano de Jumilla, Valle del Segura de Blanca y el colegio San Buenaventura Capuchinos de Murcia.
La final se retransmitió durante este fin de semana en la cadenas de televisión de ámbito regional 7 Región de Murcia, 10 Región de Murcia y Televisión Murciana.
Durante la sesión, que dará comienzo a las 11,00 horas en la sede de los servicios centrales de Sa Nostra, se aprobarán en concreto las cuentas anuales individuales y consolidadas de 2009 así como la distribución de los excedentes obtenidos y la gestión del consejo de administración.
Asimismo, se informará de las negociaciones del proyecto de integración en un Sistema Institucional de Protección (SIP) y de la propuesta de ratificación de la firma del Protocolo de Integración aprobado por el Consejo el pasado 2 de junio.