El 28 de diciembre de 2023 iniciaba su etapa como Presidente de Correos el señor Pedro Saura, quien hasta entonces había dirigido Paradores de Turismo de España. Finalizaba así la “era Serrano” quien después de su nefasta labor al frente de la empresa postal lo último que se merecía era que le colocasen como nuevo director general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre S.M.E, S.A. (Seitt). Para que luego nos hablen de méritos y cultura del esfuerzo…
Cada nueva etapa tiene implícito un mandato, una tarea o encargo a llevar a cabo como misión principal. Y desde mi punto de vista, este no es otro que conseguir insertar a Correos en el proyecto público de España para las próximas décadas.
El proceso de “amazonización” de la empresa pública ha generado ya demasiado dolor durante estos años. Copiar el modelo laboral de las entidades privadas y las multinacionales de distribución y logística, tan solo ha traído consigo recortes y daños para los trabajadores, así como un deterioro grosero de la calidad del servicio que prestamos.
Hoy en día trabajar en Correos supone, en resumidas cuentas: ritmos frenéticos y cargas desmedidas, imposición de objetivos imposibles de cumplir, todo tipo de vulneraciones en lo que a derechos se refiere (desde boicotear huelgas a denegar permisos recogidos en reales decretos), todo ello aderezado por un autoritarismo creciente por parte de las jefaturas y unos salarios indecentes que superan por muy poco el salario mínimo inter-profesional español.
Si partimos de la premisa de que la calidad de un servicio público depende directamente del nivel de las condiciones laborales de la plantilla que lo presta, el presidente Saura y su nuevo equipo directivo deberían poner el foco en mejorar cuanto antes la situación de las personas que trabajamos en Correos.
Llama la atención lo alarmante que al nuevo mandatario le ha resultado el estado de las cuentas de la empresa, pero no las deplorables condiciones en las que nos hallamos las y los trabajadores.
Si Correos gasta en salarios buena parte de lo que genera a través de toda su actividad, no parece que los responsables seamos quienes cobramos alrededor de 1200 euros al mes (o la creciente cantidad de compañeros que laboran en jornada parcial ganando entre 600 y 800 euros).
Esto puede ser de Perogrullo, pero viendo la política de “contratación cero” que está aplicando Pedro Saura, pudiera parecer que la razón por la que los números no cuadran sea el exceso de plantilla.
Nada más lejos de la realidad. En Correos llevamos perdiendo personal de manera sostenida lo que va de siglo XXI. El descenso es acuciado y sangrante. Ni los procesos de consolidación más o menos consecutivos de los últimos años han permitido revertir esta tendencia a la baja. Tanto es así, que podemos afirmar con rotundidad ni miedo al equívoco que la falta de personal es, junto a los salarios de miseria, el principal problema cotidiano de la plantilla postal.
De éste, se derivan otros tantos: sobrecargas y aumento de los ritmos de trabajo, ampliación de los recorridos (en el caso del personal de reparto), elevación de los índices de siniestralidad y bajas médicas, presiones para vender en las oficinas abiertas al público, surgimiento de todo tipo de riesgos psicosociales, denegación de permisos (asuntos particulares y vacaciones), obligación de trabajar en días festivos en algunos casos y un empeoramiento innegable del ambiente laboral en los centros de trabajo.
Mantener las plantillas en esta situación de infra-cobertura resulta una irresponsabilidad mayúscula y la peor manera posible de comenzar a dirigir Correos por parte del señor Saura. Y para muestra un botón: los paros parciales reclamando más contratación que se están llevando a cabo en cada vez más unidades de trabajo (tal es el caso de Euskadi), incluso en lugares donde nunca antes se había activado la movilización en forma de huelga (CTA Vallecas, UR43 de Madrid, etc).
Correos Vs Gobierno
Al igual que su antecesor, el nuevo presidente ha heredado la mala costumbre recortar por abajo, precisamente por la parte que mueve Correos cada día, en lugar de por arriba que son quienes ganan suculentos sueldos y malgastan el dinero público. Cuando decimos que las cosas no cambian automáticamente por poner un nuevo rostro al frente de la entidad postal, lo hacemos con fundamento.
Existen, además, otras similitudes que descascarillan por completo el agotador relato de que la marcha de Serrano supondría el fin de todos nuestros males, sostenido por las secciones de CCOO y UGT en Correos, así como por la bancada del Partido Popular.
Y es que la empresa, con Pedro Saura como presidente, mantiene una tónica que en los años previos ya se había ido recrudeciendo: el incumplimiento sistemático de todo tipo de normativas y leyes, incluso de las impulsadas y aprobadas por el Gobierno al que pertenecen.
Si tuviéramos que enumerar los principales ámbitos de desobediencia, serían los siguientes:
-Entorpecer y denegar los permisos y medidas que favorecen la conciliación laboral y personal.
-Negarse a ejecutar de manera estricta los requerimientos y resoluciones de las Inspecciones de Trabajo. No existe cultura preventiva ni de seguridad, la salud de la plantilla está sometida a todo tipo de riesgos.
-No implementar las mejoras contenidas en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI (35 horas, despenalización de las bajas por enfermedad, movilidad inter-administrativa del personal laboral…).
Incluso vemos como en un momento donde el paro está descendiendo claramente en nuestro país y estamos alcanzando unos altísimos niveles de empleo, en Correos la receta aplicada es justo la contraria.
Es por eso que también es muy importante reclamarle al Gobierno de coalición y a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que intervengan en Correos para impedir que, presidente tras presidente, se continúe profundizando la “crisis postal” y desdibujando nuestro carácter público y social.
Ahora que parece que se van a retomar las negociaciones del próximo Convenio colectivo esto se vuelve de vital importancia, sobre todo si tenemos en cuenta que hay un elemento (tal vez el único que nos sigue recordando que somos trabajadores públicos) que va a estar en el centro de la disputa: la jornada laboral.
Son muchos los años que las diferentes directivas han venido ambicionando desregular la jornada de trabajo, flexibilizarla para acudir al mercado en igualdad de condiciones con el resto de empresas. Nosotros lo llamamos competir a la baja, en precariedad y, por supuesto, nos oponemos radicalmente a ello.
No deseamos tener que trabajar sin horario hasta que hayamos repartido el último paquete, ni cobrar en función de objetivos. No queremos laborar los fines de semana cuando ya lo hacemos de lunes a viernes. Y no vamos a tolerar que lo poco bueno que nos queda en Correos, también nos lo arrebaten.
En un contexto en el cual en España se está legislando para reducir la jornada laboral (sin disminución salarial) y se habla cada vez más de la necesidad de ganar tiempo de vida, no es aceptable que la empresa pública más grande del país pretenda llevarnos justo en la dirección opuesta.
Es cierto que el proceso de elecciones sindicales celebradas en los primeros meses del año ha dejado un panorama sindical similar al de las celebradas en 2019, con CCOO y UGT sumando una mayoría cercana al 60%.
No son buenas noticias de cara a la negociación colectiva, pues habríamos necesitado un vuelco que entregase mayor peso a las organizaciones contestatarias a nivel estatal (sobre todo a CGT que propone que cualquier convenio o acuerdo general ha de votarse por parte de toda la plantilla previamente a su firma).
Desde mi perspectiva, el nuevo Convenio no puede inspirarse en el afán de competir y desregular para adaptarse al mercado privado, sino en mejorar las condiciones de las personas trabajadoras y de esa forma poder prestar servicios públicos (el postal y otros que podamos desempeñar) de calidad a la ciudadanía del conjunto del Estado.
La nueva Directiva, CCOO y UGT (que vuelven a hablar un mismo idioma desde el cambio de presidente) afirman que necesitamos un convenio bueno para todas las partes, pero eso no lo hemos conocido en Correos.
Aún más difícil de conseguir sería si, finalmente, se impone la tesis de esos sindicatos por la cual primero hay que acordar un plan estratégico y después un convenio adecuado al mismo. Esto supondría en la práctica, subordinar los derechos de la mayoría a las prioridades dictadas por unos pocos.
Y los trabajadores de Correos estamos hartos de que nuestras reivindicaciones laborales y salariales sean siempre relegadas a la última fila. Del mismo modo, algunos estamos cansados de que sea el mercado y los intereses privados quienes regulen nuestra economía, en lugar de hacerse desde la esfera de lo público, donde la democracia económica puede (y debe) tener cabida.
Por una respuesta pública a gran escala
El 15 de febrero se publicaban unas declaraciones de la Vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en las que apostaba por reforzar el papel de la SEPI y consideraba que empresas como Correos no deben guiarse por criterios de rentabilidad económica sino de utilidad pública. “¿Por qué el modelo de Correos tiene que ser competir con Amazon?“, se preguntaba. La misma que algunos nos llevamos haciendo durante tanto tiempo.
Y es clave la respuesta que le demos. Porque es la que dirime si nuestra intención es continuar por el camino de la competencia extrema y la pérdida de derechos o la de reconectar a Correos con lo público y la satisfacción de las necesidades sociales. La que determina si se desregulan horarios para ser más competitivos o se aumenta la plantilla para trabajar en mejores condiciones y proporcionando mayor calidad.
La que conlleva seguir arrastrándose a los pies de las multinacionales y reconvirtiendo nuestras oficinas en tiendas estilo FNAC (y si te opones a este modelo de negocio te degradan y apartan como en una secta) o apostar por iniciativas pública de primer orden como levantar una Banca Pública que den a Correos centralidad social y permitan garantizar el acceso a los servicios financieros en todo el país desde el ámbito estatal.
En definitiva, se acerca el momento crucial para nuestro devenir. Si la reconversión de Correos en sociedad anónima estatal en 2001 con Feijóo como presidente, fue la gran batalla de aquella época y se perdió, hoy nos encontramos inmersos en la propia de nuestro tiempo y no nos podemos permitir volver a salir derrotados.
Salvar Correos es ante todo mantener su esencia pública y la capacidad de prestar servicios útiles para la gente. Si se termina de imponer la lógica privada en el modelo y las relaciones laborales y perdemos la prestación del SPU (cuya asignación acaba en 2025), entonces de poco valdrá mantener un logo y un nombre desposeídos de su historia.
(*) Portavoz de la Plataforma de Eventuales de Correos, sindicalista y secretario general del Partido del Trabajo Democrático.
