Cuando el
jueves se rechacen las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos
Generales del Estado, como está previsto que suceda, Mariano Rajoy
habrá dado un gran paso para garantizarse la gobernabilidad de
España un año más pero no logra evitar la sangría de votos, lo que
provoca cada día mayor nerviosismo entre las filas populares y
entre los muchos diputados que prevén no repetir escaño.
Esto
explicaría muchas de las tensiones internas en el Partido Popular y
entre los miembros del Gobierno. Va mucho más allá que las tensiones
entre los partidarios de Soraya y los partidarios de Cospedal. Aunque
estas tensiones no se puedan soslayar.
En cuanto a los Presupuestos, el Ejecutivo solo necesita para seguir
adelante con su proyecto que este cuente con más votos a favor que en
contra y que ninguna de las enmiendas a la totalidad consiga mayoría en
la Cámara. Pero este paso no logrará evitar la sangría de votos.
El apoyo implícito del PNV al Gobierno, al no presentar una enmienda a
la totalidad, hace pensar que a su vez no apoyará ninguna de las seis
enmiendas presentadas por los grupos de la oposición. Hay que agradecer
al PNV su decisión. Llega en un momento de extrema incertidumbre
política. Menos mal. La devolución al Gobierno de su proyecto
acrecentaría la gravedad de la cuestión catalana.
A la dificultad de la situación, se ha venido a añadir las
diferencias internas en el Gobierno sobre cómo afrontar la situación,
diferencias que se han agudizado por la aparente diferente
interpretación entre el responsable de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el
magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, sobre si ha habido o no
malversación de fondos públicos en la organización y celebración del
referendo del 1 de octubre.
El Partido Popular y el Ejecutivo están divididos sobre la
oportunidad de las declaraciones de Montoro al diario ‘El Mundo’, que
venían a ratificar lo que ya había dicho en el Congreso. Aseguraba que
no le constaba registralmente que haya existido esa presunta
malversación que el juez Llarena argumenta, en base a los informes de
las Fuerzas de Seguridad del Estado, para pedir la extradición de los
líderes catalanes huidos al extranjero.
Entre miembros del Gobierno, diputados populares y responsables del
partido, se puede oír la interpretación de que estas declaraciones de
Montoro, inspiradas por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría,
buscan rebajar la gran tensión existente y tratarían de abrir de nuevo
una vía al diálogo para volver a reiniciar el intento de que la cuestión
catalana se reconduzca a los cauces que nunca debió abandonar. Es
decir, abrir cualquier mejora de las relaciones dentro de los cauces que
permite la Constitución, nunca fuera de los mismos.
En este momento de tensión en el Partido Popular, en el que todos
estos asuntos han interrumpido el proyecto de renovación interna, con la
futura sustitución de su líder actual, Mariano Rajoy, el primer
objetivo es rebajar las diferencias de interpretación con el Tribunal
Supremo. Leídas textualmente las palabras que reproduce la entrevista
del titular de Hacienda al diario ‘El Mundo’, no cuesta entenderlas. Es
más, parece que hubiera interés en que Montoro hubiera dicho más de lo
que ha dicho.
Entre los que quieren rebajar la tensión están las declaraciones
últimas del portavoz popular en el Congreso de los Diputados, Rafael
Hernando, que ha defendido este domingo al ministro de Hacienda, pero
sin mencionar ni corregir al juez Llarena.
Así, en su defensa de la actuación del Gobierno, Hernando dice que
las afirmaciones de Montoro sobre que no se había gastado dinero público
en el 1 de octubre se han ‘cogido por las hojas’, recordando que fue el
propio Montoro ‘el primero que denunció a los independentistas por
malversación de fondos públicos’.
Tiene razón Hernando. Las palabras textuales de Montoro no pueden ser
más medidas. “Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los
chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no
con dinero público”, aseguraba. Y además añadió que “hay una
investigación judicial en marcha. Pero la malversación no requiere solo
desvío de fondos: es también abrir un recinto público para un acto
político ilegal, por ejemplo».
Leído lo dicho por Montoro, no cabe duda que se puede concluir que el
enemigo está dentro. No es lo mejor que le puede pasar en este momento
ni al Gobierno, ni a España. Pero merece la pena antes de emitir juicios
sobre lo dicho, leer lo que han declarado.
Nos evitaríamos muchos mal entendidos en un momento en que sobre todo hace falta claridad.
(*) Periodista
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