martes, 27 de mayo de 2025

Economía eleva la opa de BBVA a Sabadell al Consejo de Ministros

 MADRID/BRUSELAS.- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha decidido finalmente elevar la oferta pública de adquisición (opa) de BBVA sobre Banco Sabadell al Consejo de Ministros para que examine la integración por razones de interés general diferentes a la competencia.

Se trata de un movimiento esperado por el mercado. Ahora comienza a contar un plazo de 30 días naturales para que el Consejo de Ministros emita su dictamen sobre la opa.

En la orden para elevar la operación, Cuerpo ha fundamentado la decisión en el potencial impacto en la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial, la protección de los trabajadores, la cohesión territorial, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico y los objetivos de política social.

La decisión se produce una vez recibido el expediente de concentración y la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esta última recogía diversos compromisos, a cuyo cumplimiento queda subordinada la autorización de la operación.

"Esto se hace siguiendo tanto la normativa como el procedimiento de nuestra ley de Defensa de la Competencia", ha explicado el ministro Cuerpo a los medios de comunicación en el Senado.

La decisión se ha adoptado tras escuchar las aportaciones de los ministerios económicos. Cinco de ellos han pedido que se eleve la opa al Consejo de Ministros para revisar la oferta. "El análisis de la petición de estos cinco ministerios que han solicitado la elevación, como nuestro análisis interno es lo que nos lleva a elevar esta decisión al Consejo de Ministros", ha recalcado Cuerpo.

En cualquier caso, el ministro de Economía ha recordado que elevar la operación no prejuzga la decisión que tenga que adoptar el Consejo de Ministros. Este tendrá que analizar la opa con arreglo al propio análisis que haga el Ministerio de Economía, que "beberá" de las aportaciones de esos cinco ministerios. De hecho, Economía les solicitará a cada uno un "informe más profundo".

"No se trata de endurecer o de ablandar las condiciones, sino simplemente de considerar si hay razones de interés general distintas de las de competencia", ha enfatizado Cuerpo.

La operación fue aprobada a finales de abril con compromisos por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esta aprobación, que se dio en segunda fase, activaba una tercera fase, donde podía intervenir el Gobierno.

Ahora, tras la elevación, el Ejecutivo puede aprobar la operación en los términos aprobados por la propia CNMC o modificar las condiciones para que se pueda llevar a cabo.

Si se agotan los plazos, la decisión final del Gobierno no se conocerá hasta el 27 de junio. El periodo de aceptación, el momento en el que los accionistas podrán pronunciarse a favor o en contra de la opa, no llegaría hasta unas semanas después de ese 27 de junio, según afirmó recientemente el presidente de BBVA, Carlos Torres. Para ello, antes la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tendrá que aprobar el folleto de la operación.

La Comisión Europa no ve motivos para que el Gobierno bloquee o rechace la opa de BBVA sobre Banco Sabadell y vigilará que cualquier decisión que adopte se ajuste a la normativa europea, según han informado fuentes comunitarias.

Bruselas considera, según apuntan estas mismas fuentes, que las autoridades competentes que puedan expresar su opinión sobre este acuerdo ya lo han hecho. El Banco Central Europeo (BCE), que opina sobre la solvencia, aprobó la OPA hace meses. Hace pocas semanas también fue aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que es la autoridad encargada de examinar la operación con arreglo al criterio de competencia.

De esta forma, la Comisión Europa "no está al tanto de ninguna razón que pueda justificar rechazar o bloquear la transacción", detallan las fuentes comunitarias consultadas. Por lo tanto, Bruselas espera que el Gobierno se alinee con el BCE y la CNMC y apruebe la opa.

"La Comisión está vigilando la compatibilidad de las acciones del Gobierno español con la legislación de la Unión Europea y no dudará en usar sus poderes como guardián de los Tratados", detallan las fuentes consultadas. Bruselas espera que haya "consistencia" entre el apoyo oficial de los Estados miembros a la Unión Bancaria y sus políticas nacionales sobre consolidación bancaria.

Con todo, la Comisión se mantiene cauta y formalmente no se ha pronunciado aún y, preguntado sobre la decisión del Ministerio de Economía de elevar la opa al Consejo de Ministros, el portavoz de Servicios Financieros de la Comisión Europea, Olof Gill, ha declinado comentar sobre casos individuales.

En todo caso, el portavoz sí que ha indicado, a nivel general, que la consolidación del sector bancario a través de fusiones nacionales y transfronterizas "podría ayudar a mejorar la rentabilidad y eficiencia" de los bancos.

La Comisión Europea considera que, para que la Unión de Ahorro e Inversiones sea un "éxito" para ciudadanos y empresas, el sistema financiero europea necesita "bancos fuertes", al ser intermediarios clave.

"Es importante que la consolidación del sector bancario pueda tener lugar sin obstáculos inapropiados o indebidos. Esto refleja las libertades fundamentales de los Tratados", ha indicado el portavoz de Servicios Financieros de la Comisión.

De esta forma, la Comisión Europea considera que las operaciones de consolidación se pueden examinar bajo el ángulo prudencial (el BCE) y bajo el ángulo de la competencia (bien por la Comisión o por las autoridades nacionales).

"Si se da luz verde en ambos casos, entonces (...) no hay base para parar una operación de acuerdo con una decisión discrecional por un Gobierno de un Estado miembro", ha indicado el portavoz a preguntas de Europa Press.

La Comisión pidió información a España sobre la situación de la opa hace meses bajo el mecanismo 'EU Pilot', que aplica cuando considera necesario tener un diálogo con un Estado miembro sobre cuestiones de cumplimiento de normativa comunitaria. Bruselas recibió respuesta de España el 11 de octubre de 2024 y desde entonces se está examinando.

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