CARTAGENA.- La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha informado de que su
Consejería ha tramitado 438 expedientes de menores no acompañados desde
octubre de 2023. Esta información la ha aportado en respuesta a una
interpelación de Vox en la Asamblea Regional en la que este partido se
interesaba por los expedientes de acogimiento de menores no acompañados
durante el año 2024.
La diputada de Vox Virginia Martínez, que
ha recordado las palabras de la consejera hace meses cuando decía que
los recursos en la Región "están saturados y en situación de colapso",
ha señalado que López Miras gobierna en la Región "porque firmó un pacto
donde se comprometió a luchar contra las mafias de la inmigración
ilegal" y ha señalado que en la Región se podría cumplir con un artículo
de la ley en el que se indica que "se pueden hacer gestiones de
repatriación para los menores no acompañados".
A esto la
consejera de Política Social ha respondido que "todos los expedientes se
informan como dación de cuentas en el Consejo de Gobierno" y que Vox
antes asistía también a los Consejos de Gobierno, antes de romper el
acuerdo con el PP.
Además, ha señalado que "la acogida que hacemos a los
menores que se encuentran en la Región responde a un cumplimiento
legal. Tenemos el deber legal de acoger a los menores no acompañados que
llegan a la Región, más importante que la ley es la solidaridad con los
que lo están pasando mal", ha dicho recordando que su función al frente
de la Consejería es encargarse de atender a los menores que están en
esta Región y darles un futuro.
La consejera de Política
Social, Conchita Ruiz, también ha tenido que responder a una
interpelación del PSOE sobre el retraso en la puesta en marcha del Plan
Regional de Servicios Sociales, del Mapa de Servicios Sociales y de la
Carta de derechos y deberes de las personas usuarias de los Servicios
Sociales.
La socialista Toñi Abenza aprovechaba la
interpelación para recordar a la consejera que se lleva esperando el
plan dos décadas y que este derivaba de una ley de 2003. A esto la
consejera le contestaba que "el Plan ya está concluido" y que, además,
cuenta con el respaldo de las organizaciones del Tercer Sector. Además,
ha apuntado que contiene 21 líneas estratégicas, cuenta con 7 ejes de
actuación y más de 200 medidas estratégicas.
Asimismo, durante
su intervención, Ruiz ha aclarado que el Plan es una "herramienta para
ordenar todo lo que se está haciendo en la Región" en este sentido y que
sirve para "planificar y realizar un calendario" de las acciones a
llevar a cabo.
También en materia de Asuntos Sociales se ha
enfocado la interpelación del PP en la que se ha inquirido a la
consejera sobre el convenio de colaboración de la Fundación La Caixa
para el desarrollo de la atención a personas mayores en los Centros
Sociales dependientes del Instituto Murciano de Acción Social.
En este
sentido, Ruiz ha explicado que el convenio es "un perfecto complemento a
toda la programación que desarrollan los centros sociales de mayores
del IMAS". En ese sentido se ha referido a talleres formativos y
actividades culturales para mejorar la vida de estas personas.
Tal y como ha recordado la consejera durante la interpelación, más del
80% del presupuesto de este año, "se ha destinado a la Salud, Educación y
Políticas Sociales y una parte muy importante de las Políticas Sociales
se ha destinado a mejorar los recursos y equipamientos para personas
mayores".
Ruiz ha destacado, por tanto, servicios como el de
Teleasistencia, "que ha experimentado un aumento del 70% de usuarios
desde que se implantó su gratuidad". De ahí que se beneficien este año
de este servicio más de 12.400 personas, "es una teleasistencia
digitalizada", ha recalcado.
Por otro lado, Podemos ha
formulado una interpelación dirigida al consejero de Fomento sobre las
razones por las que se dejó desierta la licitación del contrato de
redacción del Plan de Ordenación Territorial para la prevención del
riesgo de inundación en la Región de Murcia (POTPRI).
El diputado de
Podemos Víctor Egío acusaba al Gobierno regional de "no haber tenido
tiempo en cinco años de impulsar ese Plan de Ordenación Territorial para la
prevención de las inundaciones".
En ese sentido, el consejero
argumentaba que el plan se sacó a licitación en 2021, pero que no fue
posible su adjudicación debido a razones técnicas. "No se pudo acreditar
la solvencia profesional requerida para su redacción", ha dicho
señalando que la empresa que pasó la primera fase de contratación "no
disponía de los profesionales y técnicos que se solicitaban en el pliego
para la redacción del mismo", aludiendo a un equipo multidisciplinar
compuesto por arquitectos e ingenieros de Caminos, entre otros.
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