MADRID.- La polémica que rodea a la futura inauguración del AVE a Murcia -sin fecha aunque Fomento ha reiterado que quiere abrir la línea este año–
va camino de eternizarse, chapuza tras chapuza. El último episodio: el
Administrador de Infraestructuras, Adif, encargado de llevar la vía de
alta velocidad hasta la Estación de Murcia del Carmen, ha mentido al
Parlamento Europeo. En concreto, a la Comisión de Peticiones de la
Eurocámara, en un informe “relativo a las obras de accesos a Murcia”,
según la documentación a la que ha tenido acceso El Independiente.
El informe asegura a los eurodiputados que la línea hasta la capital
murciana no constituye una “línea nueva”. Algo que contradice a, como
mínimo, un informe de la propia Adif y a otro de la Agencia Estatal de
Seguridad Ferroviaria (AESF), ambos en posesión de este medio.
La carta
está firmada por el presidente de la compañía estatal, Juan Bravo, el 25
de enero de 2018. Y la razón del embuste, según fuentes extraoficiales,
es que de haber habido un reconocimiento de línea nueva la empresa
habría tenido que relicitar varios tramos de las obras, de acuerdo con
la Ley de Contratos Públicos. Y no daría tiempo por lo tanto a abrir el
AVE este año.
En Murcia hay un histórico movimiento vecinal al sur de la ciudad que,
desde hace casi 30 años, exige soterrar la vía del tren y cerrar los
peligrosos pasos a nivel. Una victoria que los vecinos arrancaron de Adif en octubre del año pasado tras un mes de cortes de vías y cargas policiales.
Pero el problema ahora es otro: Mariano Rajoy quiere inaugurar la línea
sí o sí antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2019, en
las que el PP puede perder el poder regional que ostenta desde 1995. Y
el PP de Murcia quiere que el AVE llegue a la ciudad.
Así que para poder
soterrar a la vez que se estrena la línea Madrid-Murcia, hay que
proteger las obras con un muro de metacrilato que aísla a 100.000
vecinos de los barrios meridionales.
La respuesta de Adif aborda dos cuestiones formuladas desde esta comisión europarlamentaria:
primero, “si las obras de dicha línea férrea serán finalmente
soterradas” y segundo, “cómo se van a paliar los efectos para la
población durante las obras del soterramiento”.
Según Adif, la primera fase de soterramiento (de 2,8 kilómetros)
contempla “permitir la utilización de la línea por trenes de ancho
estándar y de ancho convencional como venía sucediendo hasta ahora, que
sin duda no tienen la envergadura suficiente para ser asimilables a la
construcción de una nueva línea férrea”, asegura el administrador.
Fundamenta esta decisión en que “no incluyen ampliaciones de la
plataforma, desdoblamiento de vías o cambios de trazado respecto a la
línea actual”.
Sobre la vía provisional mientras duran las obras del soterramiento,
más adelante se puede leer que este “desvío tampoco reúne las
características que permitan asimilarlo a la construcción de una nueva
línea a efectos de lo previsto en la Ley de Evaluación Ambiental”.
El Impacto ambiental, caducado
Al menos existen dos documentos que revelan precisamente lo
contrario: tanto el proyecto de soterramiento como el desvío provisional
forman parte de una nueva línea. Así lo asegura un borrador de la
Dirección General de Desarrollo y Estrategia de Adif, pero también una
resolución de la Subdirección General de Infraestructuras de la Agencia
Estatal de Seguridad Ferroviaria, firmada el 20 de septiembre de 2017
por el propio director de la AESF, Pedro Lekuona.
Se trata de una consulta realizada por Adif a la AESF. Y la respuesta
viene en los primeros epígrafes: “De acuerdo con la información
disponible, la línea 046 Monforte del Cid-Murcia constituye una línea
nueva”.
¿Por qué la firma pública ha mentido a la Unión Europea? La empresa
ha declinado responder. Pero otras voces aportan su opinión al asunto:
“Si Adif reconoce que es una obra nueva, habrían tenido que hacer un
modificado y un complementario para no saltarse la Ley de Contratos del
Sector Público. Jamás habría llegado el AVE de esa manera antes de las
elecciones de 2019”, recalca un conocedor de los entresijos.
Hay mucha tensión en los pasos a nivel:
hace una semana aparecieron policías pertrechados con metralletas, y el
PP no puede permitirse incumplir su promesa estrella en una Comunidad
cuyo presidente lleva menos de un año en el cargo al dimitir su antecesor por asuntos de corrupción.
“En relación con las cuestiones planteadas”, se lee más adelante en
la carta, “en primer lugar es necesario aclarar que Adif-Alta Velocidad
está construyendo la solución de soterramiento integral que está
incluida en el Estudio Informativo cuya Declaración de Impacto Ambiental
(DIA) fue formulada en 2009”.
Sin embargo, según el Estudio Informativo publicado en el Boletín
Oficial del Estado por la Dirección General de Ferrocarriles
-dependiente de Fomento- la Declaración de Impacto Ambiental caducó el 8
de julio de 2014, tras cinco años en vigor. Adif, en definitiva, afirma
que iniciará obras de soterramiento basadas en una DIA que ya ha
vencido y es por tanto ilegal.
En otro párrafo el administrador ferroviario reconoce que el
soterramiento actualmente proyectado, de casi tres kilómetros, se
aprobó, previa modificación, “tras expresar la Plataforma
Prosoterramiento sus dudas”. Una manera de reconocer a los manifestantes
su importante papel en el resultado final: no por nada, en varias
ocasiones se ha visto a Juan Bravo dialogando con portavoces de los
manifestantes, algo que no se atreven a hacer en Murcia los dirigentes
del PP.
Los nervios están a flor de piel en una Comunidad que es un feudo del
PP y cuya gestión se desmorona. Se creó una Comisión de Seguimiento del
AVE que, según toda la oposición, ha sido “boicoteada” por el PP. A su
última reunión tres de las cinco personas llamadas a comparecer rechazaron hacerlo: Juan
Bravo (Adif), Julio Gómez Pomar (actual secretario de Estado de
Infraestructuras) y el polémico delegado del Gobierno en Murcia,
Francisco Bernabé.
“Instrumento de Podemos”
Nombrado recientemente, Bernabé solo ha avivado las llamas. Se ha burlado de la detención de una anciana
de 81 años que participa activamente en las protestas, ha ordenado
multar indiscriminadamente a quien se manifieste (van ya decenas de
sancionados) y ha declarado sin rubor que “todo esto se está
instrumentalizando por Podemos desde el primer día” (la Plataforma Pro
Soterramiento existe desde finales de los años ochenta).
El pasado 8 de
marzo, la manifestación por el Día Internacional de la Mujer terminó en
las vías, a la altura de los pasos a nivel. Y acabó como siempre: con
cargas, heridos y detenidos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario