La decisión del Tribunal Supremo (TS) de declararse competente para 
juzgar el sumario del 1 de octubre, quedarse a doce procesados —nueve de
 ellos en prisión provisional y otros tres miembros del Govern en 
libertad— y devolver la causa de otros seis procesados, miembros de la 
Mesa del Parlament en su gran mayoría, al Tribunal Superior de Justicia 
de Catalunya (TSJC) demuestra la arbitrariedad en esta macrocausa contra
 el independentismo catalán. Se adoptan tres decisiones, pero también se
 podrían adoptar las contrarias. 
Así, el TS podría no declararse 
competente y enviar toda la causa al TSJC, podría quedarse los 18 
imputados y también podría enviarlos a todos al TSJC, para que así 
tuvieran una instancia judicial más a la que apelar al final de todo el 
proceso.
Pero, al final, se ha cumplido más o menos el guion y lo más 
importante ha sido lo que se esperaba: los juzgará el Supremo, que para 
eso hizo todo lo posible por quedarse la causa y enviarla de Barcelona a
 Madrid. 
Incorporó la rebelión allí donde solo había una protesta 
pacífica y masiva (que no tumultuosa); mantuvo la malversación contra 
viento y marea, aunque fuera negada en las Cortes por el presidente del 
Gobierno (Rajoy) y por su ministro de Hacienda (Montoro), y apremiará a 
los abogados con un tiempo corto para preparar las defensas e impedirá a
 los acusados que puedan, junto a sus letrados, prepararse en libertad 
para un juicio trascendental.
Sin embargo, el guion judicial solo contempla el castigo y el 
escarmiento para el que será también un juicio a la democracia española.
 No por parte de los medios españoles, ni de su clase política, ni 
tampoco de sus jueces más relevantes, ni del mundo de la judicatura en 
general. Tampoco por parte de la Comisión Europea y todo el armazón 
comunitario residente en Bruselas. 
Pero, por suerte, no se acaban aquí 
los actores internacionales: medios de comunicación, diferentes ONG, 
equipos de mediación internacional, parlamentarios europeos y de 
diferentes Estados también expresarán su parecer durante los dos meses 
de juicio a partir de finales de enero. 
Y será en esta mirada mucho más amplia donde se jugará la batalla de 
los relatos. Como se jugó el 1-O la de la violencia policial: en el 
extranjero. En la soledad de las prisiones, en unas fechas en que la 
injusticia es mucho más dolorosa, me consta que los nueve presos 
políticos solo piensan ya en su defensa. En el gran altavoz 
internacional que será el juicio. El Supremo no lo tendrá fácil.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia

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