MADRID.- El abogado murciano José Luis Mazón Costa, presidente de la Asociación Preeminencia del Derecho, ha presentado, en nombre de esta entidad, una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra los magistrados del Tribunal Constitucional que aprobaron la sentencia de 6 de octubre de 2026 que otorgó amparo a Dolors Bassa y ordenó declarar amnistiado el delito de malversación de caudales públicos del «procés».
El escrito atribuye a los magistrados un presunto delito de prevaricación judicial del artículo 446 del Código Penal. Sostiene que utilizaron la jurisdicción de amparo para sustituir la interpretación de la legalidad ordinaria que corresponde al Tribunal Supremo, excediendo conscientemente los límites de sus atribuciones.
Como principal apoyo documental, la querella invoca el auto del Supremo de 19 de octubre, del que reproduce expresiones como «razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional que corresponde al Tribunal Supremo» y «camuflar la intensidad de la injerencia». Para el querellante, esas consideraciones sustentan una denuncia que va más allá de la mera discrepancia entre tribunales.
Responsabilidad personal, no revocación de la sentencia
Mazón subraya en el escrito que la acción penal no pretende revocar la sentencia del Constitucional, sino exigir responsabilidad personal a quienes la aprobaron por una actuación que denuncia como conscientemente arbitraria.
La querella sostiene que los artículos 4 y 22 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no pueden interpretarse como una inmunidad penal absoluta que deje sin contenido el artículo 26 de esa misma ley, que atribuye a la Sala de lo Penal del Supremo el conocimiento de la responsabilidad criminal de los magistrados constitucionales.
«La intangibilidad de una resolución y la protección de las opiniones judiciales no deben confundirse con la impunidad de una actuación conscientemente arbitraria», afirma el escrito.
La asociación solicita que el Supremo admita la querella, designe instructor e incorpore el testimonio íntegro de la sentencia constitucional y de sus votos particulares, de los autos anulados y del auto de 19 de octubre. También pide que se tome declaración a los querellados.
Petición de consulta al tribunal europeo
Subsidiariamente, Mazón solicita que, si el Supremo entiende que la protección legal de los magistrados del Constitucional impide examinar la responsabilidad penal denunciada, plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes de inadmitir la querella por ese motivo.
La consulta propuesta pregunta si los principios del Estado de derecho y de tutela judicial efectiva permiten una normativa o interpretación nacional que impida de manera absoluta investigar resoluciones denunciadas como conscientemente arbitrarias y dictadas con una extralimitación manifiesta de potestades.
El escrito reconoce expresamente la necesidad de proteger a los jueces frente al uso de mecanismos de responsabilidad como instrumento de presión. Lo que solicita, sostiene, es que pueda distinguirse entre el legítimo ejercicio de la función jurisdiccional y una eventual actuación penalmente relevante.
No hay comentarios:
Publicar un comentario