CARTAGENA.- La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha informado de que su 
Consejería ha tramitado 438 expedientes de menores no acompañados desde 
octubre de 2023. Esta información la ha aportado en respuesta a una 
interpelación de Vox en la Asamblea Regional en la que este partido se 
interesaba por los expedientes de acogimiento de menores no acompañados 
durante el año 2024.
   La diputada de Vox Virginia Martínez, que
 ha recordado las palabras de la consejera hace meses cuando decía que 
los recursos en la Región "están saturados y en situación de colapso", 
ha señalado que López Miras gobierna en la Región "porque firmó un pacto
 donde se comprometió a luchar contra las mafias de la inmigración 
ilegal" y ha señalado que en la Región se podría cumplir con un artículo
 de la ley en el que se indica que "se pueden hacer gestiones de 
repatriación para los menores no acompañados".
   A esto la 
consejera de Política Social ha respondido que "todos los expedientes se
 informan como dación de cuentas en el Consejo de Gobierno" y que Vox 
antes asistía también a los Consejos de Gobierno, antes de romper el 
acuerdo con el PP. 
Además, ha señalado que "la acogida que hacemos a los
 menores que se encuentran en la Región responde a un cumplimiento 
legal. Tenemos el deber legal de acoger a los menores no acompañados que
 llegan a la Región, más importante que la ley es la solidaridad con los
 que lo están pasando mal", ha dicho recordando que su función al frente
 de la Consejería es encargarse de atender a los menores que están en 
esta Región y darles un futuro.
   La consejera de Política 
Social, Conchita Ruiz, también ha tenido que responder a una 
interpelación del PSOE sobre el retraso en la puesta en marcha del Plan 
Regional de Servicios Sociales, del Mapa de Servicios Sociales y de la 
Carta de derechos y deberes de las personas usuarias de los Servicios 
Sociales.
    La socialista Toñi Abenza aprovechaba la 
interpelación para recordar a la consejera que se lleva esperando el 
plan dos décadas y que este derivaba de una ley de 2003. A esto la 
consejera le contestaba que "el Plan ya está concluido" y que, además, 
cuenta con el respaldo de las organizaciones del Tercer Sector. Además, 
ha apuntado que contiene 21 líneas estratégicas, cuenta con 7 ejes de 
actuación y más de 200 medidas estratégicas.
   Asimismo, durante
 su intervención, Ruiz ha aclarado que el Plan es una "herramienta para 
ordenar todo lo que se está haciendo en la Región" en este sentido y que
 sirve para "planificar y realizar un calendario" de las acciones a 
llevar a cabo.
   También en materia de Asuntos Sociales se ha 
enfocado la interpelación del PP en la que se ha inquirido a la 
consejera sobre el convenio de colaboración de la Fundación La Caixa 
para el desarrollo de la atención a personas mayores en los Centros 
Sociales dependientes del Instituto Murciano de Acción Social.
 En este 
sentido, Ruiz ha explicado que el convenio es "un perfecto complemento a
 toda la programación que desarrollan los centros sociales de mayores 
del IMAS". En ese sentido se ha referido a talleres formativos y 
actividades culturales para mejorar la vida de estas personas.
  
 Tal y como ha recordado la consejera durante la interpelación, más del 
80% del presupuesto de este año, "se ha destinado a la Salud, Educación y
 Políticas Sociales y una parte muy importante de las Políticas Sociales
 se ha destinado a mejorar los recursos y equipamientos para personas 
mayores". 
Ruiz ha destacado, por tanto, servicios como el de 
Teleasistencia, "que ha experimentado un aumento del 70% de usuarios 
desde que se implantó su gratuidad". De ahí que se beneficien este año 
de este servicio más de 12.400 personas, "es una teleasistencia 
digitalizada", ha recalcado.
   Por otro lado, Podemos ha 
formulado una interpelación dirigida al consejero de Fomento sobre las 
razones por las que se dejó desierta la licitación del contrato de 
redacción del Plan de Ordenación Territorial para la prevención del 
riesgo de inundación en la Región de Murcia (POTPRI). 
El diputado de 
Podemos Víctor Egío acusaba al Gobierno regional de "no haber tenido 
tiempo en cinco años de impulsar ese Plan de Ordenación Territorial para la 
prevención de las inundaciones".
   En ese sentido, el consejero 
argumentaba que el plan se sacó a licitación en 2021, pero que no fue 
posible su adjudicación debido a razones técnicas. "No se pudo acreditar
 la solvencia profesional requerida para su redacción", ha dicho 
señalando que la empresa que pasó la primera fase de contratación "no 
disponía de los profesionales y técnicos que se solicitaban en el pliego
 para la redacción del mismo", aludiendo a un equipo multidisciplinar 
compuesto por arquitectos e ingenieros de Caminos, entre otros.
												
					
 
 
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