MURCIA.- El Gobierno autonómico ha demandado este miércoles al Ejecutivo central
"seguridad jurídica, transparencia y lealtad institucional" en la
modificación del Reglamento General de Costas, ante la "incertidumbre"
que generan los deslindes en el litoral de la Región de Murcia, según ha
informado la Comunidad Autónoma.
El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, ha hecho esta reclamación durante su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, donde ha denunciado que las decisiones sobre la gestión del litoral "no se pueden tomar de forma unilateral a 500 kilómetros del mar ni de espaldas a los territorios".
García Montoro ha criticado que se estén aplicando deslindes "basados en criterios difusos y arbitrarios que nadie sabe cómo se aplican ni a qué objetivos responden".
Al hilo, ha subrayado que en la Región de Murcia hay más de 600 familias afectadas por estos procesos, en muchos casos propietarios de viviendas tradicionales construidas conforme a la legalidad vigente en su momento.
"Lo que hasta ayer era suyo hoy deja de serlo por una decisión tomada en Madrid, lo que supone un problema muy grave que afecta no solo al patrimonio, sino también a la confianza en las instituciones", ha señalado.
El responsable de Fomento autonómico ha resaltado que "cuando un ciudadano pierde la certeza sobre sus derechos, no estamos ante un problema administrativo, sino ante un problema de Estado".
En este sentido, ha advertido de que la situación va más allá del impacto económico, ya que "estamos ante un problema de inseguridad jurídica y de incertidumbre que erosiona la credibilidad institucional".
"El Gobierno regional agotará todas las vías políticas y legales para proteger las viviendas tradicionales frente a la acción arbitraria del Ejecutivo central", ha remarcado García Montoro.
También ha esgrimido la existencia de un frente común con otras comunidades autónomas para impulsar la actualización de la normativa estatal.
Asimismo, ha recordado que la Región de Murcia ha solicitado la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Costas para abordar con el Ministerio los cambios normativos y exigir "rigor, garantías jurídicas y una gestión más ágil y cercana que compatibilice la protección medioambiental con la conservación de los usos tradicionales del litoral".
Además, el titular de Fomento ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional de apoyar las iniciativas legislativas para solicitar una moratoria al Gobierno central para todos los procedimientos de deslinde y todas aquellas iniciativas dirigidas a preservar los entornos costeros y los núcleos tradicionales, "en defensa de los vecinos y de la actividad económica vinculada al mar", con el objetivo de "devolver la confianza y la esperanza a las familias afectadas".
Por su parte, el senador del PP por la Región de Murcia Francisco Bernabé ha exigido una moratoria "inmediata" en la aplicación de la Ley de Costas para frenar lo que ha calificado como "una auténtica agonía" para cerca de 600 familias murcianas afectadas por los procesos de deslinde y demolición de viviendas en primera línea de costa.
Durante su intervención, Bernabé ha denunciado la "absoluta arbitrariedad, injusticia e ilegalidad" con la que, a su juicio, está actuando el Gobierno de España.
El PP responde así al compromiso adquirido el pasado 23 de abril, tras una reunión que mantuvo Alicia García con afectados por la Ley de Costas, que tuvo lugar en Cartagena.
Bernabé ha insistido que la situación afecta a unas 80 familias en Los Nietos, pero se extiende a otras localidades de la Región de Murcia, como Cabo de Palos, El Portús, Puerto de Mazarrón o Puntas de Calnegre, alcanzando a unas 600 familias.
A nivel nacional, ha advertido, el problema afecta a más de 88.000 viviendas, lo que supone cerca de 400.000 personas.
El senador 'popular' ha cuestionado la actuación del Ejecutivo central, preguntándose "dónde queda el derecho a la propiedad privada" y denunciando que se están produciendo ocupaciones de facto sin indemnización.
"No se puede privar a nadie de sus bienes si no es mediante compra o expropiación forzosa con garantías", ha afirmado, alertando además de "la quiebra del principio de seguridad jurídica".
Además, el senador ha defendido que la protección del litoral "no pasa por derribar viviendas, sino por actuar con medidas eficaces frente a la regresión costera y el cambio climático".
En este sentido, ha recordado la Estrategia de Protección del Litoral aprobada en 2016 por el Gobierno del PP, que contemplaba actuaciones como diques, escolleras o regeneración de playas, y ha lamentado que no se haya ejecutado ninguna de estas medidas.
Por todo ello, ha exigido al Partido Socialista el desbloqueo inmediato de las proposiciones de ley impulsadas por el PP en el Congreso y el Senado para dar solución a esta problemática, así como la aprobación "urgente" de una moratoria que paralice cualquier actuación de deslinde, ocupación o demolición.
"Es una cuestión de respeto institucional, pero sobre todo de dignidad y justicia para miles de familias", ha concluido.
Por su parte, Alicia García ha criticado la ausencia del Gobierno central que "una vez más demuestra su falta de respeto por esta Cámara y lo que es peor, su falta se sensibilidad y de interés para debatir y resolver un problema que afecta miles de españoles a lo largo de nuestro litoral".
García ha acusado a Pedro Sánchez de ser "el alumno aventajado del chavismo pasando del exprópiese al derríbese" con una aplicación de la Ley de Costas que supone "una sentencia de muerte" para decenas de municipios costeros.
El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, ha hecho esta reclamación durante su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, donde ha denunciado que las decisiones sobre la gestión del litoral "no se pueden tomar de forma unilateral a 500 kilómetros del mar ni de espaldas a los territorios".
García Montoro ha criticado que se estén aplicando deslindes "basados en criterios difusos y arbitrarios que nadie sabe cómo se aplican ni a qué objetivos responden".
Al hilo, ha subrayado que en la Región de Murcia hay más de 600 familias afectadas por estos procesos, en muchos casos propietarios de viviendas tradicionales construidas conforme a la legalidad vigente en su momento.
"Lo que hasta ayer era suyo hoy deja de serlo por una decisión tomada en Madrid, lo que supone un problema muy grave que afecta no solo al patrimonio, sino también a la confianza en las instituciones", ha señalado.
El responsable de Fomento autonómico ha resaltado que "cuando un ciudadano pierde la certeza sobre sus derechos, no estamos ante un problema administrativo, sino ante un problema de Estado".
En este sentido, ha advertido de que la situación va más allá del impacto económico, ya que "estamos ante un problema de inseguridad jurídica y de incertidumbre que erosiona la credibilidad institucional".
"El Gobierno regional agotará todas las vías políticas y legales para proteger las viviendas tradicionales frente a la acción arbitraria del Ejecutivo central", ha remarcado García Montoro.
También ha esgrimido la existencia de un frente común con otras comunidades autónomas para impulsar la actualización de la normativa estatal.
Asimismo, ha recordado que la Región de Murcia ha solicitado la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Costas para abordar con el Ministerio los cambios normativos y exigir "rigor, garantías jurídicas y una gestión más ágil y cercana que compatibilice la protección medioambiental con la conservación de los usos tradicionales del litoral".
Además, el titular de Fomento ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional de apoyar las iniciativas legislativas para solicitar una moratoria al Gobierno central para todos los procedimientos de deslinde y todas aquellas iniciativas dirigidas a preservar los entornos costeros y los núcleos tradicionales, "en defensa de los vecinos y de la actividad económica vinculada al mar", con el objetivo de "devolver la confianza y la esperanza a las familias afectadas".
Por su parte, el senador del PP por la Región de Murcia Francisco Bernabé ha exigido una moratoria "inmediata" en la aplicación de la Ley de Costas para frenar lo que ha calificado como "una auténtica agonía" para cerca de 600 familias murcianas afectadas por los procesos de deslinde y demolición de viviendas en primera línea de costa.
Durante su intervención, Bernabé ha denunciado la "absoluta arbitrariedad, injusticia e ilegalidad" con la que, a su juicio, está actuando el Gobierno de España.
El PP responde así al compromiso adquirido el pasado 23 de abril, tras una reunión que mantuvo Alicia García con afectados por la Ley de Costas, que tuvo lugar en Cartagena.
Bernabé ha insistido que la situación afecta a unas 80 familias en Los Nietos, pero se extiende a otras localidades de la Región de Murcia, como Cabo de Palos, El Portús, Puerto de Mazarrón o Puntas de Calnegre, alcanzando a unas 600 familias.
A nivel nacional, ha advertido, el problema afecta a más de 88.000 viviendas, lo que supone cerca de 400.000 personas.
El senador 'popular' ha cuestionado la actuación del Ejecutivo central, preguntándose "dónde queda el derecho a la propiedad privada" y denunciando que se están produciendo ocupaciones de facto sin indemnización.
"No se puede privar a nadie de sus bienes si no es mediante compra o expropiación forzosa con garantías", ha afirmado, alertando además de "la quiebra del principio de seguridad jurídica".
Además, el senador ha defendido que la protección del litoral "no pasa por derribar viviendas, sino por actuar con medidas eficaces frente a la regresión costera y el cambio climático".
En este sentido, ha recordado la Estrategia de Protección del Litoral aprobada en 2016 por el Gobierno del PP, que contemplaba actuaciones como diques, escolleras o regeneración de playas, y ha lamentado que no se haya ejecutado ninguna de estas medidas.
Por todo ello, ha exigido al Partido Socialista el desbloqueo inmediato de las proposiciones de ley impulsadas por el PP en el Congreso y el Senado para dar solución a esta problemática, así como la aprobación "urgente" de una moratoria que paralice cualquier actuación de deslinde, ocupación o demolición.
"Es una cuestión de respeto institucional, pero sobre todo de dignidad y justicia para miles de familias", ha concluido.
Por su parte, Alicia García ha criticado la ausencia del Gobierno central que "una vez más demuestra su falta de respeto por esta Cámara y lo que es peor, su falta se sensibilidad y de interés para debatir y resolver un problema que afecta miles de españoles a lo largo de nuestro litoral".
García ha acusado a Pedro Sánchez de ser "el alumno aventajado del chavismo pasando del exprópiese al derríbese" con una aplicación de la Ley de Costas que supone "una sentencia de muerte" para decenas de municipios costeros.
"Nosotros no somos del exprópiese ni
del derríbese. Somos el partido de la libertad, de la seguridad jurídica
y de la defensa de la propiedad privada", ha dicho.
Por su
parte, el también senador por la Región de Murcia José Ramón Díez de
Revenga ha puesto de manifiesto que el Estado "está demoliendo viviendas
que son legales y legítimas, solo por ideología".
Y ha advertido de que el PP "no lo va a permitir".
"Estamos utilizando todos los recursos que
nos facilita el Estado de Derecho para parar esta tropelía. Y vamos a
seguir haciéndolo", ha añadido.
Dirigiéndose a los afectados
presentes, Díez de Revenga ha dicho: "Y seguiremos en el Congreso, en
Europa y donde haga falta. No les quepa ninguna duda de que el Partido
Popular les acompañará en su lucha hasta el final. Porque lo que hace el
gobierno no tiene ni pies ni cabeza. Porque lo que piden los afectados
es completamente razonable. Y porque tienen razón".
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