MURCIA.- La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia ha suspendido la
pena de entrada en prisión impuesta a los siete empresarios que fueron
condenados el pasado 11 de septiembre tras reconocer haber tenido sexo
con menores de edad a cambio de dinero.
El fiscal, José
Francisco Sánchez Lucerga, ha mostrado su conformidad a la suspensión de
la pena de seis de ellos, que habían reconocido entre uno o dos delitos
de prostitución de menores en cada caso y se enfrentaban a penas que no
sumaban más de 12 meses de cárcel. En estos seis casos, al haber
conformidad de los acusados y el Ministerio Público, la suspensión de
entrada en la cárcel se ha declarado firme.
Así, el fiscal
solo se ha opuesto a la de J.C.A, que era el que acumulaba una mayor
pena --25 meses de cárcel-- al haber reconocido cinco delitos de
prostitución de menores. En este caso, el representante del Ministerio
Público anunció que presentará un recurso y la suspensión de la pena no
es firme.
Cabe destacar que en el caso de J.C.A., la pena
máxima a a imponer sería de 15 meses por ser el máximo de cumplimiento
que establece el Código Penal (el triple de la pena más grave).
Cabe recordar que este lunes tuvo lugar la primera de las vistas para
examinar la petición de las defensas de suspender las penas de prisión.
En ella, la Sala, presidida por el magistrado Álvaro Castaño, suspendió
la pena de entrada en prisión impuesta a cuatro de los siete
empresarios y dejó en el aire la de una de las madames o 'mamis'
implicada, R.D.T., cuya situación quedó a expensas de ser resuelta por
el tribunal, que quería analizar con más detenimiento las circunstancias
de su caso.
Este martes, en la segunda sesión, estaban
convocados otros cinco condenados: tres de los empresarios que eran
clientes de la red de prostitución de menores y otras dos 'mamis'.
En la puerta del Palacio de Justicia se ha reunido una veintena de
personas para protestar al grito de "esto no es justicia, es
impunidad"; "las niñas no se venden, las niñas se defienden"; "eran
menores, empresarios violadores"; y "jueces y fiscales, cómplices".
Además, han exhibido pancartas en las que se podía leer 'Pederastas,
queremos justicia'; 'Justicia machista'; 'Jueces cómplices'; y 'El
silencio nos hace cómplices. No impunidad'.
La primera en
comparecer este martes ha sido una de las condenadas que ejercía de
'mami' o 'madame', cuyas iniciales son Y.B.C., cuyo abogado ha señalado
que su defendida ya ha "redimido el daño".
"Siendo justos, entendemos
que esta suspensión de la condena estaría totalmente en derecho y
apelamos a ella", ha añadido.
En cuanto a las circunstancias
personales a valorar a la hora de suspender la pena, el abogado ha
señalado que su clienta tiene un niño pequeño y una vida "totalmente
reinsertada en la sociedad".
Al tomar la palabra para exponer
su situación personal, Y.B.C. ha afirmado en primer lugar que está "muy
arrepentida de lo que pasó".
"Si pudiera retroceder, lo haría", según la condenada, quien ha tachado lo sucedido como una "mala experiencia".
Asimismo, ha señalado que tiene un niño menor de edad. "Esto es una
pesadilla, estoy arrepentida; espero que la justicia vea que yo no he
vuelto a delinquir", ha añadido.
El representante del
Ministerio Público ha recordado que este caso motivó la reunión de la
junta extraordinaria de fiscales, que entendió que "en determinados
supuestos, la suspensión de la pena no debe operar" como, por ejemplo,
"cuando nos encontramos ante múltiples penas" y en casos de clientes con
hasta cinco delitos.
En el caso concreto de Y.B.C., el fiscal
ha recordado que los hechos reconocidos por la condenada "son graves".
En la medida en que "ya se tuvo en cuenta la atenuante de dilaciones
indebidas", Sánchez Lucerga se ha opuesto ha otorgar la suspensión de
condena.
La jueza ponente, Concepción Roig, ha transmitido a
Y.B.C. que no va a resolver su caso de momento porque "hay que valorar
muchas circunstancias" pero ha avanzado que tomarán la decisión, en
cualquier caso, antes del próximo lunes.
Uno de los empresarios condenados, J.M.F., no ha comparecido porque
no tenía la obligación de hacerlo. Su abogado ha excusado la ausencia de
su cliente, que ha afrontado convocatoria de plenos extraordinarios en
su ayuntamiento convocada 'ad hoc' para abordar su caso y porque la
situación es "insostenible".
A este respecto, el fiscal ha
citado una frase que popularizó Clara Campoamor: "odia el delito,
comparece al delincuente". No obstante, el representante del Ministerio
Público ha señalado que hay delitos ante los que "a cualquier persona se
le revuelve el estómago" como, por ejemplo, el de J.M.F.
"Se
podrá invocar, desde el plano humano, la situación en la que se
encuentre J.M.F., pero lógicamente mucho peor fue la de las víctimas de
estos delitos", ha apostillado. No obstante, el fiscal no se ha opuesto a
la suspensión de la pena teniendo en cuenta que concurren "todos los
requisitos" para ello.
Otra de
las comparecientes este martes ha sido N.C.P, quien ejerció también
como 'mami' o madame y cuyo abogado ha solicitado la suspensión de su
pena (seis delitos de prostitución de menores con pertenencia a
organización a razón de dos años de cárcel por cada uno de ellos).
En este caso, el letrado ha recordado que el fiscal puso en su
momento "la base" para suspender la pena reduciendo las penas y que,
además, su clienta consignó el dinero para reparar el daño a las
víctimas. Por ello, ha pedido que se aplique el máximo plazo para la
suspensión de la pena, de cinco años, para que su defendida tenga que
estar sin delinquir todo ese tiempo.
A este respecto, el
fiscal ha recordado que N.C.P. ha sido condenada por seis delitos y
asumió 12 años de cárcel. A su juicio, no existen motivos para suspender
la pena. "Todos los delitos merecen una reprochabilidad social y el
tribunal tiene que partir de esa reprochabilidad social", según el
representante del Ministerio Público, quien ha insistido en que "estamos
hablando de seis delitos, no de uno o de dos".
Asimismo, el
fiscal ha recordado que los condenados "violaron el ordenamiento
jurídico" y ha señalado que "estamos hablando de menores de edad que
tienen que evolucionar en su sexualidad libremente y sin coacción de
terceros".
Finalmente, ha comparecido el empresario J.P.A.,
condenado por dos delitos de prostitución de menores, a un total de 10
meses de prisión, cuyo letrado ha pedido igualmente la suspensión de la
pena y el fiscal no se ha opuesto "por coherencia", tal y como ha
sucedido "en casos similares, toda vez que se reúnen los requisitos".
J.P.A. también ha tomado la palabra para afirmar que está "arrepentido" de todo lo que ha hecho.
Por todo ello, la magistrada ponente ha suspendido la pena a J.P.A.
con la condición de que no vuelva a delinquir en los próximos dos años;
que no se aproxime a las víctimas a menos de 500 metros; y la obligación
de participar en programas de reeducación conductual en materia de
sexualidad.
Para finalizar, la magistrada ponente ha hecho
hincapié en que cinco de las víctimas han dicho expresamente que quieren
conceder a todos los condenados "una segunda oportunidad" y que "no
entraran en prisión". Otras dos víctimas "no fueron capaces de pedir"
este extremo y dijeron que confiaban en la justicia, mientras que otras
cinco dijeron que preferían la entrada en prisión.
Tampoco ha
acudido a la comparecencia M.P.P., condenada por un delito de
prostitución de menores a un total de 6 meses de prisión, en cuyo caso
el fiscal tampoco ha encontrado ninguna objeción a suspender la pena.
A pesar de no contar con la oposición del fiscal en el caso de M.P.P.
y J.M.F., la Sala no ha resuelto la suspensión en firme porque se les
ha de comunicar 'in voce'.
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