Ministro Soria: "Garantizar la nutrición infantil, más importante que una TV autonómica"

MADRID.- El Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha cuestionado las prioridades de gasto en comunidades autónomas y ha asegurado que "más importante es garantizar la nutrición de los niños que seguir teniendo una televisión autonómica".

   Soria respondía así al ser preguntado por la situación detectada en algunas comunidades autónomas de deficiente alimentación de los escolares.

   El ministro ha lamentado que se estén produciendo estas situaciones como "consecuencia del drama del paro" y ha asegurado que la "única solución" es que "haya crecimiento y empleo". Para ello, Soria ha recordado que el Gobierno de la nación ha adoptado medidas "muy difíciles que no le hubiera gustado hacer" pero que "son condiciones necesarias para la recuperación".

   En cuanto al papel de las comunidades autónomas, y al preguntarle por la situación concreta de algún colegio en Canarias, ha asegurado que "es cuestión de prioridades". Soria ha recordado que "ahora un gobierno puede decir vendo una televisión autonómica, no sigo empleando recursos públicos(...) que en el caso de Canarias son 35 millones de euros".

   Para Soria, una televisión o una policía autonómica "no es un servicio esencial, no es imprescindible, es mucho más prioritario de lo que estamos hablando (la alimentación de los escolares), pero es una función que corresponde a las comunidades autónomas y herramientas, y margen de maniobra, tienen".

El gasto farmacéutico en la Región de Murcia baja un 18,57% en febrero

MURCIA.- El gasto farmacéutico en la Región de Murcia bajó un 18,57 por ciento en febrero, hasta los 24,7 millones de euros, frente a los 30,4 millones gastados en el mismo mes de 2012, lo que representa el octavo menor descenso por comunidades autónomas.

   De esta forma, la reducción del gasto farmacéutico en la Región fue casi medio punto superior a la de la media nacional, que descendió un 18,16 por ciento, según los datos remitidos a la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por las comunidades autónomas.

   Además, la Región facturó 2,2 millones de recetas en febrero de 2013, lo que supone un descenso del 17,71 por ciento respecto a los 2,7 millones de euros del mismo mes de 2012, por encima de la bajada del 17 por ciento de la media nacional. Se trata, del tercer mayor descenso por comunidades autónomas.

   Igualmente, el gasto medio por receta en la Región de Murcia en febrero fue de 10,99 euros, un 1,04 por ciento inferior a la del mismo mes de 2012, cuando se elevó a 11,10 euros. Se trata del tercer menor descenso por comunidades autónomas.

  

El Gobierno regional suprime ocho entes públicos en su plan de ajuste

MURCIA.- El Gobierno regional ha suprimido ocho entes públicos como parte de su plan de ajuste y reestructuración para hacer frente a la contención del déficit autonómico, y sus funciones serán asumidas por la propia Comunidad Autónoma, según ha informado el portavoz del Ejecutivo, José Ballesta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, quien ha detallado que esta medida supondrá un ahorro de 6,5 millones de euros, en base a las estimaciones realizadas desde la Consejería de Economía y Hacienda.

   En concreto, el Consejo de Gobierno, en su reunión de este viernes, ha decidido suprimir la Sociedad Pública del Suelo y Equipamientos Empresariales de la Región de Murcia S.A.; Industrial Alhama S.A.; la Gestora de Infraestructuras Sanitarias de la Región de Murcia S.A. (Giscarmsa); la Fundación Parque Científico de Murcia; la Fundación Agencia de Gestión de la Energía (ARGEM); la Fundación Tutela Judicial de Adultos; la Fundación Alzheimur; y el Consorcio Universitario para el Campus de Lorca.

   Estas medidas están incluidas en un decreto aprobado por el Gobierno regional a propuesta de la Consejería de Economía, con el fin de lograr la racionalización del sector público en la Región de Murcia.

   Ballesta ha recordado que la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que tiene su origen en el Pacto de estabilidad presupuestaria, que incluso originó una modificación de la Constitución Española, obliga a las comunidades autónomas a una serie de compromisos, entre los que se sitúa "la reestructuración del sector público de las comunidades".

   El Consejo de Gobierno ha analizado ese sector público y, a propuesta de la Consejería de Economía, se han decidido los criterios que han de aplicarse en esa racionalización del sector público.

   En primer lugar, desde el punto de vista jurídico, la participación de la Comunidad Autónoma en esos entes suprimidos debía permitir "la adopción de la medida de su supresión o extinción".

   Asimismo, Ballesta ha explicado que los fines u objetivos del ente tenían que poder ser asumidos por otros entes del sector público de la comunidad autónoma, puesto que "se suprime el ente pero no la función, que pasa a otro ente preexistente".

   Además, la Consejería ha tomado la decisión siguiendo como criterio que, en otro momento de la historia de la Comunidad, esos fines y objetivos "hubieran sido prestados por la Administración general de la Comunidad Autónoma, y se decidirá con posterioridad realizarlos por un ente fuera de la Administración general de la Comunidad".

   Es decir, Ballesta ha explicado que esas funciones eran desempeñadas por la Comunidad, luego se creó el ente y ahora "vuelven a la Administración que, en su momento, desarrollaba esas funciones".

   El decreto aprobado supone el cese de las actividades de una serie de órganos y entes, cuyos fines y objetivos pasarán a ser asumidos por otros servicios y personal de la Comunidad, y otros entes integrantes del sector público.

   Así, van a cesar en sus actividades la Sociedad Pública del Suelo y Equipamientos Empresariales de la Región de Murcia S.A. e Industrial Alhama S.A., cuyas fines y objetivos son asumidos por el Instituto de Fomento (INFO).

   También han cesado la Gestora de Infraestructuras Sanitarias de la Región de Murcia S.A., y sus actividades son asumidas directamente por el SMS. La Fundación Parque Científico de Murcia también cesa sus actividades, que van a ser asumidas por el INFO.

   La Fundación Agencia de Gestión de la Energía (ARGEM) también cesa, y sus funciones van a ser asumidas por la Dirección General de Industria, Energía y Minas; al tiempo que es cesada la Fundación Tutela Judicial de Adultos, cuyas funciones van a ser asumidas por el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).

   El Gobierno regional también suprime la Fundación Alzheimur, cuyas funciones van a ser asumidas por la Consejería de Sanidad y Política Social; así como el Consorcio Universitario para el Campus de Lorca, cuyas funciones van a ser asumidas por la Dirección General de Universidades y Política Científica.  

    Al respecto, Ballesta ha señalado en rueda de prensa que el decreto que suprime estos entes "será complementado con una proposición de ley que, en su momento, desarrollará el Grupo Parlamentario Popular".

    En concreto, este Decreto, que se enmarca en la Ley de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad de Murcia y en la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

   "El objetivo de esta medida es la adecuación del sector público regional para ajustarlo a los criterios de austeridad, eficacia, eficiencia y sostenibilidad que deben regir las administraciones públicas, especialmente en la actual situación económica", ha finalizado.

La crisis desencadena en España la multiplicación de productos hosteleros 'a un euro'

MADRID.- Las grandes cadenas de restauración han multiplicado desde el año 2011 las campañas enfocadas a expender productos al precio de un euro --fenómeno conocido como euromanía-- con el fin de atraer a sus establecimientos al máximo número de consumidores, que, perjudicados por la crisis, tienen más presente que nunca la ecuación 'cantidad-precio' a la hora de decantarse por una firma u otra.

   De este modo, aún a costa de reducir sus márgenes de beneficios, el precio se ha convertido en un poderoso argumento de venta. Por estos derroteros viene actuando "desde hace más de diez años" la cadena norteamericana de hamburguesas McDonald, según recuerda su directora de marketing y comunicación en España, Beatriz Faustino.

   En este sentido, McDonald lanzó la gama de productos '1x1 PLUS' que ofrece hamburguesas con queso, café o patatas fritas a pagar con la moneda de un euro, con lo que se busca "escuchar e intentar responder a la demanda de los clientes". Para Beatriz Faustino, se trata de "una apuesta a largo plazo" y revela que "habrá más promociones a lo largo del año", siempre, como asevera, "manteniendo la calidad" aunque sean productos 'low cost'.

   Por otro lado, la marca española especializada en la comercialización de bocadillos Pans & Company -que pertenece al grupo de restauración 'The Eat Out Group'- presentó hace unos meses la denominada Zona 1 euro, una campaña promocional que destaca por ofrecer una amplia variedad de productos, como complementos, mini bocadillos o postres, al "inmejorable" precio de un euro.

   La firma argumenta en un comunicado que ha decidido lanzar esta campaña en los 250 restaurantes que posee repartidos por toda la geografía española para "atender las nuevas tendencias de consumo", satisfaciendo las "necesidades actuales que demanda el mercado".

 "Está dirigida a todos aquellos que quieren disfrutar más gastando menos", afirman desde la empresa.

   Lo mismo ocurre con la cadena de restaurantes de comida rápida Burguer King, que también se sumó a la fiebre de las campañas de productos a un euro, similar a la que lleva a cabo desde hace meses en EE.UU. Así, ha puesto a la venta una serie de productos por un euro, como la hamburguesa Big King Junior, la Cheese Burger o la Napole Burger.

   La directora de marketing de Burger King división mediterránea, Bianca Shen, apunta hacia la oportunidad de "afianzar al consumidor, adaptarse a sus necesidades y ofrecer una variada gama de productos a un precio muy económico" como una de las razones para emprender estas acciones. Además, Shen revela que está promoción "está siendo muy exitosa", a la par agrega que el sector de las hamburguesas "está creciendo" en España.

   El pasado mes de febrero, la enseña Telepizza distribuyó más de dos millones de pizzas tras una nueva iniciativa comercial -ya realizó una campaña similar el ejercicio precedente- de pizzas a un euro en más de 600 establecimientos con motivo de la celebración de Santa Margarita, nombre de una de las especialidades más conocidas en el mundo de este alimento.

   Con esta iniciativa, Telepizza preveía multiplicar por cuatro sus ventas e incrementar en un 450% el número de pedidos. Ésta, se enmarca en la estrategia por la que apuesta en los últimos años la compañía, centrada en ofrecer servicios y productos adaptados "a las necesidades cambiantes de su clientela".

   Otro caso es el de Rodilla, la franquicia española de comida rápida especializada en sándwiches, que hace escasos meses presentó por primera vez en sus más de 70 años de historia una gama de productos a un euro denominada 'Tentaciones Rodilla'. Es más, según un estudio interno de la compañía Rodilla, sus clientes ven el precio como un factor cada vez más determinante para decantarse por un producto u otro.

   Por último, Kentucky Fried Chicken, una de las cadenas de comida rápida más conocidas en el mundo, ha dado la bienvenida a los productos que forman parte del 'K€ Plan', una serie de platos de bajo coste. El producto estrella es el Krunchy BBQ, que se sirve por menos de un euro, aunque existen otro tipo de productos al mismo coste de venta.

   La responsable de marketing de KFC en España, Marion Racine, ha señalado que la ampliación de una gama de productos a un euro responde "de manera natural a las preocupaciones de los españoles". Así, ha revelado que estas ofertas han tenido "mucho éxito" y confía "en poder seguir ampliándolas" con posterioridad.

Los miembros del Consejo de Gobierno y los altos cargos se congelan el sueldo en 2013

MURCIA.-  Las retribuciones de los miembros del Consejo de Gobierno y altos cargos de la Administración Pública de la Región de Murcia no experimentarán ningún incremento en 2013, "permaneciendo vigentes las cuantías existentes a 31 de diciembre de 2012, sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio", según el acuerdo del Consejo de Gobierno que publica este miércoles el Boletín Oficial de la Región (BORM). 

   A dichas retribuciones les será de aplicación la reducción del tres por ciento establecida en el artículo 19 de la Ley 5/2012, de 29 de junio, de ajuste presupuestario y de medidas en materia de Función Pública.

   Las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre, en los casos en que se tenga derecho a su percepción, incluirán, cada una de ellas, además de la cuantía del complemento de destino mensual que se perciba, el importe de 626,84 euros como consejero, 682,28 euros los secretarios generales y 728,91 euros los directores generales.

   De tal forma, los miembros del Consejo de Gobierno y altos cargos de la Administración regional, con la excepción del presidente de la Comunidad, tendrán derecho a percibir dos pagas extraordinarias en los meses de junio y diciembre por un importe, cada una de ellas, de una mensualidad del sueldo que se incluye en el cuadro anterior más el cien por cien del complemento de destino mensual que perciban.

   Asimismo, el complemento específico anual lo percibirán en catorce pagas, de las que doce serán iguales y de percibo mensual y las dos restantes, a percibir en los meses de junio y diciembre, serán de dos tercios de la percibida mensualmente.

   Además, los miembros del Consejo de Gobierno y altos cargos tendrán derecho a la percepción, referida a catorce mensualidades, de los trienios que pudieran tener reconocidos como funcionarios y personal al servicio del Estado y de las Administraciones públicas, que se abonarán con cargo a los créditos que para trienios de funcionarios se incluyen en los presupuestos de gastos.

   De tal forma, el presidente de la Comunidad percibirá de sueldo 5.576,04 euros al mes, sin ninguna otra cantidad adicional, mientras los consejeros una retribución de 1.050,08 euros, con los correspondientes complementos de destino y específico, que se concretan, respectivamente, en 1.706,87 euros y 2.397,02 euros.

   Asimismo, según el acuerdo del Consejo de Gobierno que publica este miércoles el BORM, los miembros del Consejo de Gobierno, secretarios generales, secretarios autonómicos y directores generales y asimilados "percibirán dos pagas extraordinarias por un importe, cada una de ellas, de una mensualidad de sueldo y un cien por ciento del complemento de destino que corresponda".

   Además, "cobrarán en los meses de junio y diciembre una paga adicional en concepto de complemento específico equivalente a dos tercios de la cuantía mensual que perciban".

   Con efectos económicos de 1 de enero de 2013, las retribuciones de los funcionarios de la Administración regional "no experimentarán ningún incremento respecto de las establecidas a 31 de diciembre de 2012, sin tenerse en cuenta al comparar la reducción aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio".

   Las pagas extraordinarias de los funcionarios en servicio activo serán dos al año, una en el mes de junio y la otra en el mes de diciembre, estando integradas por las cuantías de sueldo y trienios, a las que habrá que añadir la cuantía del complemento de destino mensual que perciban.

   Las cuantías anuales de los complementos específicos que percibe el personal incluido en el ámbito de aplicación de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios no experimentarán tampoco ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2012, "sin tenerse en cuenta al comparar, asimismo, la reducción aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio".

   El complemento específico anual del personal incluido en el ámbito de aplicación de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios se percibirá en 14 pagas iguales, de las que doce serán de percibo mensual y las dos adicionales, del mismo importe, se percibirán en los meses de junio y diciembre.

   Mientras que el personal docente percibirá el complemento específico de acuerdo con su propia regulación y los importes vigentes a 31 de diciembre de 2012 no experimentarán ningún incremento en el año 2013, sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.

   Tampoco los importes de las cuantías mínimas del complemento de productividad que percibía a 31 de diciembre de 2012 el personal experimentarán incremento en 2013. Las cuantías mínimas del complemento de productividad a percibir por el personal docente "no experimentarán, igualmente, ningún incremento en 2013", según el BORM.

   Además, el acuerdo del Ejecutivo regional pone de manifiesto también que la Administración General de la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos "no realizarán aportaciones al Plan de Pensiones de la Administración Pública de la Región de Murcia en 2013".

La Comunidad Autónoma saca a subasta pública el 50% de los vehículos de altos cargos

MURCIA.- La Consejería de Economía y Hacienda saca a subasta 18 vehículos destinados a la prestación de servicios de altos cargos, lo que supone el 50% de la flota consignada a directores y secretarios generales. El anuncio aparece publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

   La subasta se enmarca en el Plan de ahorro del Modelo de Gestión Eficiente de la flota automovilística de la Comunidad que se está aplicando en el Parque Móvil Regional, lo que sitúa a la Administración regional "entre las más austeras en cuanto a los recursos que se destinan a servicios de representación".

   Esta acción supondrá, además de los ingresos que genere la venta, un ahorro aproximado de 62.000 euros anuales en gastos en mantenimiento y combustible. A esta iniciativa se suma la enajenación de 30 vehículos el pasado año, la reducción en el consumo de combustible o la amortización de tres puestos de conductor por jubilación, lo que supuso un ahorro superior a los 213.000 euros.

   Para el ejercicio 2013, la Administración regional tiene previsto continuar con otras actuaciones de optimización de los recursos y reducción del gasto corriente, mediante un descenso de la flota automovilística de, aproximadamente, un 12 por ciento y una racionalización de los servicios automovilísticos con un uso más restrictivo de los vehículos oficiales.

   La subasta pública será el próximo 15 de febrero, a las 10.00 horas, en el salón de actos de la Consejería, en lotes individuales. Los vehículos tienen una antigüedad media de entre siete y ocho años.

   El procedimiento de la puja, previa presentación de la fianza, podrá ser con ofertas al alza por escrito o verbales. Los licitadores que presenten ofertas por escrito también podrán participar en la subasta pública.

   El precio de tasación será el importe mínimo de salida a partir del cual se efectuarán las ofertas equivalentes o al alza, y no se admitirá postura alguna por importe inferior al tipo de licitación.

   Las ofertas por escrito en sobre cerrado se presentarán previamente al acto público de la subasta, con un plazo de presentación de 15 días naturales desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el BORM. Las ofertas a viva voz sólo podrán presentarse en el acto público.

   Los vehículos se podrán visitar en el Parque Móvil Regional, calle Enrique Tierno Galván, en Murcia, durante 10 días naturales desde el día siguiente a la publicación.

Los vehículos de representación que utilizan los altos cargos del Gobierno regional se reducirán a la mitad

MURCIA.- Los vehículos de representación que son utilizados por los altos cargos de la Comunidad se reducirán en un 50%, al pasar de los 36 que hay actualmente hasta los 18, materializándose tal reducción "antes de final de año".

   Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno regional, José Ballesta, en la rueda de prensa que ha ofrecido tras informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno. Este anuncio se produce unas horas después de que el consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, anunciara en la Asamblea Regional la reducción de la flota correspondiente a cada una de las consejerías y organismos autónomos, además de la redistribución de vehículos y el mantenimiento de convenios con federaciones de personas con discapacidad.

   Al respecto, Ballesta ha explicado que "la flota de vehículos del parque móvil regional, compuesta por unos 850, se reducirá un 12 por ciento, haciendo especial incidencia en los vehículos de representación de altos cargos".

   No obstante, ha resaltado que este parque móvil "es uno de los más austeros y ejemplo de eficiencia, ya que otras comunidades están utilizando el modelo de Murcia".

 "En los momentos actuales y en cualquier caso, se exige todavía un esfuerzo mayor", ha incidido.

   En cuanto a los conductores, Ballesta ha comentado que "en esa redistribución se reasignarán a los servicios que en estos momentos ya están preestablecidos".

Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno dispondrán de muchos menos coches oficiales

MADRID.- La reducción del número de coches oficiales del parque móvil del Estado supondrá en España un ahorro para las arcas públicas de 10,5 millones de euros en los dos próximos años, según ha asegurado hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha precisado que la reducción total será del 53 por ciento, pero que la que se aplique a los que utilizan los altos cargos --presidente, ministros, secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales-- alcanzará el 66 por ciento.

   La vicepresidenta explicó que el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha llevado hoy al Consejo de Ministros un Real Decreto por el que se "transforma el parque móvil ministerial en parque móvil del Estado". Una reforma del sistema en la que "se cambian los usos del coche oficial bajo los principios de austeridad y eficiencia" y para ello "se reduce el número de altos cargos que tienen vehículo asignado".

   A partir de ahora, según explicó, los directores generales no tendrán coche oficial, sino que dispondrán de coches de incidencias que estarán a disposición de todos los trabajadores de la dirección general para desarrollar sus tareas.

   En el caso de los subsecretarios, éstos tendrán coche oficial, pero no será exclusivo para ellos, sino que también estará a disposición del personal de la subsecretaría. Estas dos medidas significarán una reducción del 66 por ciento en el número de vehículos oficiales de altos cargos, que pasarán de ser los 307 actuales, a 103 a lo largo de este año y el próximo, ya que la reducción será progresiva. El ahorro en este capítulo será del 66,45 por ciento.

   También se reducirán los coches destinados a las autoridades de órganos constitucionales y al servicio de la Administración de Justicia y de manera también "muy llamativa" los coches de la administraciones periféricas del Estado, como las Delegaciones del Gobierno y las Subdelegaciones. La reducción, en su conjunto, supone un 53 por ciento a lo largo de este año y 2013.

   Según los datos facilitados por Moncloa, la flota total del Parque Móvil que había en diciembre de 2011 --cuando el PP llegó al Gobierno-- en servicios centrales era de 921 vehículos, de los cuales 819 eran coches, 66 motos y 36 vehículos de otras categorías (furgoneta, motocicleta, monovolumen, etcétera).

   La previsión es que al cierre de 2014 el total de vehículos se situará en 652, lo que supone una reducción de casi el 30 por ciento, en relación con los existentes, incluyendo los coches de altos cargos y los de incidencias.

   El número de trabajadores también se reducirá. En total, entre Parque Móvil y servicios periféricos se reducirán 222 conductores hasta 2014. De los 1.303 que había en diciembre de 2011 se pasará a 1.081 conductores, lo que supone un 17 por 100 menos.

   Sin embargo, según precisó la vicepresidenta, no se llevará a cabo ningún expediente de regulación de empleo entre los conductores. Lo que se pondrá en práctica, dijo, serán: "bajas de servicio", de tal manera que no se doblen turnos; se realizarán las jubilaciones que correspondan por la edad y no habrá tasa de reposición.

   En este sentido, explicó que lo primero que ha hecho la subsecretaria de Hacienda ha sido analizar la situación laboral de los trabajadores del parque móvil, muchos de los cuales tienen "gran antigüedad". Según los cálculos realizados, entre la supresión de dobles turnos y las jubilaciones, la reducción será del 15 por ciento y en el caso de la Administración periférica, con gente más cercana a la edad de jubilación, la reducción será del 24 por ciento.

   Según Sáenz de Santamaría, la antigüedad media del parque es de ocho años y de once para los vehículos blindados y la flota estará amortizada en 2013 porque no se repondrá. En la administración periférica el número de vehículos es de 569, pero la flota es más moderna porque se renovó en un 79 por ciento entre 2006 y 2008. Entre esas fechas se compraron 440 vehículos nuevos.

   El plan consiste en amortizar los vehículos que estén en peores condiciones, reubicar los más modernos y los sobrantes llevarlos a subasta. En este punto, señaló que ya se han realizado algunas subastas de coches oficiales.

   Sáenz de Santamaría detalló que el ahorro de 10,5 millones provendrá de: personal, 7,5 millones; combustible y mantenimiento, 1 millón --del que 500.000 euros son de combustible, 265.000 en reparación, 213.000 en seguros-- y el paso a coches de incidencias de los coches oficiales, dos millones.

   Admitió que esta cifra de 10,5 millones de euros no es "elevada", pero la consideró "muy significativa" porque supone una "nueva concepción en la utilización de los vehículos oficiales" ya que, dijo, se pasa del coche oficial por cargo al coche oficial a disposición de los departamentos.

   Además, respondió a quienes dicen que el ahorro no es significativo, sino que se trata del "chocolate del loro": "empiezas a sumar loros y te encuentras con una pajarería".

   La vicepresidenta expuso que la segunda fase de este plan se estudiará en la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas. Ahí se analizarán los coches de servicio de las instituciones y sobre todo de las empresas públicas y los coches de empresa, con el fin de aplicar una medida de racionalización y eficiencia.

   La vicepresidenta expuso que algunas CCAA han llevado a cabo también ajustes en sus vehículos oficiales --citó, entre ellas, a Galicia y Castilla La Mancha-- y añadió que se llevará la experiencia del Gobierno en este asunto a la Conferencia de Presidentes. En este sentido, recalcó que la concepción del coche oficial ha cambiado mucho y tiene que cambiar aún más. Debe, dijo, estar más ligado a la actividad profesional, a la demanda, antes que ser "un servicio que tienes ahí y no usas".

El Gobierno español aprobará una reducción "muy signficativa" de coches oficiales

MADRID.-  La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado hoy que el Ejecutivo va a impulsar una reorganización del parque móvil del Estado que incluirá una reducción "muy significativa" de los coches oficiales. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, llevará la propuesta al Consejo de Ministros de mañana jueves.

    "A quien va a afectar especialmente es a los altos cargos", ha declarado Sáenz de Santamaría en el acto de constitución formal de la comisión de estudio que se encargará de hacer antes del 30 de junio una propuesta de reforma integral de las administraciones públicas, al que ha asistido también el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

     La 'número dos' del Gobierno ha explicado que el objetivo del Gobierno es hacer una administración pública "más eficiente", "más eficaz", "más viable", que evite duplicidades y se coordine mejor. Se trata, ha añadido, de hacer una administración pública que sepa "dar respuesta a los ciudadanos en tiempos de crisis".

La FEMP pide que también se hable de los sueldos de los consejeros y secretarios autonómicos

MADRID.- El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Iñigo de la Serna, ha manifestado este martes que aunque ve razonable hablar de los sueldos de los alcaldes o de los concejales, es necesario tratar este asunto en el ámbito del sector público y abordar también la regulación del salario de otros cargos públicos como los de los consejeros autonómicos o los secretarios generales.

   "No parece muy sensato que sólo se hable del sueldo del alcalde pero no se hable del sueldo de un consejero o un secretario general", ha señalado De la Serna durante su intervención en un desayuno informativo de Executive Forum España. "Nos parece razonable que si ese debate se abre, se abra en el conjunto de las Administraciones Públicas", ha añadido.

   En este sentido, ha asegurado que "por supuesto" que este debate está teniendo lugar en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias pero ha matizado que debe abordarse ""con carácter general incluyendo a todo el sector público". 

"Sólo se habla del sueldo de los alcaldes. Yo creo que todo se puede hablar y razonar", ha señalado.

   "Hemos tratado de trasladar al ministerio que por supuesto que estamos dispuestos a hablar de sueldos, de número de concejales, aunque no sé si tanto de número de concejales como de número de concejales liberados. Hay muchos que trabajan sin cobrar un euro, realizando un gran servicio. Simplemente eliminarlos no supone ningún ahorro y sin embargo sí puede suponer un cierto perjuicio en la prestación de esos servicios", ha explicado.

   No obstante, a pesar de que considera "necesario" realizar este tipo de "gestos" y "avanzar en estas cuestiones", De la Serna ha manifestado que se trata de medidas que no tienen un "gran impacto y repercusión económica sobre el conjunto de las cuentas públicas" y que ni siquiera están incluidas en el borrador del anteproyecto de la reforma de la ley de bases de régimen local.

   En este sentido, ha abogado por poner más empeño en cuestiones tales como la mejora de la eficiencia del coste de los servicios públicos, del reparto de competencias para evitar duplicidades y de la financiación local, así como en la necesidad de reducir las "competencias impropias" que asumen las entidades locales y que, según ha denunciado, representan actualmente un 25 por ciento de sus gastos.

   Asimismo, ha señalado que para abordar todos estos asuntos es necesario un "acuerdo político". Por ello, ha calificado de "enormemente positivo" el proceso de contactos abierto entre el PP y el PSOE para conseguir ponerse de acuerdo en la reforma de la Administración Local. "Es enormemente positivo para el país", ha remarcado. "Lo primero que hay que hacer es colaborar todos", ha añadido.

   Preguntado sobre el papel que deberían ejercer las Diputaciones Provinciales, papel que el Gobierno quiere potenciar con la reforma de la ley de bases de régimen local, De la Serna ha reconocido que hay "inquietud" respecto a este tema y ha manifestado que en la FEMP son "defensores" del "gran papel" que desempeñan estas instituciones. "Deben seguir siendo instrumentos de cohesión territorial", ha apuntado.

   Ahora bien, el también alcalde de Santander ha añadido que, aunque le parece "razonable" que para mejorar la eficiencia de los servicios que prestan los municipios se traspasen algunas competencias a otros órganos supramunicipales como pueden ser las Diputaciones, algunas de dichas competencias deben ser "indelegables". 

"Me parece razonable que las competencias de los Ayuntamientos no se vayan todas en absoluto", ha defendido.

Aconsejan "quitar grasa" de la Comunidad Autónoma y reducir el número de diputados y ayuntamientos

MURCIA.- El experto José Ignacio Gras, vicedecano del Colegio de Economistas de la Región de Murcia, se ha mostrado partidario de "quitar la grasa" en el Gobierno regional, traducida en lo que respecta al número de asesores y las empresas regionales, entre otras cuestiones.

Gras ha dejado claro que "todo lo que sea quitar grasa, es decir, aquel gasto que no repercute directamente en una actividad productiva y económica, me parece bien", aunque ha llamado la atención sobre el hecho de que "lo que no se puede es ajustar en aquellas partidas que vayan a incidir negativamente en el crecimiento y la actividad económica".

Preguntado sobre si es necesario un nuevo ajuste que lleve implícito la eliminación de la figura del Defensor del Pueblo, ha insistido en que "todo lo que sea estructura, gasto, que no esté directamente relacionado con una necesidad de la actividad económica es casi una responsabilidad empezar a quitarlo".

Así, Gras considera que "aún queda por quitar grasa y ajustar ahí todo lo que son el número de asesores y de empresas regionales", por lo que ha destacado que "habría que hacer bastante".

 "Se ha quitado algo pero todavía queda bastante", ha incidido.

Igualmente, ha dicho que se tendría que plantear la reducción del número de diputados y de ayuntamientos, "pero sin un contenido polémico".

Y es que, ha indicado, "para hacer esos acuerdos hay que buscar consenso entre los dos grandes partidos y hacer reformas donde se comprometan". 

"La realidad nos está diciendo que habría que replantearlo", ha manifestado.

En su opinión, estas fórmulas "ayudarían a cumplir el objetivo de déficit". 

"Si esas medidas de quitar grasa se tomaran de manera consensuada ayudaría a que la ciudadanía tomara más confianza", ha apostillado este experto.

Tras dejar claro que los dos pilares de sanidad y educación "son sagrados" y habría que haber buscado "otra fórmula" para no tocarlos, ha vaticinado que en 2013 "tendremos aún una actividad negativa y será difícil".

El brote verde, ha resaltado, "tiene que ser que el crédito comience a funcionar y que no se destruyan más puestos de trabajo ni se cierren más empresas", tras lo que ha advertido que "si no se resuelve el sistema financiero se seguirá destruyendo".

Por otro lado, Gras ve "imprescindible y necesario el rescate", que Murcia acuda al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), aunque como consecuencias señala que "tendremos un control o seguimiento por parte del Estado y que no se puede romper el equilibrio presupuestario".

"Está bien que se empiece a establecer una exigencia de equilibrio en las cuentas, porque no estamos en ese equilibrio y para eso hace falta incrementar ingresos vía actividad económica", ha destacado, para después reconocer que el Gobierno regional, según se desprende de los datos, "ha gastado por encima de lo que estamos ingresando".

En cuanto al cumplimiento del déficit, Gras sostiene que las expectativas que barajan para el cierre de 2012 señalan la "dificultad" de cumplirlo. "El problema aquí, ha argumentado, es que los ingresos están cayendo de una manera más fuerte de lo que en los presupuestos se prevé".

Ha abogado, en este sentido, por "estimular el crecimiento y el desarrollo, porque de ahí es de donde vendrán los ingresos". De ahí que advierta que la realidad es "dura, porque las empresas están reduciendo permanentemente plantilla y actividad y eso repercute en los ingresos de la Comunidad, porque cada vez hay menos actividad económica y eso es lo que más perjudica".

 Por ello, ha insistido en que "mientras no seamos capaces de frenar el deterioro del tejido empresarial, productivo, no se podrán cumplir los objetivos".

 "Hay que impulsar medidas de crecimiento, no solo de ajuste y de recortes", ha lamentado Gras, quien considera que los ciudadanos tienen ya la sensación de que "se nos está tocando ya el bienestar mínimo que habíamos conseguido".

Las CC.AA. deberán informar cada mes a Hacienda de sus planes de tesorería y los ayuntamientos cada tres

MADRID.- Las comunidades autónomas remitirán mensualmente al Ministerio de Hacienda y Administración Públicas información sobre los planes de tesorería, el personal o ejecución presupuestaria. En el caso de las corporaciones locales, el envío será trimestral y la información se ampliará al grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y plazos previstos en la ley de lucha contra la morosidad.

   El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha emitido una Orden Ministerial, que se ha publicado ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para que las Administraciones autonómica y local faciliten una mayor información económica financiera y con mayor frecuencia, tal y como se contempla en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

   El objetivo es lograr una mayor transparencia y un mejor seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, "lo que contribuirá a fortalecer la confianza en la economía española y refuerza los compromisos europeos adquiridos", según Hacienda.

   La orden define el procedimiento, contenido y frecuencia de remisión de información económico-financiera a suministrar por las Administraciones Territoriales a la Administración General del Estado que se encargará de su publicidad.

   Por primera vez, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas contará con información referida a: planes de tesorería; número de efectivos y costes asociados al personal al servicio de estas administraciones; información presupuestaria más completa y adelantada en el tiempo sobre marcos presupuestarios, líneas fundamentales del presupuesto, proyectos de presupuestos, presupuestos efectivamente aprobados, sus posibles modificaciones y su ejecución.

   Asimismo, se regulan los plazos y el contenido de la información económico-financiera de estas Administraciones que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas colgará en su página web.

Por primera vez, se van a publicar, mensualmente para las Comunidades Autónomas y trimestralmente para las Corporaciones Locales, información sobre la ejecución presupuestaria o el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad. Igualmente, se dará publicidad a los planes económicos financieros, planes de reequilibrio y planes de ajuste.

   En la orden ministerial publicada en el BOE hay un endurecimiento de las consecuencias en caso de incumplimiento de las obligaciones de remisión, dando lugar a un requerimiento y la aplicación de las medidas prevista en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

   La orden establece que será la intervención general, o unidad equivalente, quienes centralicen la información tanto en el caso de las Comunidades Autónomas como en las Corporaciones Locales.

   El primer informe mensual de los datos de ejecución presupuestaria será publicado en octubre, referido a julio y agosto. A partir del mes siguiente el periodo de referencia será mensual. A partir de 2013 se publicará también en términos de contabilidad nacional la información de CCAA, lo que representa un avance fundamental en el seguimiento continuo y control de las cuentas públicas.

El Gobierno vuelve a congelar los sueldos de los funcionarios en 2013

MADRID.- Los empleados del sector público recuperarán las pagas extras, pero mantendrán congelado el salario en 2013, según les ha trasladado este miércoles el Gobierno a los sindicatos durante la reunión de la Mesa General de la Negociación en las Administraciones Públicas, convocada para dar cuenta de las medidas contenidas en los Presupuestos para el próximo año que afectan a este colectivo.

   Además, la tasa de reposición volverá ser cero en las administraciones salvo para colectivos como fuerzas de seguridad del Estado u otros dedicados a la inspección del fraude fiscal, catálogo al que se han añadido dos colectivos más a los que ya se habían fijado para 2012.

   Además, si para estos últimos se había reducido la oferta de empleo público al 10% en 2012, para el próximo año ésta podrá ser incluso inferior, según decida cada organismo, pasando ese 10% a ser un límite máximo.

   Otras de las medidas avanzadas, han sido la previsión de no contratación de nuevos empleados, ni por contrato temporal ni interinos, en las administraciones o la supresión de prestaciones sociales para los mutualistas del Muface. Concretamente, se trataría de pensiones de viudedad anteriores a 1984 de clases pasivas o la retirada de complementos a mínimos en la pensión al personal del servicio exterior, a los que además no se les pagará el viaje que hasta ahora se les costeaba para pasar la Navidad en España.

   Según cálculos de los sindicatos, estos nuevos recortes, sumados a la puerta que la reforma laboral abre a los despidos en las administraciones, podrían derivar en la pérdida de hasta medio millón de empleos en el sector público, que se sumarían a los casi 200.00 empleos que se han perdido en el último año, sin contar las no contrataciones.

   En cualquier caso, los sindicatos no se fían y creen que los recortes pueden ser mayores una vez se plasmen en los Presupuestos, en tanto que durante la reunión, a la que no acudió el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, en representación del Gobierno, sino la secretaria general de la Función Pública, Carmen Sánchez, no se les ha entregado ningún documento con los detalles de estas medidas, ni se les ha comunicado tampoco cuándo verán compensada la paga extra que no cobraron en diciembre de 2012.

   Además, los sindicatos han salido decepcionados tras la reunión y han denunciado que el Gobierno no ha planteado ningún debate, sino que se la limitado a poner sobre la mesa una serie de recortes impuestos.

   Así, el presidente de CSI-F, Miguel Borra, ha señalado que el "Gobierno se ha limitado a comunicar lo que va a pasar con los empleados públicos en los próximos Presupuestos".

   "Nuevamente volvemos a perder poder adquisitivo y volvemos a ser paganos de la crisis", ha señalado para añadir, la congelación de la tasa de reposición repercutirá en la calidad de los servicios público.

   El responsable de la federación de la Función Pública, Enrique Fossoul, ha señalado que el Gobierno ha dado "otra vuelta de tuerca" con congelaciones salariales y de la oferta de empleo público por tercer año consecutivo, que, según dijo, supondrá "más desprofesionalización" e "incertidumbre".

   "Hay un intento muy claro del Gobierno de rendir cuentas a la patronal, que es quien le dicta la política para privatizar servicios públicos", añadió, para apostillar que "es más de lo mismo".

   Para terminar, señaló que el Gobierno "se ha burlado del derecho de negociación y lo han transformado simplemente en un proceso de información".

   Por su parte, la secretaria de Acción Sindical de UGT, Mª Carmen Barrera, denunció que el Gobierno ha convocado la mesa de negociación "no para negociar, sino para comunicar". "No hemos conseguido que se habrá un proceso de negociación colectiva", añadió.

   Preguntados por la respuesta que cabe esperar por parte de los trabajadores del sector público, Barrera ha recordado que los sindicatos hoy presentes en la reunión están inmersos en una plataforma sindical, que aglutina a 26 organizaciones y que tiene convocada un calendario de movilizaciones permanente, en la que se incluye nueva movilización el próximo 28 de septiembre, ante el Ministerio de Economía, para protestar contra el contenido de estos Presupuestos.

   "Estamos en conversaciones con el resto de las organizaciones sindicales porque queremos que esto tenga la mayor repercusión", completó Borra, mientras que Fossoul avisó que desde CC.OO se va a incentivar la participación de los empleados públicos en la movilizaciones convocadas.

El Gobierno regional aprueba reducir en un 3% la retribuciones de miembros del Consejo de Gobierno y altos cargos

MURCIA.- El Consejo de Gobierno ha aprobado un acuerdo por el que se reduce un tres por ciento (diez veces menos que el Gobierno francés) las retribuciones de los miembros del Consejo de Gobierno, de los altos cargos de la Administración regional y del personal directivo del sector público, lo que supondrá un ahorro de 900.000 euros, y se suma a la eliminación de la paga extraordinaria de Navidad anunciada por el presidente del Gobierno central.

   Estas dos reducciones, unidas a las que se llevaron a cabo en el anterior plan de reajuste, supone que las remuneraciones de los directivos del ámbito de la Comunidad se van a ver disminuidas una media del 20 por ciento en los dos últimos años, según ha informado el portavoz del Gobierno regional, José Ballesta.

   Al término del Consejo de Gobierno, Ballesta ha recordado que esto se suma a la congelación de los salarios de los miembros del Consejo de Gobierno y altos cargos de la Administración regional aprobada desde el ejercicio 2009.

   Con esta medida, el Ejecutivo regional da cumplimiento a la Ley 5/2012, de ajuste presupuestario y medidas en materia de Función Pública, aprobada el 29 de junio en la Asamblea Regional.

   Al hilo, el vicepresidente del Gobierno regional, Juan Bernal, ha estimado que el ahorro con la reducción de la paga extra de Navidad puede suponer unos 80 millones de euros en la Región de Murcia.

   Una medida que va a ayudar, por tanto, a que la Comunidad cumpla con el ajuste de 623 millones, y que representa entre el 12 y 13 por ciento de esta cantidad.

   Bernal ha insistido, asimismo, que los altos cargos "van a ser objeto de la misma reducción" y ha estimado que la reducción de sus retribuciones para el conjunto de estos será entorno al 10 por ciento en el año 2012.

   Al hilo, el consejero del ramo ha querido dejar claro que esta medida se toma "después de haber hecho todo tipo de medidas" que están en marcha "y estamos vigilando su eficacia".

   Antes por tanto, "hemos quitado todo lo habido y por haber: inversiones, subvenciones y todo tipo de actuaciones, dejando solo lo estrictamente necesario y dando prioridad a los servicios sanitarios, educativos, a la Dependencia o a la universidad pública".

   Tras lo que ha indicado que el año próximo "tenemos que tener un objetivo más riguroso", entonces habrá que reducir 110 millones de euros adicionales, aunque habrá que ver si, por ejemplo hay un aumento de ingresos.

Montoro sugiere homogeneizar sueldos

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha planteado a las comunidades autónomas la conveniencia de homogeneizar los sueldos de los funcionarios en todas las regiones, con el fin de que las retribuciones sean similares en toda España, según han indicado fuentes gubernamentales.
    Montoro, que lanzó esta propuesta en el Consejo de Política y Fiscal celebrado ayer jueves, se produce en un momento en el que su Departamento ha aprobado un paquete de ajuste que afecta específicamente a los empleados públicos, con medidas como la suspensión de la paga extra de Navidad, la reducción de los liberados sindicales o la disminución de los días de libre disposición, los llamados 'moscosos', que pasarían de seis a tres.
    El Departamento de Hacienda y Administraciones Públicas quiere unificar las retribuciones que perciben los funcionarios en función de su categoría y poner orden en la disparidad de criterios que existen por ejemplo con los complementos del sueldo, que varían de una comunidad a otra.  De hecho, esas variaciones también existen con los 'moscosos', ya que en algunas ocasiones las autonomías añaden los suyos propios.
    Esta propuesta para unificar los sueldos de los funcionarios va en línea con la que ya ha anunciado el Gobierno de Mariano Rajoy de fijar los sueldos de los alcaldes de toda España de acuerdo con unos baremos que estarán recogidos en  los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que atenderán a aspectos como la población o el tamaño del municipio.

68.981 euros anuales para los alcaldes

El Gobierno ha fijado que la retribución máxima de los alcaldes sea la de un ministro, 68.981 euros, con la obligación además de que el coste de los salarios de los ediles no supere el 0,6 por ciento del presupuesto municipal.
   Serán los Presupuestos Generales del Estado de cada año los que fijen las retribuciones de alcaldes y concejales, según las características de cada localidad, pero el Gobierno ha acordado este viernes que ese tope salarial, lo que supone un fuerte recorte para las alcaldías de ciudades como Madrid o Barcelona.
   El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un anteproyecto de reforma de la Ley de Gobierno Local, en la que trabaja desde hace meses, y ha aprovechado para anunciar otras medidas paralelas. Además de recortar salarios, se reducirá un 31 por ciento el número de concejales a través de la reforma de la Ley Electoral, cambiando el tope de concejales que se puede elegir por tramos de población, aunque hoy no se han dado más detalles
   El resultado que busca el Ejecutivo es que se elijan en las próximas elecciones municipales 21.338 ediles menos, hasta quedarse en 47.240. Además, los ayuntamientos no podrán tener más de 35 concejales, cuando por ejemplo en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid se sientan 57 y en el de Barcelona, 41. Asimismo, se limita el número de asesores de las entidades locales: el personal eventual no podrá superar el número de concejales.
   La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local persigue actualizar la estructura municipal del país, pero también busca ahorros. Según los cálculos del Gobierno, puede alcanzar los 3.500 millones. La fórmula es eliminar 3.725 entidades locales menores al ayuntamiento, como las pedanías y las parroquias, y potenciar el papel de las diputaciones.
   En la ley se fijará un nuevo catálogo de competencias, aunque no varía demasiado del actual, según la información que se ha ido conociendo, salvo que no podrán prestar servicios de educación ni sanidad, de competencia autonómica. La gran diferencia es que los ayuntamientos no podrán ejercer más que esas competencias ya que para el resto no cuentan con financiación expresa.
   Por otro lado, la modificación no prevé la supresión de ningún municipio, con lo que se respeta la representación de la voluntad popular en los Ayuntamientos, sin embargo, se fomenta la agrupación de servicios para "lograr importantes ahorros de costes mediante economías de escala" y se potencia el papel de las diputaciones, cabildos, consejos insulares o comarcas.
   Asumirán la gestión de servicios de municipios de menos de 20.000 habitantes que no los presten con eficiencia y podrían ahorrar unos 2.248,2 millones. La supresión además de las mancomunidades que tampoco sean consideradas eficientes, sumará otro ahorro de 700 millones. El Ejecutivo argumenta que el 71,3 por ciento de estas entidades "no cumple con sus obligaciones de presentar cuentas anuales".
   Según el Instituto de Estudios Fiscales, el gasto de ofrecer los servicios a los ciudadanos es cuatro veces más caro en los municipios de 5.000 habitantes. Así, el coste per cápita en los municipios de menos de 5.000 habitantes es de 2.613,57 euros, mientras que en el caso de los municipios de más de 100.000 habitantes suponen 652,91 euros.
   También se mejora la regulación de los convenios entre Administraciones. Hasta ahora eran "foco de endeudamiento" al no ir acompañado el traspaso de competencias de su correspondiente financiación. Con la reforma, los convenios por los que el Estado, las Comunidades Autónomas o cualquier Entidad Local deleguen el ejercicio de competencias en los municipios deberán ser aceptados expresamente por éstos y habrán de suponer una mejora en la eficiencia de la gestión pública.
   Igualmente, será condición indispensable para la firma de un convenio la contribución a eliminar duplicidades administrativas. La Administración que delega se reservará los mecanismos de control precisos para asegurar la adecuada prestación del servicio delegado. La delegación de competencias irá siempre acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria anual.
   Junto a todo lo anterior, la reforma de la ley persigue redimensionar el sector público local, formado por un gran número de entes, organismos, sociedades, fundaciones y consorcios públicos, que habían proliferado en los últimos años. Se establece un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2014 para que se corrija el déficit de estas entidades y se determina, en caso contrario, a fecha 1 de agosto de 2015 su disolución.
   Por último, se fortalece la figura del interventor municipal y de los funcionarios con habilitación nacional con el objetivo de aumentar la independencia, profesionalidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones de garantizar la legalidad y el control financiero y presupuestario en la gestión local, ya que se recupera su dependencia funcional de la Administración General del Estado. Al mismo tiempo, se promueve la colaboración del Estado con las Intervenciones locales.

Rajoy pide a las CC.AA. un "esfuerzo mayor" en los próximos meses

SEVILLA.- El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado este lunes ante la plana mayor de su partido que ahora "toca pisar el acelerador" de las reformas, al tiempo que ha pedido a las comunidades autónomas un "esfuerzo mayor" contra el déficit en los próximos meses.

   Ante la plana mayor de su partido el jefe del Ejecutivo ha afirmado rotundo que la reducción del déficit es un "objetivo capital" y ha señalado que las comunidades autónomas tienen que hacer "un esfuerzo mayor en los próximos meses".

   En este sentido, ha manifestado que nadie puede dudar del compromiso del Gobierno español con la reducción del déficit público, algo que es una "convicción y una cuestión de justicia" hacia todas las familias y empresas que llevan años apretándose el cinturón. Ha indicado que una tarea inmediata debe ser resolver los problemas de financiación que afectan a muchas instituciones españolas y que la reducción del déficit debe comprometer a todas ellas y a las comunidades autónomas, las cuales, según ha recalcado, tienen que hacer un "esfuerzo mayor" en los próximos meses porque es una "obligación capital".

   El presidente ha expresado su preocupación por que el año pasado se gastara en España 90.000 millones de euros más de los que se ingresaron, apuntando que el problema no es solo que no se deba gastar esa cantidad de más, sino que habría que ir a pedirla a los mercados y hoy "no estamos en condiciones si no damos un mensaje claro y nítido de que trabajamos por el equilibrio presupuestario".

   Asimismo, Mariano Rajoy ha defendido las reformas que ha puesto en marcha su Gobierno, todo ello con el fin de aumentar la competitividad y dar a la economía dinamismo y que ello posibilite la creación de empleo, que es el principal objetivo.

   Tras indicar que hay que producir mejor, ahorrar costos y reducir el exceso de reglamentación que existen en nuestras administraciones, ha defendido la reforma laboral, o la ley de pago a los proveedores para dar una mayor inyección de liquidez a la economía real. A su juicio, no es aceptable que haya administraciones que contraten con proveedores y que no tengan la seguridad de que van a pagar. "Que no contraten nada que no tengan la seguridad de que puedan pagar", ha dicho alegando que es de "justicia" y "sentido común" pagar lo que debes.

   El presidente del Gobierno ha recalcado que su Gobierno va a seguir haciendo reformas, en materia energética o administrativa, y va a trabajar por la unidad de mercado en este país. "Se va a continuar el proceso reformista porque lo requieren las circunstancias, el empleo y el sentido común", ha sentenciado.

   Para Mariano Rajoy, la reducción del déficit, las reformas estructurales y un sistema financiero solvente y capitalizado son los grandes pilares sobre los que alzaremos la economía del mañana. Ha insistido en que no hay alternativa si se quiere ir a un crecimiento sostenido, estable y que genere empleo. Ha indicado que las reformas abordadas por su Gobierno están pensadas para ganar el futuro y para despejar el horizonte de la economía española.

   En cuanto al sector financiero, el presidente del Gobierno ha manifestado que para que haya una verdadera recuperación de la economía hace falta algo tan elemental como la recuperación del crédito. Ha indicado que el Gobierno ha abordado con transparencia y rigor una reforma en profundidad del sistema financiero que tiene como objetivo capital desatascar los canales de crédito a las familias y empresas a través de recuperación, por un lado, de la confianza de los mercados en la solvencia de las entidades problemáticas y, por otro, de la liquidez del conjunto del sistema.

   "Hemos hecho un ejercicio de transparencia sin parangón", según ha sentenciado Rajoy, quien se ha referido al diagnóstico de todas nuestras entidades financieras hecho por auditores independientes e internacionales.

   Según Mariano Rajoy, el apoyo de los socios europeos se traduce en un acuerdo de financiación en condiciones singularmente favorables a aquellas entidades financieras que lo necesiten, lo que incluirá un colchón de seguridad para el caso de que las condiciones económicas empeoren.

   Ha recalcado que la reestructuración del sistema financiero que ha puesto en marcha su Gobierno junto a la línea de crédito europeo está destinada a un objetivo capital, que es borrar cualquier duda sobre la solvencia de nuestro sistema financiero y volver a engrasar la maquinaria del crédito. Para Rajoy, el sistema financiero es algo parecido al sistema circulatorio del cuerpo humano.

   Asimismo, el presidente ha mostrado su satisfacción por el resultado del Consejo Europeo celebrado la pasada semana, en el que España pidió un mensaje alto y claro en defensa de la irreversibilidad del euro para despejar cualquier duda sobre el hoy y el mañana del proyecto europeo. "Se ha dado ese mensaje y Europa ha estado a la altura de su compromiso con la moneda única y de la convicción de que Europa es mucho más fuerte que la suma de las partes", ha indicado.

   A su juicio, el Consejo Europeo ha demostrado una voluntad firme e inequívoca de avanzar hacia una unión bancaria y una integración fiscal destinada a convertir la actual unión monetaria en una verdadera gobernanza económica de la zona euro. Para Rajoy, ahora tocar no parar y seguir adelante y ser ambiciosos en los contenidos, en los tiempos y en los plazos.

   El presidente ha trasladado a la Junta Directiva del PP que la unidad de acción es más importante que nunca para afrontar los problemas y ha indicado que su partido es hoy un referente de estabilidad y de solidaridad para España. Ha señalado que los españoles ven a todos los miembros del PP remando en la misma dirección, como una "maquinaria unida y bien engrasada".

   A su juicio, es necesario redoblar ahora los esfuerzos al servicio del interés general de los españoles. Ha dicho que el mejor trabajo como partido es estar muy cerca de la gente y hacerles llegar un mensaje muy nítido y claro: todo lo que hace y hará el Gobierno en las próximas fechas es necesario e imprescindible para no desviarnos del camino de la salida de crisis y de la recuperación económica.

  "Esa es la gran labor de pedagogía que tenemos que hacer y el mejor apoyo que podéis dar al Gobierno", ha dicho a sus compañeros, al tiempo que ha indicado que por muchos momentos de tensión y de dificultad que lleguen en un futuro, "nada nos va a alejar del rumbo trazado ni nos va a arrebatar la confianza de que llegaremos a buen puerto".

  Según Rajoy ahora toca pisar el acelerador y ha agregado que aunque hay motivos para la preocupación, hay muchos más para vencerla y no debe haber lugar para el desaliento. Se ha mostrado convencido de la capacidad del pueblo español para superar todas las dificultades.

Bernal le corta los vuelos presupuestarios al sobrino de la mujer de Valcárcel

MURCIA.- La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, dirigida por Pedro Alberto Cruz, verá finalmente reducido su presupuesto casi un 28 por ciento como consecuencia del Plan de Reequilibrio Económico y Financiero de la Comunidad Autónoma.

   De tal forma que de un total de 62,9 millones de euros en el Presupuesto inicial de 2012, la Consejería verá ajustada su partida a 45,4 millones, tras un recorte de 17,5 millones de euros.

   De esos 17 millones más de 7 millones son el recorte de partidas destinadas a los ayuntamientos, es decir, que los museos, archivos y bibliotecas, patrimonio y rehabilitación y promoción cultural en las partidas destinadas a los distintos consistorios murcianos se quedan en cero euros.

   De hecho, el consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, ya mencionó el pasado 1 de junio que la Consejería de Cultura y Turismo, que inicialmente tenía un bloqueo de actuaciones de 18,1 millones, pasaba a los 17,4 millones (variación de 765.000 euros) ante el Plan Económico Financiero de la Región.

IU-Verdes denuncia que el PP "da la espalda" a las personas con discapacidad

MURCIA.- La responsable de Política Social de IU-Verdes, Adoración Peñas, ha dicho hoy que el cierre de la Federación de Asociaciones de Discapacitados Físicos (FAMDIF) por los recortes presupuestarios del Gobierno regional son "muestra" de que el PP "da la espalda" a este colectivo.

   Peñas ha indicado que el Gobierno regional ha "incumplido" el compromiso que adquirió con FAMDIF en 2010 para garantizar la financiación y continuidad de esta federación, y ha asegurado que "estamos en el principio de un efecto dominó" que traerá consecuencias "muy negativas".

   "Los principales afectados por las decisiones de los Gobiernos de Valcárcel y Rajoy son los usuarios de los servicios que dejan de recibirlos, y los profesionales que los han llevado a cabo hasta ahora, soportando condiciones laborales y salariales más que cuestionables".

   A su juicio, "las asociaciones pertenecientes a FAMDIF, que gestionaron de forma casi unilateral con el Gobierno regional, desmarcándose del resto de entidades que conforma la red de política social, han visto como el PP no tiene en consideración los acuerdos adoptados y obliga a esta federación a que abandonen años de lucha y trabajo".

   Al respecto ha señalado que "ni siquiera Violante Tomás, diputada del PP, cuya procedencia deriva de federaciones de discapacitados, y que es responsable de la comisión parlamentaria de discapacidad, ha sido capaz de velar por los intereses de este colectivo social".

El PSRM pide la supresión de dos consejerías, pasando de las ocho actuales a seis

  MURCIA.- El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco J. Oñate ha propuesto este martes la supresión de dos consejerías en el organigrama del Gobierno regional, pasando de las ocho actuales a seis, fortaleciendo la Vicepresidencia, que englobaría una macro área. 

   "El Gobierno regional va muy por detrás de los acontecimientos y parece no querer darse cuenta del alcance de la situación. Consideramos que nuestra propuesta es mucho más realista con las necesidades de la Región que la que el Gobierno regional plantea en el Plan de Reequilibrio", ha enfatizado el socialista.

   Oñate ha explicado que dicha reorganización de la Administración regional es "inexcusable" por motivos de austeridad y ahorro, "para controlar cada euro", así como para concentrar la administración de los servicios y lograr mayor eficacia.

   En concreto, la propuesta socialista contempla la siguiente estructura: Vicepresidencia con áreas de Economía, Hacienda, Administraciones Públicas y Medio Ambiente, Consejería de Educación y Cultura, Consejería de Trabajo y Política Social, Consejería de Industria, Turismo, Ordenación del Territorio y Vivienda, Consejería de Sanidad y Consumo y Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.

   El parlamentario socialista opina que también es necesario acabar con las duplicidades en la Administración regional, como ocurre actualmente con la Dirección General de Vivienda y el Instituto de la Vivienda, con la Dirección General de Turismo y futuro Instituto de Turismo o con la innecesaria Dirección General de Cultura.

   "Consideramos que las funciones de planificación, ordenación e inspección deben desempeñarse desde la Administración regional. Los entes públicos sólo son instrumentos para llevar a cabo las políticas ya decididas, evaluadas y planificadas en la Comunidad", ha agregado.

   Oñate ha indicado que los funcionarios de la Administración regional están perfectamente cualificados para llevar a cabo las tareas de los distintos ámbitos y así poder acabar con la externalización de los servicios y con su alto coste.

   Tras lo que ha recordado que en diciembre de 2010, el PSOE pidió al Gobierno regional que presentara urgentemente una ley de reestructuración y reordenación del sector público.

   El viceportavoz socialista ha vuelto, de tal forma, a reclamar la supresión de entes públicos y chiringuitos del Gobierno regional, ya que "somos los primeros en número de entes, de empresas públicas, fundaciones, consorcios, con un claro despilfarro".

   Ha señalado que de los 103 entes públicos regionales que había en 2010, el Gobierno regional se comprometió a suprimir 49. Sin embargo, todavía existen 97, ya que sólo se han suprimido seis; es más, ha subrayado, "el Ministerio, en su informe sobre la reordenación del sector público autonómico, reprocha a nuestra Comunidad, a la única, que uno de estos entes no aparece en ningún listado porque nunca ha estado en marcha".  

   Por lo que, según Oñate, "ha quedado demostrado que nunca ha existido voluntad política por parte del Ejecutivo de Valcárcel de reducir estos organismos, creados, en muchos casos, únicamente para escapar al control y recolocar a personas afines al Partido Popular".

   Así, pide que de forma urgente se recorte el número de entes, preservando sólo aquellos que sirven al interés y al servicio general, "y así acabar con el despilfarro y el gasto superfluo".

   El PSOE reclama al Gobierno regional que ponga en marcha urgentemente medidas, pues, a juicio de los socialistas, "lo que ha hecho hasta ahora es absolutamente insuficiente". "Suprimir dos de las ocho consejerías que actualmente tiene la Administración regional, nos parece una buena forma de empezar", concluye Oñate.

La Comunidad Autónoma presenta a tiempo su Plan de Reequilibrio y está a la espera de su revisión

MURCIA.- El Gobierno de la Región de Murcia ha presentado en tiempo y forma su Plan de Reequilibrio económico-financiero, y está a la espera de su revisión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que está aún pendiente de ser convocado, según informaron fuentes de la Comunidad Autónoma.

   Y es que el plazo que los gobiernos autonómicos tenían para presentar los planes de ajuste y saneamiento finalizaba este lunes, 30 de abril.

   Dicho plan, que supondrá un reajuste de 623 millones de euros, de los que 219 vendrán de medidas procedentes de nuevos ingresos y los 404 restantes de reducción de gastos, fue aprobado inicialmente y el pasado 13 de abril y, finalmente, el Consejo de Gobierno dio el visto bueno definitivo el 27 de abril, tras ser "estudiado y analizado con los distintos colectivos sociales, económicos y empresariales".

   Inmediatamente, el documento fue presentado al Ministerio, según lo hizo saber el portavoz del Gobierno murciano, José Ballesta, quien reiteró que no tiene ninguna constancia de el Ministerio haya planteado objeción alguna al Plan de Reequilibrio Económico-Financiero 2012-2013.

   Y es que la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, aseguró que cualquier comunidad autónoma puede verse sometida a una intervención "inmediata" si se dan las condiciones necesarias para que esto ocurra. Así, explicó que será en el CPFF, que se celebrará en la primera quincena de mayo, el órgano que analizará los planes de reequilibrio de las comunidades y que podrá activar los mecanismos que incluye la Ley de Estabilidad.

   El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, explicó que del montante total del plan, 623 millones, el reajuste presupuestario que se hará de la modificación del presupuesto de la Comunidad para este año se sitúa en 546 millones de euros, mediante el aumento de ingresos o la reducción de gastos.

   Por otro lado, hay que sumarle 77 millones que provienen de las mayores operaciones financieras y de los intereses derivados de los pagos a proveedores.

   Así, en total serán 623 millones que se descomponen de la siguiente forma: 219 proceden de nuevos ingresos, en tanto que 404 millones de la reducción de gastos.