CARTAGENA.- La Asamblea Regional ha aprobado en el Pleno de este jueves convalidar
el Decreto Ley 1/2025, de 5 de junio, de Simplificación Administrativa.
Una norma que "elimina trámites innecesarios, refuerza la seguridad
jurídica y convierte a la Administración regional en un motor de
desarrollo y no en un obstáculo".
Así lo ha destacado esta mañana la
consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón,
durante su intervención, en la cual ha subrayado que "esta ley nace con
un objetivo firme: facilitar la vida a quienes emprenden, invierten y
crean empleo en nuestra Región", según han informado fuentes del
ejecutivo regional en una nota de prensa.
La nueva norma,
vigente aunque se tramite como proyecto de ley, a petición de varios
grupos parlamentarios, introduce medidas de calado como la
generalización del silencio administrativo positivo; la ampliación del
número de actividades que pueden iniciarse con declaración responsable;
la reducción de la carga documental en más de un millón de documentos, o
la posibilidad de presentar informes o certificados emitidos por
técnicos homologados ante la administración agilizando la resolución de
expedientes sin perder el control público.
Asimismo, la ley
incorpora avances como la licencia básica, que permitirá en un mes saber
si un edificio de viviendas es viable urbanísticamente, clave para
acceder a financiación e incluso iniciar su edificación, reduciendo los
plazos para la edificación en la Región.
También permite
implantar hoteles en suelos residenciales y clasificar suelo industrial
como especial para su ordenación mediante instrumentos flexibles, lo que
posibilitará obtener más suelo industrial ordenado.
López
Aragón ha destacado que esta legislación tiene un impacto directo en la
competitividad regional, ya que "se han movilizado ya más de 800
millones de euros gracias a medidas similares que ahora se consolidan y
amplían. Esto no es una promesa, son resultados tangibles".
Por otro lado, la consejera ha manifestado que "simplificar no es
desproteger. De hecho, el control permanece y se refuerza con sanciones
que pueden alcanzar los 600.000 euros".
"Esta ley no elimina garantías,
elimina trabas innecesarias", ha añadido.
Finalmente, López
Aragón ha señalado que esta ley "es de los ciudadanos, de quienes crean
empleo, innovan y construyen el futuro de esta tierra".
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