MADRID.- La reforma de la subcontratación que pretende el Gobierno y que está 
negociando con la patronal y lo sindicatos ha caído como una bomba entre
 los empresarios. Fundamentalmente, porque puede suponer un incremento 
considerable de los costes laborales. Y, en segundo lugar, porque, en 
consecuencia, pone en peligro el proceso de descentralización de la 
actividad con el que trabajan la inmensa mayoría de las empresas 
españolas. Puede poner en riesgo el proceso de subcontratación y miles 
de empleos, a juicio de Expansión. 
    El Ejecutivo ha planteado, entre otras cosas, a la patronal y los 
sindicatos tres cambios significativos en este modelo de actividad que 
está regulado en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores.
    En primer lugar, la posibilidad de que la empresa principal, o más 
grande, pueda verse obligada a integrar en la plantilla y en la nómina a
 autónomos con los que colabora. A los llamados autónomos dependientes 
de una sola empresa principal o a empleados de otras empresas 
subcontratadas. A todos aquéllos que puedan considerarse dentro de la 
actividad central, o de la "propia actividad" de la compañía principal o
 del contrato.
    Por ejemplo, un gran almacen podría verse obligado a asumir a los 
empleados de una marca de perfumes, maquillaje o gafas que tenga dentro 
de una de sus tiendas. Siempre que la empresa principal influya en sus 
relaciones laborales. 
Un hospital podría ser obligado a integrar como 
asalariados a médicos que ahora son autónomos o, específicamente, a los 
anestesistas, que son una auténtica especialidad. La construcción es el 
paradigma más claro de la subcontratación, aunque hay cientos de 
ejemplos sobre el riesgo de que, en una cadena de contratación, la 
empresa principal pueda verse obligada a absorber a los trabajadores de 
las empresas subcontratista o a los autónomos.
    En definitiva, la posibilidad de aumentar los costes laborales por 
esta vía es también enorme en los sectores de mano de obra intensiva: 
las empresas que trabajan como auxiliares de otras compañías más 
grandes. Limpieza, seguridad, correos y mantenimiento de todo tipo.
    La segunda razón por la que la reforma de la subcontratación puede 
encarecer los costes laborales de las empresas es obligar a que los 
trabajadores de la pyme que desarrolla una segunda actividad tengan las 
mismas condiciones laborales que los de la principal. 
Que tengan las 
mismas condiciones salariales y de derechos que los empleados de la 
empresa más grande. Salvo que su propio convenio tenga condiciones más 
ventajosas que los dos anteriores. En ese caso, primarían las 
condiciones laborales de la empresa subcontratista, aunque éste suele 
ser un caso muy raro.
Encarecimiento
    Por todas estas razones, Javier Hervás, socio responsable del área 
de laboral de KPMG Abogados, sostiene que "la reforma de la 
subcontratación en la que trabaja el Gobierno con los agentes sociales 
podría acarrear un encarecimiento de costes para las empresas, bien 
porque se obligaría a las empresas a contratar directamente al personal 
que ahora tienen subcontratado, y que se dedica también a la labor 
principal. 
O bien porque se endurezca la norma de aplicación del 
convenio colectivo en el sentido de que las empresas subcontratadas 
tengan que adoptar el de la empresa principal o el del sector, ambos 
normalmente más favorables" para los trabajadores. 
    "Las medidas sobre la subcontratación que prepara el Gobierno van 
contra todo. Son una barbaridad. Pueden hacer un estropicio enorme. 
Incluso a las empresas de trabajo temporal, que están debidamente 
autorizadas", explica Luis Fabián Márquez, presidente de Analistas de 
Relaciones Industriales. 
    Por todas estas razones también, el presidente de la patronal, 
Antonio Garamendi, advirtió el miércoles al Gobierno de que no piensa 
negociar la reforma de la subcontratación. "Es una línea roja que no 
pensamos traspasar, porque se carga un modelo económico" con el que 
funcionan la inmensa mayoría de las empresas. 
"Concretamente, muchas 
empresas subcontratadas verían peligrar su viabilidad y, con ella, 
muchos empleos, si el Ministerio de Trabajo aprobara su propuesta para 
que toda la cadena de subcontratación adopte las condiciones laborales 
de la empresa principal", aseguran CEOE y Cepyme. 
"Es imposible que un 
empresario autónomo, o una subcontrata, que trabaja para Telefónica 
colocando líneas de ADSL pueda absorber las condiciones laborales de la 
multinacional", dice gráficamente Lorenzo Amor, presidente de la 
organización de autónomos ATA y también vicepresidente de la CEOE.
    Además, las organizaciones empresariales añaden: "No sería posible 
que la compañía principal pueda absorber todo el empleo que generan 
estas empresas [subcontratadas, máxime en el actual contexto de 
desaceleración".
"Lo que pretende el Gobierno es romper el proceso de 
descentralización de la actividad económica", dicen otras fuentes 
empresariales, que prefieren mantener el anonimato. "¿Cómo va una gran 
empresa a arriesgarse a abrir una línea de negocio y subcontratar 
actividad si, de repente, tiene que absorber los trabajadores que no 
tenía", añaden los mismos medios. 
    En su ofensiva contra la reforma laboral del PP, el Gobierno ha 
retomado una medida que lleva aparcada en el Congreso de los Diputados 
desde 2018. Estaba parada porque el Ejecutivo socialista no conseguía el
 respaldo definitivo para sacarla adelante. 
    El PSOE tomó la iniciativa ante las protestas de los sindicatos de 
dos causas muy concretas, y que saltaron a la luz pública: la primera 
fue la denuncia de las precarias condiciones salariales y laborales de 
las limpiadoras de habitaciones en los hoteles, que se autodenominan las
 quelis, acrónimo de "las que limpian".
    La segunda causa directa que provoca la reforma de la 
subcontratación se debe a la reforma laboral de 2012. El Gobierno del PP
 hizo varios cambios para facilitar una adaptación rápida de los 
convenios de empresa a la situación del mercado. 
En primer lugar, 
instauró la prioridad del convenio de empresa sobre el sectorial. Al 
menos en los aspectos sustanciales de las relaciones laborales, como el 
salario, la jornada laboral o las vacaciones .
    En segundo lugar, la reforma laboral facilitó la posibilidad de las 
empresas para descolgarse del convenio sectorial. En medio de la 
depresión económica, muchas pymes utilizaron esta posibilidad para 
nombrar a los representantes de sus trabajadores y firmar convenios para
 romper la competencia, con costes por debajo del sector. 
Una práctica 
que CEOE y Cepyme subrayan que se da "en un reducido número de convenios
 y que ni amparamos ni compartimos". Por esta razón, CEOE y Cepyme 
proponen que los convenios sectoriales "regulen las condiciones 
salariales y la jornada laboral". Y que los convenios de empresa 
establezcan la organización interna de las mismas. 
 
 



