MADRID.- El
Gobierno ha tachado de “racista” la iniciativa “inconstitucional” del
Ayuntamiento de Jumilla, que ha aprobado con el apoyo del PP y
la abstención de Vox instar al gobierno local a prohibir en sus
instalaciones deportivas cualquier tipo de actividad ajena a las mismas,
al tiempo que ha avisado de que estará vigilante a los discursos de
odio que puedan surgir tras esta medida.
El
Ayuntamiento de Jumilla ha aprobado una moción, fruto de una
transaccional del PP a un texto de Vox, que finalmente contó con el
apoyo de los 'populares' y la abstención de los de Abascal, que pide
prohibir todo tipo de actividades ajenas a las deportivas en estas
instalaciones. Se da la circunstancia de que en ellas han tenido lugar
en el pasado celebraciones musulmanas, con el fin del Ramadán o la
Fiesta del Cordero en el pasado.
En un punto previo de la moción, se
insta al Gobierno municipal a promover actividades, campañas y
propuestas culturales que defiendan la identidad española y protejan los
valores y manifestaciones religiosos en España.
A
raíz de este texto, han sido varios los departamentos ministeriales que
este jueves han criticado la decisión. Concretamente, fuentes del
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, han
subrayado que “en España, la libertad religiosa está reconocida y
protegida como un derecho fundamental por la Constitución”.
En este
sentido, lo consideran “un nuevo ejemplo de la deriva extremista y
excluyente de los gobiernos de la derecha con la ultraderecha”.
“Han
prohibido obras de teatro, películas, revistas y, ahora, impiden una
celebración religiosa en una instalación municipal. Su proyecto es
imponer un modelo político y social contrario a la Constitución en el
que no está a salvo nadie que no comparta sus postulados o sus
creencias”, subrayan las citadas fuentes.
En
este escenario, desde el Ministerio que dirige Félix Bolaños recuerdan
que, “en España, la libertad religiosa está reconocida y protegida como
un derecho fundamental por la Constitución” y que el artículo 16
garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos
y las comunidades.
“Además,
la convivencia entre religiones es un valor fundamental para la
construcción de una sociedad inclusiva y respetuosa”, sostienen las
fuentes de Justicia.
Bolaños
ha señalado en un mensaje en X que el caso de Jumilla es “otro ejemplo”
de la “deriva extremista y excluyente” de PP y Vox. Además, ha añadido
que el proyecto de estas formaciones es “imponer un modelo político y
social contrario a la Constitución en el que solo caben ellos”.
“Hoy, el
objetivo es una persona que tiene un credo diferente. Mañana, puedes
ser tú”, ha advertido.
También
el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor
Torres, se ha referido a la moción de Jumilla en un mensaje en la red
social X, donde ha tachado de “vergonzosa” la medida.
“Vergonzosa la
moción de PP y Vox en Jumilla. Vergonzosa la tibia reacción de la
dirección nacional del PP, que no termina de rectificar ni la
desaprueba. Quizá es porque ven un espejo en la ultraderecha. Un espejo
en el que no cabe la diversidad. Libertad es una palabra que todavía le
queda grande al PP”, ha aseverado.
Por
su parte, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones muestran su “condena de cualquier iniciativa
discriminatoria” e indican que trabajan por “una sociedad libre de
discriminación, racismo y xenofobia”.
“La libertad religiosa y de culto
está garantizada en la Constitución”, subrayan.
Asimismo,
las fuentes del departamento de Elma Saiz avisan de que, a través del
Observatorio Contra el Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), seguirán “muy
de cerca los discursos de odio que puedan derivarse o potenciarse a raíz
de estas iniciativas que atentan contra la libertad y dignidad de las
personas”.
Más
concretamente, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
Elma Saiz, ha acusado a PP y Vox de “utilizar” pequeñas localidades
como “laboratorios” del país “que algún día aspiran a gobernar”.
“Un
país cerrado, un país pobre, un país donde estamos viendo que el
discurso migratorio del PP y Vox se han fusionado, es
absolutamente similar, un tándem”, ha señalado en una entrevista en TVE.
Saiz
también ha destacado que ambas formaciones llegan “a pactos de la
vergüenza que no hacen más que intentar dar retrocesos en derechos”.
“Y
además lo intentan hacer, insisto, de forma sibilina, con acciones que
parecen inofensivas, como en este caso en Jumilla, al fomentar la
práctica del deporte. Y lo que hay detrás es intentar inocular e
intentar prácticamente un éxodo”, ha explicado.
Finalmente,
la directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y
contra el Racismo, Beatriz Micaela Carrillo, ha condenado “con toda
firmeza” la decisión del Ayuntamiento de Jumilla, que ha tildado de
“racista”.
“Condeno con toda firmeza la decisión racista del
Ayuntamiento de Jumilla de prohibir actos islámicos en espacios
públicos. Es un ataque inconstitucional a la libertad religiosa y un
claro acto de islamofobia institucional”, ha recalcado en un mensaje en
X.
En
esta misma línea, ha acusado a PP y Vox de “utilizar” el odio “como
estrategia política”. “Están señalando, excluyendo y deshumanizando a
las personas musulmanas. Esto no es convivencia. Es violencia. Es una
guerra cultural contra los derechos fundamentales y contra nuestra
democracia”, ha subrayado.
El PP pide "responsabilidad" al PSOE y a Vox por "polarizar" con los ritos musulmanes en Jumilla
El vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, ha
pedido este jueves "responsabilidad" al PSOE y a Vox por "polarizar"
sobre Jumilla, donde se ha aprobado la "primera medida" en
España que impide llevar a cabo celebraciones islámicas en lugares
públicos.
"Si hay quienes, y me estoy refiriendo a Vox y al Partido
Socialista, pretenden seguir polarizando con esta cuestión, les pido
responsabilidad", ha señalado en una intervención ante los medios.
Además, ha recalcado que la proposición presentada
en el ayuntamiento murciano "no ha contado con el voto afirmativo de
Vox" y se ha remitido a que sean los de Santiago Abascal los que
expliquen las "decisiones" que toman. Más allá de eso, ha incidido en
que el PP es "el partido constitucionalista de España", por lo que
"nunca vamos a señalar a nadie por lo que crea o por lo que rece".
"Lo
mismo que yo, como católico, pido respeto a mi fe, ¿cómo no voy a
respetar cualquier otra fe?", ha preguntado.
En
este sentido, ha tachado de "absolutamente inaceptable" que "se
pretenda hacer pasar al PP por un partido xenófobo" y ha pedido a la
ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que
también esté "muy observante" en lo que concierne a "declaraciones tan
grandilocuentes" como la del alcalde de Fuenlabrada, Francisco Javier
Ayala.
"En una televisión el lunes decía que la Comunidad
de Madrid castigaba, repito, castigaba a su municipio mandándole menores
no acompañados. ¿Esto convierte al señor Ayala en un peligroso
xenófobo? ¿Le va a llevar al Tribunal Constitucional el Gobierno de
España? Por tanto, vamos a ser responsables", le ha echado en cara a
Saiz.
Asimismo,
ha recalcado que España es "un país ejemplar a pesar del Gobierno que
tiene" y ha subrayado que "nunca" ha tenido problemas con la
inmigración".
"Por cierto, el problema con las personas migrantes no
está en las personas migrantes, sino en quienes la gestionan. Y la
gestión de esa materia en fronteras, en seguridad y en inmigración, es
del Gobierno de España", ha indicado.
Hablan los obispos
Los obispos españoles se han unido este jueves a la postura de la
Comisión Islámica de España, que ha pedido a los poderes públicos que
garanticen el derecho a la libertad religiosa, tras la moción aprobada
por el Ayuntamiento de Jumilla que pide al Gobierno local prohibir en
instalaciones deportivas cualquier actividad ajena a las mismas.
"Las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de
culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa, un
derecho humano fundamental protegido por la Constitución española en su
artículo 16.1: "Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de
culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus
manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden
público protegido por la ley", han señalado fuentes de la
Conferencia Episcopal Española (CEE).
En este sentido, los prelados españoles avisan de que la única
intervención posible por parte de las autoridades públicas es la
perturbación del orden público que estas celebraciones puedan causar. En
todo caso, precisan que esto debe ser valorado con objetividad por
especialistas y con criterios técnicos para que no responda a una
decisión "arbitraria o ideológica".
"Las restricciones, si buscan
proteger el bien común, se deben extender a cualquier tipo de
manifestación que se realice en espacios públicos y no solo a las
religiosas", añaden.
Del mismo modo, subrayan que la
Declaración de los Derechos Humanos, en su artículo 18 afirma que "toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de
religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de
creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia,
individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia".
"La
limitación de estos derechos atenta contra los derechos fundamentales de
cualquier ser humano, y no afecta solo a un grupo religioso, sino a
todas las confesiones religiosas y también a los no creyentes. Hacer
estás restricciones por motivos religiosos es una discriminación que no
puede darse en sociedades democráticas", concluyen.
