sábado, 1 de febrero de 2025

Regreso de la Ética / Guillermo Herrera *


"Cuando un gobierno es opresivo, el pueblo se vuelve astuto y rebelde" escribió Lao Tse.

Ser rebelde contra el sistema era antes ser de izquierdas, porque la derecha era el sistema. Ahora ser rebelde contra el sistema es ser de derechas, porque la izquierda es el sistema, cuando algunos líderes políticos europeos están tratando de imitar el sistema de control social totalitario de China. 

El objetivo es siempre mantenernos divididos y enfrentados, porque unidos somos muy peligrosos para el sistema de la Matrix. Hay que trascender la dualidad izquierda-derecha y unirse en el sentido común.

Por mucho que se programe a la juventud, al final los jóvenes siempre llevarán la contraria al sistema establecido porque son rebeldes por instinto. Históricamente, la izquierda se ha asociado con la lucha contra estructuras de poder establecidas, mientras que la derecha ha representado la conservación del orden tradicional. 

Sin embargo, en las últimas décadas, se han invertido estos papeles, donde se han integrado en las instituciones ciertas doctrinas supuestamente ‘progresistas’.

La estructura de poder cambia con el tiempo, y lo que antes era contracultural o antisistema puede volverse parte del establishment o de la clase dirigente.

 Sin embargo, más allá de etiquetas ideológicas, lo esencial es analizar críticamente cada postura y actuar en base a principios sólidos, como la libertad, la justicia y la verdad, en lugar de seguir dogmas o banderas políticas como si fuera un equipo de fútbol.

 Quizás lo más sensato sea buscar soluciones prácticas basadas en la realidad, en lugar de aferrarse a etiquetas políticas.

La realidad suele ser más compleja que una simple dualidad izquierda-derecha. Tanto la izquierda como la derecha pueden tener elementos del sistema y antisistema simultáneamente. 

Trascender las etiquetas ideológicas puede ser positivo para fomentar un debate más constructivo. Lo importante es analizar las propuestas concretas de cada opción, más allá de las etiquetas y mantener una mirada crítica sobre los temas políticos y sociales.

TAOÍSMO

La doctrina política implícita en el Tao Te King se basa en principios como la no interferencia, la humildad y la armonía con el Tao. Lao Tse advierte que cuantas más leyes y regulaciones se impongan, tanto más desorden habrá. 

La confianza en el pueblo y la simplicidad son clave para mantener la armonía social. "Cuando el gobierno es opresivo, el pueblo se vuelve astuto y rebelde."

Lao Tse propone que el mejor gobernante es aquel que interviene lo menos posible en la vida de los seres humanos. La "no acción" no significa inactividad, sino actuar de manera natural, sin forzar ni imponer.

 Un líder sabio guía sin dominar, permitiendo que fluyan las cosas según su propia naturaleza. "Cuando el gobernante hace poco, el pueblo se contenta. Cuando el gobernante actúa mucho, el pueblo se rebela."

El gobernante ideal no busca destacar ni acumular poder, sino que actúa con modestia y sencillez. Lao Tse critica la ostentación y el afán de control, sugiriendo que un líder debe ser como el agua, que beneficia a todos sin competir. "El mejor gobernante es aquel cuya existencia apenas es notada por el pueblo."

El Tao es el principio universal que rige todo. Un buen gobierno debe alinearse con este principio, respetando el flujo natural de la vida y evitando la imposición de normas rígidas o artificiales. La virtud no se impone, sino que surge de manera natural cuando el gobernante actúa con integridad y compasión. 

Un líder virtuoso inspira al pueblo sin necesidad de coerción. "El que es bueno no discute; el que discute no es bueno."

En resumen, la doctrina política de Lao Tse en el Tao Te King aboga por un gobierno minimalista, basado en la humildad, la no interferencia y la alineación con el Tao. Es una filosofía que prioriza la armonía natural y la confianza en la sabiduría intrínseca de los seres humanos, en contraste con el control autoritario o la acumulación de poder.

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viernes, 31 de enero de 2025

Podemos clama contra la nueva ordenanza de la ORA en la ciudad de Murcia, en barrios y pedanías

MURCIA.- La portavoz municipal de Podemos en Murcia, Elvira Medina, ha levantado hoy la voz frente a la nueva ordenanza de la ORA aprobada por el Ayuntamiento de la capital "para exprimir a los barrios y a las pedanías donde hasta ahora no se pagaba por aparcar como San Basilio, Juan Carlos I, Juan de Borbón, Los Dolores, Espinardo o El Puntal".

 "Lo hacen además con mentiras, negando este aumento cuando el mapa de las nuevas zonas de pago obligatorio que estamos denunciando fue aprobado en junta de gobierno", ha denunciado Medina.

Desde Podemos lamentan además que "este nuevo reglamento castiga también a los usuarios del coche eléctrico que hasta hora podían aparcar en zona azul sin pagar y sin límite de tiempo", una medida que la formación morada considera "contraria a la movilidad sostenible en la ciudad con el aire más contaminado de España, al quitar los incentivos a los vehículos con cero emisiones".

Por todo ello Elvira Medina ha rechazado de plano la nueva ordenanza, "que solo se explica por el afán recaudatorio del PP para pagar el mes de fiesta que se han pegado y el circo en el que Ballesta ha convertido la ciudad de Murcia", y anuncia una ronda de contactos con asociaciones de vecinos y usuarios del vehículo eléctrico para plantar cara.

También el Grupo Municipal Socialista ha insistido en la necesidad de aplicar un orden lógico en la regulación del estacionamiento en Murcia. Antes de cualquier modificación de la ORA, el PSOE reclama al PP que se garantice un servicio de transporte público eficiente y una red de aparcamientos disuasorios que den cobertura a toda la ciudadanía.

Ginés Ruiz, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Murcia lo ha dejado bien claro durante el Pleno celebrado hoy. 

"Mostramos nuestro rechazo a la aprobación inicial de la ordenanza porque aunque se trata de una medida necesaria, debe implementarse en un orden lógico: primero garantizando el transporte público y los aparcamientos disuasorios, y luego regulando el estacionamiento, algo que el PP no ha hecho, más bien todo lo contrario".

En este sentido, Ruiz ha recordado que el Partido Popular, cuando estaba en la oposición, calificó de "disparate" cualquier cambio en la ORA, incluyendo la ampliación a barrios periféricos y el ajuste de tarifas. Sin embargo, una vez en el gobierno, coge la misma ordenanza, y la trae a aprobación sin culminar todos los pasos previos".

A esta falta de coherencia ha señalado el portavoz del PSOE- se suma los incumplimientos reiterados de los plazos para la licitación del nuevo servicio de transporte público. 

"Entraron en junio de 2023 y aseguraron que en diciembre de 2023 estaría licitado. Pasó diciembre y dijeron que antes del verano de 2024. Pasó el verano y lo aplazaron a diciembre de 2024. Estamos en enero de 2025 y el servicio sigue sin licitarse".

Desde el Grupo Socialista han vuelto a insistir en que la movilidad en el municipio solo se podrá gestionar de manera eficaz si se aplican medidas en el orden adecuado: primero, garantizando un transporte público eficiente y una red de aparcamientos disuasorios funcionales; y después, regulando el estacionamiento.

 "Sin un transporte público que sea una alternativa real al vehículo privado, la ampliación de la ORA no será efectiva", ha reiterado Ruiz.

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El Grupo Socialista se abstiene ante una modificación urbanística que genera dudas sobre el futuro del suelo público en Murcia

 MURCIA.- El Grupo Municipal Socialista ha optado esta mañana, durante la celebración del Pleno correspondiente al mes de enero en el Ayuntamiento de Murcia, por la abstención en la aprobación definitiva de la Modificación n° 134 del Plan General de Ordenación, al considerar que esta propuesta plantea serias incertidumbres sobre la gestión futura del suelo público destinado a equipamientos.

Aunque el equipo de Gobierno del PP presenta esta modificación como una medida para agilizar trámites administrativos y fomentar la vivienda social, el edil Andrés Guerrero ha señalado que desde "el PSOE manifestamos nuestras reservas sobre el verdadero alcance de este cambio. Nos preocupa que dicha modificación pueda ser utilizada como un mecanismo para permitir la privatización de terrenos inicialmente destinados a equipamientos públicos".

Además, Guerrero ha matizado que "el Grupo Socialista considera contradictorio que el PP justifique esta medida argumentando que permitirá construir viviendas sociales en suelos destinados a equipamientos, mientras sigue vendiendo solares públicos que ya podrían destinarse a este fin, sin necesidad de introducir ninguna modificación".

Por todo ello, el PSOE exige mayor transparencia y garantías de que el suelo público seguirá destinado a los usos para los que fue concebido, sin abrir la puerta a intereses privados en detrimento del interés general.

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El Ayuntamiento de Lorca reduce hasta los 21 días el periodo medio de pago a proveedores en diciembre de 2024

 LORCA.- La edil de Economía y Hacienda, Belén Pérez, ha informado del último balance relacionado con la media del pago a proveedores del Ayuntamiento de Lorca, que ha logrado reducirse en cerca del 70% en la segunda mitad del pasado año.

"El periodo medio de pago (PMP) del Ayuntamiento, a fecha 31 de diciembre de 2024, último dato que ofrece el área de contabilidad, quedó fijado -exactamente- en 21 días, siendo de 20,8 el periodo medio de pago global, esto es incluyendo a sus entes dependientes (organismos autónomos y sociedades mercantiles). 

Desde el mes de junio de 2024, el periodo medio de pago del Ayuntamiento como entidad principal ha pasado de los 64,6 días hasta los 21 ya señalados en diciembre, lo que supone una disminución de más de 40 días; concretamente hablamos de un 67% menos", ha indicado la edil, que ha hecho hincapié en que "la norma legal establece el máximo permitido en 30 días, lo que conlleva que estamos un 30% por debajo de ese tope".

Pérez ha explicado que "el PMP alcanzó en los meses de mayo y junio del pasado año los 61 y 64,6 días, respectivamente, porque se han seguido recibiendo y rescatando facturas sin pagar del anterior mandato; y no hablamos de peccata minuta, hablamos de más de 600 facturas con un montante superior a los 3 millones de euros, con el consiguiente malestar de aquellas entidades proveedoras relacionadas con el Consistorio", ha añadido.

El Ayuntamiento tuvo que aprobar un reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de esas facturas, que no tenían reconocimiento de crédito presupuestario y se habían realizado en tiempo de descuento… 

"Pufos a los que hemos tenido que seguir haciendo frente desde el Gobierno de Lorca y que, gracias al correcto funcionamiento del área de gestión y tesorería del Consistorio, se han logrado revertir, permitiendo que el dinero se quede en los bolsillos de los lorquinos"

En este sentido, la edil ha querido remarcar "el excelente trabajo y el esfuerzo llevado a cabo en estos últimos meses por parte de los servicios de tesorería del Ayuntamiento en lo relativo a pago a proveedores desde la Administración local, que ha logrado cerrar el año con esta media de liquidación.

Esto supone, a su vez, "un importante ahorro a las arcas municipales porque, al pagar dentro del plazo legalmente estipulado, estamos evitando tener que abonar los intereses de demora a los proveedores, una gestión excepcional que conlleva, a su vez, una 'estabilidad presupuestaria' por la que apostamos desde el Gobierno de Lorca y por esa línea vamos a seguir; y quiero recordar que en tres años, el anterior equipo de Gobierno se gastó 22 millonesde euros por encima del presupuesto, dejándolo agotado casi al 87 por ciento, una situación que, como estamos viendo en cada ejercicio, estamos consiguiendo restituir".

Ahora los proveedores cobran en tiempo y forma. Lo único que me pregunto es cuántas sorpresas más nos esperan aún por llegar. El Ayuntamiento está haciendo sus deberes y el principal resultado, además del dato aportado, es el aumento de la confianza de los proveedores en la administración local, que en estos momentos cuenta con un Gobierno estable, de gestión, libertad y diligencia económica".

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Los consumidores lorquinos recuperan 50.000 euros gracias a las gestiones realizada por la OMIC

 LORCA.- Los consumidores lorquinos han recuperado un total de 50.000 euros en devoluciones, anulaciones de deuda, cambios de aparatos, cancelaciones de contrato y reparaciones en garantía durante el segundo semestre de 2024, gracias a la gestión de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Lorca. 

Así lo ha anunciado este viernes la concejal de Consumo del Ayuntamiento de Lorca, Belén Díaz Arcas, quien ha destacado que esta cifra podría incrementarse considerablemente, "ya que más de la mitad de los expedientes tramitados en este periodo aún están en proceso de resolución".

Belén Díaz ha subrayado la importancia de este servicio, que en los últimos seis meses ha tramitado 437 reclamaciones y ha atendido más de 1.100 consultas de los ciudadanos, tanto de forma telefónica como presencial. 

"La OMIC es un recurso esencial para los lorquinos, no solo por la atención y asesoramiento que presta, sino porque consigue resolver la mayoría de las reclamaciones de forma favorable para los consumidores, evitando que tengan que recurrir a la vía judicial", ha explicado la edil.

La OMIC de Lorca juega un papel fundamental en la protección de los derechos de los consumidores, facilitando la búsqueda de soluciones y, cuando es necesario, trasladando los expedientes a los organismos competentes o remitiéndolos a la Junta Arbitral de Consumo de la Región de Murcia. 

De hecho, en este último semestre se han celebrado 10 audiencias de arbitraje en la sede de Lorca, de las cuales el 90% proceden de este municipio, mientras que el resto son de ciudadanos de Totana y Puerto Lumbreras.

En cuanto a los sectores con más reclamaciones, los servicios han concentrado la mayoría de las quejas, con 321 expedientes, incluyendo academias de enseñanza, seguros, préstamos, servicios financieros, suministros básicos, transporte y hostelería. 

Por otro lado, las reclamaciones sobre productos y bienes han sumado 115 expedientes, destacando problemas con muebles, ordenadores, electrodomésticos, telefonía, vehículos, textil, calzado, vivienda, juguetería y librería. En cuanto a alimentación, incluyendo supermercados y pequeño comercio, solo se ha registrado 1 expediente.

Entre las principales reclamaciones atendidas por la OMIC, las más numerosas están relacionadas con suministros básicos, con 114 expedientes sobre problemas con telefonía móvil, fija e internet, electricidad, gas y agua. 

También han sido destacadas las reclamaciones sobre servicios financieros y préstamos personales o hipotecarios (39 casos) y sobre seguros de hogar, vida, vehículos, viajes y aparatos electrónicos (32 casos).

Díaz Arcas ha alertado de un aumento en las reclamaciones por cambios de compañía en electricidad y gas, derivados de llamadas comerciales engañosas que confunden a los consumidores. "Muchos usuarios nos consultan tras haber cambiado de compañía sin ser plenamente conscientes de las condiciones de los nuevos contratos", ha señalado la concejal.

En el sector de la telefonía, los problemas más frecuentes están relacionados con portabilidades, bajas y penalizaciones por incumplimiento de contrato o cancelación anticipada. 

En cuanto a los servicios financieros, la mayoría de las reclamaciones tienen que ver con los gastos de formalización de préstamos hipotecarios, comisiones bancarias y cancelación de cuentas. 

En el caso de los seguros, se han detectado numerosas incidencias por incumplimiento de las condiciones de las pólizas.

Por último, la concejal de Consumo ha recordado que la OMIC de Lorca está situada en la calle Carmen Ayala Gabarrón, número 3, y ofrece atención presencial y telefónica de lunes a viernes, de 9 a 13 horas. 

Los ciudadanos que necesiten asesoramiento pueden contactar con la oficina a través del teléfono 968 46 65 42.

 "Desde el Ayuntamiento de Lorca animamos a todos los consumidores que tengan dudas o problemas con sus compras y contratos a que acudan a la OMIC, donde recibirán atención especializada y gratuita para defender sus derechos", ha concluido Belén Díaz.

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La ministra Rego pide compromiso político para abordar la pobreza infantil y la acogida de niñas y niños

 SEVILLA.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha recalcado durante una visita a Sevilla y Córdoba la necesidad de que todas las administraciones muestren compromiso político para erradicar la pobreza infantil y para acoger a las niñas y niños que llegan a nuestro país sin sus familias.

La ministra de Juventud e Infancia ha manifestado la importancia de que todas las administraciones trabajen para garantizar los derechos de la infancia que se encuentra en situación de desamparo.

Rego ha recordado que el Gobierno ha puesto sobre la mesa tanto propuestas para dar una respuesta solidaria y permanente para la acogida de la infancia migrante no acompañada a través de la reforma de la Ley de Extranjería, como financiación suficiente para los sistemas de protección a la infancia.

Ha recalcado también la disposición del Gobierno a valorar también propuestas que den soluciones puntuales a la situación que viven los territorios de llegada como Canarias y Ceuta, para lo que ha instado a todas las administraciones y fuerzas políticas a asumir sus responsabilidades para asegurar los derechos de todas las niñas y niños que se encuentran solos en nuestro país.

La ministra ha subrayado que la pobreza infantil es una de las mayores heridas sociales de España y que necesita una respuesta a todos los niveles. 

"Vamos a seguir avanzando hacia un Pacto de Estado contra la Pobreza Infantil y medidas concretas como la Prestación Universal a la Crianza como pasos imprescindibles para romper el ciclo de desigualdad estructural", ha recalcado.

Rego ha recordado también que el precio de la vivienda tiene un impacto directo sobre la renta que las y los ciudadanos tienen disponible, incluidas las familias con niñas y niños a cargo. 

Por ello, ha instado a las Comunidades Autónomas a aplicar la ley de vivienda. La ministra ha señalado, también, que la futura Ley de Juventud es una oportunidad para ampliar la participación de las jóvenes y jóvenes en nuestro país.

Además, la ministra ha abordado la cuestión de la pobreza infantil con la asociación CIC BATÁ, así como la erradicación de las violencias contra la infancia y la importancia de regular los entornos digitales para que sean seguros para la infancia y juventud.

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La Región de Murcia cerró noviembre con un déficit de 368 millones de euros equivalente al 0,86% de su PIB

MURCIA/MADRID.- La Región de Murcia cerró el pasado noviembre con un déficit en sus cuentas de 368 millones de euros, lo que equivale al 0,86% de su Producto Interior Bruto (PIB), según datos difundidos este viernes por el Ministerio de Hacienda.

El déficit registrado en la Región en el undécimo mes de 2024 es inferior al anotado en el mismo periodo del año anterior, cuando los gastos superaron a los ingresos en 679 millones de euros (1,68% del PIB).

 Las comunidades autónomas, por su lado, han registrado un superávit a finales de noviembre de 2024 de 5.651 millones, lo que equivale al 0,35% del PIB, frente al déficit del 0,4% alcanzado en el mismo periodo del año anterior.

Este resultado obedece a un aumento de los gastos del 6,7%, mientras que los ingresos se incrementan en un 12,3% respecto a noviembre de 2023. Esta evolución se debe, principalmente, a los mayores recursos recibidos hasta el undécimo mes de 2024 por el sistema de financiación, con 19.121 millones más, desde 125.963 millones en 2023 hasta 145.084 millones en 2024.

Concretamente, los ingresos derivados de impuestos han crecido un 14,5%, incrementándose hasta los 91.236 millones; mientras que las transferencias entre administraciones públicas alcanzan 126.920 millones.

Entre los gastos, la remuneración de asalariados crece un 6,2%, hasta situarse en 94.825 millones; los consumos intermedios aumentan un 6,7% hasta los 37.858 millones; y las subvenciones se sitúan en 4.347 millones, con un incremento del 2,3% respecto a finales de noviembre de 2023.

Todas las comunidades autónomas, salvo la Comunidad Valenciana (-1,12%) y la Región de Murcia (-0,86%) registraron superávit hasta noviembre, destacando Canarias (+1,90%) y Asturias y Navarra (+1,71% en ambos casos), con los excedentes más abultados.

Sin embargo, en cuanto a la Seguridad Social, los fondos del organismo registraron hasta noviembre de 2024 y a nivel nacional un superávit de 2.791 millones, con un alza de los gastos del 8,2%, frente al incremento de los ingresos del 7,1%.

Asimismo, el Sistema de Seguridad Social registró en el undécimo mes de 2024 un superávit de 2.509 millones, el 0,16% del PIB. Los recursos han ascendido a 194.820 millones, un 7,2% superiores a los de 2023, mientras que el gasto se sitúa en 192.311 millones, lo que corresponde en gran medida con el gasto en pensiones, que ha crecido un 7,1%, hasta 158.908 millones.

Finalmente, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha obtenido un déficit de 40 millones frente a los 970 millones de superávit de 2023; mientras que el Fogasa presenta un superávit de 322 millones, un 2,9% superior al de 2023 con 313 millones.

En el conjunto del país, el déficit conjunto de la Administración Central, la Seguridad Social y las comunidades autónomas se ha situado en 29.411 millones de euros hasta noviembre de 2024, equivalente al 1,85% del PIB, lo que supone un aumento del 1,9% respecto al mismo periodo del año anterior como consecuencia, entre otros, de los gastos derivados de la DANA.

Como novedad de este mes se ha registrado en las cuentas del conjunto de administraciones públicas, sin incluir a las corporaciones locales, un gasto extraordinario derivado de las graves inundaciones provocadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA). Según la información disponible, este gasto asciende a un importe estimado de 4.105 millones, lo que equivale al 0,26% del PIB.

De modo que, si se excluye este importe junto con el de la ayuda a instituciones financieras, el déficit se situaría en 25.771 millones, inferior en un 9,6% al resultado negativo de 28.525 millones obtenido en el mismo período de 2023.

El Gobierno mantiene en el 3% el objetivo de déficit público para 2024, si bien varios organismos han advertido de que los gastos derivados de la DANA pueden añadir varias décimas al cierre del déficit del pasado año. El dato definitivo de 2024 se conocerá en el mes de febrero.

Desglosando los datos, el déficit de la Administración Central se situó en 37.853 millones de euros en noviembre de 2024, incluida la ayuda financiera, lo que corresponde al 2,38% del PIB. Dentro de ésta, el Estado ha registrado un déficit equivalente al 2,32% del PIB, hasta los 37.034 millones.

Este resultado, según Hacienda, se ha visto afectado en gran medida, por la liquidación definitiva del sistema de financiación de las comunidades autónomas y corporaciones locales correspondiente al ejercicio 2022, practicadas en julio de 2024, suponiendo un aumento de déficit para el Estado de 13.523 millones respecto al anterior ejercicio.

Además, la actualización de las entregas a cuenta de 2024 de las comunidades autónomas y de las entidades locales ha supuesto un incremento adicional de 10.381 millones respecto al mismo periodo de 2023.

Por su parte, los organismos de la Administración Central registraron un déficit de 819 millones, frente a un resultado positivo en el mismo período de 2023 de 3.549 millones, debido al impacto mencionado del gasto extraordinario derivado de la catástrofe de la DANA, recogido en las cuentas del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), por un importe estimado de 4.074 millones.

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La eurodiputada del PP, Maravillas Abadía, miembro de la nueva Comisión de Vivienda del Parlamento Europeo

 MURCIA.- La eurodiputada murciana del Partido Popular, Maravillas Abadía, ha sido nombrada miembro de la Comisión de Vivienda que se ha constituido el pasado jueves en el Parlamento Europeo, según informaron fuentes del PP en un comunicado.

"El pasado junio, los europeos votaron con la vivienda en la papeleta, y el Partido Popular Europeo ha asumido este compromiso con decisión poniendo la solución al acceso a la vivienda en lo alto de la agenda europea", ha declarado la eurodiputada.

Abadía se ha mostrado con ganas de que la Comisión eche a andar para poder dar soluciones reales a una situación crítica para la sociedad europea, especialmente para los jóvenes y las familias.

"Tener un alquiler estable y asequible o poder adquirir una vivienda es sinónimo de seguridad, confianza y desarrollo. No podemos permitir que ni en España ni en Europa haya una generación perdida de la vivienda", ha añadido la eurodiputada.

Desde su posición en la Comisión de Vivienda, la eurodiputada ha subrayado que las prioridades del Partido Popular en Bruselas "van en consonancia absoluta con la propuesta de política eficaz presentada el pasado jueves por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo y con las políticas de éxito que ya está aplicando el Gobierno de la Región de Murcia, presidido por Fernando López Miras".

"Más seguridad a los propietarios; mayor facilidad de acceso a la financiación, y eliminar la burocracia excesiva son medidas urgentes para dar respuesta a los españoles que no puede acceder a la vivienda", ha señalado.

Finalmente, ha denunciado públicamente que "las políticas de Sánchez han convertido la vivienda en un bien de lujo, pero con el liderazgo del Partido Popular, en España y en Europa, vamos a devolver a las familias y a los jóvenes la posibilidad real de acceder a una vivienda digna".

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Vox exige al PP que derogue "inmediatamente" la Ley LGTBI y la Ley Trans en la Región de Murcia

 MURCIA.- El Grupo Parlamentario Vox ha registrado hoy en la Asamblea Regional una moción para exigir al Partido Popular la derogación inmediata de la Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Región de Murcia.

La portavoz adjunta del GP Vox, María José Ruiz, ha declarado que esta iniciativa surge a raíz de las recientes declaraciones del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre la derogación de la Ley Trans, la Ley LGTBI y la Ley del Deporte en el Congreso de los Diputados.

En este sentido, Ruiz ha exigido al Partido Popular que "cumpla con lo que su dirigente ya ha anunciado a nivel nacional, y que empiecen a abandonar todas las políticas de identidad de género y políticas woke, que están tan integradas en su agenda política".

A renglón seguido, Ruiz ha subrayado que "estas delirantes políticas se han consumado a través de normas aprobadas indistintamente por gobiernos del Partido Popular y el Partido Socialista en diferentes instituciones".

"Las Leyes Trans y las políticas de autodeterminación de género han provocado graves daños en la sociedad, ya que han permitido que menores accedan a tratamientos hormonales y cirugías irreversibles sin el consentimiento adecuado de los padres y han favorecido el adoctrinamiento en las aulas con contenidos alejados del sentido común", ha añadido.

A continuación, la parlamentaria ha expresado su preocupación por el impacto de estas normativas en los derechos de las mujeres, advirtiendo sobre el "borrado de la mujer" y los riesgos que esto conlleva en espacios como centros educativos y otras instituciones.

 "Las mujeres y niñas están viendo amenazados su intimidad y seguridad, especialmente en los centros educativos, donde la identidad de género impuesta pone en peligro la dignidad y los derechos de las menores", ha puntualizado.

En relación con el ámbito deportivo, la portavoz adjunta de Vox ha resaltado cómo la normativa trans afecta gravemente al deporte femenino, tanto en términos de igualdad de oportunidades como de integridad física.

 "Cada vez más mujeres deportistas denuncian cómo la normativa trans las está apartando de sus carreras profesionales y poniendo en riesgo su seguridad física en los deportes de contacto", ha asegurado Ruiz.

Finalmente, ha señalado que la moción presentada por Vox en la Asamblea Regional tiene como objetivo devolver el sentido común a la legislación regional.

 "Es el momento de demostrar coherencia entre lo que se dice a nivel nacional y lo que se pone en práctica a nivel regional. En la Región de Murcia, debemos hacer lo correcto y proteger los derechos de todos los ciudadanos, especialmente los de las mujeres y los menores".

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