MADRID.- ACS se alió con el Partido Popular de Murcia
para dar un pelotazo de 600 millones de euros con la desaladora de
Escombreras (Cartagena). El dinero debía salir de las arcas de la
comunidad autónoma. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)
de la Policía Nacional ha concluido en un extenso
informe de más de 200 páginas que altos cargos del Gobierno murciano,
directivos de la constructora, empresarios locales y varios bufetes de
abogados amañaron la adjudicación de la planta y cargaron luego sus
deudas a los presupuestos regionales, utilizando por el camino contratos falsos, facturas simuladas, informes jurídicos fabricados y una larga lista de irregularidades contables.
El informe, al que ha tenido acceso El Confidencial, fue remitido el
pasado enero al Juzgado de Instrucción nº 5 de Murcia, que desde
hace dos años investigaba en secreto la tramitación de la planta en el
llamado caso La Sal.
Según los expertos en delitos
económicos de la policía, hasta 32 personas habrían colaborado en un
presunto fraude que reproduce el esquema del proyecto Castor,
por el que ACS reclamó en los tribunales al Gobierno de Mariano Rajoy
1.350 millones de euros.
Entre los implicados, se encuentran el
exconsejero de Agricultura y Agua del PP Antonio Cerdá
(2007-2015) y una decena de empleados de ACS y su filial Cobra. El
grueso de las decisiones bajo sospecha se adoptó durante el mandato del
expresidente Ramón Luis Valcárcel (1995-2014), actual vicepresidente del
Parlamento Europeo.
Por un lado, los investigadores sostienen que ACS y
el Gobierno regional se habrían concertado para licitar la instalación
al margen de la Ley de Contratos del Sector Público. En lugar de sacar a
concurso las obras y la gestión, el Gobierno del PP hizo el camino inverso. Primero, la compañía que preside Florentino Pérez pagó 1,1 millones
de euros en presuntas facturas ficticias para aliarse con inversores
locales que pretendían construir una desalinizadora que paliara el
déficit hídrico de la región.
Fruto de esa alianza, ACS constituyó el 25
de enero de 2006 la mercantil Desaladora de Escombreras SA, con el 100%
de las acciones en su poder. Las obras costarían 111 millones de euros
—aunque documentos internos las cifraron inicialmente en 24,6 millones, cuatro veces menos— y las ejecutarían filiales de la propia cotizada.
Menos
de un mes después, el 17 de febrero de 2006, el Gobierno de Valcárcel
creó la empresa pública Hidronostrum SA y la autorizó para que
adquiriera el 51% de las acciones de Desaladora de Escombreras
SA, convirtiéndose ya a partir de ese momento en un proyecto
participado mayoritariamente por la Administración.
El Ejecutivo
murciano cedió el suelo en el que se levantaría la infraestructura. La
compra de las acciones, que no contó con el aval de la Intervención ni
de los servicios jurídicos regionales, provocó que la Comunidad asumiera
en ese instante todas las cargas a las que se había comprometido ACS
previamente.
Entre ellas, un contrato que obligaba a abonar a la
constructora y a los socios locales el arrendamiento de la planta y su
producción hasta 2034. También tenía que comprar las instalaciones
cuando concluyera ese periodo.
La UDEF ha concluido ahora que, en realidad, el proceso estuvo
diseñado desde el principio para que la Administración entrara en el
proyecto cuando ACS y el resto de inversores privados
ya se habían repartido las ganancias. Correos electrónicos hallados en
registros demostrarían que, al menos desde diciembre de 2005, cargos del
PP en puestos clave conocían las operaciones de la constructora y
comunicaron a la parte privada que la Administración asumiría todas las
cargas en el último instante, como ocurrió finalmente con la compra del 51% de ACS.
“Se creó la empresa Desaladora de Escombreras SA a sabiendas de que
sería participada por empresas públicas, las cuales estaban al corriente
y además eran esenciales en el modelo de negocio, al sufragar este por
completo, liberando a la parte privada de los costes y riesgos de la
operación”, sostienen los investigadores.
Entre la información
intervenida en bufetes involucrados, hay contratos en los que la
constructora y los socios locales cierran acuerdos con Hidronostrum SA
y desarrollan los efectos de la entrada de esa mercantil en Desaladora
de Escombreras SA. Lo sorprendente es que esos documentos fueron
redactados al menos ocho días antes de que el Gobierno del PP anunciara la creación de la empresa pública y permitiera a esta comprar el 51% en poder de ACS.
En uno de esos acuerdos previo a la entrada del capital público, Desaladora de Escombreras SA pactó con una filial de la constructora —es
decir, ACS consigo misma— que la explotación de la planta duraría 25
años y que si la primera resolvía anticipadamente el acuerdo, debería
abonar el importe de todo el periodo. Cuando la Administración llegó a
la infraestructura, asumió automáticamente esa cláusula.
Fueron bufetes privados los que confeccionaron semanas antes de la constitución de Hidronostrum SA
todo un calendario de firmas que incluía hasta 15 contratos —la mayoría
con fechas falsas— que permitirían a la constructora y a los inversores
asegurarse ganancias millonarias con la ayuda de los
responsables públicos.
“Los contratos más gravosos para la
Administración pública se firmaron cuando las empresas participantes
eran privadas”, señala la UDEF. “Tal y como acabó llevándose a cabo,
todo el coste y el riesgo del mismo iba a ser asumido por la parte
pública, dejando a la parte privada exenta de costes y a merced de
obtener todos los beneficios posibles del modelo establecido”.
Ya
con la Administración pública dentro del proyecto, el Gobierno del PP
siguió colaborando con los intereses de los promotores privados. Banesto
aceptó financiar la obra, pero reclamó garantías. El Ejecutivo murciano
salió de nuevo al rescate de ACS y presentó todos los avales en
solitario. Envió una 'comfort letter' al banco en la que “asumía como
propias las obligaciones de pago” que correspondieran a Desaladora de
Escombreras SA y “se obligaba a aportar” a esa sociedad “los fondos que
fuesen en cada momento necesarios” para abonar esos compromisos.
La UDEF ha descubierto que la carta fue redactada por directivos de ACS
a comienzos de 2006 y que el Gobierno murciano únicamente la envió al
banco. Ningún gestor público se opuso. De hecho, se evitó que la
Intervención se pronunciara sobre este compromiso multimillonario. A
cambio, el Ejecutivo regional solicitó informes a abogados externos que,
por supuesto, respaldaron la presentación de los avales.
La presunta trama siguió operando en los años siguientes. A pesar de
que en 2010 Desaladora de Escombreras SA ya atravesaba por graves
problemas financieros que eran “causa de disolución” y que la compañía
de Florentino Pérez
buscaba salir de la sociedad como fuera, el Ejecutivo del PP decidió
comprarle su 49%.
“Así, se producirá la paradoja de que, mientras las
empresas privadas tratan a toda costa de desvincularse de la operación
de la planta desaladora, las empresas públicas tratarán de manera insistente de hacerse en exclusiva con la totalidad del negocio”.
Poco
después de salir del proyecto, ACS denunció en los tribunales al
Ejecutivo regional por el presunto incumplimiento del plan de pagos. La
constructora reclama a la Administración los fondos que debía recibir
hasta 2034, según los acuerdos que ella misma se había otorgado.
Solo invirtió 1,1 millones
de euros para entrar en el negocio, pero si salen adelante sus
reivindicaciones, podría recibir 600 millones, cosechando una
rentabilidad récord del 60.000%. Las revelaciones de la UDEF pueden
frustrar ahora esas exigencias si se demuestra que toda la operación se
basa en una cadena de engaños.
Los expertos en delitos económicos no entran en los motivos que
pudieron llevar a los cargos políticos del PP a mirar reiteradamente
para otro lado —un hipotético delito de cohecho ya habría prescrito—,
pero apuntan que la infraestructura fue utilizada para impulsar 26 convenios
urbanísticos en pleno 'boom' inmobiliario.
Ante los informes
desfavorables de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que
negaba la disponibilidad de agua para construir más viviendas, el Ejecutivo de Valcárcel
recurrió a la producción extra de esta desaladora para recalificar más
de 180 millones de metros cuadrados de suelo en los que se proyectaron
hasta 250.000 casas.
El informe de la UDEF supone un salto en el caso La Sal. La instructora del procedimiento, la jueza María del Mar Azuar, acordó el 7 de marzo imputar a varios de los 32 implicados en la tramitación del proyecto.
Tendrán que pasar por su tribunal el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá; los exgerentes del EPA Amalio Garrido y José Manuel Ferrer; el abogado que representó a este organismo público, Antonio Arnaldos; los directivos del grupo ACS Alfonso Aguirre Díaz Guadarmino y Eugenio Llorente, y los empresarios locales Juan Martínez Martínez, José Carvajal Conesa, Tomás Bourchert Muñoz, Juan Jódar Martínez y Miguel Caballero Sandoval, siempre según El Confidencial.
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