A partir de este momento, la anterior concesionaria tiene un plazo de diez días para presentar alegaciones.
Finalizado ese periodo, las
alegaciones de la anterior concesionaria serán informadas en el seno de
la instrucción del expediente de liquidación y posteriormente, se
elevará la propuesta de liquidación definitiva al órgano de
contratación.
La Comunidad tiene como prioridad la defensa de
los intereses de la Región de Murcia y persigue que sea la anterior
concesionaria quien asuma las consecuencias y los efectos de sus
incumplimientos que provocaron que la infraestructura no pudiera abrir
en 2012 como estaba previsto.
La cuantía económica comprende
las expropiaciones que le correspondía realizar a la anterior
concesionaria (33 millones); los gastos financieros derivados de los
préstamos suscritos por la Administración regional para pagar el aval
(44,8 millones); el importe de las obras de accesos, acometidas de
servicios y otras del entorno del aeropuerto, así como las
correspondientes expropiaciones asumidas por la Administración regional
(76,5 millones); el lucro cesante derivado de la no puesta en marcha del
aeropuerto (54,2 millones); y, finalmente, otros gastos
correspondientes a deficiencias y perjuicios en la propia
infraestructura que la Administración regional se ha visto obligada a
asumir como consecuencia de la resolución del contrato y toma de
posesión del aeropuerto (3,9 millones).
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