MADRID/BRUSELAS.- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado la apertura de diligencias previas para investigar si el apagón en la red eléctrica que afectó a todo el territorio nacional pudo ser un acto de sabotaje informático en infraestructuras críticas españolas. En tal caso, encajarían en un delito de terrorismo del artículo 573.1 y 2 del Código Penal.
En un auto en el que abre estas diligencias de oficio, el magistrado acuerda como primeras diligencias requerir al Centro Criptológico Nacional y a Red Eléctrica la elaboración de sendos informes para que en un plazo improrrogable de diez días indiquen la o las causas que motivaron el apagón.
Del mismo modo, solicita a la Jefatura de Información de Policía para que, también en un plazo de diez días, presente informe preliminar sobre los hechos acontecidos.
El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 explica que el incidente ocurrió este lunes sobre las 12.30 horas y afectó a sistemas informáticos que soportan infraestructuras que proporcionan los servicios esenciales a la sociedad como salud, energía, industria, transporte, etc., lo que ha supuesto "una situación crítica para el bienestar y sentimiento de seguridad de todos los ciudadanos".
El auto recoge la explicación facilitada por el Gobierno de que "se han perdido" de forma súbita durante cinco segundos 15 GW de la energía que se estaba produciendo en ese momento, lo que equivale al 60% de la luz que se estaba consumiendo, siendo "algo que no había ocurrido jamás".
Calama indica que si bien en este momento la causa de los hechos resulta desconocida, "el ciberterrorismo se encuentra entre unas de las posibles". Por tanto, resulta necesaria, según el juez, la apertura de una investigación judicial. Conforme al artículo 573 del Código Penal, explica, los delitos informáticos pueden ser calificados como terrorismo cuando su finalidad sea desestabilizar gravemente el orden constitucional o el funcionamiento de los servicios esenciales.
En su resolución, el juez examina la legislación nacional y europea en materia de protección de infraestructuras críticas y lucha contra el ciberterrorismo y que, en el caso de España, llevó a introducirse en el Código Penal este fenómeno dentro de los delitos de terrorismo.
En concreto, en el artículo 573.2, en el que inicialmente encajarían los hechos "en el caso de que su origen hubiera estado auspiciado en la forma y con alguna de las finalidades descritas en dicho tipo penal".
Tres meses al Gobierno español para presentar una investigación en Bruselas
Por otra parte, la Comisión Europea ha comunicado que el Gobierno español dispone de un plazo de tres meses para presentar una investigación oficial sobre las causas del apagón masivo que afectó este lunes a gran parte del país, y que también tuvo repercusión en Portugal y en zonas del sur de Francia.
Paralelamente, Bruselas pondrá en marcha una investigación independiente con el objetivo de publicar un informe técnico con recomendaciones para prevenir nuevos cortes de suministro eléctrico. Este informe deberá estar listo en un máximo de seis meses.
Fuentes comunitarias explicaron que el primer paso será determinar la gravedad del incidente conforme a la clasificación europea, que va del nivel 0, reservado para los eventos más leves, al nivel 3, asignado a los más graves.
Todo apunta a que el apagón en España será calificado como de nivel 3, lo que conllevará la activación automática del informe independiente que debe coordinar la Comisión.
El Gobierno deberá presentar su investigación en un plazo máximo de tres meses desde el final oficial del incidente. A su vez, un panel de expertos europeos trabajará en paralelo para esclarecer el origen de la caída del suministro.
Este grupo elaborará un informe “exhaustivo” que incluirá información detallada “segundo a segundo” y una serie de recomendaciones para reforzar la red eléctrica frente a posibles fallos futuros.
Según ha detallado la Comisión, en la elaboración del informe participarán los operadores de red eléctrica de España, Francia y Portugal, además de un operador externo. También se invitará a especialistas de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) y a entidades reguladoras de otros Estados miembro.
Dada la dimensión internacional del apagón, se buscará una visión lo más amplia y técnica posible del suceso.
Mientras continúan las investigaciones para determinar las causas exactas del apagón, la portavoz comunitaria Paula Pinho valoró en rueda de prensa el hecho de que Red Eléctrica haya descartado un ataque informático como causa del incidente: “Red Eléctrica haya descartado un ‘incidente de ciberseguridad’, algo que ha recibido como ‘buenas noticias’”. En cualquier caso, la Comisión sigue esperando los resultados de la evaluación completa del Gobierno español.
“En cuanto a las causas completas del incidente, seguimos a la espera de la evaluación completa por parte de España”, concluyó.
Bruselas ha insistido en que debe realizarse un análisis técnico riguroso antes de emitir cualquier conclusión. Se subraya la necesidad de actuar con transparencia y con cooperación entre todas las partes implicadas.
El procedimiento adoptado —con un informe nacional y otro independiente— responde al protocolo habitual para incidentes de gran magnitud dentro del sistema eléctrico europeo, y ya se ha aplicado anteriormente en situaciones similares.
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