Buenos días y gracias a todas las autoridades que me acompañan. No quiero tampoco extenderme en las mismas, pero sí agradecer tanto al rector, a Ricardo, como a la presidenta de la CRUE y al resto de rectores que estáis con nosotros, vuestra compañía, y estar en un acto que consideramos desde el Gobierno que es importante.
Hace 50 años -y se ha dicho de una manera diferente, pero creo que todos más o menos hemos llegado al mismo punto-, el destino de las generaciones enteras de españoles estaba escrito, desgraciadamente, en piedra. Los hijos y las hijas estaban destinados a repetir la historia de los padres y madres.
Lo ha dicho antes la ministra Diana Morán. Unos, una minoría, los más afortunados, pues heredaban bienes, propiedades, redes de contacto y, lo más importante, heredaban el capital intelectual, el conocimiento, la cultura, los libros presentes en el hogar, aportados casi siempre por un padre que era el único que había tenido acceso a la educación superior.
Era una minoría, porque nada de eso estaba presente en la amplia mayoría de las viviendas de la clase trabajadora de nuestro país. Una enciclopedia o una estantería de libros era un lujo inalcanzable para muchísimas familias hace 50 años. Y allí, además del oficio del padre, con frecuencia precario, duro, mal pagado, se heredaba la resignación ante una evidencia dolorosa, y era la imposibilidad de ir a la universidad, de cursar estudios universitarios.
Eso también tuvo su traslación en la Formación Profesional, a la cual también estamos dando un impulso decisivo durante estos últimos siete años. Pero entonces vivíamos en una España donde el talento no bastaba, donde los sueños tenían un techo, donde la cuna pesaba más que el mérito y, por tanto, donde la movilidad social, como bien se dice en términos de ascensor, pues era una utopía.
Esto es verdad. Comenzó a cambiar, como ha dicho antes el rector, hace 50 años, en especial durante la década de los 80, cuando España fue capaz de construir el verdadero ascensor social que, por encima de todo, ofrecía a nuestros hijos y a nuestras hijas algo tan valioso como la capacidad de elegir su propio futuro.
Esto lo viví yo también en mi casa, con mi padre y con mi madre, y por supuesto, a diferencia de lo que ocurriera a las generaciones previas, a la de nuestros abuelos y abuelas, entonces levantamos un sistema de salud universal, un modelo de protección social que no dejaba a nadie atrás, y un sistema educativo de calidad.
Y la piedra de toque de ese ascensor social fue la radical transformación de nuestro sistema universitario. Yo recuerdo, durante la crisis financiera que se hablaba de que había que suprimir muchas facultades, muchas universidades….'Tenemos muchas universidades públicas' se decía entonces, ¿os acordáis?
Y realmente lo decían siempre desde una parte de la geografía española, muy concentrada en su capital, porque evidentemente en la provincia de Granada bien se sabía la importancia de tener una universidad en Granada, sobre todo para las familias más humildes, para sus hijos y para sus hijas.
En todo caso, esos avances fueron posibles gracias a una visión de país basada, como decía la ministra, en la igualdad de oportunidades; una igualdad de oportunidades cuyo máximo exponente era nuestra universidad.
Y de entre todos los modelos posibles, España optó por un sistema universitario público de calidad, accesible, presente en todo el territorio. Una universidad concebida como un motor de crecimiento, pero también de transformación, de esa joven democracia que éramos entonces.
Y creo que es muy importante, como se ha dicho antes por parte de algunos de los representantes estudiantiles, hablar de la parte de la empleabilidad, por supuesto, pero también de la de la formación intelectual que te da las herramientas, como decía Fernando de los Ríos, para poder ser libre.
Y, en ese sentido, yo creo que la Universidad, lo que hicimos entonces, lo que se logró desde España, fue que no fuera un lugar donde se reprodujeran los privilegios de antaño, (sino) que se convirtiera en un espacio de encuentro entre estudiantes procedentes de todos los entornos sociales; una universidad que permitiera a cientos de miles de jóvenes de familias humildes, convertirse en ingenieras, en médicos, en juristas, en definitiva, en lo que ellos y ellas quisieran.
Muchas y muchos de esos jóvenes fueron los primeros universitarios de la historia de sus familias -antes lo ha dicho la propia ministra de Ciencia e Innovación y Universidades, hasta llegar a ser ministra del Gobierno de España-. Esa fue nuestra gran apuesta de país: una universidad pública que apuntala el progreso, la cohesión social, la cohesión territorial y que abriera sus puertas de par en par a toda la sociedad.
Y lo conseguimos. Algunos datos son muy elocuentes del esfuerzo que se ha hecho colectivo por lograr este objetivo. De los 350.000 estudiantes que había en 1970, pasamos al doble en tan solo una década, y alcanzamos el millón y medio a finales de los años 90.
Si en la generación de nuestros abuelos apenas 1 de cada 10 personas tenía estudios superiores, hoy más de 1 de cada 2 jóvenes ha accedido a la educación universitaria. Y, además, la universidad llegó a muchos territorios históricamente ignorados, convirtiéndose en un elemento vertebrador de nuestro país, de cohesión territorial.
Construimos una red pública sólida, sin distinciones entre centros ni comunidades autónomas. Ya no había que emigrar a las grandes capitales para estudiar la carrera, algo que antes solo era posible si se contaba con un apoyo familiar y, por tanto, un joven de Badajoz podía licenciarse en medicina en Valencia, o una chica de Teruel podía estudiar Ciencias del Mar en Cádiz. Porque aquí lo importante nunca ha sido dónde estudias, sino lo que aprendes. Y nunca fue relevante si estudiaste en Madrid o en La Laguna (Tenerife), en Málaga o en A Coruña.
Gracias a ese esfuerzo colectivo que hizo España, ya somos el séptimo país de la Unión Europea con los jóvenes mejor formados, y eso se reconoce cuando uno sale fuera de España y se habla, precisamente, del capital humano.
Ahora que hay mucho interés en España por todo lo que está sucediendo, por las inversiones, la reindustrialización y las transformaciones que se están haciendo, se reconoce, y mucho, por parte de muchas empresas, de muchos inversores extranjeros, la formación de nuestro capital humano.
Jóvenes que son reconocidos, como he dicho, dentro y fuera de nuestras fronteras, por su preparación, por su capacidad, por su adaptación y su talento. Y somos, además, el tercer país de la Unión Europea con mayor número de personas matriculadas en estudios superiores.
En fin, nuestras universidades públicas no solo han formado a los mejores profesionales, también han sido, y aquí se ha dicho por parte de algunos de los intervinientes, grandes centros de investigación y desarrollo del país. Hoy ejecutan el 70% de la investigación científica y tecnológica que realiza España y lo hacen en áreas que son clave para nuestro crecimiento, por ejemplo, la salud, el medio ambiente o la tecnología en un sentido amplio.
Por tanto, gracias al modelo universitario público universal y de calidad construido durante estos últimos 50 años, con sus avatares y sus dificultades, hoy cualquier ciudadano, viva donde viva, sabe que el cirujano que lo operará ha recibido una formación de excelencia.
Y, gracias a ese modelo, España ha podido transformar su tejido productivo, adaptarse al cambio tecnológico, convertirse en uno de los países que más crece y que más empleo crea de Europa. Y gracias también a ese modelo, los mejores centros de investigación del mundo compiten por atraer a nuestros estudiantes.
Y es verdad, esto no ha sido fácil. Lo sabéis bien los que estáis aquí. Pero, si hay una historia que, a mi juicio, explica el progreso de España en estas décadas, es la historia de la universidad pública, de nuestro sistema educativo en su conjunto.
Y esta, hay que decirlo, es una historia de éxito. Sí, es una historia de éxito, que representa el orgullo de muchas familias españolas y la satisfacción de ver que sus hijos han podido estudiar en universidades públicas aquello que ellos no pudieron.
Y aquí también se ha dicho, y es cierto que todo ese logro no impide el que tengamos que mejorar, el que de alguna manera nos resignemos a una situación que, en efecto, corre un riesgo muy evidente. Lo que está en juego no es solo una institución.
Lo que está en juego es el futuro de cientos de miles de jóvenes en nuestro país y, por tanto, el modelo de país que queremos construir.
Ayer mismo veíamos en uno de los principales medios de comunicación de prensa escrita las consecuencias que puede tener la deriva que se está llevando en la privatización, nada más y nada menos que del sistema universitario.
Porque política también hay detrás de esa privatización, como bien ha dicho una de las representantes de los estudiantes. Lo que está en riesgo es un modelo de educación superior en el que el acceso universal y la garantía de calidad y excelencia están deliberadamente amenazadas.
Yo creo que lo está por la voluntad de quienes pretenden fragmentar y privatizar nuestra universidad. De quienes están dispuestos a que la igualdad de oportunidades deje de estar garantizada, como si la igualdad de oportunidades y la meritocracia estuvieran reñidas cuando es justo lo contrario. Sin igualdad de oportunidades no hay capacidad de poder hacer y materializar el mérito en nuestra sociedad.
El método ya sabemos cómo es. Lo conocemos bien, no están inventando la rueda, no están descubriendo América, están aplicando lo mismo que han hecho en otros muchos ámbitos pilares del Estado del bienestar, por ejemplo, la salud pública. Lo que se hace primero es debilitarla, cuestionarla, para después privatizarla.
Primero recortan recursos para minar su funcionamiento y -aquí se ha dicho- después qué se hace: se cuestiona su servicio, su calidad, precisamente afectados por los recursos que se detraen. Y finalmente, cuando el deterioro es evidente, pues presentan como solución la privatización como única salida. Por tanto, detraen recursos, el funcionamiento empeora y al final la salida no es otra que la privatización.
Y el proceso ya está en marcha desde hace tiempo. Aquí en Madrid, por ejemplo, el Gobierno autonómico ha recortado casi un 30% la financiación a las universidades públicas desde el año 2016. Da igual que se creciera más, que se creciera menos, que hubiera más o menos ingresos públicos, en la Comunidad autónoma lo que se ha hecho ha sido recortar, recortar y recortar como he dicho antes, un 30% la financiación de las universidades públicas desde el año 2016.
Una comunidad autónoma tan importante en número de población como es la andaluza, l presupuesto universitario lleva seis años completamente congelado. Y, como bien se ha dicho antes, por parte de la ministra, hemos aumentado de media los recursos a todas las comunidades autónomas, las transferencias, en más de un 50% respecto a las administraciones previas.
Y el resultado, por tanto, de este plan deliberado es la merma de la calidad del sistema. Es una auténtica, si podemos utilizar el término, obsolescencia programada que empieza por la degradación de las instituciones, continúa con la precarización del personal docente e investigador y concluye con la reducción de plazas en los grados más demandados, que es lo que está pasando, por ejemplo, en las áreas vinculadas con la salud.
Buscan reemplazar el paradigma de la igualdad por el de la peor de las desigualdades, que es la que premia los apellidos y la cuenta bancaria. Es la consecuencia lógica de priorizar los regalos fiscales a los que más tienen y recortar los servicios públicos.
Y además lo hacen, si me permiten, con una dosis extra de cinismo, porque después lo que hacen es pedir a la Administración General del Estado que asuma los costes de los servicios públicos que esas administraciones públicas han degradado.
En definitiva, menos recursos, más exigencias y cero compromiso en el bienestar de la ciudadanía.
Y mientras se ahoga desde el punto de vista de la financiación de las universidades públicas, se extiende una alfombra roja a la creación de esas academias a las cuales antes se ha hecho referencia. Centros que, en muchas ocasiones, no todas, no buscan la excelencia ni la investigación, sino simplemente hacer caja emitiendo títulos sin exigencias reales, convertidas en chiringuitos educativos, un proceso con una víctima colateral más allá de la universidad pública, que es también desprestigiar a buenas universidades privadas que tenemos en nuestro país y que son además una referencia internacional.
Es decir, se fractura y se debilita a todo el sistema universitario, fundamentalmente el público, pero también a aquellas universidades privadas de prestigio.
Fíjense, desde que se abrió la última universidad pública, que fue en 1998, se dice pronto, en 1998 se abrió la última universidad pública en nuestro país, se han creado 26 universidades privadas. Solo en esta última década se han autorizado otras diez y nueve más esperan la evaluación de su expediente de apertura.
Esto no sería un problema si todas cumplieran con los requisitos, pero no es el caso, como aquí se ha dicho. El problema es que muchas cuentan con informes negativos de la Conferencia General de Política Universitaria y pese a ello, hoy están abiertas, aquí se ha dicho.
Informes que alertan sobre la falta de criterios de calidad de, por ejemplo, en el sistema de selección de los profesores, sobre la escasa inversión en investigación, sobre la falta de variedad de estudios ofertados o sobre la ausencia de garantías internas y de experiencia de gestores.
Y esto no solo supone una pérdida de rigor académico, supone también un compromiso de calidad a nuestros profesores, a nuestro profesorado, a nuestros profesionales, porque hablamos de quienes mañana van a cuidar de nuestra salud, van a defender nuestros derechos, van a construir nuestras infraestructuras.
En definitiva, la universidad no puede ser una garantía o mejor dicho, una fábrica de títulos sin garantías. Lo que está en juego no es solo la educación, es la confianza de toda la sociedad en sus profesionales y en sus instituciones.
Y esa es la razón que lleva a que el Gobierno de España dé la batalla en defensa del sistema universitario español. Vamos a defender la calidad, la equidad y el prestigio de nuestro sistema universitario.
Y, por supuesto, vamos a romper una lanza a favor de lo público, sin demérito de aquellas instituciones privadas, insisto, que sí funcionan bien, con rigor y con calidad.
Y sí, lo sabemos. Sabemos que buena parte de las competencias que esta materia tiene, descansan sobre los gobiernos autonómicos, como bien ha dicho antes la ministra. Pero eso no va a hacer que nos crucemos de brazos. Nunca lo hemos hecho, ni lo vamos a hacer en esta ocasión, porque lo que tenemos en juego es muy importante.
Y así lo hemos hecho durante estos años. Durante estos últimos años hemos aprobado la LOSU, hemos incrementado el presupuesto en becas en un 65%, es decir, en más de mil millones de euros desde que llegamos al gobierno en 2018.
Hemos hecho posible que las prácticas universitarias coticen a la Seguridad Social, para proteger a nuestros jóvenes en su incorporación al mercado de trabajo. Hemos aumentado el número de plazas; hemos mejorado las condiciones laborales de los investigadores en formación, aunque todavía quede mucho por hacer; y hemos logrado que los precios de las matrículas se hayan reducido drásticamente.
Por eso, hoy, desde este lugar emblemático, querido rector de las Escuelas Pías de San Fernando, uno de los probablemente más prestigiosos y desde luego, una de las más de 60 sedes que la UNED tiene repartidas por todo el país, me gustaría anunciar dos medidas que vamos a adoptar en los próximos días.
Lo primero que vamos a hacer es un Plan de Relanzamiento de la UNED, que no deja de ser la gran universidad pública de ámbito estatal de nuestro país y la primera en número de estudiantes.
Este plan, junto al Plan Plurianual de Financiación, lo que pretende es sentar las bases de la transformación que va a experimentar la UNED en los próximos años.
Vamos a dedicar una partida de 30 millones de euros para el primer año, lo que supone un 35% más de aportación por parte del Gobierno. Lo que queremos es que la UNED esté a la altura de los desafíos de nuestro tiempo y por eso vamos a actuar en tres frentes.
El primero, queremos renovar las capacidades digitales con tecnología puntera para que pueda competir en el creciente mercado de la educación a distancia.
En segundo lugar, queremos ampliar a 5.000 las plazas en grados y másteres habilitantes, como por ejemplo el Máster de Formación de Profesorado o el de Psicología General Sanitaria. Y vamos a duplicar así con ello la oferta actual para que nadie tenga que pagar una fortuna en la privada para poder ejercer una profesión regulada.
Y finalmente, vamos a crear 2.000 nuevas plazas vinculadas a grados y másteres en títulos de alta demanda, como, por ejemplo, Educación, Comunicación, así como nuevas titulaciones que respondan a las demandas del mercado, como es el grado de Inteligencia Artificial, el de Neurociencias o el de Neutrónica Computacional.
En definitiva, lo que queremos qué es. Lo que queremos es que la UNED sea la universidad de referencia en España en enseñanza virtual, pública y de calidad. Una institución moderna, accesible, con prestigio, que lidere la transformación digital del sistema universitario sin renunciar a los valores de la universidad pública: igualdad, excelencia y vocación de servicio.
Apoyamos a la universidad pública con la misma convicción con la que queremos combatir el avance de centros privados que priman sin rigor y sin escrúpulos el negocio sobre la calidad. Esos chiringuitos que no cumplen el nivel que cabe exigirle a nuestra educación superior dañando el conjunto del sistema. Por eso me gustaría recoger el guante que se ha planteado por parte de los profesores y por supuesto, también de los alumnos para anunciar esta segunda cuestión.
Lo que vamos a hacer es endurecer los criterios de creación, de reconocimiento y de autorización de universidades y centros universitarios. Una universidad no puede ser una máquina expendedora. Vamos a perseguir las prácticas que atenten contra el prestigio de nuestras universidades, tanto públicas como privadas, para que cumplan con nuestros estándares de calidad y aseguren la excelencia de los profesores, o mejor dicho, de los profesionales que nos cuidan y nos defienden.
¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer de tres formas. La primera de ellas es que vamos a reforzar las exigencias para garantizar que las universidades sean proyectos de calidad. ¿Ello qué significa? Pues significa que al informe de la Conferencia General de Política Universitaria añadiremos un informe de evaluación y subrayo, preceptivo, preceptivo, elaborado por la ANECA o las agencias autonómicas equivalentes.
Por tanto, es lo que vamos a poner en marcha. Un informe que sea vinculante, vinculante en el proceso de creación de nuevas universidades, garantizando así el control riguroso e independiente.
Junto con ello, en segundo lugar, lo que vamos a hacer es endurecer los criterios de apertura y, por lo tanto, se va a exigir una masa crítica mínima de 4.500 estudiantes en los primeros cinco años de ejercicio. Vamos a reformar las garantías de solidez económica.
Vamos a pedir que se asuma el compromiso de disponer al menos de un 10% de plazas de alojamiento universitario para facilitar el acceso a la vivienda. Y se va a exigir experiencia en la gestión universitaria a sus promotores.
Y tendrán requisitos, por tanto, más estrictos en materia de investigación para asegurar un compromiso real con la generación de investigación y de conocimiento.
Y, en tercer lugar, vamos a proponer que las universidades online se consideren de ámbito nacional, porque su radio de actuación es en la práctica todo el país y por ello sólo podrán ser autorizadas con la aprobación de las Cortes Generales para reforzar la supervisión y garantizar su calidad académica en beneficio de los estudiantes de todo el territorio.
Y se me preguntará, cuándo se va a hacer todo esto. Pues dada la urgencia de esta cuestión, ya les anuncio que mañana mismo vamos a llevar el endurecimiento de los criterios al Consejo de Ministros y Ministras para su tramitación urgente, con el objetivo de que pueda entrar en vigor lo antes posible.
Concluyo. Sé que debemos hacer mucho más para proteger y fortalecer nuestro sistema universitario. Todas las administraciones con competencias en este ámbito lo deberían hacer. Pero es verdad que hay una inacción de unos, o una gestión irresponsable de otros, o también deliberada de otros tantos.
Pero no les quepa duda de que desde el Gobierno de España vamos a actuar porque hay mucho en juego. Porque toca elegir entre un modelo de educación superior, universal, de calidad, que dé oportunidades a quien los necesita y que cohesiona social y territorialmente a nuestro país, como bien se ha calificado antes un modelo universitario centroeuropeo.
Un modelo, en definitiva, que discrimina entre quienes pueden pagar y quienes no. Que no cree en la excelencia, la investigación y la responsabilidad social. Me refiero a estos que no creen. Un modelo que no quiere que las universidades sean lugares de encuentro, donde surja la innovación, el conocimiento que nos enriquece a todos y a todas, sino negocios de corto plazo que benefician a unos pocos.
A toda la comunidad universitaria, al personal docente, investigador, al personal de administración, a los servicios y por tanto también al estudiantado y a sus familias, quiero reiterarles que el Gobierno está en la defensa de nuestro modelo universitario y que les apoyará para que hagan ver a la sociedad lo que está en juego.
Y al resto de la ciudadanía lo que les pido es que se unan en esta movilización en defensa de lo público, de la igualdad de oportunidades y del mérito. En defensa de esa Universidad que nos une y ennoblece como sociedad y como país. En defensa de todo lo bueno que nuestra historia ha dado un sistema educativo, un sistema universitario como el que hemos construido desde los años 80 con ese ascensor de movilidad social que hoy. desgraciadamente como se ha dicho, está gripado.
De todos depende que ese ascensor no se vuelva a detener nunca más. Y ahí estará, sin ninguna duda, no les quepa duda, el compromiso del Gobierno de España.
Nada más. Y muchas gracias.
