CARTAGENA.- La Asamblea Regional ha aprobado por unanimidad el Dictamen de la
Comisión de Sanidad y Política Social a la Proposición de Ley sobre
infracciones y sanciones administrativas en materia de agresiones a
profesionales sanitarios y demás personal del sistema sanitario público
de la Región de Murcia, en el ejercicio de sus funciones, quedando por
tanto convertida en ley de la Comunidad Autónoma.
Durante todo
el mes de mayo diferentes colectivos y sindicatos han participado en
las Audiencias Legislativos sobre esta proposición de ley. UGT, CCOO, el
Colegio de Médicos y el de Enfermería, la Asociación en Defensa de la
Sanidad Pública de la Región de Murcia y SATSE presentaron sus
propuestas y puntos de vista en la Comisión.
Sus aportaciones,
destacadas por todos los Grupos Parlamentarios durante sus
intervenciones, han conseguido una ley "más sólida, garantista y útil",
ha señalado su impulsor, el diputado del Partido Popular (PP) Antonio
Martínez Pastor.
El 'popular' ha subrayado que las agresiones a
profesionales sanitarios "representan una fractura moral que una
sociedad no puede normalizar". Además de respuestas políticas, ha
abogado por "recuperar el respeto social".
Por su parte, los
partidos de la oposición han pedido al Gobierno regional actuar sobre
las listas de espera y la falta de personal.
"La mayoría de
las agresiones son fruto de un sistema tensionado", ha apuntado la
diputada socialista María Soledad Sánchez Jódar. Por lo que ha pedido al
Gobierno regional que "aborde el clima de tensión que existe en el
Servicio Murciano de Salud".
En este sentido se ha
manifestado también la diputada de Vox, María Eugenia Sánchez, que ha
pedido "actuar desde la prevención" para lo que considera que el
Ejecutivo autonómico debe "reforzar e implantar en todos los centros
sanitarios cuantas medidas de seguridad sean necesarias".
La
parlamentaria también se ha referido a la saturación de centros
sanitarios y a la sobrecarga asistencial como motivos que "contribuyen a
generar un clima de tensión" por lo que ha pedido reducir las listas de
espera y mejorar las condiciones laborales.
Por parte del
Grupo Parlamentario Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, de IU-AV, ha
celebrado que este miércoles la Asamblea regional haya dado "su mejor
cara" al votar por unanimidad esta ley.
Aún así, ha reclamado
una de las enmiendas presentadas por su grupo y que finalmente no ha
sido incluida en el texto definitivo por considerarse un tema tangencial
relativa al agravamiento de las sanciones por cuestión de género, "una
cuestión que no debemos abandonar".
Su compañera de bancada,
la diputada de Podemos, María Marín, ha destacado que la ley incluya la
posibilidad de sustituir las sanciones económicas por la prestación de
servicios en beneficio de la comunidad cuando se trata de infracciones
leves, para que no se eviten en el caso de personas insolventes.
Para Marín las agresiones a sanitarios son "la punta del iceberg de
un malestar muchísimo más grande en el sistema de salud" por lo que ha
demandado "un trabajo de prevención 'a priori'" relativo a la falta de
personal, hacinamiento de pacientes o el cierre de consultorios en
determinadas épocas del año.
"Es el caldo de cultivo de esta violencia",
ha señalado.
Por último, la diputada 'popular' María del Carmen
Ruiz Jódar ha destacado que esta ley sitúa a la Región "como referente
nacional" en la lucha contra las agresiones al personal sanitario.
Así, ha destacado que las enmiendas de su partido han permitido
incluir que será la Administración la que actuará de oficio ante una
agresión o que las sanciones se extiendan a familiares y acompañantes.
La ley recoge que las sanciones también se apliquen a quienes cometan
las agresiones a través de redes sociales o cualquier otro medio de
difusión, así como los daños realizados de forma intencionada contra las
instalaciones, pertenencias y patrimonio del personal y la posibilidad
de que la persona agresora sea reasignada a otro profesional, unidad,
servicio o centro sanitario.
Ruiz Jódar ha criticado que el
Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad no presenten una ley
nacional contra las agresiones pese a haber sido solicitada por el PP y
por colectivos sanitarios y colegios profesionales.
"Sería lo lógico, sin embargo la respuesta ha sido nula y las agresiones siguen creciendo", ha concluido.
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