Un estudio de la ONU sitúa a España entre los países con legislación de costas más dura para los ciudadanos

 GINEBRA.- La Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (UNECE) ha presentado en Ginebra los resultados preliminares de un estudio internacional sobre la regulación del suelo en zonas colindantes con masas de agua, en una jornada que ha contado con la participación de expertos académicos y representantes gubernamentales de distintos países.

Entre los asistentes se encontraban 54 asociaciones costeras españolas, invitado por la UNECE por su representatividad de colectivos afectados por la aplicación de la Ley de Costas y por la falta de inversión y mantenimiento en el litoral español.

El trabajo, coordinado por la catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante Paloma Taltavull, analiza seis ámbitos: titularidad del suelo adyacente a masas de agua, competencias administrativas, cambios en la propiedad y mecanismos de transmisión, implicaciones vecinales y comunales y su vertiente registral. El estudio recoge respuestas de hasta 26 Estados.

Tras esta presentación, la UNECE prevé publicar el estudio definitivo junto con sus conclusiones y recomendaciones, con el objetivo de que los Estados puedan evaluar y, en su caso, alinear sus marcos normativos con los criterios que se establezcan.

Titularidad del suelo y dominio público

Según los resultados preliminares, los terrenos situados frente al mar están, en la mayoría de los países analizados, sujetos a regímenes regulatorios específicos, con una prevalencia de la titularidad pública (en torno al 51 %) frente a la propiedad privada sometida a restricciones (aproximadamente el 31 %). Estos enfoques regulatorios se aplican principalmente en el ámbito costero, aunque también se extienden a ríos y lagos bajo distintos regímenes jurídicos.

El estudio identifica como un aspecto relevante el derecho de propiedad en las zonas costeras y la frecuencia de cambios de titularidad del suelo desde el ámbito privado al público, un fenómeno reportado por más del 80 % de los Estados encuestados.

Mecanismos de transferencia y efectos sobre los derechos

El informe señala que las transferencias de terrenos privados al sector público no se producen exclusivamente mediante expropiación, sino también a través de venta, donación o herencia, lo que da lugar a titularidad pública en aproximadamente la

mitad de los casos. Asimismo, indica que los mecanismos de expropiación no suelen aplicarse del mismo modo que en otros supuestos de interés público, como las infraestructuras viarias, lo que ha favorecido la configuración de un estatus específico de los terrenos costeros de titularidad pública.

En torno al 20 % de las respuestas se refieren de forma expresa a la clasificación como dominio público, generalmente asociada a compensaciones limitadas. Como consecuencia de estos cambios de titularidad, el estudio constata que los derechos de los antiguos propietarios privados pueden verse reducidos o modificados, con situaciones que varían entre países: desde la existencia de compensación económica en algunos casos, hasta su ausencia en otros, o la conservación de una posición jurídica similar a la de un arrendatario.

Estas prácticas, según recoge el informe, son percibidas en ocasiones como expropiaciones sin garantías suficientes, lo que pone de relieve la necesidad de clarificar los marcos normativos. El estudio identifica, además, otros desafíos, como la aplicación incompleta de los procedimientos de registro y las restricciones significativas asociadas al estatus de dominio público.

España en el contexto comparado

Durante el turno de intervenciones, representantes españoles señalaron que, a la luz del análisis comparado presentado, el caso español se sitúa entre los modelos más restrictivos, especialmente en lo relativo al impacto de la regulación sobre los particulares y a los mecanismos de participación pública en la elaboración normativa.

El estudio recoge, en contraste, ejemplos como Grecia, donde no se permiten playas privadas pero sí concesiones limitadas bajo condiciones de mantenimiento, accesibilidad y garantía de uso público, o Finlandia, que presenta un modelo con mayor flexibilidad regulatoria y protagonismo municipal, sin una franja pública obligatoria generalizada entre el mar y la propiedad privada.

Reforma normativa y gobernanza del litoral

Desde España se subraya que el modelo español de costas, implantado en 1988 y modificado parcialmente en 2013, no ha resuelto de forma satisfactoria los problemas de gobernanza del litoral, y que existe un amplio debate técnico y social sobre la necesidad de revisar el marco normativo.

La organización recuerda que una propuesta de modificación de la Ley de Costas permanece bloqueada en la Mesa del Congreso desde hace más de un año, pese a haber sido tramitada en ambas Cámaras, y destaca la importancia de abordar cuestiones como la protección de los núcleos históricos y etnológicos del litoral.

El estudio de la UNECE, concluyen, se configura como un marco de referencia internacional para orientar futuras reformas legislativas en materia de costas.

La nueva línea de deslinde de Costas afecta a 400 viviendas en la Región de Murcia y el PP lleva el conflicto ante el TC

MURCIA.- Un total de 400 familias de las playas de Cabo de Palos, Los Nietos, El Portús, Puerto de Mazarrón y Puntas de Calnegre se ven afectadas por la nueva línea de deslinde del dominio público marítimo-terrestre que, al haberse visto retrasada por Costas, obliga a la demolición de estas casas que quedarían en terreno público.

"Son construcciones legales, con sus escrituras públicas, inscritas en el registro de propiedad, pagando sus impuestos, y, por supuesto, todas plenamente consolidadas en sus entornos urbanos", ha lamentado este lunes el senador del Partido Popular (PP), Francisco Bernabé.

El PP ha presentado ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones para "poner fin al bloqueo que la Mesa del Congreso mantiene sobre la proposición de ley del PP en esta materia" y Bernabé ha anunciado que "sino desiste esta actitud de fraude legal" iniciarán acciones judiciales personales contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el resto de miembros de la Mesa, ya que consideran que "están anteponiendo los mandatos de Pedro Sánchez al interés general de todos los españoles" al retrasar la tramitación en la Cámara Baja de la proposición de ley del PP para "salvaguardar los núcleos tradicionales costeros de nuestro litoral, aquellos que tienen unos valores especiales de tipo etnográfico, histórico, paisajístico, vinculados al medio marino".

"El Senado es una Cámara de las Cortes Generales tan legítima como el Congreso e intentar eliminar la iniciativa del PP es negar la legitimidad constitucional del Senado para legislar".

Bernabé ha afirmado que esta proposición lleva más de 60 prórrogas acordadas por la Mesa del Congreso ya que "semana tras semana se amplia el plazo de enmiendas sin razón". 

Así, ha advertido de que "tiene que seguir adelante y si no se consigue por la vía política será a través de los tribunales de justicia, en este caso el Constitucional".

El senador ha indicado que las familias afectadas "están usando todos los medios legales, y poniendo recursos ante esas órdenes de demolición". 

Así, ha explicado que dos viviendas de Cabo de Palos que "han perdido esos recursos y tienen ya la orden de demolición pendiente sobre sus cabezas, eventualmente van a recurrir ahora ante el Tribunal Supremo".

Además, al quedar estas casas en dominio público, Bernabé ha explicado que las familias deberían costear la demolición y no recibirían ningún tipo de indemnización por perder sus viviendas.

Durante su intervención, ha dirigido un mensaje a las familias con viviendas legales en el litoral (Cabo de Palos, Los Nietos, El Portús, Puerto de Mazarrón y Puntas de Calnegre), hoy amenazadas de demolición por el Gobierno socialista: “No los vamos a abandonar. Vamos a seguir a su lado hasta conseguir que se respete la voluntad de la soberanía popular”. 

La CARM se une a un manifiesto para reclamar al Ministerio una gestión responsable y coordinada del litoral

MURCIA.- El Gobierno regional ha suscrito un manifiesto junto a otras comunidades autónomas para defender el litoral español y reclamar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) "una gestión más eficaz, sostenible y adaptada a los retos del cambio climático".

El director general de Litoral y Puertos, Pablo Marín, ha participado en Valencia en la 'Jornada sobre la Ley de Costas estatal desde una perspectiva autonómica', donde los responsables autonómicos en materia de costas de Canarias, Baleares, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Región de Murcia han firmado el documento que "pone de relieve la preocupación que compartimos por el estado actual de la costa y la necesidad urgente de reforzar la cooperación inter-territorial para garantizar su preservación y adaptación", han informado fuentes del ejecutivo regional en una nota de prensa.

La declaración conjunta incide en la "necesidad de una reforma legislativa nacional que permita a las comunidades autónomas ejercer plenamente sus competencias en la gestión del litoral".

"El Gobierno regional ha defendido siempre una gestión del litoral más cercana, coherente y adaptada al territorio, y por eso nos sumamos a este manifiesto que reclama seguridad jurídica para nuestros núcleos costeros y la transferencia efectiva de competencias", ha subrayado el director general.

El documento denuncia la "omisión de inversiones" por parte del MITECO en materia de protección, regeneración y defensa de la costa.

En este sentido, Marín ha incidido en que "la falta de inversiones compromete la seguridad de personas, bienes y ecosistemas, por esta razón, pedimos que se pacte con las comunidades autónomas unos planes de inversiones mínimas anuales y reclamamos la cesión de los cánones del dominio público marítimo-terrestre para poder afrontar con garantías las actuaciones necesarias".

Asimismo, las comunidades firmantes exigen al Gobierno de España una "resolución pactada del procedimiento de infracción abierto por la Unión Europea, que permita desbloquear las concesiones demaniales y garantice el derecho de los actuales concesionarios, respetando la disposición transitoria primera de la Ley de Costas", ha indicado el director general.

Por otro lado, el documento demanda protección legal para los núcleos costeros con valores etnológicos y añade que "su identidad histórica y cultural corre peligro y su preservación es clave para mantener la memoria viva de nuestras comunidades litorales y un desarrollo turístico y social equilibrado".

Finalmente, el manifiesto hace un llamamiento al conjunto de las administraciones, la ciudadanía y la comunidad científica a implicarse en la defensa del litoral.

 "El litoral no puede esperar. La costa retrocede, y con ella retrocede una parte fundamental de nuestro país. Es tiempo de compromiso, de responsabilidad y de soluciones duraderas", ha concluido.

Lorca quiere la modificación de la Ley de Costas y exigir al Gobierno de España la paralización de los procesos de derribo

 PUNTAS DE CALNEGRE.- El alcalde y presidente del Partido Popular de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, ha mantenido este miércoles un encuentro de trabajo con representantes de la Plataforma de Afectados del poblado de Puntas de Calnegre y vecinos de la zona con el objetivo de informarles sobre las iniciativas parlamentarias que el PP está desarrollando en el Ayuntamiento de Lorca, en el Congreso de los Diputados y en el Senado para salvaguardar este enclave histórico y tradicional del litoral lorquino.

Durante la reunión, a la que también han asistido los senadores Francisco Bernabé, José Ramón Díez de Revenga y Antonia López Moya y los diputados nacionales Juan Luis Pedreño y Violante Tomás; Fulgencio Gil ha anunciado que el Grupo Municipal Popular llevará al Pleno del mes de julio una moción de apoyo a la proposición de ley registrada por el PP en el Congreso, que busca modificar la Ley de Costas para permitir la pervivencia de poblados costeros tradicionales, como es el caso de Puntas de Calnegre, un núcleo con más de 200 años de historia.

La actual Ley de Costas provoca innumerables situaciones de inseguridad jurídica, dejando en una situación de absoluta indefensión a familias sencillas que viven en núcleos costeros tradicionales, como es el caso del poblado de Puntas de Calnegre, que se ven sometidos a la amenaza constante a ser despojados de su propiedad y es por ello que se considera necesario establecer un abrigo legislativo para proteger a estos núcleos de población y así evitar desocupaciones y derribos.

En este sentido, el Partido Popular ha logrado en el Congreso de los Diputados un avance decisivo al conseguir la toma en consideración de su proposición de ley para modificar la actual Ley de Costas, a pesar del voto en contra del PSOE y Sumar. 

"Se trata de una medida vital que busca preservar las viviendas de más de medio centenar de familias del poblado de Puntas de Calnegre, en la pedanía de Ramonete, y más de 350 familias en otros puntos del litoral costero de la Región de Murcia", ha apuntado el presidente del PP.

Y ha añadido que es un paso real y decisivo, que desde el Gobierno de Lorca se va a respaldar institucionalmente, para proteger a los vecinos de Puntas de Calnegre, un poblado que tiene más de 200 años de historia, y que llevan más de dos décadas viviendo bajo la amenaza de que sus casas sean derribadas por una ley injusta.

 "Hoy es un día importante para manifestar nuestro lorquinismo y nuestro compromiso con esas familias que quieren resolver una injusticia y acabar, de una vez por todas, con esa amenaza constante que sufren, porque esto no va de ladrillos, va de personas, de familias humildes que solo quieren conservar su hogar y su historia", ha manifestado Gil Jódar.

"Hablamos de vecinos que llevan más de dos décadas atrapados en un auténtico embrollo jurídico-administrativo, a causa de decisiones del Gobierno socialista que no tienen en cuenta ni la realidad de los pueblos ni la voz de quienes los habitan. Ciudadanos humildes, muchos de ellos propietarios de pequeños negocios familiares que pasan de generación en generación, que ven peligrar sus viviendas por el simple hecho de estar en núcleos junto al mar, que tienen un valor histórico, cultural y etnológico incuestionable, como es Puntas de Calnegre", ha recalcado el presidente del PP.

Fulgencio Gil, además, ha subrayado que "desde Lorca exigimos cambios reales y efectivos en la Ley de Costas, que dote de seguridad jurídica a estos núcleos tradicionales que forman parte de nuestra historia, nuestro paisaje y de nuestras raíces. No todo lo construido junto al mar es igual. No todo lo que está cerca del mar es ilegal. Hay lugares que representan un valor histórico, patrimonial y sentimental que no podemos ni debemos perder, y eso lo saben bien nuestros vecinos de Puntas de Calnegre, cuyas viviendas merecen protección, no ser demolidas".

La proposición de ley del PP, que ya ha superado su primer gran escollo parlamentario con esta aprobación en el Congreso, tiene como objetivo la preservación de los conjuntos urbanos de tipología tradicional y las construcciones integradas y respetuosas con el entorno y propone una armonización con el artículo 132.2 de la Constitución, de forma que se protejan aquellas construcciones que están integradas en el paisaje y forman parte del patrimonio cultural del litoral español.

En este sentido, el alcalde ha explicado que "lo que defendemos es lo que tiene valor y forma parte del entorno, no las grandes urbanizaciones ni intereses especulativos, sino viviendas con alma, con historia, como las de nuestros pescadores en Calnegre". 

Por este motivo, el Grupo Municipal Popular presentará dicha moción al Pleno Municipal en la que se recogen los siguientes acuerdos: el apoyo del Ayuntamiento de Lorca a la iniciativa parlamentaria del PP para la modificación de la Ley 22/1988, de Costas, con el fin de permitir la continuidad de poblados costeros tradicionales con valor etnográfico y cultural, como Puntas de Calnegre; la solicitud al Gobierno de España para que paralice de forma inmediata y preventiva cualquier actuación de deslinde, desocupación o derribo en zonas afectadas por dicha ley, hasta que se clarifique la situación jurídica; y la remisión de los acuerdos a la Plataforma de Afectados, a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lorca, al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (a través de la Delegación del Gobierno), así como a las Mesas del Congreso y del Senado.

En el trascurso del encuentro, que ha tenido lugar en el Albergue de Puntas de Calnegre, Gil Jódar también ha criticado duramente la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez, que sigue en su empeño de condenar a cientos de familias lorquinas a una espera interminable, y ha recordado que la ley de protección del litoral, promovida por el PP y aprobada en el Senado, lleva 47 prórrogas acumuladas en el Congreso, bloqueada por el PSOE de Sánchez y sus socios.

Y ha afirmado que no es la primera vez que el Partido Popular defiende esta causa, manifestando que "ya lo hicimos el año pasado con una proposición en el Senado que tomaba el testigo de la iniciativa legislativa de modificación de la Ley de Costas impulsada la pasada legislatura en la Asamblea y el Congreso para garantizar la preservación de las propiedades afectadas por los deslindes promovidos por el Gobierno Central; unas propuestas que lamentablemente fueron tumbadas por el PSOE. Pero no nos rendimos. Hoy demostramos que seguimos al lado de nuestros vecinos, al lado de los pobladores de toda la vida, por su lucha, también es la nuestra".

Finalmente, el presidente del PP ha concluido destacado que "continuaremos trabajando con los vecinos afectados para que ninguna vivienda del poblado de Puntas de Calnegre sea demolida. Nuestro compromiso es firme e inquebrantable. Vamos a luchar hasta el final por una solución definitiva, porque nuestros vecinos no merecen vivir ni un día más en esta incertidumbre constante. El futuro de Calnegre pasa por la protección, no por el derribo. Vamos a seguir al lado de las familias, como siempre hemos hecho, trabajando con propuestas reales y soluciones. Lo dijimos y lo estamos cumpliendo".

Por su parte, el senador Francisco Bernabé ha subrayado que "esta 'Ley Feijóo' sobre Costas va a impedir la pretensión del PSOE de demoler cientos de viviendas completamente legales, que los socialistas quieren incautar mediante su inclusión directa en el dominio público marítimo terrestre y sin dar ningún tipo de compensación económica a sus propietarios".

El senador ha recalcado que "el problema radica en los nuevos deslindes del dominio público marino-terrestre que están siendo promovidos por el Ministerio de Transición Ecológica desde la irrupción de Sánchez en el poder, y que buscan la demolición de muchas viviendas completamente legales y consolidadas en sus núcleos costeros y entornos desde hace décadas".

Y ha alertado de que "las consecuencias están siendo terribles para sus propietarios, familias y personas normales y corrientes, de clases medias y humildes, cuyo único delito es ser dueños de unas casas en primera línea de playa y que, pese a tener sus escrituras, licencias e inscripciones registrales totalmente en orden, penden ahora de un hilo ante la amenaza cierta de demolición por parte del gobierno socialista".

Asimismo, Bernabé ha explicado que "lo que buscamos es proteger estas viviendas de forma real y sin ideologías, y garantizar a sus dueños sus derechos de propiedad. Y eso lo vamos a hacer estableciendo en la Ley de Costas unos criterios que permitan a los ayuntamientos declarar protegidos y excluidos de los deslindes del dominio público marítimo terrestre a los núcleos urbanos costeros tradicionales que posean valores históricos, paisajísticos, culturales o etnográficos".

Por su parte el diputado nacional del PP, Juan Luis Pedreño,  ha recordado que "los socialistas tienen paralizada año y medio en el Congreso la iniciativa que ya aprobó el PP en el Senado y han vuelto a votar ahora en contra de su toma en consideración en la cámara baja, por lo que van a seguir dando la espalda a la gente", ha concluido poniendo de manifiesto que "no obstante, afortunadamente hay una amplísima mayoría absoluta de partidos en el Congreso de los Diputados que han apoyado el debate de la Proposición de Ley del Partido Popular, lo que nos debe permitir su desbloqueo y aprobación en un plazo razonable". 

El PP recuerda querer salvar el poblado de Puntas de Calnegre y proteger a las familias lorquinas afectadas por la Ley de Costas

 LORCA.- El Partido Popular ha logrado en el Congreso de los Diputados un avance al conseguir la toma en consideración de su proposición de ley para modificar la actual Ley de Costas, a pesar del voto en contra del PSOE y Sumar. 

Así lo ha anunciado este viernes la concejal del PP en el Ayuntamiento de Lorca, María Hernández, quien también ha señalado que "se trata de una medida vital que busca preservar las viviendas de más de medio centenar de familias del poblado de Puntas de Calnegre, en la pedanía de Ramonete, y más de 350 familias en otros puntos del litoral costero de la Región de Murcia".

María Hernández ha destacado que "por fin se da un paso real para proteger a nuestros vecinos de Puntas de Calnegre, un poblado que tiene más de 200 años de historia, y que llevan más de dos décadas viviendo bajo la amenaza de que sus casas sean derribadas por una ley injusta. Este es un día importante para manifestar nuestro lorquinismo y nuestro compromiso con esas familias que quieren resolver una injusticia y acabar, de una vez por todas, con esa amenaza constante que sufren, porque esto no va de ladrillos, va de personas".

La concejal del PP ha denunciado que la actual Ley de Costas provoca "innumerables situaciones de inseguridad jurídica", dejando en una situación de absoluta indefensión a familias sencillas que viven en núcleos costeros tradicionales, como es el caso del poblado de Puntas de Calnegre. 

"Hablamos de vecinos que llevan más de 20 años atrapados en un auténtico embrollo jurídico-administrativo, a causa de decisiones del Gobierno socialista que no tienen en cuenta ni la realidad de los pueblos ni la voz de quienes los habitan. Ciudadanos humildes, muchos de ellos propietarios de pequeños negocios familiares que pasan de generación en generación, que ven peligrar sus viviendas por el simple hecho de estar en núcleos junto al mar, que tienen un valor histórico, cultural y etnológico incuestionable, como es Puntas de Calnegre", ha reseñado.

Y ha añadido que "desde Lorca exigimos cambios reales y efectivos en la Ley de Costas, que dote de seguridad jurídica a estos núcleos tradicionales que forman parte de nuestra historia, nuestro paisaje y de nuestras raíces. No todo lo construido junto al mar es igual. No todo lo que está cerca del mar es ilegal. Hay lugares que representan un valor histórico, patrimonial y sentimental que no podemos ni debemos perder, y eso lo saben bien nuestros vecinos de Puntas de Calnegre", ha recalcado Hernández.

La proposición de ley del PP, que ya ha superado su primer gran escollo parlamentario con esta aprobación en el Congreso, tiene como objetivo la preservación de los conjuntos urbanos de tipología tradicional y las construcciones integradas y respetuosas con el entorno y propone una armonización con el artículo 132.2 de la Constitución, de forma que se protejan aquellas construcciones que están integradas en el paisaje y forman parte del patrimonio cultural del litoral español. 

"Lo que defendemos es lo que tiene valor y forma parte del entorno, no las grandes urbanizaciones ni intereses especulativos, sino viviendas con alma, con historia, como las de nuestros pescadores en Calnegre", ha subrayado.

Asimismo, Hernández ha criticado duramente la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez, que "sigue en su empeño de condenar a cientos de familias lorquinas a una espera interminable. Es un castigo innecesario a quienes solo quieren vivir tranquilos en sus casas de toda la vida". 

Además, la ley de protección del litoral, promovida por el PP y aprobada en el Senado, lleva 47 prórrogas acumuladas en el Congreso, "bloqueada por el PSOE de Sánchez y sus socios. Una parálisis que está causando efectos sobre familias enteras que llevan años sufriendo por no saber qué será de su casa de toda la vida y no es justo vivir con ese miedo".

La edil popular ha recordado que no es la primera vez que el Partido Popular defiende esta causa, manifestando que "ya lo hicimos el año pasado con una proposición en el Senado que tomaba el testigo de la iniciativa legislativa de modificación de la Ley de Costas impulsada la pasada legislatura en la Asamblea y el Congreso para garantizar la preservación de las propiedades afectadas por los deslindes promovidos por el Gobierno Central; unas propuestas que lamentablemente fueron tumbadas por el PSOE. Pero no nos rendimos. Hoy demostramos que seguimos al lado de nuestros vecinos, al lado de los pobladores de toda la vida, por su lucha, también es la nuestra".

Por último, María Hernández ha asegurado que el PP de Lorca continuará trabajando con los vecinos afectados para que ninguna vivienda del poblado de Puntas de Calnegre sea demolida. 

"Nuestro compromiso es firme e inquebrantable. Vamos a luchar hasta el final por una solución definitiva, porque nuestros vecinos no merecen vivir ni un día más en esta incertidumbre constante. El futuro de Calnegre pasa por la protección, no por el derribo. Vamos a seguir al lado de las familias, como siempre hemos hecho, trabajando con propuestas reales y soluciones".

El Congreso tramitará una reforma de la Ley de Costas propuesta por el PP para salvaguardar las viviendas de 400 familias de la Región

MADRID.- El Partido Popular logró ayer sacar adelante en el Congreso de los Diputados, con el voto en contra del PSOE y de Sumar, la toma en consideración de una proposición de ley para modificar la Ley de Costas. En la imagen, Puntas de Calnegre en la costa lorquina.

 El objetivo es preservar las viviendas de más de 400 familias de la Región de Murcia y de miles en España. Se trata de conservar los conjuntos urbanos de tipología tradicional y otras instalaciones de interés público en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo terrestre.

La propuesta fue defendida por el diputado del PP Carlos Gil Santiago, quien subrayó que la actual Ley de Costas provoca "innumerables situaciones" en las que muchos ciudadanos, propietarios de pequeños negocios familiares o de viviendas humildes en núcleos costeros, se ven sometidos a "la amenaza permanente" de ser despojados de su propiedad.

Exigió cambios en la Ley de Costas, para dotar de seguridad jurídica a estos núcleos tradicionales que forman parte de nuestro paisaje, historia y raíces, y que se reconozca lo que muchas comunidades y ayuntamientos ya hacen: "Que no todo lo construido junto al mar es igual, no todo lo que está cerca del mar es ilegal y hay lugares que representan un valor que no podemos perder", detalló.

En la Región de Murcia hay familias afectadas en Puerto de Mazarrón, Puntas de Calnegre, Cabo de Palos y Los Nietos, principalmente. En el Congreso de los Diputados estuvo una representación de los vecinos perjudicados y junto a ellos estuvo senadores y diputados nacionales por Murcia, como Juan Luis Pedreño

"Es un intento de dar oxígeno a las familias afectadas y de resolver una injusticia para los que están sufriendo la decisión unilateral del Gobierno de Pedro Sánchez" que "les quiere derribar sus casas", dijo Pedreño. Y estamos hablando, añadió, de viviendas, de familias sencillas, con casas que tienen un valor histórico, un valor etnológico y que forman parte del paisaje costero".

La proposición de ley del PP se dirige a preservar "lo que tiene valor y está integrado". Propone, además, "armonizar" la protección del dominio público, recogida en el artículo 132.2 de la Constitución, por ser "unas construcciones que forman parte del paisaje cultural del litoral español".

Plantea también reconocer instalaciones de interés local, como los clubes náuticos, que forman parte de la identidad de nuestro litoral, y que ven amenazada su contribución al crecimiento económico y social de las ciudades donde se instalan por "una aplicación rígida" de dicha normativa.

En su exposición en el Congreso, por último, Carlos Gil acusó al Gobierno de causar "efectos irreversibles" a los propietarios de pequeñas viviendas y negocios con la paralización a la que está sometiendo en la Cámara Baja a la ley del PP de protección de litoral proveniente del Senado, que acumula hasta 47 prórrogas.

Vox denuncia que las exigencias de la Demarcación de Costas impiden el desarrollo económico del litoral cartagenero

 CARTAGENA.- El concejal de Litoral y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Cartagena, Gonzalo López Pretel, se ha reunido con los empresarios turísticos para abordar las nuevas exigencias impuestas por parte de la Demarcación de Costas en las concesiones de instalaciones náuticas en playas y algunos chiringuitos.

Según le han transmitido, entre ellas se encuentran que las hamacas o sombrillas tengan una separación mínima de 50 metros respecto a los kioskos y de 100 metros respecto a otras hamacas, se acorta el período de temporada de concesión del 1 de marzo al 15 de noviembre en vez de hasta el 31 de diciembre, no se permite tener almacén, el aseo debe de estar desplazado al menos 6 metros del resto de la instalación, se elimina la posibilidad de instalar zonas con sombra fija en algunos casos, se reducen superficies útiles de terrazas en chiringuito y se limita la autorización de pasarelas.

Ante estas quejas, Pretel ha afirmado que "estos cambios en las autorizaciones están haciendo muy difícil la apertura de los chiringuitos, teniendo la gran mayoría de los concesionarios los decretos y contratos firmados. Asimismo, estas exigencias son producto de una nueva visión política y no obedecen a modificaciones en la ley ni a la aprobación de ningún reglamento nuevo, puesto que en el periodo anterior no se exigieron".

El portavoz de la formación verde ha dejado claro que "este año se renovaron todas las concesiones para chiringuitos y otras instalaciones temporales en playas por un periodo de cuatro años. El ayuntamiento cumple con las inversiones anuales para garantizar el mantenimiento y accesibilidad de las playas, por lo que es necesario que Costas colabore para facilitar y agilizar estas concesiones esenciales para la economía local".

Por ello, el Grupo Municipal de Vox ha presentado una moción al próximo pleno municipal para que el Ayuntamiento requiera formalmente a la Demarcación de Costas - mediante un escrito fundamentado con argumentos técnicos y jurídicos- a que retire estas nuevas exigencias que bloquean el desarrollo de los empresarios turísticos del litoral, entre los que se encuentran hosteleros y hoteleros.

"Es evidente la importancia de los chiringuitos e instalaciones náuticas para el empleo local, la atracción de visitantes y la lucha contra la estacionalidad turística. Por ello, Costas debe de reconsiderar estos cambios y atender las peticiones del sector ya que son justas y no diferir de lo concedido anteriormente al no existir cambio normativo ninguno", ha afirmado Pretel.

La Demarcación de Costas realiza en Cabo Palos el apeo del deslinde marítimo-terrestre, expropiando a los dueños de 15 viviendas

 CABO PALOS.- La Demarcación de Costas de Murcia ha realizado hoy el acto de apeo del deslinde marítimo-terrestre de la Playa de Levante en Cabo de Palos, mediante el que va a expropiar 15 viviendas legalmente edificadas.

El portavoz del Grupo Municipal de Vox en Cartagena, Gonzalo López Pretel, ha afirmado que “es un auténtico atropello, porque el Gobierno usurpará viviendas y parcelas de vecinos que son sus propietarios legales desde hace décadas, echándolos a la calle sin más”.

La Demarcación de Costas ha realizado este deslinde sin un estudio previo de los informes y alegaciones que han presentado los afectados, pues el acto de apeo se realiza un día después de haberse cerrado el plazo para presentar dichos escritos. Por tanto, está actuando sin los correspondientes criterios técnicos ni jurídicos.

Según afirma el portavoz de la formación verde, “Costas pretende anular la propiedad de los afectados, que se ven expoliados de sus derechos de propiedad con efecto retroactivo, al sustituir sus escrituras por simples ‘concesiones’.

Además, les obligan a pagar los costes de demolición de sus viviendas. Parece surrealista, pero es la realidad”. 

Vox denuncia el grave atentado al derecho de la propiedad reconocido en el artículo 33 de la Constitución Española.

Los vecinos, que adquirieron sus viviendas cumpliendo las leyes entonces vigentes, ven arrebatadas sus propiedades en virtud de una ley muy posterior, la de Costas del año 1988, aprobada cuando estos terrenos ya estaban catalogados como urbanos consolidados.

“No podemos permitir que derriben las viviendas y echen a la calle a vecinos que han edificado sus casas con las oportunas licencias, que han pagado los impuestos y tasas correspondientes y que figuran como titulares de las mismas en el Registro de la Propiedad.

Este organismo ha cambiado un derecho de ‘propiedad’ por un mero derecho de ‘disfrute’ durante un tiempo limitado.

Es una situación más propia de ‘trileros’ que de un Estado de Derecho democrático, serio y responsable”, ha afirmado Pretel.

Un mayor despliegue policial permite un verano con menos incidencias en las zonas de costa en Cartagena

CARTAGENA.- Las zonas de costa de Cartagena han registrado este verano un menor número de incidencias en materia de seguridad y convivencia ciudadana, según se desprende de los datos facilitados por el Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, cuyo concejal, José Ramón Llorca, ha subrayado “el mayor despliegue policial y la puesta en marcha de nuevos servicios”.

El botelleo, las concentraciones no autorizadas, la venta ambulante y la seguridad ciudadana, entre otras actuaciones, se han controlado de manera más eficiente “porque ha habido un mayor trabajo policial, sin que haya supuesto un coste extra para el Ayuntamiento”.

Entre las novedades introducidas este verano ha estado la creación de la sección de actividades acuáticas, que en su verano de estreno ha superado las 350 actuaciones, tanto en las playas de levante, como las de la zona oeste, donde están trabajando en este momento, según ha informado el concejal.

Los funcionarios han corregido 100 infracciones a la Ordenanza Municipal de Uso y Aprovechamiento Playas y han realizado un total de 121 actuaciones de control y vigilancia tanto en las zonas destinadas al baño como en los distintos paseos marítimos.

En el mismo orden, y dentro de las actuaciones de los agentes en el litoral, se han efectuado un total de 38 controles para evitar la organización de "botellones".

Otra decisión destacada ha sido mantener abierto todo el verano el cuartel de la Azohía y la presencia de los GOES durante todos los días de la semana en las playas del este y del oeste.

Precisamente, Llorca ha subrayado que la presencia de los GOES “ha sido fundamental para evitar concentraciones para el botelleo” y ha recordado que fueron quienes resolvieron la única fiesta ilegal en playas detectada este verano, en la zona oeste.

En lo relativo a las infracciones, un total de 39 ciudadanos han sido sancionados por consumir alcohol en la vía pública, otros 21 por conducir un vehículo tras consumir alcohol o drogas y se han corregido 721 infracciones de tráfico.

A su vez los agentes realizaron un total de 481 prestaciones de auxilio a ciudadanos, y procedieron a la puesta a disposición judicial por atestados de 44 detenidos, además de 74 detenidos por delitos de diversa índole.

La Asociación de Vendedores Ambulantes ha agradecido a la Policía Local de Cartagena su trabajo durante el verano “ya que los agentes han evitado la venta ilegal que tanto les perjudica”. 

En este caso, se han realizado 9 decomisos, frente a los 3 que se hicieron el año pasado.

La CARM incorpora un dron a la Unidad de Vigilancia marítima para mejorar el control de los 250 km de costa

CARTAGENA.- El Gobierno regional ha ampliado la Unidad de Vigilancia marítima y control del medio marino con la incorporación de medios aéreos. Este miércoles ha volado por primera vez el dron con el que el personal de este servicio mejorará la eficiencia de las labores de control que realizan en los 250 kilómetros de costa de la Región de Murcia.

"Este dispositivo viene a complementar los trabajos que esta unidad ya realizaba. Con él se ganará en inmediatez y rango de acción a la hora de realizar las inspecciones para detectar posibles infracciones", tal y como ha asegurado la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira.

Rubira también ha destacado que se ha formado a 8 de los 21 trabajadores del servicio para poder contar con un piloto de dron siempre que sea necesario. "Con este nuevo paso se reafirma el compromiso con el control y la vigilancia de los espacios naturales, en este caso el litoral marino, ofreciendo más garantías de vigilancia que revertirán en la conservación medioambiental", ha añadido Rubira.

El Ejecutivo regional ha invertido cerca de 13.000 euros en este dron, que incorpora la última tecnología para poder ser usado en este servicio. Además de ser capaz de soportar rachas de viento superiores a los 40 kilómetros por hora, incorpora una cámara de última generación junto a una cámara térmica.

También tiene sistemas de iluminación adicionales y un dispositivo sonoro para poder emitir mensajes a través del aparato. Durante 2023 se realizaron más de 300 inspecciones por parte de esta Unidad Vigilancia que terminaron en 51 expedientes sancionadores, el 92 por ciento de ellos relacionados con pescadores recreativos que incumplían alguna norma.

"Con este dron queremos ayudar a los pescadores profesionales que sí cumplen las normas frente a aquellos que carecen de permisos y practican la pesca donde no deben, como por ejemplo el Canal del Estacio, donde el pasado año se sancionaron a 27 personas", ha asegurado Rubira.

La Región de Murcia cuenta actualmente con dos reservas marinas: Cabo de Palo-Islas Hormigas, que está en trámite para ser ampliada un 10 por ciento, y la de Cabo Tiñoso y Mazarrón. A estas se añade la reserva de Cabo Cope, también en la última fase de su tramitación, además de zonas de especial protección, como el entorno de Isla Grosa.

La Unidad de Vigilancia Marítima, integrada en el Servicio de Pesca y Acuicultura, desarrolla funciones basadas en una integración y una mayor coordinación en la planificación de las actividades de control y seguimiento de las labores de vigilancia marítima en reservas marinas de interés pesquero y áreas marinas protegidas.

También realiza tareas de recopilación y análisis de datos de información marítima y desarrolla un visor cartográfico SIOM (Sistema de Información Oceanográfico de la Región de Murcia), además de evaluar actuaciones para la adecuada planificación de la ordenación del espacio marítimo.

"El PP sabe perfectamente que su propuesta sobre la Ley de Costas no resuelve el problema, es inconstitucional y solo intenta engañar a la ciudadanía", dice el PSRM

MURCIA.- La portavoz del PSOE en la Región de Murcia afirma que el PP utiliza la incertidumbre de los vecinos para hacer populismo legislativo porque ya en 2013 el Gobierno de Rajoy hizo una modificación de la ley que fue rectificada por el Tribunal Constitucional, y ahora vuelve a presentar exactamente lo mismo.

"Con la legislación vigente, este problema se puede resolver, pero hay que actuar en cada uno de los casos de manera individual y no de forma colectiva. Nosotros queremos seguir mirando a la cara a los vecinos, no queremos engañarlos como está haciendo el PP, diciéndoles que lo que proponen es una solución, cuando saben que es inconstitucional y no se puede hacer"

La portavoz y vicesecretaria general del PSOE en la Región de Murcia, Carmina Fernández, ha asegurado que el PP solo intenta engañar a la ciudadanía y confrontar con el Gobierno de España, porque sabe perfectamente que su propuesta de modificación de la Ley de Costas no se puede llevar a cabo porque es inconstitucional y no resuelve el problema

"La proposición de modificación de ley del PP que se ha debatido en el Senado no resuelve el problema ni aporta absolutamente nada distinto a lo que ya se puede hacer según el Tribunal Constitucional y la actual ley", ha señalado Fernández.

En este sentido, ha recordado en 2013, el Gobierno de Rajoy ya hizo una modificación de la Ley de Costas, en concreto, de la disposición adicional séptima, que fue rectificada por el Tribunal Constitucional en una sentencia de 2015, porque no respetaba el artículo 132 de la Constitución Española, por lo tanto, no se podía aplicar y no resolvía el problema.

"Y ahora, el PP vuelve a plantear exactamente lo mismo. El Partido Popular y el señor Bernabé lo único que están haciendo es mentir y utilizar la incertidumbre de los vecinos y vecinas afectados para confrontar en sus estrategias partidistas y hacer populismo legislativo", ha señalado.

Fernández ha explicado que se trata de un problema que, con la legislación vigente, se puede resolver, pero hay que actuar en cada uno de los casos de manera individual y no de forma colectiva. 

"Los vecinos lo saben y nosotros queremos seguir mirándolos a la cara, no queremos engañarlos como está haciendo el PP, que está generando una expectativa, diciéndoles que lo que proponen es una solución, cuando saben que es inconstitucional y no se puede hacer".

"Comprendemos la situación de los afectados y afectadas, por eso, seguiremos trabajando para ofrecerles una respuesta posible y legal. Tienen nuestro compromiso de que seguiremos haciéndolo con responsabilidad y rigor. De hecho, nuestro secretario general, Pepe Vélez, lleva tratando este tema con el ministerio desde su etapa como delegado del Gobierno", ha añadido.

Finalmente, ha indicado que el Gobierno de España ya está trabajando para resolver el problema, respetando el medio ambiente y teniendo en cuenta la situación de las construcciones afectadas. 

"Además, las comunidades autónomas también pueden tomar medidas que aporten soluciones legales para resolver el problema".

El PP impulsa modificar la Ley de Costas "para dar seguridad a las 400 familias de la Región que ven amenazadas sus casas"

CARTAGENA.- El Partido Popular ha llevado al Senado una modificación de la Ley de Costas "para dar seguridad a las 400 familias de la Región que ven amenazadas sus casas en el litoral por parte del gobierno socialista", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

Una proposición de Ley que se votará este martes en el Pleno de la Cámara Alta, y que ha sido presentada este lunes a vecinos de Los Nietos por el senador Francisco Bernabé y el portavoz del PP en la Asamblea Regional Joaquín Segado, junto a parlamentarios nacionales y concejales del PP del Ayuntamiento de Cartagena.

Bernabé se ha preguntado "si el PSOE volverá a votar en contra, como hizo hace dos años, y darle la espalda a miles de propietarios de toda España cuyas viviendas Sánchez quiere demoler".

El senador ha explicado que "ante las órdenes de demolición, o de confiscación vía concesión, dictadas a raíz de los nuevos deslindes del dominio público marítimo terrestre promovidos por el Gobierno central, la solución nunca puede ser tirar las casas de las primeras líneas de playa de esos núcleos tradicionales", ya que "dejaría unos espacios muy degradados tras las demoliciones, que desde luego no supondrían beneficio medioambiental alguno para el litoral".

"Son casas que se construyeron legalmente hace décadas, desde hace más de un siglo en algunos casos, cuando el mar estaba más alejado y, por tanto, no invadían el dominio público marítimo terrestre", ha recordado Bernabé, que ha incidido en que "no se trata de nuevos desarrollos ni de pelotazos urbanísticos, sino de respetar los núcleos tradicionales vinculados al medio marítimo, con valores históricos, culturales y etnográficos vinvulados a su paisaje y entorno, que tratamos de preservar con esta proposición de Ley".

"Esperemos que el PSOE, por una vez, esté a la altura y no ponga impedimentos a una norma apartidista, que no es en absoluto ideológica y que plasma las demandas y reivindicaciones de miles de familias que quieren ver alejado de una vez por todas de sus casas el fantasma de la demolición", ha subrayado el senador.

Por su parte, Segado ha manifestado que "ya no hay excusas para acabar con la incertidumbre que desde hace tantos años vienen sufriendo de forma injusta los vecinos de Los Nietos, Puntas de Calnegre, Playa de Nares en Puerto de Mazarrón y Playa de Levante en Cabo de Palos".

"Nuestro compromiso con los propietarios de las viviendas afectadas ha sido siempre claro y rotundo, y se ha reflejado en iniciativas que, por desgracia, han obtenido hasta ahora el rechazo del PSOE", ha apuntado Segado, que ha recordado la iniciativa legislativa de modificación de la Ley de Costas impulsada por el PP la pasada legislatura en la Asamblea y el Congreso, "de la que esta proposición de Ley en el Senado ha tomado el relevo".

"No renunciamos al objetivo de garantizar la preservación de las propiedades afectadas por la Ley de Costas a causa de los nuevos deslindes promovidos por el Ministerio de Transición Ecológica", ha remarcado el portavoz.

 "Queremos evitar de una vez la amenaza de derribo de sus casas, que incluso en la mayoría de los casos, para mayor escarnio, tendrían que pagar los propios propietarios", ha añadido.

"Esta proposición de Ley es una nueva demostración de que el Partido Popular se centra en las necesidades de los ciudadanos de a pie y la búsqueda de soluciones a sus problemas", ha resaltado Segado.

MC reclamará, por enésima vez, que la alcaldesa de Cartagena actúe en el emisario de Cala Reona

CARTAGENA.- Movimiento Ciudadano (MC) va a presentar una moción al próximo Pleno para reclamar que el Ayuntamiento de Cartagena deje la huelga de brazos caídos que lleva en el asunto del emisario de Cala Reona y se siente con las administraciones nacional y regional, para decidir quién va a financiar la necesaria y costosa obra de arreglo de esta conducción.

En este momento, la Confederación Hidrográfica (CHS) ha asumido el proyecto. Pero ahora habrá que ejecutarlo y el coste será millonario.

La formación cartagenerista ya ha denunciado en repetidas ocasiones la situación que se está viviendo con los vertidos directos a la línea de costa y de igual forma ha llevado el asunto al Pleno municipal, sin que hasta ahora el gobierno que preside la alcaldesa Noelia Arroyo mueva pieza y le pida a la Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia (Esamur), que pague la obra.

Según el portavoz de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, "hace más de cinco años que denunciamos que la rotura del emisario de la EDAR Mar Menor Sur provoca un vertido indiscriminado de aguas residuales en Cala Reona. En las boyas se puede ver la zona en la que está rota la tubería".

Y señala especialmente que "la realidad es que Noelia Arroyo en todo este tiempo no ha reclamado a Esamur, la Entidad de Saneamiento de la Región de Murcia, que lleve a cabo estas obras. De hecho le ha firmado hace poco un convenio en la que la exime de llevar a cabo obras de inversión en Cartagena".

Además, Giménez Gallo indica que "este domingo se ha hecho público el informe de un científico del CSIC, que confirma la pérdida de calidad de las aguas de Cala Reona y su entorno", un informe publicado por el diario La Verdad.

"Por eso llevaremos una iniciativa al Pleno reclamando que Noelia Arroyo y el PP actúen, llevando a cabo las acciones que sean necesarias para que bien Esamur o bien otra administración financien la obra. ¿O es que la alcaldesa del PP no tiene bastante con el `ecocidio´ del Mar Menor y va ahora a por Cala Reona, Cabo de Palos y el Parque regional de Calblanque?", concluye el portavoz de MC.

Una firma valenciana de teledetección por satélite cree que los pellets llegados a Galicia alcanzarán en seis meses el Mediterráneo

VALENCIA.- La empresa de teledetección Orbital EOS, con base en València, ha realizado un estudio con diversas simulaciones para predecir el itinerario de los pellets de plásticos que perdió el buque Toconao, en la costa portuguesa el pasado 8 de diciembre y que han llegado a las playas gallegas, avanza la Cadena SER. 

Según las conclusiones del documento, alguna de las posibilidades que ofrecen las simulaciones es que los pellets lleguen al mar Mediterráneo y al Canal de la Mancha “con una baja frecuencia relativa” dentro de seis meses.

La empresa radicada en Paterna cuenta con una tecnología que, mediante un algoritmo propio de inteligencia artificial, analiza las imágenes de satélites ópticos y radares de la ESA y la NASA para detectar la contaminación marina en todo el mundo y emplea modelos que predicen el movimiento de los vertidos para conocer que zonas serán implantadas.

Para este estudio en concreto se han simulado 376 escenarios de vertidos de pellets reproduciendo la trayectoria del plástico y su impacto en los seis meses posteriores al accidente. Los escenarios se basan en condiciones meteo-oceanográficas realistas de invierno observadas en los últimos 20 años.

Los 376 escenarios han sido analizados de manera conjunta para identificar patrones y dar respuestas probabilísticas a las preguntas típicamente propuestas en la gestión de este tipo de emergencias: ¿cuáles son las áreas marinas y costeras más expuestas a una posible contaminación por pellets y cuál sería su tiempo de llegada?

El estudio concluye que “el área expuesta a la potencial contaminación por plásticos crece con el tiempo. En el primer mes tras el vertido, el área potencialmente contaminada está restringida a regiones más costeras entre el suroeste francés y el suroeste portugués. El área de influencia se expande hacia el mar abierto con el pasar de los meses, así como las fronteras sur y norte. 

Pasados seis meses, zonas dentro del Canal de la Mancha y en el propio Mediterráneo se ven impactadas, aunque con una baja frecuencia relativa. Zonas cercanas al origen de vertido son, durante todo el periodo simulado, las zonas más expuestas a la contaminación por plásticos”.

Asimismo, el estudio indica que “la utilización de datos meteo-oceanográficos para generar información de calidad, orientada a apoyar a los equipos de respuesta, ha apuntado hacia limitaciones en respuestas de emergencia para los casos de contaminantes en el ambiente marino de persistencia mucho más larga (años) que nuestro horizonte actual (días)”.

 Y añade: “orientados por el experimento, se puede deducir que la gestión de la emergencia, más que un problema gallego, es un problema que debería involucrar también a España, Portugal y Francia”.

Los fundadores de la compañía, Juan Peña y Pablo Benjumeda, se conocieron mientras trabajaban en Salvamento Marítimo, en los mismos aviones que ahora rastrean pellets de plástico en la costa gallega. 

“Nos gustaría solidarizarnos con nuestros excompañeros de Salvamento Marítimo y poner a disposición de las autoridades nuestras capacidades, tanto de detectar contenedores flotando en el mar, como de predecir la trayectoria de vertidos”, han señalado.

Según han comentado los expertos, “el plástico va estar 500 años en el mar, así que tenemos que pensar en una dimensión temporal y espacial distinta. No es un problema que se pueda resolver a corto plazo y tampoco es exclusivo de la costa gallega. Este estudio es importante para saber qué zonas van a tener más impacto y cuáles menos, para así poder adelantarnos y minimizar la contaminación. Aunque siempre hay que tener en cuenta que la clave para evitar estas situaciones es la prevención”.

El Supremo ha anulado el reglamento de la Ley de Costas

MADRID.- Las costas han sido históricamente uno de los elementos del paisaje español más protegidos contra la edificación. Desde 1988, existe la denominada Ley de Costas, que regula la determinación, utilización y política del dominio público marítimo-terrestre y especialmente de las playas. Hace dos años, en agosto de 2022, el Gobierno realizó una modificación de la normativa que afectaba muchos de los puntos incluidos, como la prohibición de establecer chiringuitos o edificaciones de más de una planta, relata www.xataka.com.

Pero eso podría cambiar muy pronto, ya que el Supremo acaba de derogar el reglamento actual, abriendo de nuevo la puerta al ladrillo en el litoral español.

El contexto. Este Real Decreto fue aprobado en agosto de 2022. Se trata de una modificación de la Ley de Costas que, entre otras cosas, elimina la distinción de los distintos tipos de dunas y las incluía en la delimitación de la playa, prohíbe las ocupaciones de los establecimientos expendedores de comidas y bebidas en playas (como los chiringuitos) o se modifican los procedimientos de deslinde marítimo-terrestres.

Con este cambio, la norma para calcular los plazos de las concesiones y sus posibles prórrogas, por ejemplo, obligaban a tener en cuenta el impacto de la actividad sobre los ecosistemas y los efectos del cambio climático.

¿Qué ha pasado? Sin embargo, el Gobierno, cuando realizó dicha modificación, se saltó un paso importante para realizar tal reforma: consultar a los ciudadanos. Y ha sido el hecho de no haber realizado suficientes trámites de consulta pública, lo que el Tribunal Supremo ha llevado a anular el real decreto entero.

En su sentencia, el tribunal señala que para poder prescindir del trámite de consulta pública en un reglamento “han de concurrir las circunstancias acumuladas de que se trate de normas presupuestarias u organizativas y, además de esas específicas normas reglamentarias, que concurran razones graves de interés público que lo justifiquen, no impongan obligaciones relevantes a los destinatarios o regulen aspectos esenciales de una materia”.

¿Qué significa? A grandes rasgos: que vuelve a estar en vigor el reglamento elaborado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014. El mismo que el Gobierno de Sánchez cambió para aclarar que las concesiones de dominio público marítimo-terrestre tenían un plazo máximo de 75 años, a contar desde la ley de Costas del 88, así como para facilitar los deslindes y restringir las infraestructuras de los chiringuitos. De esta manera, los nuevos chiringuitos y negocios podrán optar a licencias de hasta 75 años, en vez de solo 30.

Daniel Olabarría, experto en derecho inmobiliario, explicaba en este artículo de ABC que, entre las consecuencias más directas, está que las condiciones para levantar chiringuitos o permitir que estos dispongan de sótanos en las playas, volverán a relajarse: “El reglamento les limitaba mucho los espacios”. La nueva reforma establecía que estos sólo podían ser de una planta y sin sótano. También que las edificaciones no podían “limitar el campo visual ni romper la armonía del paisaje costero o desfigurar su perspectiva”. Aquello enfadó mucho a la hostelería.

Una victoria para los empresarios. Y es precisamente para los empresarios que la decisión del Supremo es un triunfo que vuelve a abrir las puertas al ladrillo en las playas, sobre todo a los bares, chiringuitos y almacenes en el subsuelo. Aquellos locales que la norma derogada prohibía por su efecto erosivo sobre los arenales, que son dominio público, y tenía en cuenta el impacto del cambio climático sobre la ribera y su consecuente subida del nivel del mar.

“Un chiringuito no erosiona absolutamente nada. No vamos a pedirlos en playas de 30 metros; sólo donde sean de 50 o 70, y el agua no llegue o no haga daño. Los sótanos dan calidad a las playas: así no se ven cajas de Coca Cola, cubos de basura…”, explicaba un empresario en eldiario.es.

Los activistas, en contra. Mientras tanto, las asociaciones ecologistas, que llevan años en pie de guerra contra la apertura de chiringuitos y la edificación de estas estructuras de hormigón insertas en la arena, ven como sus reclamos quedan en saco roto una vez más: “Si el Gobierno central no vuelve a sacar el Reglamento con la debida forma y en tiempo, los chiringuitos tienen vía libre”, lamentaba Rafael Yus, de Ecologistas en Acción.

Un ejemplo reciente muy sonado fue la denuncia presentada por esta asociación contra  las obras del chiringuito Bikini Beach, situado en la playa del Castillo, de Málaga, que pretendía construir un sótano de hormigón en la playa. Argumentaban que estas instalaciones “deben ser de temporada y desmontables en todos sus elementos”, algo que este tipo de construcción incumplía, pero ya no.

Recorrerán a pie las costas andaluza, murciana y alicantina contra la basura en los mares

 

MOTRIL.- Con el objetivo de concienciar a los andaluces de la importancia de mantener limpias las playas y del impacto que causan las basuras en los ecosistemas marinos, deportistas especializados en la larga distancia recorrerán este viernes y sábado a pie todo el litoral andaluz y el de Murcia y Alicante.

Los más de 1.500 kilómetros de la costa andaluza, murciana y alicantina serán recorridos sin parar por ultrafondistas dentro de la campaña '¿Sin-Plastic-Zamos?, por un mundo sin plásticos'.

Según han dado a conocer hoy los organizadores, el reto pretende "concienciar a la sociedad de la necesidad de un cambio de hábitos para evitar que los plásticos sigan invadiendo nuestros mares".

La iniciativa ha sido convocada por un grupo de amigos que han querido unir los valores del deporte con el medio ambiente para llamar la atención de la ciudadanía y conseguir comportamientos respetuosos con el entorno, así como generar conciencia del impacto que causan las basuras en los ecosistemas marinos y de la proliferación de plásticos en el mar.

Paralelamente a estos retos deportivos, se realizarán las jornadas medioambientales: limpiezas de playas, de fondos marinos, de riberas de ríos y charlas divulgativas en algunos enclaves de las costas andaluza, murciana y alicantina.

Los corredores estarán repartidos por provincias, de manera que cada uno realizará más de un centenar de kilómetros empleando para ello de 20 a 23 horas.

La costa de Huelva la harán juntos Rafael Aguilera y Miguel Ángel Pereira; la de Cádiz Manuel Jesús González y Fernando Serrano, mientras que la de Málaga la recorrerán juntos Miguel Ángel Troya y José Carlos Gómez partiendo desde el Balcón de Europa, en Nerja, hasta Manilva.

Desde el mismo punto partirán los que van a recorrer la Costa Tropical granadina -Miguel González Pascual, Andrés Jodar y Juan Carlos Bea-. La almeriense la hará una parte José Fernández (Pepefar) y la otra Lago Dosil.

En cuanto a las costas de Murcia y Alicante, las recorrerán juntos Manuel Rico y José Antonio. 

En total serán más de 1.500 kilómetros, corriendo cada deportista una media de 150 kilómetros en 24 horas.

Restauración de las praderas de Posidonia oceánica en la bahía del Hornillo en Águilas

ÁGUILAS.- La Comunidad Autónoma realiza trabajos de restauración de las praderas de Posidonia oceánica o Posidonia mediterránea en la bahía del Hornillo, en Águilas, para recuperar su alto valor ambiental de un espacio único de la Región de Murcia.

Se trata de un proyecto piloto que desarrolla el Gobierno regional en colaboración con la Universidad de Murcia, en el que se emplean técnicas de trasplante de rizomas y de plántulas germinadas en laboratorio de la fanerógama marina.

Estas técnicas aumentan la transparencia del agua y retienen las partículas en suspensión, incrementando así la producción de oxígeno y secuestro de CO2, lo que favorece la descarbonización; servir de hábitats para numerosas especies, entre ellas especies de interés comercial que potencia las pesquerías artesanales, entre otras cuestiones. 

En definitiva, fomenta el crecimiento azul, cuyos resultados en general mejoran las sinergias entre el medio natural, la sociedad y la economía.

El Gobierno regional ampliará este marco de colaboración con la Universidad de Murcia para seguir profundizando en el desarrollo de estas técnicas, estudiando y ensayando el escalado de las mismas mediante su aplicación en superficies de mayor entidad.

En los últimos años se han desarrollado proyectos e iniciativas que se enfocaban en la posibilidad de revertir el daño causado sobre estos importantes hábitats mediterráneos, mejorando así su estado de conservación.

La Universidad de Murcia y el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados de Baleares iniciaron hace unos años de forma pionera en el litoral de la Región de Murcia el desarrollo de técnicas de reimplante con semillas para la recuperación y expansión de las praderas de posidonia oceánica.

Posteriormente, y gracias a la ejecución de dos trabajos contratados por la Comunidad Autónoma, se prosiguieron los trabajos científicos-técnicos con la Universidad de Murcia y la consultora ambiental C&C Medio Ambiente.

MC promoverá actuaciones que incrementen la seguridad en acantilados, calas y senderos de Cartagena

CARTAGENA.- El próximo jueves, el concejal de MC Cartagena, Enrique Pérez, defenderá una iniciativa para garantizar "un plan de actuación integral y consignación presupuestaria que engloben actuaciones en acantilados, calas y senderos de nuestra costa". De esta forma ha comenzado su argumentación el edil cartagenerista, quien ha reseñado que desde el ámbito local se debe dar traslado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que Cartagena entre en sus planes.

Una vez contextualizado el objetivo de la moción, Pérez ha significado que existen un "número importante de puntos de conflictividad por riesgo de accidentes en calas, senderos y acantilados, ya que algunos de ellos cuentan con miradores a los que accedemos a través de pendientes abruptas e incluso verticales".

Posteriormente, el concejal de MC ha reseñado que "algunos tramos de los kilómetros integrados en el sendero de largo recorrido GR-92 muestran un deficiente mantenimiento y conservación en limpieza. Existe un deterioro de las pasarelas de madera, no cuentan con señalización de guías para excursionistas y hay carencia de materiales de protección".

Ejemplos de estos lugares en los que se debe mejorar la seguridad son "el acantilado vertical entre la playa de Cala Fría y Cala Roja en Cabo de Palos, igual que conforme avanzamos hacia Cala Reona y Calbanque observamos déficit de señalización alertando de riesgo de caídas".

Una situación que tampoco escapa a la zona oeste con puntos como la batería de El Atalayón (Castillitos) con necesidad de retomar la restauración de su viejo acceso a la batería. Con ello se evitaría el tránsito de personas por el sendero GR-92, sorteando así el riesgo y peligro para los senderistas.

Al tiempo, el concejal de MC ha señalado de dónde deberían venir los fondos para garantizar las actuaciones. "Costas del Estado va a recibir 269 millones de euros de los fondos de recuperación para destinarlo a actuaciones en el litoral, entre las que se encuentran una mayor protección y previsión señalética para evitar riesgo de caídas por acantilados".

"De ahí debemos pelear que una partida se destine en Cartagena pues debemos hacer compatible la observación de nuestros parajes y playas con la obligación institucional de garantizar la seguridad de cartageneros y turistas", ha concluido Enrique Pérez.

Masivo respaldo de los vecinos de Puntas de Calnegre afectados por la aplicación de la Ley de Costas a la Proposición de Ley que salvaría el poblado

PUNTAS DE CALNEGRE.- El presidente del Partido Popular de Lorca, Fulgencio Gil, junto a los senadores Francisco Bernabé y Juan María Vázquez, y la diputada regional lorquina María del Carmen Ruiz, han mantenido esta mañana una reunión informativa con los vecinos del poblado de Puntas de Calnegre afectados por la actual Ley de Costas, que sufren una total inseguridad jurídica y podrían perder sus viviendas, con el objetivo de trasladarles de primera mano la iniciativa que el PP ha presentado en el Senado para modificar la Ley de Costas, hecho que "indultaría" este poblado y sus viviendas.

Fulgencio Gil ha manifestado que no vamos a cejar en nuestro empeño de salvar el poblado de Puntas de Calnegre. Llevamos muchos años batallando por salvar el poblado, es una joya etnográfica de nuestra costa, que posee grandes valores. Estamos hablando de construcciones que se remontan en el tiempo hasta 200 años, de un poblado pesquero inconfundible. Nos encontramos con una oportunidad histórica, una iniciativa definitiva en el Senado a través de una Proposición de Ley para salvar el poblado y otros núcleos españoles similares. Vamos a trabajar y a luchar por conseguir el apoyo del resto de grupos parlamentarios porque supondría salvar definitivamente el poblado y terminar con las preocupaciones de los vecinos.

El senador Francisco Bernabé ha indicado que lo que pretendemos con esta Proposición de Ley es que todos aquellos núcleos de población vinculados a un paisaje muy particular y ubicados en entorno marítimos, sean respetados atendiendo a su propia idiosincrasia, porque la Ley de Costas sólo pretende el derribo de estas poblaciones, algo que sería muy injusto para las familias que actualmente viven en estos núcleos.

Juan María Vázquez, senador murciano, ha señalado que es la primera vez que se presenta una modificación de la Ley de Costas que aúna todos los intereses de estos núcleos costeros españoles, desde Gerona hasta las Islas Canarias que se verían beneficiados por la aprobación de esta Ley atendiendo a sus legítimos derechos, que hasta hoy se ven amenazados.

Cabe señalar que el poblado pesquero de Puntas de Calnegre, ubicado en la pedanía lorquina de Ramonete, ha sido incluido en la mencionado Proposición de Ley a propuesta del presidente del Partido Popular de Lorca, Fulgencio Gil. Se trata, en concreto, de una iniciativa que plantea la modificación de la ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, para permitir la pervivencia de conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre.

Se trata de una iniciativa que, en el caso de Puntas de Calnegre, se marca el objetivo de salvar el poblado pesquero, siguiendo la línea de trabajo que el Partido Popular ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años en este mismo sentido. 

"Nuestra labor se centra en salvar las casas existentes, defendiendo los legítimos intereses y derechos de sus propietarios. Esperamos contar con el respaldo de todos los grupos políticos con representación en el Senado, habida cuenta de la particular trascendencia e importancia de la medida. Estamos hablando de una oportunidad histórica de proteger este enclave y eliminar la incertidumbre que tienen los vecinos afectados".

La propuesta que permitiría salvar este núcleo histórico de Puntas de Calnegre apuesta por añadir una Disposición Adicional Decimotercera a la Ley de Costas 22/1988, referido a Núcleos urbanos con especiales valores etnológicos, de tal forma que obtendrían esta catalogación aquellos conjuntos de edificaciones residenciales o comerciales que acumulen valores culturales, históricos o etnológicos que merezcan ser conservados, que estén integrados en el entorno costero de forma que su demolición o supresión supusiera una pérdida de patrimonio cultural, histórico o turístico, o que existan con carácter previo a su inclusión en el dominio público marítimo terrestre.

De esta forma, los núcleos urbanos catalogados como núcleos urbanos con especiales valores etnológicos serían excluidos del dominio público marítimo terrestre mediante la práctica de un deslinde que los excluya.

La regresión del litoral que sufren las costas españolas desde hace años, agravada por los efectos del cambio climático, ha supuesto que determinados núcleos urbanos costeros como el de Calnegre, a lo largo de todo el país, con características culturales, históricas y etnológicas de valor esencial se hayan visto incluidos en el dominio público marítimo-terrestre. 

Dichos núcleos, a los que busca referirse esta proposición de ley, están conformados por edificaciones de baja densidad, muy identificadas con el entorno paisajístico de donde se ubican y asociadas a un modo de vida marinero. Está fuera de toda duda que la legislación sobre costas debe hacer cumplir y proteger el principio constitucional instaurado por el artículo 132.2 de la Carta Magna y garantizar el dominio público sobre la zona marítimoterrestre, pero no es menos cierto que la falta de suficientes medidas de protección de éste durante décadas en las que la regresión litoral se ha ido agravando ha supuesto que las modificaciones en los deslindes hayan dejado dentro del dominio público marítimo-terrestre inmuebles urbanos destinados a residencias unifamiliares o pequeños comercios consolidados desde décadas previas a que se llevara a cabo ese deslinde.

Dicha herramienta, el deslinde, en estos casos supone un despojo de propiedades consolidadas desde, en muchos casos, hace más de un siglo, que además han venido manteniendo su perfil asociado al entorno litoral de forma que ya forman parte del patrimonio histórico, cultural y paisajístico de nuestras costas, que les otorgan valores que se deben preservar conciliándolas con el dominio público.

El núcleo de Puntas de Calnegre, junto con otros en similares circunstancias en el litoral español, tienen en común unas características particulares que en muchos de los casos han merecido protección especial por figuras de catalogación autonómica como "bienes de interés cultural" o de "relevancia local" o diversas figuras de protección, pero no gozan de ninguna particularidad en el tratamiento en la legislación de costas. 

Es necesario establecer un abrigo legislativo para esos núcleos urbanos que, una vez identificados, se reconocen con valores propios en cada caso y requieren de herramientas que permitan evitar expedientes de desocupaciones o derribos que, una vez iniciados, suscitan rechazo social y prácticamente unánime en lo político y que, en cambio, no encuentran en la legislación una herramienta que permita su mantenimiento, no ya sólo por protección de las personas directamente afectadas, sino por el interés público en el mantenimiento de una construcciones que son paradigmáticas y etnológicamente características del uso tradicional del litoral español.

Los cetáceos se adueñan de la costa de la Región por la tranquilidad en el mar

VALENCIA.- La ONG conservacionista Xaloc ha recibido un centenar de vídeos grabados por particulares de toda España donde, desde sus ventanas y balcones, se avistan cetáceos que aprovechan la tranquilidad en las aguas para aproximarse a la costa. 

Xaloc, con sede en la ciudad de Valencia, ha emprendido la iniciativa de censar cetáceos desde casa con el objetivo de comparar si durante el aislamiento obligado por la pandemia de la covid-19 se acercan más al litoral, y ya ha recibido cerca de cien filmaciones de la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana, sur de Cataluña, Canarias, Baleares y Andalucía. 

De esta manera, han pedido la colaboración ciudadana, de pescadores y de Salvamento Marítimo para grabar vídeos que acrediten los avistamientos, y posteriormente harán un informe.

Además, compararán estos avistamientos con los que se produzcan posteriormente para poder concluir si la ausencia de contaminación acústica y la caída de embarcaciones han propiciado la aproximación de los delfines.
El 60% de los vídeos que reciben pertenecen a la Comunidad Valenciana, especialmente de Alicante. Alrededor del 20 por ciento del material proviene de Murcia, del sur de Cataluña y el resto de Canarias, Baleares y alguno de la playa de la Malagueta de Málaga. 

Los cetáceos más avistados son el delfín mular, que suele acercarse más a la costa, aunque en estas semanas también hay aproximaciones de delfín listado, que normalmente está más mar adentro y que ha sido filmado por pesqueros y Salvamento Marítimo.
Además, se ha recibido un vídeo de Gibraltar con tres ejemplares de la ballena rorcual común (la segunda mayor ballena del mundo), una especie «de paso» que llega a esas alturas del año desde el Atlántico y pasa cerca del territorio valenciano con destino al sur de Francia, donde se estudia si se dirige para alimentarse o reproducirse. 

También se han avistado de tortugas marinas: ocho en dos semanas, una cifra inusualmente alta, según la ONG Xaloc.