Cuatro personas han sido detenidos y otras 41 están investigadas por un total de 53 delitos contra la salud pública, estafa, intrusismo profesional y pertenencia a organización criminal.
Durante la fase de explotación de la investigación se han realizado cuatro registros domiciliarios, concretamente en San Pedro de Alcántara (Málaga), Torrevieja (Alicante) y Cartagena (Murcia), así como 24 inspecciones en clínicas y establecimientos clandestinos en las provincias de Cádiz, Madrid, Málaga, Córdoba, Sevilla y Alicante, en las que se han llevado a cabo 40 incautaciones de medicamentos y productos sanitarios ilegales procedentes de Corea principalmente, así como material para su acondicionamiento, almacenamiento y distribución.
La investigación se inició en 2023 a raíz de una serie de informaciones recabadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en relación a la existencia de diversas clínicas clandestinas dedicadas a la realización de tratamientos e intervenciones propias de la medicina estética, observando que incluso se ofertaban a través de redes sociales este tipo de tratamientos médicos por personas sin la debida titulación.
De manera paralela, la Unidad de Análisis de Riesgo de la Aduana de Sevilla, formada por funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Guardia Civil, estaban realizando en el aeropuerto de Sevilla un número importante de aprehensiones de medicamentos y productos sanitarios ilegales, procedentes principalmente de la República de Corea, cuyos destinatarios finales estaban directa o indirectamente relacionados con la medicina estética.
Estos medicamentos y productos sanitarios no autorizados en España, que solían ser ofertados a través de las páginas web de diversas empresas coreanas del sector farmacéutico, entraban de forma camuflada en el territorio nacional, normalmente amparados por falsas declaraciones de contenido para dificultar su detección.
Posteriormente, eran almacenados por los miembros de la organización criminal, quienes, tras realizar la oportuna publicidad de los mismos, directamente o a través de perfiles de redes sociales, los distribuían a clínicas clandestinas y personal no titulado para realizar estas intervenciones propias de médicos especializados en medicina estética.
La actividad de los proveedores no se circunscribía únicamente al territorio nacional, ya que también se detectaron envíos de los citados productos a Portugal, además de contar con una red de personas y cuentas bancarias ubicadas en distintos países para la ocultación de los beneficios que la organización criminal obtenía con su actividad ilícita.
Dentro de los medicamentos ilegales aprehendidos en estas actuaciones, hay que resaltar 700 viales de toxina botulínica, 275 viales de hialuronidasa, más de 200 envases de lidocaína, así como más de un millar de jeringuillas precargadas de ácido hialurónico, hilos tensores y maquinaria específica como centrifugadoras para la realización de tratamientos de plasma rico en plaquetas.
Todos ellos sin la trazabilidad, calidad y conservación exigida para los productos oficiales y por tanto sin la seguridad de que el contenido sea el que figura en las etiquetas.
Esta organización criminal se da por desarticulada, pero en la actualidad se están recabando denuncias de posibles perjudicados por la aplicación de estos tratamientos, existiendo casos de alta gravedad por las secuelas sufridas tras la aplicación de estas sustancias ilegales por personal sin cualificar.
La investigación ha sido llevada a cabo por la Sección de Salud y Dopaje de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del Puerto de Sevilla, junto a la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Sevilla, contando también con la importante colaboración de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, Inspección de Farmacia de la Junta de Andalucía, Inspección de Farmacia de Madrid y de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME).
Igualmente se ha contado con la colaboración de otras entidades públicas y privadas, en cuanto a asesoramiento técnico y realización de analíticas, como la Universidad Católica de Murcia (UCAM), Universidad San Pablo CEU de Madrid o la Facultad de Farmacia de Granada.
